Un juzgado capitalino inició la mañana del viernes 15 de noviembre el proceso judicial por las irregularidades en el contrato para la explotación de energía geotérmica que el Estado firmó con la empresa italiana Enel. A la audiencia solo llegaron 12 de los 21 imputados, a quienes la Fiscalía acusa de tejer “un plan criminal” que provocó pérdidas a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) por mil 824 millones de dólares, según una experticia financiera que los fiscales entregaron al juzgado el jueves por la tarde.
Mientras el fiscal Rony Huezo pedía autorización para que en las próximas horas los peritos testifiquen sobre las millonarias pérdidas, los imputados no pudieron evitar los murmullos y los gestos de sorpresa. Y sus defensores no desaprovecharon para dar los primeros golpes a la estrategia de la Fiscalía.
—¡Que se declare extemporáneo y no se tome en cuenta a la hora de resolver! —pidió el abogado Manuel Cruz Azucena.
Otros, como Lisandro Quintanilla, añadieron que el documento que habla de pérdidas millonarias vulnera el derecho de defensa porque ellos nunca fueron informados de tal informe y pedían tiempo suficiente para estudiar esa prueba de cargo contra sus clientes. La jueza Carmen Jiménez explicó que los fiscales llevaron el jueves por la tarde una caja de documentos, pero que todavía no están admitidos. Quintanilla lanzó otro cuestionamiento al planteamiento de la Fiscalía:
—¿Cómo es eso que la empresa Enel vale casi 134 millones y ellos hablan de pérdidas de mil 824 millones de dólares? —preguntó.
El fiscal Huezo no dio declaraciones a la prensa y durante su exposición en la audiencia no explicó la forma en que se ha determinado esa cifra. En la audiencia dijo que el documento es importante porque aunque se clausurará la investigación contra la mayoría de los procesados por la prescripción de los delitos, la Fiscalía quiere que la jueza deje abierta una puerta para resarcir económicamente al Estado. Los fiscales insisten en la existencia de “un plan criminal” y tienen cuatro cartas, que son las que están jugando para sostener esa acusación.
1. Las tres leyes “subterfugio”
La fiscalía plantea que las irregularidades iniciaron seis años antes de la firma del acuerdo del 4 de junio de 2002, cuando las autoridades de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) se sentaron con los representantes de la italiana Enel para acordar la explotación de energía geotérmica. Ese, según la acusación, fue el camino para que el Estado perdiera sus bienes. El camino que condujo a la concesión de la explotación de la geotermia y de blindarla para que la Corte de Cuentas no pudiera auditar a las empresas que explotaban ese recurso lo construyeron los diputados de dos períodos legislativos: los de 1994-1997 y los de 1997-2000.
A finales de la década de los noventa, el Estado salvadoreño creó la empresa Geotermia Salvadoreña (Gesal), ahora conocida como LaGeo. Esa empresa firmó un acuerdo con Enel para la exploración y explotación de unos pozos geotérmicos en Ahuachapán y Usulután. La Fiscalía informó el lunes que ese contrato es lesivo para los intereses estatales y este viernes inició el proceso contra los acusados de dos delitos relativos a la corrupción. Según la teoría fiscal, el fraude inició un 8 de agosto de 1995, cuando el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) concedió al Estado salvadoreño un crédito por 215 millones de dólares para ejecutar el “Programa de Desarrollo Eléctrico II”. El acuerdo era el siguiente: el BID desembolsaría el dinero en la medida en que la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) realizara una reestructuración para que dejara de ser el monopolio en la exploración, producción y distribución de energía eléctrica en el país. CEL ya no debía ser un monopolio, eso debía cambiar.
Y los cambios en el sector energético comenzaron un año después. El 10 de octubre de 1996, la Asamblea Legislativa era presidida por Gloria Salguero Gross, y en esa directiva había políticos como Walter Araujo y René Figueroa, los tres del partido Arena. Esa Asamblea aprobó la Ley General de Electricidad que permitía dos cosas que, ahora, según la Fiscalía, han configurado un fraude: primero, esa ley permitía que la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) otorgara concesiones sin necesidad de pedir autorización a los diputados; y segundo, permitía al gobierno crear empresas que podían actuar como sociedades privadas y que, por lo tanto, no podían ser fiscalizadas por la Corte de Cuentas.
Seis meses más tarde, la misma legislatura aprobó una segunda ley que seguía poniendo candados para la fiscalización de las empresas que nacieron de la reestructuración de CEL. En abril de 1997, los diputados aprobaron la Ley para la Venta de Acciones de las Sociedades Distribuidoras de Energía Eléctrica, que permitía que esas empresas fueran consideradas “comerciantes sociales y privados para todos los efectos legales”.
En abril de 1999 los diputados votaron a favor de la Ley para la Venta de Acciones de las Sociedades Generadoras de Energía Térmica, una ley que permitía que todas las sociedades en que CEL fuera accionista se rigieran por el Código de Comercio y que se les etiquetara como “privadas para todos los efectos”. La Asamblea Legislativa era presidida entonces por Juan Duch, de Arena, y en la directiva legislativa había políticos del FMLN como el actual ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, y la ahora jefa de bancada legislativa efemelenista, Norma Guevara.
Saúl Morales, el abogado que coordinó el trabajo de la comisión especial de la Fiscalía que investigó el contrato entre CEL-Enel, dijo el lunes pasado que las tres leyes antes mencionadas tienen “una redacción recurrente para efectos de evadir lo que se refiera a los controles que deban pasar las instituciones mixtas o del Estado (…) Se establecieron diferentes normas jurídicas para poder actuar en algunos casos ilegalmente. En el caso CEL-Enel se crearon leyes para lograr el fin propuesto, por ejemplo, la Ley General de Electricidad, artículo 119, se utiliza muchas veces subterfugios, redacciones de artículos para en un momento determinado poder facilitar la toma de bienes que son propios del Estado”.
Morales explicó que en todos los procesos de privatización de la década de los noventa (privatización de la banca, de los ingenios azucareros, de las telecomunicaciones, entre otros servicios) siempre se aprobó una ley especial para regular esas ventas, pero en el caso de la energía geotérmica las tres leyes que aprobaron los diputados eran como una puerta abierta que permitía interpretaciones para cometer ilegalidades. Morales, incluso, dejó entrever que los diputados de esas dos legislaturas cometieron un fraude.
Él lo explica así: dice que en el derecho hay una figura que se llama “fraude de ley”, el cual se puede cometer en dos modalidades. La primera es cuando un ciudadano busca la forma de no cumplir una ley; la segunda modalidad se le conoce como “fraude de derecho” y ese lo cometen aquellos que producen las leyes, aquellos que aprueban una ley, pese a que violenta la Constitución.
En el caso de la Ley General de la Electricidad, de 1996, la violación a la Constitución fue confirmada por una sentencia de la Sala de lo Constitucional el año pasado. Esa ley fue aprobada cuando la Asamblea Legislativa era presidida por la directiva integrada por Gloria Salguero Gross, René Figueroa, Walter Araujo, Carmen Calderón de Escalón, todos de Arena; Ana Guadalupe Martínez y Eduardo Sancho, del Partido Demócrata, que en 1994 habían roto con el FMLN; Arístides Alvarenga, del PDC; Rafael Machuca, del PCN, y Gustavo Salinas, del PAN.
El pasado jueves, Walter Araujo, ahora magistrado del Tribunal Supremo Electoral y que renunció a Arena hace dos meses, escribió en su cuenta en Twitter: “Luego de leer el informe de la Comisión Investigadora del caso CEL-Enel, puedo concluir que como diputado fui engañado en aquel momento”. Al magistrado se le preguntó si, entre 1996 y 1999, lo engañaron tres veces porque es la cantidad de leyes que promovió su partido y que según la Fiscalía sirvieron de “subterfugio”, pero el funcionario no respondió.
2. Las secretarias que fundaban empresas de energía
Es 2 de abril de 1998. No tienen dinero, pero esas dos secretarias que han decidido formar una empresa para la explotación de energía y para la representación de otras sociedades tienen un buen olfato para los negocios. Ellas, Martha Valenzuela y Sonia Hernández, le dicen a una abogada que invertirán 2 mil 857 dólares para fundar la empresa EGI. Y así lo hacen.
Con el paso de los días, EGI se convirtió en una filial de una empresa italiana que se llamaba Erga Grupo Enel, la cual tenía experiencia en energía geotérmica. A finales de la década de los noventa, la creación de EGI pasó inadvertida. De hecho, cuando aquellas secretarias pidieron a la notaria Carmen Paredes Lazo la fundación de esa empresa, el Estado salvadoreño aún no había creado Gesal, la empresa de CEL que necesitaría de un socio estratégico para limpiar unos pozos en Ahuachapán y para perforar otros pozos en Berlín, Usulután. Gesal nació cuatro meses más tarde, el 31 de julio de 1998.
El pasado agosto, la Fiscalía llamó a declarar a la secretaria Sonia Hernández. Los investigadores sospechaban que aquella empresa creada sin pena ni gloria a finales de la década de los noventa era “un acto preparatorio” de lo que llaman una telaraña de corrupción.
Lo de EGI no era lo único que interesaba a los fiscales. En el año 2000, Sonia Hernández, acompañada de otra secretaria identificada como Julia Santos, llegaron a un bufete para decir que querían invertir otros 2 mil 557 dólares para la creación de otra empresa: Conexión Energética Centroamericana-El Salvador (CONEC-ES).
Cuando los fiscales interrogaron a dos de las secretarias, ellas se derrumbaron. Dijeron que no tenían ni una pizca de experiencia en asuntos energéticos como para dirigir una empresa, dijeron que nunca invirtieron los más de 5 mil dólares en la constitución de EGI y CONEC-ES, confesaron que nunca tomaron una decisión como accionistas o como directivas de las sociedades. Dijeron, en resumen, que eran prestanombres.
Las dos secretarias declararon en la Fiscalía que trabajaban como secretarias en el bufete del abogado Benjamín Valdez Iraheta, quien les pidió que firmaran las escrituras de constitución de las empresas. Una de ellas reconoció su firma, pero los fiscales ordenaron una experticia para confirmar que las firmas son auténticas y que los abogados Valdez Iraheta y Paredes Lazo han cometido el delito de falsedad documental agravada.
Una de las empresas que crearon las secretarias, CONEC-ES, fue la puerta de entrada para que los italianos entraran a la licitación de la búsqueda de un socio estratégico. El 31 de agosto de 2001, la empresa compró los términos de referencia para que Erga Grupo Enel participara en el proceso de la búsqueda de un socio estratégico que dirigía Gesal.
Para los fiscales, esa relación empresarial le inhibía a los italianos de participar en el proceso de búsqueda de un socio estratégico porque tenía inversiones en otras empresas relacionadas con el negocio de la energía, aunque eso lo explicaremos más adelante. Por el momento, solo diremos que, para la Fiscalía, lo grave no es que las secretarias hayan fundado una empresa, sino que el abogado Valdez Iraheta fuera quien moviera los hilos de la sociedad, sobre todo porque su hermano (Óscar Armando Valdez Iraheta) era presidente de Gesal.
Las secretarias han dicho que nunca participaron en la toma de decisiones de las empresas y que pese a ser las fundadoras, desconocen cómo algunas personas se convirtieron en directivos de ambas sociedades. Ese es el caso de Vicente Machado Calderón y de Alden David Kitson, directivos de EGI y de CONEC-ES, quienes con el paso del tiempo se convirtieron en directivos de LaGeo.
Mario Machado, el defensor de Vicente Machado, responde así a la afirmación de irregularidades en la constitución de las empresas que fundaron las secretarias. “Todo eso es falso. Esas empresas fueron creadas en el año 97, desde antes… y fueron adquiridas por una compra internacional, cuando Enel, en una compra pública, comenzó a hacer inversiones y compras de empresas y entre las empresas que estaban compradas, estaban estas dos empresas de El Salvador”.
CONEC-ES ya desapareció. En mayo de 2011 esa compañía fue absorbida por grupo EGI. En esa fecha, esa empresa que fue fundada por aquellas dos secretarias del bufete, pasó a llamarse Enel Green Power El Salvador.
Técnicamente, relacionar la creación de las empresas que fundaron las secretarias no tiene ningún sentido, dice Edgar Morales Joya, el defensor del expresidente de CEL Guillermo Sol Bang, uno de los acusados de peculado. Según el abogado, los fiscales están pidiendo el sobreseimiento definitivo a favor de los abogados salpicados por la creación irregular de esas sociedades y al cerrarse definitivamente el caso en contra de ellos esa información se vuelve inexistente. “Para la Fiscalía le representa un problema real y es que ha pedido sobreseimiento y no vamos a conocer de la falsedad. Ellos salen del juicio, todos los hechos incriminados a ellos salen del juicio. Eso le va representar un problema en adelante a la Fiscalía”, dice Morales Joya.
3. El ministro que presionó a CEL
Salvador Novellino Hidalgo fue presidente de Gesal hasta el 28 de noviembre de 2000. Ese día, él y varios miembros de la junta directiva de esa empresa fueron removidos del cargo. Esas separaciones no les sorprendían, porque en días previos las presiones del Ejecutivo, entonces dirigido por Francisco Flores, aumentaron en contra de ellos.
CEL nombró como nuevo presidente de Gesal a Óscar Armando Valdez Iraheta. El nuevo presidente de esa empresa era hermano de un abogado que, con ayuda de dos secretarias, había creado dos empresas, EGI y CONEC-ES, que participaron indirectamente en el proceso de búsqueda del socio estratégico de Gesal.
Pasaron seis días y el 4 de diciembre de 2000, el entonces presidente de CEL, Guillermo Sol Bang, recibió una carta del ministro de Economía, Miguel Lacayo. La carta le proponía la integración de la nueva directiva de Gesal y el ministro intercedió para que Valdez Iraheta fuera nombrado como presidente. La Fiscalía dice que, curiosamente, en la carta “las personas propuestas son las mismas que fueron nombradas seis días antes, en los mismos cargos propuestos. Denota la existencia del origen de la orden y unidad del propósito”.
En una entrevista que rindió ante la Fiscalía, la exdirectora de CEL Ángela Martínez dice que el exministro Lacayo no fue el único que estuvo presionando a la directiva, sino que hubo dos altos funcionarios más del Ejecutivo, aunque no revela los nombres. Lacayo, dice la testigo, quería cambiar a la directiva de Gesal porque quería “un nivel de efectividad como la empresa privada” y por eso los nuevos directivos venían de ese sector.
Arturo Muyshondt, abogado del exministro, dice que desconoce el testimonio de Ángela Martínez y rechaza que su cliente haya ejercido presión a los directivos de CEL. “Presionar es una palabra donde tiene que haber sido específico y son 14 directores y no creo que conozca a los 14, no conocía ni a la mitad”.
Pero la Fiscalía asegura que además de los testimonios, las dos cartas que envió a CEL le comprometen porque la ley de la autónoma establece que la autónoma tiene su estructura jerárquica y su forma de gobernarse.
Hay otra carta que, según los fiscales, compromete al exministro Lacayo. Tiene fecha del 12 de marzo de 2001, cuando el titular de Economía pide a Sol Bang que haga las gestiones necesarias para que la administración del contrato con el Deutsche Bank Securities, el encargado de asesorar la búsqueda de un socio estratégico, sea encargada a la directiva de Gesal en lugar de la CEL.
A petición de Lacayo, la CEL cedió la administración del contrato a Gesal. Ahora tanto el exministro como los directivos de la autónoma son acusados de violar la Ley de CEL, la cual garantiza su autonomía e independencia en lo administrativo, técnico y financiero.
Muyshondt desvirtúa el señalamiento. “No… (las cartas no se puede considerar presión). Es que mire, una junta directiva vota, no se preocupe por eso”.
El exministro Lacayo no compareció a la audiencia de este viernes. Su defensor dijo que salió del país desde el pasado septiembre y como considera casi inevitable que la investigación judicial continúe en la siguiente etapa, espera que al exfuncionario se le beneficie con libertad condicional para cuando regrese al país. “Espero que la señora jueza dé las medidas cautelares de libertad, creo que es lo justo, es un largo requerimiento, en el caso de mis dos defendidos los considero inocentes y no tengo ninguna duda de que en la etapa de instrucción voy a probarlo”.
Además del exministro, Muyshondt defiende a Tomas Hawk, exdirector de CEL también acusado por la Fiscalía de peculado. Hawk estaba de viaje por Suramérica y se presentaría al juzgado hasta el próximo martes. “Se le pedirá a la señora jueza que nos dé el tiempo prudencial para que regresen al país”.
4. La venta de las acciones
Es el 28 de octubre de 1999. Ha pasado casi un año desde que CEL creó la empresa Gesal y la autónoma cree que es conveniente transferir inmuebles, maquinarias, vehículos, equipos de oficina, equipo de informática, materiales existentes en almacén y obras de construcción. Pasar todos esos bienes a Gesal equivale a decir que la novata empresa para explotación de energía geotérmica ahora tiene 249 millones 428 mil 45 dólares.
Saúl Morales, coordinador de la comisión fiscal que investigó el contrato CEL-Enel, dice que la autónoma sí tenía facultades legales para crear Gesal, pero no para transferir esos bienes. “Una cosa es que se permita reestructurar una sociedad y otra cosa es el proceso que debe de seguirse para transferirse los bienes del Estado a una sociedad donde debe de respetarse el principio de legalidad”.
La transferencia de bienes de CEL a Gesal, según la acusación fiscal, tiene algunos pecados como el incumplimiento al Código de Comercio, a las Disposiciones del Presupuesto y al Código Civil en el sentido de que se debió hacer un valúo de esos bienes. Además del respectivo informe a la Superintendencia de Sociedades Mercantiles, algo que no se hizo.
Cinco meses después de la transferencia de los bienes, el 27 de marzo de 2000, la SIGET entregó a Gesal la concesión de los recursos geotérmicos en Ahuachapán y Berlín. En la hipótesis de la Fiscalía ahí se cometió otro “fraude de derecho” porque se aplicaron los “subterfugios” de aquella Ley General de Electricidad.
Pasó el tiempo y llegó el momento de buscar un socio estratégico. El consultor internacional, el Deutsche Bank, hizo tres propuestas: una, la venta de acciones pidiendo autorización a la Asamblea Legislativa; dos, la capitalización financiera, para que Gesal emitiera nuevas acciones y esas fueran suscritas por la empresa privada; y tres, la capitalización de un socio estratégico con inversión a riesgo. Invertir a riesgo significaba explorar y perforar pozos y solo en caso de que se lograra más producción de energía, el socio podía aumentar su capital de participación en Gesal.
Las autoridades se inclinaron por la tercera opción y en los términos de referencia establecieron que las sociedades que estuvieran afiliadas o que ya participaran en actividades de generación o distribución de energía no podían participar. Eso permitiría lograr uno de los objetivos de la ley: permitir la mayor participación del número de operadores.
La Fiscalía dice que aquí se cometió otra ilegalidad. EGI, aquella empresa que fue fundada por dos secretarias, y que era subsidiaria de la italiana Erga Grupo Enel, tenía acciones en la empresa AES-CLESA. Vicente Machado, el representante de las empresas subsidiarias de la italiana Enel, dijo ante las autoridades que entendía que la restricción aplicaba solo para las compañías que tenían participación mayoritaria. El entonces gerente de Gesal, Antonio Rodríguez, dijo que no había problemas para que la empresa participara del proceso.
Ahora, la Fiscalía recrimina a Rodríguez que no investigó para confirmar o descartar que EGI tenía acciones mayoritarias en AES-CLESA. “Erga tenía el 20 por ciento de EGI, ocultó que gozaba derecho de acuerdo de accionistas en AES y que formaba parte del consejo de administración. Tenían la potestad de dirigir o causar la dirección y políticas de la sociedad. Y no podía participar como socio estratégico”, se lee en la acusación.
Ahí donde la Fiscalía ve una maraña de irregularidades, el abogado de Vicente Machado, su hermano Mario Machado, solo ve una confusión de los fiscales. “Eso es lo que no han logrado entender. La empresa Enel compró una empresa que se llama EGI Ltd en Estados Unidos y esta empresa era dueña de varias sociedades y estas sociedades eran dueñas del 20 por ciento de acciones de CLESA. Lo que las RTI prohibían era que participaran empresas que tenían control en el mercado y esa fue una consulta que hizo mi hermano por medio de una carta, pero a quien le correspondía decir que si no podía participar era al Estado. Lo que hizo Enel fue preguntar si podía participar, eso es una mentira”.
Erga Grupo Enel participó y se convirtió en el socio estratégico de Gesal. Entre los años 2001 y 2002, Gesal y el socio estratégico discutieron el acuerdo de accionistas. La Fiscalía cuestiona que se modificaron dos artículos de ese acuerdo, el 6 y el 8.5, para permitir que los italianos aumentaran su participación en Gesal del 8.5 al 12.5 y por abrir la puerta para permitir que el socio estratégico se convirtiera en el accionista mayoritario en la medida en que las inversiones que hiciera se tradujeran en acciones. “Aquí se da toda una trama para poder posesionarse de dineros representados en bienes y acciones de Gesal”, dice Saúl Morales.
Edgar Morales Joya, el defensor del expresidente de CEL, Guillermo Sol Bang, dice que las sugerencias del Deutsche Bank solo fueron el punto de partida de una negociación y que no se ha cometido delito al modificar la recomendación. “Lo manifestado al inicio no era letra fija, obviamente en el camino se podían desarrollar como en cualquier proceso. Son propuestas que en el camino pueden irse modificando, es una regla básica de cómo se conjugan los contratos”.
Morales Joya dice que el acuerdo de accionistas que permite a los italianos convertirse en el socio mayoritario de Gesal no puede considerarse lesivo a los intereses del Estado porque la Fiscalía escogió un camino equivocado para demostrarlo. La forma correcta, dice el abogado de Sol Bang, era que la CEL presentara una demanda ante la Sala Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. “El contrato es válido”, dice el abogado, porque no se ha pedido que se declare lesivo ante la instancia correspondiente.
El fiscal general, Luis Martínez, dijo en una entrevista de canal 33 que “las investigaciones continúan”.
