El partido Arena, cuyos cerebros más fundamentalistas se han opuesto sistemáticamente a cualquier tipo de subsidios estatales o ayudas directas a la población, incluyó en su propuesta de gobierno 2014-2019 no solo mantener esas disposiciones, sino incluso ampliar su cobertura; asimismo, en su oferta destaca una moción que la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) lanzó a El Salvador hace dos años y medio, que es privatizar las cárceles.
En el documento Plan País, hecho público el martes pasado, en materia de seguridad pública Arena deja clara su vocación por el privilegio de las políticas coercitivas, omite pronunciarse sobre la tregua pactada entre las pandillas y el gobierno del presidente Mauricio Funes, y señala que las políticas de prevención, rehabilitación y reinserción tomarán relevancia solo en el mediano plazo, cuando otros componentes del plan como las ayudas sociales y el desarrollo económico surtan efecto. El tema de la tregua sí ha sido abordado por el candidato presidencial arenero, Norman Quijano, quien ha manifestado su rechazo, y en su página en internet dice que 'no habrá tregua para los delincuentes'.
En el corto plazo, si Quijano gana la elección del 2 de febrero próximo, la prioridad la tendrán las acciones represivas y las que permitan a la ciudadanía recuperar el territorio en sus comunidades, en muchos casos administrado a su antojo por las pandillas.
Las principales pandillas, la MS-13 y el Barrio 18, han puesto en jaque a las autoridades desde la administración de Francisco Flores, cuyo gobierno fue el pionero en las políticas de mano dura y quien en 2003 diseñó una ley antipandillas inconstitucional y que fue vetada también por Naciones Unidas. En todo caso, el manodurismo, que incluyó el progresivo endurecimiento de las leyes, terminó a la postre convirtiendo a El Salvador en el país más violento del continente. Esto ocurrió en 2005, con el gobierno de Antonio Saca, pero los asesinatos continuaron su escalada hasta llegar a un promedio diario de 12, en el inicio de 2012, y gracias al pacto del gobierno con los líderes pandilleros los homicidios cayeron alrededor de un 50 %.
El Plan País, cuya elaboración estuvo a cargo de Miguel Ángel Simán, exvicepresidente de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), tiene un discurso que contrasta con el de la campaña electoral arenera, que por momentos ha sugerido que el fenómeno de la delincuencia a niveles de hasta 70 homicidios por cada 100,000 habitantes es una realidad reciente e imputable al primer gobierno del FMLN. 'No se trata de algo reciente ni espontáneo y es un fenómeno multicausal (...)', dice la propuesta.
En el documento hay cabida para aquella propuesta que en marzo de 2011 la ANEP lanzó al país: privatizar las cárceles o, al menos, algunos servicios penitenciarios. Entre la serie de propuestas del documento, es la 88 la que recoge aquella visión del negocio de las prisiones: “Introducir reformas, en el marco de los Asocios Público Privados, para la construcción y concesión de centros penitenciarios completos y/o aspectos parciales, como instalación de fábricas, la alimentación y otros servicios”.
El sistema carcelario salvadoreño es el más hacinado del continente. Donde debería haber un máximo de 8,000 reclusos había, hasta el 26 de noviembre del año pasado, 24,343, lo que representa un exceso del 200 %. La sobrepoblación en las 19 cárceles ha devenido en otro fenómeno: el de la sobresaturación de las bartolinas de la Policía Nacional Civil que, en teoría, solo deberían servir para detención administrativa, mientras un juez dispone si alguien debe ser detenido para investigación. En mayo de 2011, la saturación en los penales era tal que en las bartolinas policiales ya había 700 procesados que no cabían en las penitenciarías.
El partido de derechas, que logró cuatro gobiernos consecutivos desde 1989, con Alfredo Cristiani, hasta 2009, con Antonio Saca, sostiene que todo Estado es incapaz de superar a la empresa privada en la optimización de la prestación de servicios, y por eso promueven dejar en manos privadas algunos de ellos, como en su momento propusieron para servicios del Seguro Social o de la administración de puertos marítimos.
Sobre las prisiones, Douglas Moreno dijo, cuando era director de Centros Penales, que las prisiones salvadoreñas no eran, en absoluto, un lugar digno de humanos, y que dadas sus condiciones deplorables estaban lejos de cumplir su función rehabilitadora. En una entrevista con El Faro, Moreno llegó a decir que era imposible rehabilitar en el equivalente a escusados.
En su Encuentro Nacional de la Empresa Privada de hace dos años y medio, la ANEP dijo que El Salvador podía observar la experiencia exitosa en otros países en la concesión a manos privadas de sistemas penitenciarios o de la prestación de servicios a cárceles: 'Es necesario tomar lección de experiencias exitosas llevadas a cabo por otros países que han logrado sobrepasar estos obstáculos (...) La experiencia chilena con el Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria es un ejemplo exitoso de sistema carcelario en América Latina'.
Arena también suma a su propuesta de seguridad la idea de crear nuevas leyes, e instaurar el viceministerio de Integración Ciudadana que se encargaría de administrar el Programa de Integración Ciudadana para impulsar proyectos sociales junto a iglesias y organizaciones no gubernamentales a nivel comunitario. El plan, que está disponible en línea, también mira al pasado cuando hace una propuesta sobre el rol de las comunidades en la materia. Propone la organización de comités de vigilancia de vecinos que cumplan la función de observar y denunciar. Los “Vecinos Vigilantes” ya causaron controversia hace más de una década cuando, con la escalada delincuencial, el gobierno arenero propuso comités vecinales que la oposición encarnada en el FMLN dijo que corrían el riesgo de degenerar en organismos de espionaje político, tal como sucedía durante la guerra o antes de la guerra: organizaciones de control y represión política.
“Si hay políticas públicas que han sido efectivas y buenas, el documento ciertamente las retoma. Si hay elementos que pudieron haber distorsionado y haber generado no lo esperado en los que construyeron determinado plan de gobierno, pues se corrige”, dijo Norman Quijano, en el acto de presentación de su plan.
Simán añadió que si Arena insiste en algunas medidas que ya se propusieron en campañas pasadas, es porque los problemas del país que las motivan persisten. Y entre esos problemas destacó el del bajo crecimiento económico, un fenómeno que se evidenció con el segundo gobierno de Arena, el de Armando Calderón Sol (1994-1999), cuando la economía comenzó a enfriarse y ningún gobierno posterior encontró la fórmula de solución.
En este punto, Arena recoge uno de sus postulados clásicos: que el mercado resuelva. “El mercado es el mejor mecanismo para alcanzar los objetivos del desarrollo y lograr un mercado competitivo y eficiente debe ser una prioridad del gobierno para que todo salvadoreño pueda aprovechar las oportunidades”, dice el documento.
Durante los primeros 18 años de Arena, el nivel de pobreza en El Salvador cayó alrededor de 20 puntos, de 53 % a un 33 %, aunque volvió a subir en los dos últimos años de la administración de Antonio Saca, en medio de la más reciente crisis económica mundial. A pesar de dicho logro, los organismos financieros o de análisis económico internacionales siempre señalaron al país un hecho paralelo: la tarea pendiente de reducir significativamente la desigualdad.
En su búsqueda de la fórmula para el crecimiento económico, Arena ha tenido un zigzag en el diseño de políticas públicas. Quizás el gobierno más partidario de que el mercado resuelva la economía a su antojo fue el de Francisco Flores, que de un plumazo y de manera inconsulta dolarizó la economía en 2001. Ese tercer gobierno de Arena fue enemigo de las políticas sectoriales y rechazaba peticiones expresas de sectores del campo que pedían medidas específicas de incentivo o, en algunos casos, de auxilio. Para 2014-2019, Arena trae una nueva política de productividad, que incluye brindar incentivos, capacitación y financiamiento a sectores como el agropecuario.
En este campo, la propuesta arenera disputará clientela con la del partido FMLN, ya que este ha generado en el último año una agresiva política de conquista de agricultores y campesinos por medio de créditos y adquisición de cosechas en su programa AlbaAlimentos.
En Arena, algunos de sus principales ideólogos han insistido durante años en que lo que la gente necesita para salir de la pobreza y mejorar sus condiciones de vida no es que el Estado le regale cosas: la gente necesita que se le enseñe a pescar, no que se le regale el pescado. Sin embargo, el último gobierno arenero abrió una política de atención directa a pobres, al crear Red Solidaria, con lo que el Estado comenzó a entregar mensualmente dinero a las familias más pobres del país.
Derrotada Arena en las elecciones de 2009, Red Solidaria fue uno de los programas que el gobierno de Mauricio Funes mantuvo. Además, creó unos nuevos, como el de transferencias directas de dinero a jóvenes pobres y a ancianos. Asimismo, creó programas de paquetes escolares contra los que inicialmente el candidato Norman Quijano denostó, pero que luego terminó no solo diciendo que los mantendrá, sino que los ampliará.
En esta área es donde Plan País muestra uno de los más relevantes virajes en la política arenera cuyos detractores, en el pasado, señalaban que estaba basada en la premisa del rebalse: que a los pobres llegue lo que caiga de la mesa de los ricos. Arena propone crear una nueva oficina que centralice la administración de los subsidios, el Ministerio de Inversión y Desarrollo Social (Mindes). “El Mindes gestionará recursos adicionales para expandir gradualmente los programas de transferencias temporales y condicionadas, a nuevos municipios rurales de pobreza extrema”, dice la propuesta.
En este punto, de nuevo, la propuesta arenera evoca la del FMLN, cuyo candidato, Salvador Sánchez Cerén, ofrece 'profundizar' estos programas de ayuda a los más pobres. Y también se parece a la del candidato de Unidad y último presidente arenero, Antonio Saca, quien lleva un año diciendo que los programas sociales de esta administración deben tener continuidad en el próximo quinquenio.
Un tema que Quijano dijo que marcaría su gobierno es el de la educación. Así lo planteó cuando El Faro le preguntó en enero pasado cómo le gusaría que fuera recordado un posible gobierno suyo. En esta área propone una reforma a la duración del bachillerato, que debería volver a los tres años en lugar de los dos que se establecieron mediante una reforma en el gobierno de Armando Calderón Sol, en 1997.
También en esta área propone recalendarizar el año lectivo para que se interrumpa durante la estación lluviosa con el objetivo de reducir la deserción escolar, puesto que es en esos meses cuando hay mayor demanda de mano de obra en las áreas rurales debido a la siembra y a la recolección de las cosechas.
Miguel Ángel Simán explicó que el costo de este plan de gobierno es de 6,000 millones de dólares para cinco años, y que el único requisito para poder implementarlo es que el país tenga una tasa de crecimiento del 3 % anual, lo cual es 1.1 % más de lo que el país ha crecido en los últimos dos años.
En educación, cultura y deportes, el plan detalla que se invertirá 770 millones de dólares en los cinco años, mientras que en programas sociales 526 millones de dólares; en seguridad 125 millones y en el área económica se invertirán 3,089 millones, pues incluye proyectos de infraestructura básica y obras de gran impacto.
Para mantener la sanidad de las finanzas públicas, Quijano se compromete a eliminar las partidas de gastos reservados, gastos imprevistos y gastos no clasificados. El documento asegura que se ahorrará 300 millones de dólares en los primeros dos años como producto de una poítica de austeridad en el gasto corriente; se limitará la seguridad para los funcionarios, se reducirá la publicidad, los eventos sociales “y otros”.
Cuánto gasta el gobierno en publicidad o en erogaciones secretas es un misterio, pues antes simplemente no se divulgaban los datos y ahora que hay Ley de Acceso a la Información Pública, la administración Funes, contrariando la ley, ha declarado secretos los gastos de publicidad.
Hay medidas que no han sido detalladas a profundidad en el Plan País, como la que dice que se ampliará la base tributaria para incrementar los ingresos del Estado. Una de las formas para ograrlo, según el plan, es la creación de un “monotributo” como opción para incluir al sector informal entre los contribuyentes. Eso sí, Arena descarta implementar nuevos impuestos.
Plan País comenzó a redactarse en marzo, cuando el candidato presidencial Norman Quijano y el candidato a la vicepresidencia, René Portillo Cuadra, reclutaron a Miguel Ángel Simán. El documento estuvo terminado en septiembre pero durante el último mes fue objeto de revisiones.
El martes, Simán entregó el documento de manera oficial a los candidatos. Para ello, se hizo acompañar de representantes de quienes brindaron insumos para el documento y de directivos del grupo “300”, una asociación de profesionales y empresarios que surgió el año pasado para colaborar en el financiamiento de la campaña arenera.
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