Bogotá, COLOMBIA. En contraste con los anteriores intentos de paz, terminados todos en fracaso, Colombia sueña esta vez con poner fin al más prolongado conflicto armado de América Latina, que en 50 años ha dejado cientos de miles de muertos.
Reunidos desde el 19 de noviembre de 2012 en Cuba, uno de los países garantes del proceso, las delegaciones del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han consensuado una reforma agraria y, más recientemente, la participación política de los guerrilleros que dejen las armas.
“Lo que se acaba de lograr no tiene precedentes en materia de procesos de paz en Colombia. Es la primera vez que se avanza tanto y eso es un esfuerzo muy loable y un paso importantísimo”, señaló a la agencia AFP Sandra Borda, experta en relaciones internacionales de la Universidad de los Andes en Bogotá.
Sin embargo, el transcurso del diálogo es todo menos sereno. En el terreno militar, aunque las FARC cumplieron con una tregua unilateral de dos meses al inicio del proceso, los enfrentamientos se mantienen en Colombia y el Gobierno rechaza cualquier planteamiento de cese el fuego bilateral hasta que no se llegue a un acuerdo final.
“Que el Gobierno pare de combatir a la guerilla es una concesión que nadie en la opinión pública puede aceptar”, indicó Borda, al destacar que Santos “aprendió las lecciones de la historia” en referencia a la zona desmilitarizada de la anterior negociación de paz (1999-2002).
Al menos 61 militares y 75 guerrilleros han muerto en combates a lo largo de este año, según cifras recabadas por AFP.
Pero aparentemente estas estadísticas no hacen mella en las negociaciones. “Nunca se ha definido una línea roja que no se podría cruzar y que nos obligaría a suspender el diálogo”, comentó a la AFP un responsable gubernamental.
“Apretar el acelerador”
Para Christian Voelkel, responsable para Colombia del centro de análisis de conflictos Crisis Group, en el proceso de paz “los fundamentos son muy sólidos y un colapso todavía parece un riesgo muy remoto, visto los costos prohibitivos que este tendría tanto para el Gobierno como para las FARC”.
Pero el tiempo juega en contra y por ello Santos pidió en estos días “apretar el acelerador”. Las delegaciones todavía tienen que abordar los puntos de las drogas ilícitas, fuente de financiamiento de los grupos armados colombianos, la reparación a las víctimas y el abandono de las armas.
Además, el Gobierno también tiene pendiente abrir conversaciones con la otra guerrilla izquierdista de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Faltando menos de un año para las elecciones presidenciales, en mayo, y legislativas, en marzo, Santos que muy probablemente optará por la reelección ha perdido popularidad y un importante sector de la población ve con desconfianza el proceso de paz.
Al calor de la inminente campaña electoral, el expresidente Álvaro Uribe, su exaliado y ahora su más férreo opositor, acusa constantemente a Santos de haber “traicionado” a su electorado al dialogar con “terroristas”.
Uribe sigue siendo muy popular por su política de combate sin cuatel a las FARC, que en un periodo de ocho años logró reducir a la mitad el número de sus combatientes, unos 8,000 en la actualidad.
El exmandatario, que será muy seguramente cabeza de lista al Senado por su movimiento de derecha Centro Democrático, estaría en la mira de las FARC. Hace pocos días el Gobierno reveló que descubrió un plan de una de las columnas de esa guerrilla para atentar en su contra.
“Las dinámicas políticas y electorales podrían poner en peligro el proceso. En este sentido se ha llegado a un punto crítico: lo que va a pasar en los próximos cinco meses hasta las elecciones legislativas va a ser muy probablemente decisivo para la sostenibilidad del proceso”, aseguró Voelkel a la AFP.
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