Al cuarto día, monseñor José Luis Escobar Alas cambió por tercera vez la versión de los hechos. El máximo jerarca de la iglesia católica salvadoreña ahora acusa a algunos de los exempleados de Tutela Legal no solo “desnaturalizar” el trabajo de la oficina de socorro jurídico para los pobres, sino también de haber cometido irregularidades en materia económica, jurídica y administrativa para favorecerse de manera particular.
“La oficina de Tutela Legal fue desnaturalizada por las personas que la conformaron últimamente, llegando a manifestarse notorias y evidentes irregularidades en el ejercicio de sus funciones, en perjuicio de los intereses de las víctimas, prevaleciendo sobres estos el interés meramente particular”, reza el punto número dos de un segundo comunicado emitido por el Arzobispado, leído por el mismo Escobar Alas, en la tarde del viernes 4 de octubre, cuatro días después del cierre de Tutela Legal.
Sin dar fechas, el Arzobispo dijo que la iglesia realizó una investigación y detectó anomalías en el funcionamiento de la oficina. Añadió que no correspondía “en este momento”, dar explicaciones de esas irregularidades, porque eso podría entorpecer un eventual procedimiento jurídico contra los presuntos implicados. En el mismo párrafo, el Arzobispado dijo que no señalaría a nadie públicamente, pues serían las instituciones encargadas “si se iniciaran los procesos”, las que emitirían las resoluciones que correspondan y “determinen las consecuencias (…) para los que resulten responsables”.
Tutela Legal fue cerrada de manera imprevista el lunes 30 de septiembre, apenas semana y media después de que la Corte Suprema de Justicia aceptara revisar la constitucionalidad de la ley de amnistía. Luego de conocerse el cierre, se han pronunciado en contra de la medida desde el presidente Mauricio Funes, el procurador David Morales y hasta organismos promotores de la defensa de los derechos humanos como la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), el Centro para la Justicia y la Responsabilidad (CJA) y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que acuerpó a Tutela Legal en la representación de las víctimas de la masacre de El Mozote, ocurrida en 1981 y en la que el ejército salvadoreño masacró a un millar de víctimas, la mitad menores de edad. Con el apoyo de Cejil y Tutela Legal, lo querellantes –sobrevivientes y familiares de las víctimas- ganaron el caso, y la Corte Interamericana condenó a El Salvador en diciembre de 2012.
Este segundo comunicado fue leído apenas dos días después de que el Arzobispo emitiera un primer comunicado oficial, en el que aseguró que el cierre obedecía a que se crearía un nuevo organismo que retomaría el legado de Tutela Legal, pero adaptado a los nuevos tiempos. Además, se da un día después de que la Procuraduría de Derechos Humanos emitiera una medida cautelar en contra del Arzobispado, ordenándole la apertura del archivo histórico de la institución para una “inspección”, so pena de abrirlo mediante orden judicial si es que acaso la iglesia se negaba a la petición de la PDDH.
Al respecto, monseñor Escobar Alas dijo que el departamento jurídico del Arzobispado estudia la petición de la PDDH, y declaró en conferencia que “si en algún lugar los archivos han estado seguros y están es en la Iglesia”, en alusión a la sugerencia que hiciera el procurador David Morales para que sea la PDDH quien se ocupe de la administración y custodia de esas miles de denuncias que eventualmente podrían abrir casos en la justicia común.
Tutela Legal, desde hace más de 30 años, resguarda alrededor de 50 mil denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidas antes, durante y después de la guerra civil salvadoreña. En ese archivo hay denuncias contra el ejército, la guerrilla, los aparatos de seguridad del estado y los escuadrones de la muerte. Más recientemente, la oficina también albergaba denuncias contra la Policía Nacional Civil, oficinas del Estado y empresas, como la desaparecida fábrica de la compañía de baterías para automóviles Récord, sancionada y clausurada en 2007 por la contaminación con plomo en el cantón Sitio del Niño, en la localidad de San Juan Opico, La Libertad.
Ahora el Arzobispado anuncia que no solo hay una comisión adhoc que está resolviendo cómo proceder con toda esa documentación, sino que también ya se ha bautizado un archivo con acceso público. “Conscientes de la importancia de la memoria histórica del país y de la iglesia, como se dijo en el anterior comunicado, y con el fin de actuar de forma transparente, con la idea de la mejora institucional y con el fin de dar un acceso imparcial a ese legado documental que custodia la iglesia, se creó también el Centro de Documentación y Archivo Monseñor Rivera Damas…”.
Tutela Legal del Arzobispado, creada en 1982 por monseñor Arturo Rivera Damas, continuó el trabajo jurídico para los pobres sin acceso a la justicia impulsado en 1977 por monseñor Óscar Arnulfo Romero, con el Socorro Jurídico del Arzobispado. Romero, quien fuera asesinado en marzo de 1980, se convenció que era necesaria una oficina que atendiera las denuncias de los más débiles, en virtud de una fiscalía y un órgano judicial que era incapaz de socorrer a los más pobres del país en los años previos a la guerra civil salvadoreña (los últimos años de las dictadura militar).
Las versiones contradictorias del Arzobispado
El lunes 30 de septiembre, por la mañana, 12 empleados de la oficina fueron sorprendidos por un cierre y una cesación de funciones abrupta. La razón que les transmitieron los delegados de la curia, entre ellos el vicecanciller monseñor Rafael Urrutia, fue que el arzobispo Escobar Alas consideraba que la oficina ya no tenía razón de ser.
“A monseñor Escobar Alas le parece que es un momento en el que están superados y que oficialmente no hay violación de derechos humanos; y que por lo tanto, la oficina de Tutela Legal, así como desapareció la madre de Tutela Legal, que era Justicia y Paz, ya no tiene sentido. Por eso decidió clausurarla”, dijo Urrutia a El Faro, en la tarde del lunes 30. “Al arzobispo le parece que estamos en unas condiciones en que Tutela Legal ya no tiene el sentido de ser con el espíritu que nació”, agregó.
Dos días más tarde, el Arzobispado emitió una nueva versión para explicar el cierre de la oficina. En un escueto comunicado, se dijo que era para ajustar las funciones de Tutela Legal. “Prestar asistencia legal y social es una función que no puede solo enfocarse a los derechos humanos que se vieron transgredidos en aquel momento histórico (la guerra) sino adaptarse a las nuevas exigencias”.
La decisión de cerrar Tutela Legal, según monseñor Urrutia no fue una decisión que se tomó de la noche a la mañana. El también párroco de la iglesia Miramonte de la capital no quiso dar fechas que expliquen desde cuándo el Arzobispo de San Salvador venía pensando la medida, pero aseguró que está fue consultado con sus más cercanos asesores. Él, que se incluyó en esa lista, aseguró que se enteró de la decisión el viernes 27 de septiembre, y que si el Arzobispo decidió cerrar Tutela Legal de la manera en que fue cerrada, eso obedeció a una solo necesidad: evitar la presencia de la prensa.
Hasta el momento, las versiones del Arzobispado han chocado unas con otras contra un muro repellado con contradicciones. Al analizar las razones que el vicecanciller ventiló el lunes 30 de septiembre –y que concuerdan con la versión de los exempleados- y el comunicado del miércoles 2 de ocubre, surgen varias dudas. Si el Arzobispado consideraba que las violaciones a los derechos humanos ya estaban superadas –o que ya son inexistentes- ¿para qué anuncia la creación de un nuevo organismo que hará precisamente la defensa de los derechos humanos?
En ese mismo sentido, aunque existe la posibilidad de que efectivamente la cúpula de la Iglesia Católica haya decidido repotenciar la labor de protección de derechos humanos, esta visión de trabajo ya había sido aprobada para Tutela Legal hace 17 años, cuando al frente de la Iglesia estaba monseñor Fernando Sáenz Lacalle. En 1996, Sáenz Lacalle ordenó que la oficina se adaptara a los nuevos tiempos y propició que se ampliara el abanico de los derechos humanos cuya protección la oficina debía asistir. Lejos de cerrarla, Sáenz Lacalle amplió su área de trabajo incluyendo la salvaguarda de los derechos económicos, sociales y culturales. No obstante, en el comunicado, el arzobispado no aclara en detalle el significado de la actualización necesaria de las funciones de la nueva entidad.
Y, ahora, por último, se viene la nueva versión, en la que el Arzobispado acusa a algunos exempleados de irregularidades, pero se abstiene de mencionar nombres y hechos concretos. Esta nueva versión también contradice algo que también dijo el vicecanciller de la curia, Rafael Urrutia. El lunes 30 de septiembre, cuando El Faro le preguntó a Urrutia si detrás de la decisión existía una pérdida de confianza o algún mal desempeño de los exempleados, él fue enfático al decir que esa no era la razón detrás de la decisión que tomó el Arzobispo Escobar Alas. “Siempre hay reestructuraciones. Eso es así. Un obispo tiene que conocer la diócesis y la gente con la que trabaja y decidir: este sí, este no, esta se va, usted también… Y eso le puede pasar a cualquiera”, dijo.
Urrutia incluso añadió que para garantizar la preservación del archivo histórico de la institución, llamarían al exdirector de Tutela Legal, Ovidio González, para que les colaborara. “Yo garantizo que estarán esos archivos. Es más, y para que ellos entiendan, se pedirá que pueda venir el exdirector (a colaborar). Se le va a pedir... Si con Ovidio somos buenos amigos. Yo he mantenido una relación extraordinaria con todos ellos, desde el tiempo de Beto Cuéllar con Socorro Jurídico del Arzobispado, en tiempos de Monseñor Romero, la época de María Julia…”.
El lunes 30, El Faro conversó con el exsubdirector de la oficina, Wilfredo Medrano, que inició su trabajo en 1989, de la mano de la directora histórica de la institución (María Julia Hernández, ya fallecida) y junto a David Morales, hoy procurador de Derechos Humanos. Al preguntarle a Medrano si existía alguna queja o algún señalamiento por alguna falta en contra de ellos, él respondió que no. Sin embargo, Medrano dijo que se trabajaba de manera normal, salvo un control administrativo impuesto por el arzobispado hace siete meses, con el cual se les exigía a los empleados reportar todas y cada una de sus actividades. Fuera de ahí, la oficina continuaba su trabajo.
Por ejemplo, continuaban con la elaboración de un informe en el que denunciaría el incumplimiento del Estado en las reparaciones exigidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la condena por el caso de la masacre de El Mozote. Para 2013, según Medrano, todavía se contaba en las cuentas de la oficina, administrados por el Arzobispado, alrededor de 100 mil dólares donados por organismos de cooperación internacional para la ejecución de proyectos. “Y tanto es que no puede haber nada en nuestra contra, que para realizar nuestro trabajo nosotros teníamos que pedir autorización al Arzobispado, porque todos los fondos de Tutela Legal, cada erogación de cheques, es autorizada por las oficinas del Arzobispado, porque es en las cuentas del Arzobispado en las que se depositan los fondos de la cooperación internacional”, dijo.
El arzobispado, hasta ahora, nunca se quejó con ellos por la realización de un mal trabajo, y el vicecanciller de la Curia, monseñor Rafael Urrutia asegura que no existía una observación sobre un mal desempeño del equipo.
Esta no es la primera vez que el Arzobispo Escobar Alas cae en contradicciones al intentar justificar una acción tomada por la iglesia que dirige. En diciembre de 2011 ordenó la destrucción del mosaico de azulejos que adornaba la fachada de la Catedral Metropolitana (obra del artista Fernando Llort). Una de las primeras razones que dio para justificar la medida fue que las lozas se estaban desprendiendo y eran un atentado contra la feligresía, pues incluso alguien podía salir gravemente herido al visitar Catedral, ubicada en el centro de la capital. Sin embargo, uno de los encargados del taller de restauración dijo en esa ocasión que esa versión era imposible porque acababan de darle mantenimiento a la obra y no habían visto piezas sueltas.
Después, el arzobispo dijo que otra razón era porque Llort estaba promocionando su nombre utilizando Catedral, y que además el dibujo tenía símbolos masones que eran contrarios a la fe cristiana. En todo caso, sus explicaciones fueron contrarias a la primera versión salida de la iglesia: otro artista había pensado donar a la iglesia la estatua de un Cristo redentor que desentonaba con los vivos colores del desaparecido mural de Fernando Llort. Quien había dado esa versión fue el párroco de la Catedral, quien meses después de haber dicho eso, fue trasladado a otra parroquia.
Lea además:
Comunicado del Arzobispado con fecha 2 de octubre.
Comunicado del Arzobispado con fecha 4 de octubre.
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