El viernes se cumplieron 10 semanas desde cuando la autoridad del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) fue desafiada por los legisladores, que desobedecieron una orden de entregar información sobre las contrataciones de empleados de la Asamblea Legislativa, haciendo caso omiso de que el Instituto tiene la última palabra en la materia.
Aunque según la ley aprobada por los diputados en marzo de 2011 el Instituto tiene la atribución de 'velar por la correcta interpretación de la Ley de Acceso a la Información Pública', los legisladores han decidido interpretarla de una manera contraria a los comisionados del IAIP y con base en eso desoyen la orden de entregar a un ciudadano la información que este solicitó hace meses, y desobedecen la orden de entregarla al mismo Instituto.
El 23 de agosto de 2013 se cumplió el plazo para que la Asamblea entregara al Instituto una copia de la información que por esos días se encontraba en litigio entre el ciudadano Ángel Romero y el Órgano Legislativo. Esa información iba a servir al IAIP para decidir si la Asamblea tenía razón al catalogarla como confidencial, que es la categoría de información referida a datos personales protegidos por la ley, como la fe religiosa o la salud personal. Lo que Romero pedía -y que aun no se le ha entregado- era la lista de 'asesores legislativos'.
Un día antes, el 22 de agosto, el Instituto había requerido la lista de empleados y los salarios de estos, pero la junta directiva de la Asamblea respondió que el plazo de 24 horas era irracional y añadió que la información no podía entregarla al Instituto por estar catalogada como confidencial. El Instituto insistió posteriormente en solicitar la información, explicando a la directiva legislativa, presidida por el diputado efemelenista Sigfrido Reyes, que los comisionados iban a custodiarla adecuadamente y que solo la requería para hacer su análisis y responder a la demanda que presentó ante el IAIP el ciudadano Ángel Romero.
El Instituto tiene entre sus potestades emitir, conforme al artículo 85 de la LAIP, medidas cautelares que sirvan para proteger la información que está siendo objeto de estudio. Romero había acudido en apelación al Instituto el 19 de agosto, a partir de la primera respuesta negativa que recibió de parte de la Asamblea Legislativa el 12 de agosto. En aquella primera respuesta, la Asamblea mintió al decir a Romero que la información sobre los asesores ya estaba publicada en la página web de la institución, algo que no era cierto.
Aquel 23 de agosto, la Asamblea Legislativa inició el desacato a la máxima autoridad en materia de acceso a la información. Un mes más tarde, en su resolución definitiva de fecha 18 de septiembre, el Instituto determinó que la información sobre el nombre y el salario de un empleado público no es información confidencial, como lo alega la Asamblea, y que por lo tanto debe ser información de acceso a los ciudadanos porque esa es una manera en que la sociedad puede controlar que las instituciones del Estado contraten gente idónea para los distintos cargos, y que las instituciones funcionen de manera adecuada.
Asimismo, el Instituto ordenó al presidente de la Asamblea, el diputado Sigfrido Reyes, que instruyera a la oficina de información que actualizara la página web de la Asamblea con la información de los nombres y las funciones de los asesores. Hasta el domingo 27 de octubre, hace una semana, la Asamblea solo había subido el nombre de 44 asesores, correspondientes al 25 % de la totalidad de personas que estaban contratadas bajo ese cargo para julio, según lo reportado por la misma Asamblea en su sitio oficial.
Estos 'asesores' presumiblemente están incluidos entre los más de 700 empleados legislativos que hace un par de años tenía contratados la Asamblea atendiendo peticiones expresas de los diputados, que sin necesidad de criterio técnico para hacer las contrataciones, tienen vía libre para solicitar plazas pagadas por el Estado. Lo que hay en la Asamblea es una asignación de dinero para cada bancada legislativa, y el monto varía según la fuente. Cada bancada, o a veces cada diputado, decide qué hacer con el dinero que le entregan. Hasta ahora, ni diputados ni la institución han transparentado estas contrataciones, pero sí ha habido indicios claros de corrupción y de contrataciones innecesarias y hasta de plazas fantasmas.
En estos 73 días de desobediencia de la Asamblea ante el Instituto, también incumplió la segunda medida cautelar emitida por el Instituto el día 28 de agosto. Cuando ante el primer requerimiento, finalmente la Asamblea contestó diciendo que los datos que el IAIP estaba solicitando eran “confidenciales” y que además era imposible procesar esa información en un tiempo “ostensiblemente breve” para compartirla con ellos, el Instituto dijo que no era aceptable la queja por la brevedad del plazo, pues la Asamblea ya había respondido al ciudadano Romero que la información estaba preparada. El 29 de agosto, la directiva de la Asamblea volvió a repetir su respuesta original.
Después de esta segunda respuesta, el Instituto siguió con el proceso y montó una audiencia para escuchar a las partes. La resolución definitiva se produjo el 18 de septiembre, cuando aparte de declarar pública la información solicitada por Romero, ordenó a los diputados que la entreguen, que la hagan pública y, además, emitió jurisprudencia: dijo que cuando entren en colisión el interés en proteger datos sobre salarios de servidores públicos y el interés ciudadano en conocer cómo se usan los fondos públicos, prevalecerá el interés ciudadano.
Uno de los principios de la Ley de Acceso a la Información Pública es que toda la información en poder del Estado es pública, salvo excepciones expresas enumeradas por la ley.
Hasta ahora, los diputados han sostenido que cada uno de los asesores debe autorizar que su nombre se publique y que los 44 nombres publicados en el sitio web corresponden a quienes han accedido a ello.
Este procedimiento de solicitar permiso para publicar datos personales está contenido en el artículo 24 que define qué es la información confidencial. El literal c) dice que “los datos personales requieren el consentimiento de los individuos para su difusión”. Sin embargo, como se apuntó antes, los datos personales son otros y el salario de una persona en función de su cargo no puede ser tomado como información confidencial. La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) explica, en su versión comentada de la LAIP, que el salario de un empleado público no puede ser tomado como un dato confidencial.
La Ley además establece en el artículo 10, numerales 6 y 7, que toda institución de gobierno debe poner a disposición del público, sin que medie solicitud, su lista de asesores, el detalle de sus funciones y “la remuneración mensual por cargo presupuestario, incluyendo las categorías salariales de la Ley de Salarios y por Contrataciones, y los montos aprobados para dietas y gastos de representación”.
En este caso, el ciudadano Romero solo pidió los nombres, el salario por cargo presupuestario y el partido para el cual trabaja en la Asamblea, dejando afuera los montos aprobados para dietas y gastos de representación.
La resolución definitiva que emitió al respecto el Instituto el día miércoles 18 de septiembre ratifica que el salario de un asesor no es un dato que pertenezca a la esfera de la intimidad y privacidad de una persona. “Dado que las remuneraciones o salarios de dichos asesores provienen de recursos públicos, ante la fiscalización ciudadana al ejercicio de la función pública y el deber de rendir cuentas de aquéllos, debe estimarse que en caso de duda sobre si una información es de carácter público o está sujeta a una de las excepciones, este Instituto deberá hacer prevalecer el criterio de máxima publicidad y en consecuencia, ordenará que se entregue dicha información al solicitante (arts. 4 letra a. y 5 de la LAIP)”, dice la resolución.
Una vez que el litigio vio la luz pública, el partido Arena intentó mostrarse como la única bancada legislativa que ha pujado porque se cumpla con las órdenes del IAIP, pero en realidad este partido tampoco quiso al inicio revelar los datos. Arena ha publicado dos listas con un total de 30 asesores en la página web de su partido. Una lista es la de los asesores de toda la bancada y la otra es la de los asesores de la junta directiva . Una de las listas fue publicada en la noche del 5 de septiembre y la otra, el día 10. En todo caso, esta publicación se dio hasta 15 días después de que la Asamblea hubiera respondido negativamente la solicitud de información del ciudadano Romero.
Antes, sin embargo, el día 5 de septiembre, el diputado Roberto d´Aubuisson, miembro de la directiva legislativa por el partido Arena, expuso a El Faro una posición similar a la que hasta ahora sostienen sus colegas de los partidos FMLN, Gana y PCN. “Dar esa información es violar el derecho a la intimidad de las personas; hay que preguntarles, porque ellos no son funcionarios públicos como nosotros”, dijo en una entrevista con este periódico.
Con la resolución del 18 de septiembre, los 14 diputados de la junta directiva fueron condenados a pagar 666 dólares cada uno porque el Instituto consideró que habían cometido una infracción “muy grave”. Los cuatro directivos pertenecientes a Arena protestaron porque dijeron que ellos desde un inicio se manistaron en favor de hacer pública la información.
Un mes después de la sentencia por la falta “muy grave”, el 15 de octubre, los diputados de la directiva pagaron un total de 9,324 dólares pero la lista de los asesores, su salario y el partido para el cual trabajan siguió siendo secreto. Tanto el FMLN como Arena han confirmado a El Faro que el diputado Sigfrido Reyes, del FMLN, es quien tiene acceso directo a la planilla de empleados y es quien puede decidir si hacerla pública o no. Así como hay otros directivos que son los responsables del área de transporte o de seguridad en la Asamblea, Reyes es el encargado de recursos humanos. El Faro ha pedido entrevistas con él para hablar del tema pero las gestiones ante la unidad de prensa no han prosperado. A Reyes se le ha pedido entrevistas en persona y lo que ha respondido es que hay que esperar las conferencias de prensa.
Reyes, como representante máximo de la Asamblea, ha presentado una demanda contra el Instituto ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia por supuestamente ordenarles ejercer atribuciones más allá de las establecidas en la ley. En esa demanda la junta directiva vuelve a exponer los mismos argumentos para mantener oculta la información.
Arena también sopesa presentar su propia demanda ante los magistrados de lo Contencioso Administrativo y en boca del diputado directivo Roberto D'Aubuisson, están evaluando con sus abogados la manera de proceder. Lo que buscan es que se revierta la multa de 666 dólares que les tocó pagar a los cuatro directivos areneros: Milena Calderón Sol, Alberto Romero, Margarita Escobar y D'Aubuisson.
En un documento que los diputados directivos de Arena enviaron al IAIP el lunes 16 de septiembre cuando el Instituto ya estaba estudiando la resolución definitiva del caso, dicen que ellos cuatro votaron contra el acuerdo número 2804 de la junta directiva en la que esta decidió por mayoría que mantendría oculta la información sobre los asesores porque no estaban legalmente obligados a acatar la medida cautelar del Instituto. Los areneros señalaron en su carta que “no han estado de acuerdo con la no publicación” de los nombres de los asesores y que por eso lo publicaron en sus redes sociales. “Queremos que se sepa la verdad, nosotros siempre nos opusimos a que no se entregara la información”, agregaría días después, el 10 de octubre, la diputada Margarita Escobar.
Lo que ninguno de los diputados de Arena dice es que en la primera reunión de la junta directiva del martes 27 de agosto en la que la presidencia de la Asamblea les notificó de las medidas cautelares emitidas por el Instituto ellos también se habían mostrado a favor de mantener resguardados los datos, según ratificó el Instituto de Acceso en su resolución 25-A-2013, en la página 9.
“En el caso de los diputados (Romero, D’Aubuisson, Calderón Sol y Escobar) se excusaron al final del procedimiento de no haber participado en la toma de decisión del Acuerdo No. 2408, de fecha 12 de septiembre de 2013, sin aportar prueba alguna de ello; no así de la “sesión extraordinaria y con carácter de urgencia” que el presidente de ese órgano del Estado convocó al efecto de “enterarles sobre los extremos de la resolución”, que contiene la medida cautelar decretada (...) y que es la resolución desacatada”, reza la sentencia.
El jueves 5 de septiembre, dos semanas antes que la Asamblea emitiera su sentencia final, Roberto d'Aubuisson expuso a este periódico otras razones por las cuales era imposible, a su juicio, cumplir con la orden del Instituto. “Son 32 con plaza de asesor... pero no puedo decirte cuánto gana cada uno, no puedo. Sería vulnerarles sus derechos”, dijo.
A pesar de la incongruencia, la diputada Margarita Escobar insiste que su partido siempre quizo cumplir con la medida cautelar. Según ella, eso consta en un documento conocido como “ayuda memoria” que registra todos los puntos tratados por la junta directiva en cada sesión. Escobar mostró a los periodistas, el jueves 10 de octubre una supuesta copia del documento en la que se lee que Arena instó, en la reunión de directiva del 27 de agosto, a que se cumpliera con la medida cautelar. Esta “ayuda memoria” es solo un borrador y no ha sido aprobado aun por la junta directiva de la Asamblea, según confirmaron Escobar y D'Aubuisson. Cuando El Faro le preguntó cómo se podía garantizar la autenticidad de lo ahí escrito, Escobar solo insistió que era un documento legítimo. “Aquí está la prueba con la cual podemos demostrar que Arena ha sido siempre respetuosa de la institucionalidad”, insistió.
Un mes antes, después de la sesión plenaria del 5 de septiembre, D'Aubuisson defendía lo que considera 'el derecho a la intimidad' de los asesores legislativos.
—Diputado, ¿por qué la información de los asesores la catalogan como confidencial si se trata de personas a quienes el Estado les paga con el dinero de la gente? -preguntó El Faro.
—El que sea dinero del Estado no significa que sus derechos ciudadanos se vean violentados.
—¿Puede especificar el derecho que usted dice que se violenta?
—Es un derecho a la intimidad.
—¿Por qué el derecho a la intimidad?
—Porque tienen que decir el salario, y eso en este país donde te rentean (extorsionan) tan fácilmente.
—No fuera necesario pedirlo si la institución cumpliera con publicarlo de oficio como manda el artículo 10 de la LAIP.
—La Asamblea ha cumplido con lo que la ley manda, y no podemos hacer más allá de lo que la ley expresamente nos comisiona, y eso es lo que se ha hecho.
—Pero las medidas cautelares del Instituto son solo para que los comisionados, según la ley, puedan estudiar a fondo la demanda.
—Fijate que la nota que mandó el presidente Reyes al Instituto la primera vez no había tardado ni 15 minutos y ya estaba publicado en una página web que no era del Instituto... entonces, ¿qué certeza hay de que eso que tú dices no se vaya a cumplir? Además estamos hablando de datos privados que la misma ley, en los artículos 24, 25 y 28 los protege y la Constitución también. A esos empledos les tenemos que consultar para publicar sus datos personales.
—¿Cómo si la Asamblea oculta esa información la ciudadanía puede controlar si los diputados contratan familiares de los legisladores o gente no proba, como ya ha ocurrido anteriormente?
—Ahí está la lista de empleados. Busquen e indexen, ahí está la tabla de empleados, busquen e indexen. Se están ahogando en un vaso de agua...
—Ok, y si la información es pública, ¿cuál es el problema de darla como la pide el ciudadano?
—Lo que no podemos es darla indexada... hagan los cruces ustedes los periodistas, sean acuciosos, es su trabjao hacer trabajo investigativo.
—Para cumplir con la orden del Instituto...
—Le vamos a preguntar a la persona si están de acuerdo... estamos cumpliendo con lo que el instituto pide sin vulnerar el derecho de las personas... Son 32 con plaza de asesor... pero no puedo decirte cuánto gana cada uno, no puedo. Sería vulnerarle sus derechos.
—¿Ni el nombre?
—Ahí está la lista, búsquela, en el portal está la lista de los asesores... tu vas a ver con solo ver los nombres cuál es de Arena y cuál no.
—¿Cómo voy a saber eso?
—Perdoname, pero aquí los ves caminar y pasar. No me vas a decir que una persona del FMLN está atendiendome a mí.
Consultado nuevamente el 15 de octubre al respecto de su cambio de postura, D'Aubuisson aseguró que en las primera sesión de junta directiva del 27 de agosto el asesor jurídico y el técnico de la comisión de legislación no los habían asesorado bien. “No tenía toda la información clara y completa en aquel momento de la entrevista contigo”, explicó el legislador. Cuando se le preguntó por qué si la página de transparencia de la Asamblea no muestra toda la información oficiosa ordenada por la LAIP él había dicho que sí estaba publicada, respondió que no se había percatado de ese vacío.
La semana antepasada, cuando El Faro publicó al comisionado Jaime Campos, del IAIP, si había alguna alternativa a simplemente quedarse cruzados de brazos viendo cómo los diputados desobedecen las órdenes del Instituto, recordó que el siguiente paso es notificar del desacato a la Fiscalía General para que esta proceda a forzar a la Asamblea a cumplir la sentencia y publicar la información en litigio.
