El Ministerio de Obras Públicas (MOP) pagó puntual en 2005 el anticipo de 7.6 millones de dólares para el inicio de la construcción del Bulevar Diego de Holguín, pero cuatro meses después del desembolso, los mismos empleados del Ministerio escribían en los informes de supervisión que no había señales de la nueva carretera: aquí falta la excavación de la vía, allá las obras de drenaje... y si las obras programadas para abril de 2006 no existían, ¿dónde estaban los 7.6 millones de dólares que el ministro David Gutiérrez había autorizado entregar a la compañía Copreca-Linares para comenzar la que sería la obra insignia del gobierno de Antonio Saca?
Parte de la respuesta está en un rastreo bancario que realizó la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), elaborado a petición de la Fiscalía General de la República y que está anexado a la acusación contra el exministro Jorge Nieto, prófugo.
El dinero, en su mayor parte, tenía su origen en un préstamo internacional, y debía servir a Copreca-Linares para iniciar con los primeros trabajos del Diego de Holguín, y el MOP estaba obligado a fiscalizar que se utilizara en esa obra. Pero no, la compañía constructora en lugar de eso colocó una parte en cuentas de depósito a plazo fijo y con otra especuló en valores, y mientras eso sucedía, los primeros trabajos comenzaban a retrasarse.
De la persona que autorizó los desembolsos y cuya administración no supervisó que el dinero se invirtiera para lo que estaba destinado, David Gutiérrez, la Fiscalía lo menciona 11 veces en las 231 páginas del requerimiento del Ministerio Público en la causa por presunta corrupción en el Diego de Holguín, pero en ningún momento le cuestiona la falta de vigilancia del destino de los fondos.
Gutiérrez, en cuyo período comenzaron las anomalías en la construcción de la vía expresa, no aparece ni como testigo ni como imputado en el requerimiento de la Fiscalía en los tribunales; a juzgar por los documentos de la investigación, Gutiérrez es como un actor que no existió cuando se cambió el diseño de la obra sin contar con los permisos ambientales ni cuando el dinero para la construcción fue desviado hacia inversiones que no tenían nada que ver con el proyecto, dos cosas claves que provocaron el eventual abandono de la construcción.
El contrato que el MOP firmó con el asocio Copreca-Linares era por un monto de 25.6 millones de dólares (22.7 millones aportados por el Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE- y 2.9 millones por el Fondo General de la Nación) para el tramo II del Diego de Holguín, hoy conocido como bulevar Monseñor Romero.
El anticipo a Copreca-Linares pudo haber sido menor, pero David Gutiérrez, quien hasta ahora solo ha dicho que nada le impedía hacerlo, decidió que se subiera del 25 al 30 % del monto total del contrato, con el compromiso de la constructora de que al cabo de siete meses habría avances significativos en la obra, cosa que no ocurrió.
El 21 de diciembre de 2005, el representante legal del asocio Copreca-Linares, Jesús Hernández Campollo, llegó al entonces Banco Salvadoreño y cobró un cheque por 5 millones 39 mil 784 dólares, dinero que provenía del empréstito con el BCIE. 20 días más tarde, el 10 de enero de 2006, la administración Gutiérrez completó el desembolso del anticipo. Por medio de una cuenta en el Banco Agrícola, a Copreca-Linares se le entregó otro cheque por 2 millones 656 mil 102 dólares, dinero que salió del Fondo General de la Nación.
El MOP entregó completo el anticipo, pero en los meses que siguieron, la obra no reportó avances significativos en la construcción. El informe de la Superintendencia del Sistema Financiero dice que el dinero destinado a construir la carretera se desvió hacia inversiones en la bolsa de valores, hacia el pago de una deuda que tenía la compañía y hacia otras empresas que no tenían ninguna relación con el proyecto, como la construcción del Polideportivo de Sonsonate.
El camino equivocado del dinero
Jesús Hernández Campollo, el representante de la empresa guatemalteca Concreto Preesforzado de Centroamérica (Copreca) y contra quien hay orden de captura, llegó al Banco Cuscatlán el 21 de diciembre de 2005 a cobrar en compensación un cheque por más de 5 millones de dólares. Ese mismo día, el empresario abrió una cuenta en Valores Cuscatlán, una casa de corredores de bolsa, y ahí depositó el dinero que el BCIE aportó para el inicio de la construcción del Bulevar Diego de Holguín.
El segundo cheque que el MOP entregó a las constructoras tuvo un destino similar. El 10 de enero de 2006, también en el Banco Cuscatlán, Hernández Campollo cobró 2.6 millones de dólares. El dinero que provenía del Fondo General de la Nación se usó para abrir un depósito a plazo que fue cancelado al mes siguiente. Sin embargo, la cancelación de ese depósito a plazo fijo no significó una inyección de capital para el Bulevar Diego de Holguín, pues el dinero siguió rebotando en otras inversiones financieras, sin que la administración del exministro Gutiérrez detuviera esa irregularidad, pese a que el contrato ordenaba una fiscalización del uso de los fondos.
En febrero de 2006, los 2.6 millones que el Estado aportó al anticipo del Diego de Holguín se dividió en dos: 1.9 millones se usaron para abrir otro depósito a plazo fijo a favor de Copreca, también en el Banco Cuscatlán. El resto del dinero, 756 mil 102 dólares, fue pasado a la cuenta en Valores Cuscatlán, la corredora de bolsa.
¿Podía la constructora usar el anticipo del Bulevar Diego de Holguín para realizar esas inversiones en la Bolsa de Valores? No. Las normas del BCIE y el contrato establecían que ese dinero debía gastarse de acuerdo con un “un plan de inversión de anticipo”, el cual contó con el visto bueno del ministro Gutiérrez, quien autorizó no solo el anticipo, sino subirlo del 25 al 30 % del monto de la obra.
El documento que el asocio firmó con el MOP decía que, en un plazo de siete meses (de enero a julio de 2006), ese dinero serviría para el diseño final del proyecto, para la adquisición de derechos de vía, para obras de terracería (excavaciones y rellenos de terreno), para drenaje mayor y menor, y para ejecutar medidas de compensación ambientales y sociales del proyecto.
Y no es que nadie se percatara de que la constructora no estaba cumpliendo su compromiso, sino que por razones que nadie puede explicar hasta ahora -ni la Fiscalía-, el Diego de Holguín comenzaba a trabarse ante los ojos que supervisaban los trabajos. La supervisión de la obra sirve al dueño de la obra, el MOP, para advertirle si ocurre alguna anomalía o si es necesario hacer cambios en el camino. El 18 de abril de 2006, apenas 121 días después de iniciadas las obras, fecha en la que ya se debía haber invertido la mitad del anticipo, los supervisores encendieron las luces de alerta por los primeros atrasos de la obra. Hay tres documentos que hablan de “evidentes atrasos” en la excavación de la vía y en los drenajes. Era necesario abrir más frentes de trabajo, pero Copreca-Linares esgrimió que un pleito entre el MOP y la Alcaldía de San Salvador por la invasión a un área protegida, la finca El Espino, entorpecía el calendario.
Es cierto que estalló ese litigio, pero la disputa se originó en el cambio del diseño original de la obra, a la que se le cambió el trazo, llevándolo a tocar terreno protegido por el Estado. Pero el pleito entre el MOP y la alcaldía capitalina no parece ser el único motivo del atraso en la construcción. Hay entrevistas de testigos que apuntan a que la constructora no tenía el personal idóneo para concluir la obra en los 420 días en que se había comprometido. Gerardo Hércules del Cid, un empleado de Copreca-Linares cuyo nombre fue ofrecido por la empresa para demostrar su capacidad técnica y administrativa en el proceso de contratación, ha declarado en la Fiscalía que él trabajó como gerente del proyecto Polideportivo de Sonsonate, obra que construyó Copreca entre 2005 y 2006. Hércules del Cid declaró sobre el Diego de Holguín: “No participó en ningún aspecto relacionado al Bulevar Diego de Holguín, pues consideraba que no podía participar en el proyecto por la experiencia requerida a los ingenieros en carreteras”.
A la falta de personal idóneo se agrega la violación a una cláusula del contrato entre el MOP y Copreca-Linares, que decía que el contratista no podía ceder en todo o en parte el contrato. Y fue esto lo que se produjo aún durante la administración del ministro Gutiérrez, quien terminó dejando el cargo a finales de 2006, después de reiterados rumores de corrupción entre el gabinete de gobierno.
La investigación ha determinado que el asocio Copreca-Linares ofreció como gerente de diseño al ingeniero Adrián Francisco Torres Díaz, quien no trabajaba para Copreca–Linares. Torres Díaz es el administrador suplente de LEG, S.A. de C.V., una empresa que según el Registro de Comercio nació en septiembre de 2001 y se dedica, en especial, a la prestación de servicios profesionales de ingeniería y arquitectura.
Copreca-Linares cedió también la gerencia del proyecto a personal de otra compañía. José Roberto Douglas Lemus Meléndez fue nombrado como gerente del proyecto Diego de Holguín, pese a que el contrato no lo permitía, pues él era el administrador de LEG, S.A. de C.V. Hay tres piezas que concretizaron esa irregularidad: el MOP de David Gutiérrez, el asocio que representaba Hernández Campollo y los ingenieros de LEG que fueron subcontratados. Los últimos dos actores son procesados por peculado y falsedad; por el lado del MOP, la Fiscalía a cargo de Luis Martínez solo han acusado a empleados o exempleados del MOP, no al exministro Gutiérrez.
LEG, S.A. de C.V., empresa que también participó en la construcción del Polideportivo de Sonsonate -un proyecto ajeno al MOP-, es otra de las compañías que recibió dinero del proyecto Diego de Holguín…
MOP pagó obra que ya financiaba FISDL
El 13 de marzo de 2006, Copreca canceló el depósito a plazo fijo por 1.9 millones de dólares y, al igual que un mes antes, el dinero volvió a dividirse en dos partes, y, al igual que un mes antes, el dinero siguió rebotando en otras inversiones financieras y en pago de deudas que, según la Fiscalía, no tenían ninguna relación con la construcción del Diego de Holguín, que ahora como Bulevar Monseñor Romero une el oriente de Santa Tecla con San Salvador y evita el paso por aquella ciudad.
De los 1.9 millones que salieron del Fondo General de la Nación, la guatemalteca Copreca destinó 350 mil 84.86 dólares para cancelar un préstamo que tenía con el Banco Cuscatlán. El resto del dinero, un millón 549 mil 915 dólares, pasó a la cuenta de Valores Cuscatlán, la casa corredora de bolsa.
Según el rastreo de la Superintendencia, entre el 22 de diciembre de 2005 y el 30 de agosto de 2006, por la cuenta que Copreca tenía en Valores Cuscatlán pasó casi todo el anticipo: 7.3 millones de dólares. Y, para entonces, el Diego de Holguín, la obra que debía terminarse en febrero de 2007, seguía retrasado.
Después que el dinero se estuvo moviendo durante varios meses en la Bolsa de Valores, la constructora decidió transferirlo, en 67 operaciones, a dos cuentas corrientes que tenía en el Banco Cuscatlán.
Y hay una operación más que refleja pagos a empresas que no tenían ninguna relación con el proyecto para el que había sido contratada Copreca-Linares. En aquel agosto de 2006, la compañía guatemalteca Copreca giró un cheque por 92 mil 531 dólares a favor de Mercados Lógicos Salvadoreños (Mercosal).
Mercosal es una compañía creada en 2001. El Registro de Comercio dice que su finalidad es la construcción en la rama de la ingeniería civil como infraestructura vial, edificaciones, viviendas nacionales como extranjeras. Los fundadores de la compañía son Luis Enrique Cuenca Aguilar y María Aminta Moreno Aguilar.
El rastreo financiero no da mayores explicaciones sobre el pago a Mercosal. Sin embargo, hay un segundo documento que ayuda a entender esa relación. Una auditoría interna que el MOP -ya bajo la administración de Jorge Nieto- ordenó el 12 de febrero de 2009 determinó que una parte del anticipo por el Bulevar Diego de Holguín fue utilizada para gastos del “Polideportivo de Sonsonate”, un proyecto que ya era financiado por la alcaldía de esa ciudad y por el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), institución que en ese momento era dirigida por Andrés Rovira, quien hoy es presidente del partido Gana y que durante algunos meses fue magistrado de la Corte de Cuentas.
Las empresas que suministraban los servicios del Polideportivo de Sonsonate eran Magaña Aguilar, S.A. de C.V., Mercalosal y Equipment Part´s. La auditoría interna del MOP dice que a esas empresas se les realizaron pagos por 10 mil 222 dólares, dinero que salió del anticipo para la construcción del Diego de Holguín.
A estas anomalías se agrega que Copreca-Linares hizo una compra de cemento Portland al parecer del dinero del anticipo. Lo extraño de esta adquisición es que la compra de cemento estaba programada hasta para el octavo mes del contrato, cuando ya se suponía que habrían comenzado otras tareas, pero para entonces la empresa ni siquiera había tramitado la adquisición de los terrenos por donde se construiría la carretera.
El MOP solo pareció advertir el desvío de los 7.6 millones del anticipo hasta que el asocio había abandonado la obra por segunda vez, en febrero de 2009. Durante cuatro años las autoridades no pusieron freno al uso de los fondos destinados a construir el bulevar para otros fines y cuando finalmente pidieron cuentas determinaron que en la obra solo se invirtieron 1.8 millones de dólares. Del resto del dinero, 5.8 millones, no tenían idea sobre su uso. Fue hasta que la Superintendencia, a petición de la Fiscalía, determinó que ese dinero sirvió para obtener ganancias en la Bolsa de Valores, para el pago de préstamos de la constructora y para el pago a empresas que no tenían ninguna relación con la construcción del bulevar.
En resumen, el MOP no fiscalizó el buen uso del dinero y no advirtió violaciones a las bases de competencia con la participación de la empresa LEG. El Faro buscó al exministro David Gutiérrez para que respondiera estas inquietudes. El miércoles por la tarde se le llamó a un número de teléfono celular que el exfuncionario ha respondido en otras ocasiones, pero no contestó ni correspondió la llamada. Un día después, el jueves, este periódico llamó a la empresa GR Corporation y la persona que atendió la llamada dijo que el exfuncionario estaba en una reunión, pero prometió hacerle llegar la solicitud de entrevista. Al cierre de esta nota no había respondido.
El fiscal general, Luis Martínez, cuando ha sido cuestionado sobre la ausencia de David Gutiérrez en el requerimiento ante los tribunales, a pesar los hallazgos consignados en su propia investigación, ha dicho que las pesquisas no están finalizadas. Gutiérrez dijo a El Faro hace unos meses que él estaba tranquilo en su oficina, sin temer nada.
El Faro solicitó entrevista con el fiscal Martínez, y el encargado de comunicaciones, Mauricio Carballo, prometió hacer las gestiones pertinentes. Al cierre de esta nota, Carballo no había resuelto la petición, tampoco otra solicitud hecha en octubre, cuando se le pidió a esa institución que explicara si hay una investigación abierta contra la jefa de la unidad de los intereses del Estado de la Fiscalía, Adela Saravia, y contra el exfiscal general Félix Garrid Safie, a quien una testigo de la Fiscalía acusó de boicotear la defensa del Estado en el arbitraje que Copreca-Linares ganó al MOP por 7 millones de dólares.
