La fiscal encargada en 2008 de defender al Estado en el millonario litigio que la constructora Copreca-Linares entabló en contra del Ministerio de Obras Públicas (MOP), y que terminó con una sentencia en contra de El Salvador, asegura que sus superiores en la Fiscalía General de la República (FGR), entonces dirigida por Félix Garrid Safie (2006-2009) obstaculizaron su trabajo y no le permitieron refutar las pruebas de la constructora. La fiscal ana Cecilia Galindo Santamaría denuncia que tampoco le autorizaron a rechazar la competencia del Tribunal de Arbitraje, que en marzo de aquel año condenó al erario público al pago de 7 millones de dólares.
Galindo Santamaría, fiscal desde 1993 y galardonada por la misma Fiscalía como una de las mejores fiscales del país en el 2001 por sus buenos resultados en la defensa del Estado en millonarios juicios, dijo en una reciente entrevista frente a investigadores de la Unidad Anticorrupción de la FGR que desde un inicio supo que la estrategia de los fiscales especiales del MOP en aquel litigio dejaba “indefenso” al Estado salvadoreño y que ella lo advirtió en su momento. Nadie atendió esa advertencia. Lejos de cambiar los argumentos de El Salvador ante el Tribunal de Arbitraje, la orden que se ejecutó en nombre del exfiscal general Félix Garrid Safie fue separar a la fiscal del caso.
El testimonio de la fiscal Galindo Santamaría es una de las 21 declaraciones recolectadas por los fiscales anticorrupción y que forman parte de la prueba que llevaron a las actuales autoridades de la Fiscalía a ordenar hace pocos días la captura de 18 personas por irregularidades en el proyecto del Boulevar Diego de Holguín. Entre las personas investigadas y con orden de arresto está el exministro de obras públicas Jorge Nieto, prófugo de la justicia.
La inversión para la construcción del Boulevar Diego de Holguín era de 25 millones de dólares, pero pese a que se desembolsó una parte importante de los fondos, provenientes de un crédito internacional, el gobierno de Elías Antonio Saca dejó a media construcción la obra.
Galindo Santamaría dijo a los fiscales que investigan el caso que ella propuso neutralizar la demanda de COPRECA alegando que el Tribunal Arbitral no era competente para resolver el caso. Sin embargo, esa estrategia fue desechada por los fiscales especiales del MOP. Ella advirtió de esa irregularidad a sus superiores, pero nadie hizo nada para cambiar la débil defensa del Estado ante el Tribunal de Arbitrajes.
Otro de los 21 testigos, el fiscal especial del MOP Patricio Nolasco, que participó en 2008 en la defensa del ministerio ante la constructora, aseguró en su declaración que hubo reuniones entre los representantes de COPRECA y el exministro Nieto para pactar asuntos relacionados con el arbitraje, y que en esos encuentros se pactó la estrategia de defensa de los intereses del Estado. La derrota del Estado en el arbitraje era algo anunciado para quienes conocieron en aquel momento los detalles del litigio.
La antesala
El arbitraje por el Boulevar Diego de Holguín duró apenas 34 días y se desarrolló en el primer trimestre del 2008, pero para entenderlo hay que remitirse a sucesos de dos años antes.
Durante el 2005, el entonces ministro de Obras Públicas, David Gutiérrez, adjudicó la construcción del boulevar al asocio guatemalteco-salvadoreño COPRECA-Linares por un monto previsto de 25 millones de dólares. Presionado por las publicaciones de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy que detallaban auditorías de la Corte de Cuentas que cuestionaban su gestión, y alegando problemas de salud, Gutiérrez renunció al MOP en diciembre de 2006, cuando la construcción del Diego de Holguín, la obra más ambiciosa de su gestión, ya arrastraba atrasos y la constructora había solicitado una prórroga.
Gutiérrez dejó el MOP sin resolver sí procedía dar o no más tiempo al asocio COPRECA-Linares, que justificaba los atrasos por un pleito con la Alcaldía de San Salvador por la supuesta invasión, en el trazado de la carretera, de un área protegida: la Finca El Espino. Ese problema se trasladó al nuevo ministro de Obras Públicas, Jorge Nieto, quien cuatro días antes de que terminara el plazo de entrega de la obra, el 7 de febrero del 2007, determinó que sí procedía dar a la constructora una prórroga de 240 días por motivos de “fuerza mayor”.
La Fiscalía y la Corte de Cuentas coinciden actualmente en señalar que la falta de derechos de vía no está dentro de los motivos de “fuerza mayor” descritos en el contrato. Se trata, dicen, de una cáusula que se aplica solo para guerras, calamidades o desastres naturales.
Nieto y la constructora pactaron además una modificación del diseño de la obra para no afectar la Finca El Espino: en lugar de un intercambiador de cuatro orejas, se acordó contruir uno de tres. Según el pacto, no se incrementaría el monto del contrato y el asocio se comprometía a entregar el boulevar terminado el 9 de octubre del 2007. Esa era la teoría. En la práctica, según los documentos de la supervisión que realizó la empresa Consulta y el mismo MOP, lo que sucedió es que el MOP pagaba aunque la obra nunca evidenció avances significativos.
La prórroga que concedió la administración Nieto inició con una irregularidad del asocio constructor que las autoridades del MOP pasaron por alto: el 16 de febrero de 2007 COPRECA marginó a la empresa Linares de los trabajos de terracería, pese a que el contrato establecía que el asocio entre ambas no se podía disolver mientras la obra estuviera en ejecución. Hugo Linares, dueño de la constructora Linares, retiró su maquinaria del tramo II del boulevar y anuló el poder que facultaba al abogado Roberto Oliva para que representara al asocio.
Para agosto de 2007, el MOP había desembolsado 14.5 millones de dólares de los 25 millones de dólares que costaba la obra, pero los informes de la supervisión decían que el avance era apenas de un 50 por ciento de lo programado. Hay una frase en los informes de supersión de Consulta del 11 de agosto de 2007 que resume cuál era el ritmo de la construcción: “el panorama muestra tendencia al paro de la obra”.
El día que el boulevar debía ser entregado, el 9 de octubre de 2007, la obra estaba abandonada. La Fiscalía sostiene hoy que lejos de finiquitar el contrato y cobrar las garantías, el exministro Nieto y varios mandos medios del MOP falsificaron documentos para cambiar un contrato que legalmente no se podía modificar porque era de formato “llave en mano”.
En un contrato llave en mano el contratista propone un precio alza, pero en compensación se compromete a poner en funcionamiento la obra asumiendo de su bolsillo cualquier costo extra por algún detalle no previsto. En el caso del boulevar Diego de Holguín el precio pactado por la obra no se podía modificar y las controversias se debían resolver por arreglo directo entre las partes. En caso de falta de acuerdo el diferendo debía dirimirse ante los juzgados comunes. El contrato no permitía un arbitraje.
Pese a que COPRECA abandonó la obra, el MOP no finiquitó el contrato y se inclinó por decretar una “suspensión temporal de la obra”. Según la Fiscalía, en los documentos que se justifica esa suspensión hay falsedad porque las notas fueron elaboradas en diciembre del 2007, pero tienen fecha de septiembre de ese año. La Fiscalía sostiene que Nieto sabía que se modificaría el contrato, sabía que se haría un arbitraje e, incluso, intercedió para que COPRECA y Linares resolvieran sus diferencias y demandaran de forma conjunta al Estado.
Hugo Linares, el dueño de la empresa Linares, el mismo que había sido expulsado del asocio en febrero del 2007 y que en represalia anuló el poder al abogado Oliva, declaró ante la Fiscalía que el dueño de COPRECA, Jesús Hernández Campollo, le insistió a finales de 2007 para que le devolviera el poder judicial a fin de entablar un arbitraje por 8.3 millones de dólares contra el MOP. Lejos de intimidarse por la demanda que asomaba, el MOP incluso facilitó sus instalaciones, oficinas gubernamentales, para que los empresarios que iban a demandar al Estado salvadoreño limaran sus asperezas.
Linares ha declarado ante los fiscales anticorrupción que el exministro Nieto le dijo en aquellos días:
—Mire, para bien del proyecto, traten de llegar las empresas a un arreglo conciliatorio satisfactorio, para poderle retornar la representación al doctor Oliva.
Y las empresas, gracias a la ayuda del MOP, lograron un buen acuerdo para demandar al MOP. El acuerdo fue el siguiente: Copreca pagó 250 mil dólares a Linares por deudas de trabajos de terracería en el boulevar y, a cambio, Linares le devolvió el poder judicial del asocio al abogado Roberto Oliva. El camino estaba libre para que la compañía guatemalteca llevara a El Salvador a un arbitraje nacional.
COPRECA, con el viento a favor
El 22 de enero del 2008, COPRECA inició el arbitraje contra el MOP. Las principales quejas de la compañía guatemalteca se pueden resumir así: decía que la prórroga de 240 días que le concedió Nieto le generó nuevos costos por 1.8 millones de dólares. Además reclamaba otros 5.7 millones de dólares porque con el nuevo diseño debía realizar más obras, como la remoción de tierra en el parque Los Pericos y el Boulevar Cancillería. Por último, pedía que le eximiera de instalar la iluminación en tres puentes y que se le concedieran más tiempo para concluir la obra.
Los fiscales especiales que el MOP designó para defenderse de esa demanda fueron Yuri Fabricio Soriano Renderos y Patricio Rodrigo Nolasco. La credibilidad no es, a día de hoy, la mejor carta de presentación de uno de esos fiscales especiales: en 2010, el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, denunció ante la Fiscalía el involucramiento de Soriano Renderos en un caso de corrupción: el exmiembro de la gerencia legal del MOP había usado sin autorización papelería oficial del ministerio para absolver multas a lotificadoras que habían violado la ley de Construcción. Soriano Renderos huyó hacia Canadá.
El 12 de febrero del 2008, la Fiscalía designó a Galindo Santamaría como su representante para ayudar a los dos fiscales especiales del MOP a la hora de definir la estrategia de defensa del Estado en el caso del Boulevar Diego de Holguín. La defensa del interés público inició con tropiezos. Después de revisar la demanda que presentó COPRECA, la fiscal pidió al MOP un análisis técnico de cada uno de los reclamos, pero esa información nunca le fue proporcionada.
Según consta en su declaración, luego de varias horas de trabajo con los fiscales especiales del MOP la fiscal propuso aferrarse a un tecnicismo para neutralizar la demanda de la constructora. En el lenguaje de los abogados se habla de una “excepción perentoria de incompetencia por razón de la materia”; en un lenguaje común eso significa que la estrategia era alegar que el Tribunal de Arbitraje no tenía facultades para resolver la demanda porque algunos de los reclamos planteados por COPRECA no estaban amparados en el contrato.
Galindo Santamaría también propuso que se pidiera declarar “inadmisible” un peritaje solicitado por la constructora, con el cual se pretendía demostrar que había otras obras concluidas que el MOP no había pagado. La fiscal tenía la convicción de que eso era jurídicamente improcedente. El borrador de la contestación de la demanda fue remitido a la entonces gerente legal del MOP, Ile María Calderón de Carpio, pero en pocas horas esa estrategia de defensa había sido descartada.
—Mira, dicen que quitemos lo de la excepción.
Quien habla, según el relato de Nolasco, es Yuri Fabricio Soriano Renderos, el exfiscal especial del MOP que huyó hacia Canadá después de las denuncias de corrupción en su contra. Quien escucha es Patricio Rodrigo Nolasco, el otro fiscal especial del MOP. Aquel 13 de febrero de 2008 Nolasco no había sido invitado a una reunión que sostuvieron las altas autoridades del MOP con el abogado de COPRECA. Soriano Renderos sí, y le transmitía a su compañero las decisiones tomadas.
Nolasco ha declarado en la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía que sabe que en aquella reunión participaron el exministro Nieto, el abogado de COPRECA Roberto Oliva, la exgerente legal del MOP, Ile de Carpio, y el fiscal especial del MOP Soriano Renderos. Dice que el abogado Oliva, representante de la constructora, “estaba bien molesto por el contenido de la excepción” propuesta por la fiscal Galindo Santamaría y le pidió al exministro Nieto que eliminara ese punto del alegato del Estado. La constructora diciéndole al MOP, contra quien iba a comenzar un litigio, qué estrategia tomar y cuál no. Según Soriano Renderos le contó aquel mismo día a Nolasco, el exministro Nieto accedió.
—Habían analizado el punto y habían llegado a la conclusión que eso iba a retrasar todo el proceso, y el arbitraje les urgía. —declaró Nolasco.
Nolasco estaba sorprendido por la decisión del MOP, pero creía que la Fiscalía no avalaría el cambio de los argumentos. Al parecer, en la reunión de las altas autoridades del ministerio con el representante de COPRECA ya se habían cubierto ese flanco.
—A la licenciada Galindo le van hablar para hacerle saber eso. —Le dijo, según Nolasco, Soriano Renderos.
La declaración del fiscal especial del MOP coincide con lo declarado por Galindo Santamaría. Ella dijo que el 14 de febrero del 2008 recibió una llamada de su jefa inmediata, Adela Saravia, que le hizo saber que había recibido una queja porque no dejaba trabajar a los fiscales especiales del MOP y le “giró instrucciones” de que se abstuviera de emitir opiniones y que únicamente se mantuviera como observadora del proceso.
En una de las últimas reuniones de trabajo, Soriano Renderos, el fiscal del MOP, argumentó que la “excepción de incompetencia” iba retrasar el proceso y sugirió que se eliminara de la demanda. La respuesta de la fiscal Galindo Santamaría fue tajante: “El Estado quedaría indefenso”. Dijo que ella no podía tomar esa decisión.
Cuando se retiraba de las oficinas del MOP ese mismo día, la fiscal Galindo Santamaría recibió otra llamada telefónica de su jefa inmediata, que le informó, otra vez, que la estrategia de los fiscales del MOP se encaminaba a dejar desamparado el interés del Estado. Saravia, su jefa, le dijo por teléfono que hablaría con el Fiscal General. Minutos después le llamó, otra vez, para decirle que por instrucciones del Fiscal General “ya no iba continuar como fiscal en el referido caso”. El fiscal general, en ese momento, era Félix Garrid Safie.
“No recuerdo nada”
Los fiscales especiales del MOP respondieron a la demanda de la constructora, pero no refutaron las pruebas, ni rechazaron la competencia del Tribunal de Arbitraje. El resultado fue desfavorable para el Estado: El MOP fue condenado al pago de 7 millones de dólares y a la empresa COPRECA se le eximió de poner iluminación en tres puentes del proyecto. También se le concedió otra prórroga de 10 meses para terminar la obra.
El miércoles de la semana pasada, El Faro pidió una entrevista al exfiscal general Félix Garrid Safie para preguntarle por qué la institución que dirigía hizo una débil defensa de los intereses del Estado en el arbitraje por el Boulevar Diego de Holguín y por qué ordenó la separación de la fiscal que investigaba ese caso. “No recuerdo nada”, fue la primera respuesta del funcionario.
A Safie se le ofreció mostrarle el acta de la declaración de Galindo Santamaría, en la que relata la posición sumisa tanto del MOP como de la Fiscalía ante la empresa guatemalteca y en la que se implica al exfiscal en la decisión de obstaculizar la defensa de los intereses del Estado, pero reiteró que ya olvidó eso. “Lo único que recuerdo es que hubo una petición judicial de un peritaje… Yo firmaba tantas cosas que no recuerdo detalles. Ya estoy fuera de todo eso, pasó hace tanto tiempo y no recuerdo”, insistió.
La semana pasada, El Faro pidió a la unidad de comunicaciones de la Fiscalía una entrevista con Adela Saravia, a cargo de la División de los Intereses del Estado, para concederle su derecho de respuesta respecto al señalamiento que se describe en uno de los 21 testimonios recolectados por la Unidad Anticorrupción. Mauricio Carballo, a cargo de esa oficina, aseguró el viernes por la mañana que estaban coordinando una reunión con la fiscal Saravia porque son hechos “que sucedieron hace mucho tiempo”. Al cierre de esta nota, no había respondido a la solicitud.
Las irregularidades en el arbitraje del Boulevar Diego de Holguín no solo salpican a los fiscales. La acusación contra el exministro Nieto detalla que los peritos Jorge Francisco Blanco Mauricio y Luis Armando Pineda realizaron “afirmaciones falsas” que permitieron a la empresa COPRECA cobrar obras no realizadas: dos puentes en Merliot y tres bóvedas construidas sobre la quebrada Buenos Aires.
Los dos peritos están en la lista de las 18 personas que están siendo procesadas por presunto fraude, pero en el requerimiento fiacal no se hace referencia a por qué los tres jueces del Tribunal de Arbitraje (Carlos Amílcar Amaya, Ramón Antonio Morales Quintanilla y Ricardo Antonio Mena Guerra) aceptaron como válida una prueba que, según la Fiscalía, contiene “afirmaciones falsas”. Consultado por El Faro, el presidente del Tribunal Arbitral, Mena Guerra, se limitó a decir que ellos aplicaron la ley que regula los arbitrajes y que espera “que la investigación siga su curso, que se profundice y que se llegue a la verdad”.
Uno de los 21 testimonios que la Fiscalía ha presentado ante un juez por el caso del Boulevar Diego de Holguín consigna que, antes de firmar la condena de 7 millones de dólares en contra del Estado, los jueces árbitros se reunieron con el exministro Nieto, la exgerente legal del MOP, Ile de Carpio, y el abogado de Copreca, Roberto Oliva, para cuantificar los reclamos del contratista. Uno de los exfiscales del MOP, Nolasco, incluso asegura que después del fallo, cuando él estaba revisando la documentación del caso, uno de los jueces árbitros le dijo:
—Ya dejen de estar revisando tanto eso, si ya está arreglado…
El presidente del Tribunal de Arbitraje, Mena Guerra, niega haber sostenido esas reuniones con el exministro Nieto. “Eso no es cierto. Yo no le podría dar mayor declaración hasta que las autoridades investiguen, que profundicen y que lleguen a la verdad. Se cumplió con la ley y eso aparece en el expediente”, dijo.
