El presidente Mauricio Funes se saltó la diplomacia y sugirió este martes que el Arzobispado de San Salvador, la cabeza de la Iglesia Católica salvadoreña, ha enviado un mensaje negativo para las víctimas de la violaciones a los derechos humanos con la clausura de Tutela Legal, el socorro jurídico para los pobres instaurado en 1977 por monseñor Óscar Arnulfo Romero.
Funes, que desde siempre se ha presentado como un ferviente seguidor de monseñor Óscar Arnulfo Romero, dio estas declaraciones un día después de que el arzobispo José Luis Escobar Alas clausurara Tutela Legal. El mandatario lamentó que esta decisión se haya tomado en el contexto actual de El Salvador. Hace 11 días, la Sala de lo Constitucional admitió una demanda que pide anular la Ley de Amnistía de 1993, normativa que históricamente sirvió como argumento para que la Fiscalía se abstuviera de investigar los abusos de derechos humanos en el pasado. Además, la Fiscalía y la Corte Suprema han hecho un viraje y ahora tienen un discurso de apertura hacia la investigación de esos crímenes, después de que en noviembre de 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declarara inválida la ley.
“Me preocupa el mensaje que se está enviando, la mala señal que se está enviando de que la Iglesia Católica, y particularmente el Arzobispado de San Salvador, no está decidida a acompañar las causas justas de este pueblo, como es el funcionamiento de una oficina tan importante para la defensa y vigencia de los derechos humanos”, dijo el mandatario, al finalizar la inauguración de un centro escolar en la capital.
Tutela Legal del Arzobispado fue cerrada este 30 de septiembre y con ello por ahora quedan sin representación las casi mil víctimas de la matanza de El Mozote, por la que la Corte IDH condenó a El Salvador en noviembre. El cierre, sorpresivo, también ha dejado en incertidumbre el archivo de más de 50,000 denuncias que la oficina recogió a lo largo de sus 36 años de vida, y el temor a la pérdida de toda esa documentación ya ha movido a organizaciones cívicas a promover un decreto legislativo que garantice la debida protección.
Funes, que marcó un parteaguas en su gobierno al aceptar públicamente la participación del Estado en las masacres de la guerra, así como en pedir perdón públicamente a los millares de víctimas de la guerra –y sus familiares- , dijo estar asombrado por la noticia. “Yo me sorprendí de la decisión tomada por el Arzobispado de San Salvador. Lo lamento porque Tutela Legal es una institución que ha jugado un papel destacado todo estos años de existencia. Con ocasión de la conmemoración de la masacre de El Mozote, donde llegué a pedir perdón como jefe de Estado a las víctimas, y anuncié la implementación de un programa de reparación, Tutela Legal ha tenido una destacada labor en ayudarnos al gobierno a preparar ese programa de reparación”, dijo Funes.
Esa misma oficina que ahora Funes defiende preparaba un informe en contra del Estado Salvadoreño por incumplimiento de la sentencia de la Corte IDH. Ese informe iba a ser presentado en diciembre próximo ante el máximo tribunal hemisférico en materia de derechos humanos, y en él Tutela Legal iba a señalar el incumplimiento del Estado en todas las reparaciones que exigió ese organismo por el cometimiento y ocultamiento de la matanza y por la denegación de justicia para las víctimas.
La masacre de El Mozote es la peor matanza contra población civil en los tiempos modernos de Latinoamérica, y fue perpetrada por el ejército salvadoreño en diciembre de 1981. Ocho años más tarde, Tutela Legal barrió la zona norte de las montañas de Morazán para encontrar a los sobrevivientes y convencerlos de judicializar el caso, en búsqueda de justicia. Tras la aprobación de la Ley de Amnistía en 1993, el juzgado de San Francisco Gotera, en donde se abrió el caso, lo cerró, amparándose en esa ley. Años más tarde Tutela Legal, representando a las víctimas, elevaría la causa ante la Corte IDH. Para ellas, para las mil víctimas en ese caso, ahora hay un doble limbo. Por un lado quedan, de momento, sin representación tras el cierre de Tutela Legal. Y por el otro, el cierre de esa oficina supone la desaparición de la contraparte que monitoree y exija al Estado el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Este martes, la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA), un organismo no gubernamental que lucha por el respeto a los derechos humanos, destacó que el archivo de Tutela Legal incluye 'información crítica' sobre crímenes que pueden perseguirse penalmente, por lo que exhortó a su protección. La Asociación Pro Búsqueda de Niños y Niñas desaparecidos durante la guerra civil anunció este martes que mocionará ante la Asamblea Legislativa la emisión de un decreto para garantizar la custodia de la documentación.
Tras el cierre de la oficina, la principal preocupación de los empleados fue el resguardo de ese legado, de esos casos que eventualmente podrían abrir causas en la justicia común. Según el subdirector despedido de la institución, Wilfredo Medrano, son alrededor de 50,000 denuncias, entre testimonios escritos, cintas de audio y video. El presidente Funes dice acompañar a los empleados en esta exigencia.
“Estoy con los trabajadores cuando ellos piden la custodia de los archivos, porque ahí hay miles y miles de delitos que fueron investigados por Tutela Legal. (Delitos) que nadie más se atrevió a investigar, incluso, muchas de las violaciones a los derechos humanos que la Comisión de la Verdad tomó el testimonio de Tutela Legal, para rendir su informe final”, dijo el mandatario, que a su vez envió una invitación al arzobispo Escobar Alas para coordinar el resguardo de esos archivos.
Hasta ahora el Arzobispado ha guardado silencio sobre los motivos del cierre y sobre el futuro de la información recogida. “Lo ideal sería que el Estado colabore en la custodia de esos archivos y nosotros estamos en la posibilidad de hacerlo, pero esa es una decisión que debe tomar el Arzobispado. Yo lo que acompaño es a los trabajadores que piden que esos archivos no se vayan a perder. No vaya a pasar como ya pasó en la Corte Suprema de Justicia”, dijo Funes, en alusión al extravío de unos informes de Probidad de exfuncionarios del gobierno de Francisco Flores (1999-2004) que la Asamblea Legislativa solicitó a la Corte Suprema de Justicia hace algunas semanas, en un caso en el que se investiga posibles irregularidades en el sector energético.
“No vaya a pasar eso, de que se pierdan los archivos de una decena de miles de casos que investigó Tutela Legal a través de todos estos años”, advirtió Funes, al mismo tiempo que abrió la discusión si sobre la custodia de esos archivos debería intervenir la Policía, la Fiscalía, el Ejecutivo o el mismo órgano judicial.
Tutela Legal nació en 1982, pero como una transformación de la oficina creada en 1977 por el arzobispo Óscar Arnulfo Romero con el nombre de Socorro Jurídico del Arzobispado. La visión de Romero fue dar a los pobres un instrumento para emprender lucha jurídica ante violaciones a derechos humanos.
El cierre de Tutela Legal fue, durante la tarde y noche del lunes la comidilla en las redes sociales. Un día después, las protestas contra la decisión del arzobispo se salieron de internet y se materializaron frente a la fachada del Arzobispado, en la colonia Médica de San Salvador.
Los manifestantes colocaron rótulos y pintaron sobre las paredes mensajes que insinuaban que monseñor José Luis Escobar Alas había recibido presiones para tomar la decisión. 'Monseñor perro de los rico$', decía una de las pintas. 'Queremos una iglesia del lado de las víctimas. Salven el archivo', decía una de las cartulinas colgadas en las paredes.
Desde que se conoció la noticia, al mediodía del 30 de septiembre, El Faro intentó obtener una versión oficial de las altas autoridades de la iglesia pero a la fecha ha sido imposible. En el Arzobispado explicaron que el obispo Escobar Alas no estaba disponible, y que su auxiliar, el obispo Gregorio Rosa Chávez había salido para una misa en el interior del país. A este último también se le buscó en la parroquia San Francisco de Asís en el centro capitalino, donde oficia, pero ahí explicaron que habría que buscarlo en el Arzobispado. En ambos lugares se dejó recado pero hasta el cierre de esta nota no había respondido.
El procurador para la defensa de los derechos humanos, David Morales, explicó este martes 1 de octubre que pedirá una cita con el arzobispo Escobar Alas. Morales, que inició su carrera como defensor de derechos humanos de la mano de la exdirector de Tutela Legal, María Julia Hernández, ya había lamentado con anterioridad la decisión de la curia.
A nivel internacional, desde el mismo día del cierre de la oficina circularon pronunciamientos en contra de la decisión. El Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) mostró su preocupación ante la noticia de la clausura de la oficina que ha representado jurídicamente a miles de víctimas de abusos de derechos humanos. Cejil calificó del cierre como un hecho 'sorpresivo' que golpeaba el sistema de defensa de las víctimas. 'Nos parece una decisión muy lamentable y efectivamente nos preocupa el futuro de la representación de las víctimas. No cabe duda que es una decisión desafortunada para las miles de víctimas que han confiado sus casos a Tutela Legal', escribió vía correo electrónico Marcia Aguiluz, directora para Centroamérica y México de Cejil, organismo que también acompañó a Tutela Legal en la presentación del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la causa de la masacre de El Mozote.
Aguiluz dijo que entablarían una comunicación con la iglesia salvadoreña. 'Estamos en proceso de enviar una carta al señor Arzobispo sobre este tema', agregó. Cejil pedirá que el archivo de Tutela Legal pase a manos de la Procuraduría de Derechos Humanos.
La Asociación Pro Búsqueda anunció que pedirá a la Asamblea Legislativa que declare patrimonio nacional los expedientes de Tutela Legal.
El procurador David Morales dijo que si no obtiene respuesta del Arzobispado, puede emitir medidas cautelares para intentar la protección de la documentación. ' Es un archivo de interés público y los titulares de la información son las víctimas mismas. Si no ocurre una respuesta satisfactoria, tendremos que valorar algunas medidas de orden legal que permitan la intervención del Estado para garantizar la preservación de los archivos', señaló.
El artículo 17 del Reglamento para la Aplicación de los Procedimientos del Sistema de Protección de los Derechos Humanos establece que las medidas cautelares se pueden emitir en casos de urgencia 'en orden a prevenir daños irreparables o de difícil reparación a las presuntas víctimas. Éstas pueden dictarse en cualquier fase del procedimiento. ya sea de oficio o 'a petición de persona interesada.' En este caso, la PDDH tendría que abrir un proceso de investigación de oficio, lo cual también está dentro de sus potestades de ley.
Sobre la pérdida de representación legal de las víctimas de El Mozote, Morales añadió que la Procuraduría asumirá temporalmente esa tarea, mientras se resuelve definitivamente.
