El presidente Mauricio Funes anunció el jueves pasado la aprobación de un Decreto Ejecutivo que crea el “Programa de reparaciones a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del conflicto armado” y que tiene como objetivo entregar indemnizaciones, apoyo médico y educativo a las personas identificadas en un registro como víctimas de dichas violaciones, entre las cuales se encuentra la masacre de El Mozote de diciembre de 1981.
El decreto, publicado en el Diario Oficial el 23 de octubre, ordena que se atienda a las víctimas con base en un registro de víctimas que será administrado por la Dirección Nacional de Estadística y Censos (Digestyc) del Ministerio de Economía.
En este registro deberían estar incluidas las aproximadamente 630 personas que fueron enlistadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como víctimas de la masacre de El Mozote en los anexos de su sentencia que en diciembre de 2012 emitió para condenar al Estado de El Salvador por dicha matanza.
La institución que se encargará de entregar el dinero de las indemnizaciones -entre 15 y 50 dólares al mes- será el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) y lo hará con base en cuatro categorías. Una es la de los adultos mayores de 55 años, y las restantes tres estarán determinadas por la cantidad de hijos, sus edades y si la madre está soltera o acompañada.
Estas indemnizaciones serán recibidas por las víctimas de diversas masacres y violaciones a derechos humanos, pero en el caso de las víctimas de El Mozote, estos montos de dinero son bastante pequeños si se compara con el monto que la Corte Interamericana determinó en su condena de diciembre de 2012: el máximo tribunal de derechos humanos del hemisferio dispuso que debe pagarse 35,000 dólares por cada una de las 490 víctimas mortales de la masacre enlistadas; 20,000 a cada sobreviviente enlistado, y 10,000 a cada familiar de personas ejecutadas extrajudicialmente registrados en la lista.
La Corte no detalló cómo el Estado debía entregar las indemnizaciones, pero la fórmula del pago mensual podría suponer la necesidad de que quienes reciban la reparación económica tengan que vivir varias décadas para obtener el monto requerido. Si se trata, por ejemplo, de un mayor de 55 años que está en la categoría de “sobreviviente” de la masacre de El Mozote, la indemnización de 50 dólares mensuales deberá mantenerse a lo largo de 33 años, pues solo así se alcanzaría los 20,000 dólares a los que tiene derecho, según la sentencia de la Corte IDH de diciembre de 2012. Eso sin pagar intereses.
Si se tratara de una familia con más de tres niños o con una mujer embarazada (una de las categorías del decreto) y que haya tenido un familiar asesinado durante las masacres de El Mozote (una de las categorías de la sentencia de la Corte IDH), esa familia recibirá 15 dólares mensuales durante 55 años seguidos.
“La entrega de la transferencia monetaria deberá contar con un sistema de monitoreo y evaluación, el cual permita detectar problemas y subsanarlos oportunamente, asegurándose que se obtengan los resultados esperados”, dice el decreto.
El Registro, según el decreto ejecutivo número 204, será administrado por un Consejo Directivo en el que habrá un representante de la Secretaría de Inclusión Social de la Presidencia, uno de Cancillería, otro de la Digestyc y dos delegados de las ocho organizaciones civiles representativas de víctimas, entre ellas la extinta Tutela Legal del Arzobispado y la Asociación Pro-Búsqueda.
El 8 de diciembre se cumple el plazo de 45 días que el Decreto Ejecutivo da para que el Consejo Directivo del Regsitro tenga su reglamento de funcionamiento el cual, entre otras cosas, detallará la manera en la que se entregarán las indemnizaciones a las víctimas identificadas.
El jueves de la semana pasada, el presidentre entregó un reconocimiento póstumo a María Julia Hernández, la fallecida directora de la extinta Oficina de Tutela Legal del Arzobispado. “El homenaje que hoy rendimos a María Julia, es al mismo tiempo un nuevo acto de recuperación de la memoria colectiva que ha llevado acabo mi gobierno desde sus inicios”, dijo Funes en el acto celebrado en el Salón de Honor de Casa Presidencial, que a partir de la semana pasada se llama Salón Óscar Arnulfo Romero.
La Tutela Legal de María Julia Hernández asumió la representación legal de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos ocurridos durante la guerra y que no tenían suficiente dinero para pagar abogados. Entre los casos que Tutela Legal acogió está la masacre de El Mozote, la más grande de Latinoamérica ocurrida en diciembre de 1981 al norte de Morazán y en donde más de mil personas civiles fueron asesinadas por el ejército.
Por la masacre de El Mozote, un caso que Tutela Legal y el Center for Justice and Accountability (Cejil) impulsaron ante el sistema interamericano de justicia en materia de derechos humanos, El Salvador fue condenado en diciembre de 2012 a cumplir con una serie de medidas para resarcir la dignidad de las víctimas.
En su fallo, la Corte ordena al Estado a que cumpla 14 medidas de reparación a las víctimas en un plazo máximo de cinco años. Tres de esas disposiciones ordenan que El Salvador reabra los procesos judiciales del caso El Mozote o impulsar nuevos hasta llevarlos a su conclusión sin que haya obstáculos de ningún tipo ni invocaciones a amnistías.
Para diciembre, la oficina de Tutela Legal -cerrada en septiembre por órdenes del Arzobispado - tenía planeado emitir un pronunciamiento enérgico contra la presidencia por no haber cumplido con la mayoría de las 14 medidas de reparación a las víctimas de la masacre de El Mozote, la cual está incluida en la lista de crímenes de guerra que el “Programa de reparaciones a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del conflicto armado” reconoce.
El decreto ejecutivo de octubre define las graves violaciones de derechos humanos así: “hechos constitutivos de masacres o exterminio colectivo de seres humanos, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas y tortura, comprendiendo dentro de esta última los delitos graves contra la libertad sexual”.
Según la Presidencia, el Programa de reparaciones a las víctimas anunciado por Funes la semana pasada, es el resultado del trabajo de la Comisión Nacional de Reparación a las Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos creada por el gobierno el 5 de mayo de 2010 (mediante otro Decreto Ejecutivo, el número 57) y donde estaban los representantes de instituciones y asociaciones vinculadas al trabajo con derechos humanos.
Este Programa incluirá otras masacres y víctimas siempre y cuando sean autorizadas por el Consejo Directivo para que entren al Registro respectivo. Las personas interesadas en que se les incluya como beneficiarios podrán presentar sus casos ante la entidad.
El Programa también ordena a los ministerios de Salud y Educación que elaboen planes de cobertura y atención al listado de víctimas del Registro en base a ubicación y residencia. Según esta orden, todas las víctimas de masacres y graves violaciones a derechos humanos cometidas durante la guerra, y sus familiares, podrán contar con planes de atención sanitaria especializada en la red pública e incluso en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). En el área educativa también se prevé que se otorguen becas de grado y postgrado de jóvenes de familias incluidas en el Registro de Víctimas. Las becas se otorgarán previa reforma del Reglamento de La Ley del Fondo Especial de los Recursos Provenientes de la Privatización de Antel (FANTEL).
El Ministerio de Educación también deberá incluir en su plan de estudios el conocimiento de aquellas graves violaciones a derechos humanos que ocurrieron entre la década de los 70 y la firma de los Acuerdos de Paz el 16 de enero de 1992.
También se ordena la instauración del Día Nacional para la conmemoración y dignificación de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos ocurridas en el contexto de la guerra interna.
Quizás consciente de que la Corte IDH ha ordenado al país entero el desmontaje de la Ley de Amnistía, como parte de las medidas concretas que se deben impulsar en materia de reparación a las víctimas, el presidente Mauricio Funes señala que las medidas de reparación anunciadas solo son de la competencia del Órgano Ejecutivo. “Estas medidas no sustituyen a las medidas específicas de reparación que hayan sido o puedan ser establecidas por los mecanismos de justicia nacional e internacional”, se lee en el informe.
