El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, aseguró este domingo que no entregará a la Fiscalía General de la República (FGR), 'ni una hoja' de un archivo sobre crímenes cometidos en la guerra civil salvadoreña ocurrida entre 1980 y 1992.
Tras reconocer que el viernes fueron 'sorprendidos' por la visita repentina de personal de la FGR, Escobar Alas, por cuya orden fue sorpresivamente clausurada Tutela Legal el 30 de septiembre pasado, comentó durante una rueda de prensa, que les hizo saber a los fiscales que el archivo es propiedad de la iglesia y que no permitirán removerlo y 'ninguno de los expedientes, ni siquiera una hoja'.
'Nosotros los sacerdotes tenemos el sigilo sacramental por el que estamos dispuestos a morir antes de revelar lo que hemos escuchado, este no es sigilo sacramental porque no se estaba en confesión, pero también es información confidencial y entra en el campo del sigilo y estamos dispuestos a todo por proteger esa buena fama, máxime que son (de) las víctimas', resumió Escobar Alas.
Las declaraciones del arzobispo chocan con el tono del discurso eclesial cuando fue clausurada Tutela Legal. El 30 de septiembre pasado, monseñor Rafael Urrutia explicó que el arzobispo le había dicho que Tutela Legal no tenía ya razón de existir y por eso había que cerrarla. La Iglesia no dijo qué iba a pasar con el archivo donde en vídeos, audios y en papel hay testimonios y declaraciones y otras pruebas sobre graves violaciones a derechos humanos. Escobar Alas luego dijo que sí tenía sentido la existencia de Tutela Legal, y después anunció la creación de una comisión que propondrá qué sucederá con toda la documentación.
El viernes, el fiscal general, Luis Martínez, dijo que debido a que la Fiscalía está investigando las masacres ocurridas durante la guerra civil -un hito en la historia de la Fiscalía, que siempre argumentó la Ley de Amnistía para negarse a investigar- necesita salvaguardar los documentos. Además, 'para garantizar el derecho a protección de las víctimas', dijo a El Faro.
La orden judicial que presentaron los fiscales, según el arzobispo, les daba 'amplias facultades para actuar' para el allanamiento y secuestro de todos los documentos del histórico archivo. Al final solo lo inspeccionaron y colocaron cinta amarilla en las puertas.
El procedimiento de la Fiscalía se produce en el marco de una polémica interna de la iglesia católica luego que el 30 de septiembre decidió 'disolver' la Oficina de Tutela Legal, que fue creada en 1982 por el arzobispo Arturo Rivera, para dar seguimiento al Socorro Jurídico creado por el asesinado arzobispo Oscar Arnulfo Romero para documentar la represión a los civiles.
Los argumentos de la Fiscalía, en palabras del arzobispo, es que quieren 'garantizar la protección de los documentos'.
'Lo que nosotros vemos (es) que se le está queriendo quitar el archivo a la iglesia, o que le permitamos tenerlo en mano los expedientes (a la Fiscalía), eso no podemos, ya llegó el momento de decir al mundo que el archivo es de la iglesia y que lo vamos a defender', destacó Escobar Alas.
El Arzobispado, sin embargo, tardó cinco días para explicar la verdadera razón que, según ellos, los motivó a clausurar la oficina de Tutela Legal. Escobar Alas señaló que habían detectado que administrativamente y financieramente, algunos exempleados de la ofician estaban actuando de manera muy arbitraria. Esta frase, sin embargo, contradice lo que explicó a El Faro el vicecanciller de la Curia Episcopal, monseñor Rafael Urrutia. El lunes que se cerró Tutela Legal, Urrutia dijo que la confianza en los exempleados era tal que incluso no dudarían en llamarlos eventualmente si se necesitaba de su ayuda dada su experiencia.
En el marco del conflicto armado, la población civil que sufría la represión por falta de confianza en el sistema judicial acudia a Tutela Legal a presentar sus denuncias.
Esa confianza le permitió al organismo humanitario documentar unos 50,000 casos de violaciones a los derechos humanos, los cuales sirvieron de base para un informe que tras el fin de la guerra civil en 1992 presentó la Comisión de la Verdad, creada por la ONU para investigar las atrocidades cometidas.
El interés por el control del archivo se produce luego de que el pasado 21 de septiembre la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aceptó un recurso contra la Ley de Amnistía que dejó sin castigo crímenes cometidos durante el conflicto armado.
Si eventualmente la ley fuera declarada inconstitucional, este archivo de la Iglesia sería clave en el procesamiento de numerosas personas implicadas en la violación de los derechos humanos durante la guerra.
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