Siete funcionarios del gobierno de Francisco Flores fueron acusados la mañana de este lunes de cometer irregularidades en el proceso de licitación y de avalar ilegalmente una serie de reformas que permitieron a la empresa italiana Enel Green Power SPA controlar la mayoría de acciones de LaGeo, la empresa que creó la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) para dirigir la explotación de energía geotérmica en el país.
El exministro de economía, Miguel Lacayo, es acusado de instigar a los directivos de CEL a cometer el delito de peculado porque pidió que la búsqueda del socio estratégico no fuera dirigido por los directivos de CEL sino por la junta directiva de la empresa Geotérmica Salvadoreña (Gesal), ahora conocida como La Geo, quienes al final permitieron que la empresa italiana tuviera un contrato que eventualmente le permitiría controlar la mayoría de acciones.
“(Lacayo) determinó a los exmiembros de la junta directiva de CEL a que cometieran el delito de peculado. Sí él no hubiera pedido que se cediera ese contrato, no se hubiera dado esta circunstancia porque el ceder ese contrato los llevó a violar la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP)”, aseguró Saúl Morales, miembro de la comisión especial de la Fiscalía encargada de hacer la investigación.
El 12 de marzo de 2001, Lacayo envió una carta al entonces presidente de CEL, Guillermo Alfredo Sol Bang, en la que le solicitaba la colaboración para realizar las acciones necesarias para que la administración de un contrato suscrito con el Banco de Inversión Deutsche Bank Securities, “cuyo objetivo es la selección de un socio estratégico en el área de geotermia, sea trasladada completamente a la junta directiva de Gesal”.
La carta de Lacayo llegó a la presidencia de CEL justo cuando se discutían las alternativas para proceder a la capitalización de la Gesal. Las autoridades de esa época consideraban que la alternativa que más convenía era la modalidad de compromiso de inversión a riesgo y para llevarlo a cabo proponían una licitación para seleccionar al socio estratégico que haría trabajos de exploración en un plazo determinado.
El peculado es un delito descrito en el Código Penal como la conducta por la cual un funcionario o empleado público se apropia en beneficio suyo o de terceros de dinero o valores estatales bajo su responsabilidad o administración, o actúa de tal manera que propicia que alguien más cometa ese hecho.
Según la Fiscalía, los funcionarios de CEL cometieron el delito de peculado porque no pusieron límites a la capitalización que los italianos podían hacer en LaGeo, proceso que a la larga se convirtió en una privatización encubierta de los recursos del Estado. “Eran funcionarios públicos, deben defender los bienes del Estado como patriotas y nunca lo hicieron, sino que hicieron todas las reformas que estaban en el acuerdo de accionistas, en el artículo 6 y 8, hasta facilitarle que se hiciera la última reforma y ya no necesitaban moverse para nada para quedarse con la empresa de LaGeo”, dijo Morales.
Los otros seis exfuncionarios acusados de ser coautores directos del delito de peculado, por permitir que terceros se apropien de bienes del Estado, son el expresidente de CEL, Guillermo Sol Bang; el expresidente de Gesal, Jorge José Simán Zablah; y otros directivos de la autónoma como Tomas Hawk Baker, Pedro José Escalón Pacas, Julio Alberto Olano Noyola y Carlos Jacinto Chavarría Aguilar. Simán Zablah es socio y director comercial de El Faro.
Cuando la Asamblea Legislativa ventiló las denuncias y formó una comisión investigadora, Simán explicó a los diputados que todas las actuaciones estuvieron hechas a la luz de lo que permitía la Ley general de electricidad y telecomunicaciones, de 1996. Esta ley, con los años, fue declarada inconstitucional en la parte en que permitía el traspaso del control accionario a privados sin aval de la Asamblea Legislativa.
Este lunes, al conocer el proceso fiscal, Simán declaró: 'Me toma por sorpresa porque mi primera interacción con la Fiscalía fue en calidad de testigo. Este tema ya ha sido juzgado dos veces en París y la actuación nuestra ha sido bien evaluada. Nos acusan de haber aplicado una ley que nos obligaba como funcionarios a hacer lo que hicimos', dijo.
Simán se refirió también al manejo público que el presidente Mauricio Funes ha hecho del tema, de manera notoria y continua en su programa radial de los sábados. 'Lo que sí me queda claro es que la presión del presidente le ha funcionado. Quiero pensar que esto no es parte de la campaña ni una persecución política', dijo.
11 personas más son acusadas de cómplices necesarios en el delito de peculado. Entre ellos están los tres integrantes del comité que llevó a cabo el proceso de capitalización de Gesal: Óscar Armando Valdez Iraheta, Ricardo Palomo Déneke y José Antonio Rodríguez, este último también exgerente general de esa empresa.
Como cómplices necesarios también fueron acusados ante el Juzgado Séptimo de Paz: Roger Martín Avilés Herdocia, Carlos Mauricio Novoa González, Mario Christopher Selva Breyel, José Agustín Javier Gasteazoro Escolán, Porfirio Díaz Fuentes, José Vicente Machado Calderón, José Daniel Julio Martínez y Paolo Pietrogrande, este último el administrador delegado por la empresa italiana para firmar el acuerdo entre accionistas y la primera modificación del acuerdo de capitalización.
La última persona de la lista señalada por el delito de peculado es Jaime Luis Torres Alvarado, el excoordinador de desarrollo empresarial de CEL, quien manejaba los comités de evaluación e introducía información del caso a la junta directiva. La Fiscalía le imputa ser un cómplice no necesario del delito de peculado.
Morales argumenta el delito de peculado de esta manera: “Permitieron a través de la aprobación de términos de referencia y por medio de la firma de acuerdo entre accionistas sus dos modalidades, ya que incluyeron cláusulas encaminadas a que Enel se apropiara de LaGeo por medio de la figura de la capitalización, lo que le permitió exclusivamente a dicha sociedad que aumentara sus porcentajes accionarios, pues no tenía límites algunos porque ya estaba la reforma y podía quedarse con todos los bienes sin ningún esfuerzo”.
Aunque el fiscal general, Luis Martínez, destaca que la investigación encontró evidencias de corrupción y los daños económicos se cifran en mil millones de dólares, el funcionario no explicó por qué razón no ordenó la captura administrativa de los implicados. El requerimiento que la Fiscalía llevó al Juzgado Séptimo de Paz pide que sea esa instancia la que ordene las capturas, pero el juzgado se pronunciará sobre esa petición hasta el día de la audiencia, programada para este miércoles.
En la audiencia también se acusará a dos abogados, Benjamín Valdez Iraheta y Carmen Antonia Paredes Lazo, por el delito de falsedad documental agravada. La explicación de Morales sobre ese delito fue escueta pero sugirió que los notarios mintieron en la información relacionada con las escrituras de constitución de empresas relacionadas con el caso, “insertando información no correspondiente a la realidad”.
La investigación de la Fiscalía tuvo como antecedente un proceso político en la Asamblea Legislativa, donde se formó una comisión investigadora que hizo señalamientos a algunos de los imputados hoy por la Fiscalía, y también al expresidente Francisco Flores. Ese proceso no es vinculante para la Fiscalía.
El fiscal Martínez dijo que además de la acusación de dos delitos, sus auxiliares han pedido al juzgado capitalino que inicie un embargo para resarcir los daños al Estado. “Vamos a ejercer acciones de embargo contra la empresa italiana y vamos a trasladarnos hasta la república de Italia. Vamos a embargar Enel”, anunció.
Según Martínez, la empresa italiana no puede alegar ignorancia de “la telaraña de corrupción que se generó en ese fraudulento negocio” porque, incluso, han encontrado que Enel emitió cheques a favor del abogado Porfirio Díaz Fuentes, quien al mismo tiempo se desempeñaba como apoderado de CEL. Eso habría generado un conflicto de interés y habría motivado a Díaz Fuentes a traicionar los intereses nacionales, dijo el fiscal.
En el caso de las otras personas investigadas, el fiscal no especificó si han encontrado algún incremento patrimonial de los exfuncionarios. Tampoco aclaró qué ganaron esos funcionarios con beneficiar a Enel. Martínez se limitó a decir que la investigación no está cerrada e, incluso, hay una investigación abierta por lavado de dinero.
La denuncia por irregularidades en el contrato CEL-Enel la realizó el presidente Mauricio Funes en el primer trimestre de este año. El mandatario incluyó al expresidente Francisco Flores en el círculo de sospechosos, pero el fiscal general descartó esa posibilidad: “En lo investigado hasta la fecha, no hay ninguna participación directa o indirecta del expresidente Francisco Flores y esto lo dejamos muy claro”.
El expresidente de CEL, Guillermo Sol Bang, aseguró en un comunicado que se sentía 'orgulloso de haber participado en un proceso transparente que propició la generación barata de energía por medio de la geotermia'. El comunicado cierra afirmando que da la cara con orgullo ante su familia, sus amigos, su país y los tribunales de justicia.
