La Fiscalía General de la República (FGR) abrió un expediente para investigar por peculado y negociaciones ilícitas al expresidente de la República Francisco Flores (1999-2004), y el que fuera su jefe de gabinete, Juan José Daboub, durante la investigación sobre el acuerdo que permitía a la empresa italiana Enel quedarse con la mayoría de las acciones de LaGeo, la empresa estatal que explota la energía geotérmica en El Salvador.
La investigación partía de la sospecha de que el delito de peculado, por el que acusaron a 21 personas, conectaría inevitablemente con el lavado de dinero, y por eso en la Fiscalía creyeron que era indispensable realizar un rastreo de las cuentas bancarias, tanto en el extranjero como en el sistema financiero local.
En el inicio de la investigación, febrero de 2013, la Fiscalía pretendía determinar cuáles exfuncionarios estaban involucrados y cómo, si acaso, habían resultado beneficiados, en lo que el presidente Mauricio Funes y algunos partidos consideran una trama para privatizar encubiertamente la explotación geotérmica.
La primera etapa de la investigación concluyó el 11 de noviembre, cuando la Fiscalía acusó al expresidente de CEL, Guillermo Sol Bang, al exministro de economía, Miguel Lacayo, y a 19 personas más del delito de peculado. El fiscal Rony Huezo insistió ante la jueza que existía “un plan criminal” para permitir que la empresa italiana Enel se convirtiera en el socio mayoritario de LaGeo. La la jueza, sin embargo, resolvió que la acusación por peculado estaba “en crisis” y rechazó la mayoría de peticiones de los fiscales: no ordenó capturas, no avaló embargos, no apoyó la disolución de dos empresas relacionadas con el caso y lo único que autorizó fue que la investigación continúe en el Juzgado Séptimo de Instrucción. En otras palabras, no encontró sustento en la acusación fiscal.
Pero el caso judicial contra Sol Bang y los otros 20 procesados solo es una parte del expediente de la Fiscalía. El argumento detrás de la sospecha de la posible vinculación del expresidente Flores en los ilícitos está amparado en la base de esta idea: se llegó a considerar a nivel gubernamental (del círculo más cercano de planeación del gobierno) que la generación de energía era un tema de país, que afectaría a toda la población: El Salvador necesitaba energía, y la hidroeléctrica obligaba a procesos complicados y onerosos, por lo cual el camino más viable era el rescate de la energía geotérmica, que ya tenía las bases constituidas.
En el caso de Daboub, su nombre aparece relacionado por la declaración de Ángela Martínez, exdirectiva de CEL, quien detalla que el exministro de Hacienda y exsecretario técnico de la Presidencia los presionó para que abandonaran la idea de buscar un socio estratégico para Geotérmica Salvadoreña (Gesal, ahora LaGeo) y proponía la venta de todas las acciones que CEL tenía en esa empresa.
“En los primeros meses del año 2000 empezaron a recibir presiones para que el proceso de búsqueda del socio estratégico se convirtiera en venta de las acciones de Gesal, es decir, cambiar la idea del socio estratégico, esta presión venía según recuerda del señor Juan José Daboub”, se lee en su declaración.
Según Martínez, el exministro Daboub tenía tanto poder que hasta nombró a Jaime Acosta y a Antonio Méndez Llort como miembros de la junta directiva de CEL, pese a que ellos no trabajaban en ninguno de los ministerios con derecho a tener directivos en la autónoma. En las sesiones de la junta directiva, Acosta propuso insistentemente que se discutiera la privatización de la energía geotérmica, algo que rechazaba Sol Bang.
La declaración de Martínez consigna que Daboub ejercía presiones indirectas a la directiva de CEL por medio del entonces ministro de Economía, Miguel Lacayo, quien ya fue acusado de instigar el delito de peculado. La testigo agrega el nombre de una funcionaria más del gobierno de Flores que también presuntamente presionó a los directivos: Ana María Majano, la exministra del Ambiente, entonces al frente de la cartera de Estado que terminó cuestionada por irregularidades en las revisiones técnicas vehiculares, un contrato confiado a Joaquín Alviz, el empresario español con orden de captura pendiente por la corrupción en ANDA.
El giro de la investigación Flores
El 18 de junio de 2013, el Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, recibió de la Fiscalía salvadoreña una solicitud de información sobre el expresidente Flores, “sujeto de una investigación por corrupción política”.
En Estados Unidos, el FinCEN es el equivalente a la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía (UIF), entidades que indagan el lavado de dinero y que pagan una cuota para formar parte del Grupo Egmont, la red mundial que certifica a las unidades de investigación financiera y que tiene un programa en línea (Red Security Web) para compartir información entre los países miembros. Al amparo de la convención del Grupo Egmont, los fiscales pidieron rastrear las transacciones financieras del expresidente Flores, antesala de un giro inesperado en la investigación que habían abierto en febrero pasado por el caso CEL-Enel.
El FinCEN informó que en su base de datos aparecía un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) del International Bank of Miami por un monto de 10 millones de dólares. El informe que elaboró uno de los cuatro fiscales que investiga el caso dice que ese dinero fue “donado” por la embajada de la República de China (Taiwán) en San Salvador al expresidente Flores.
El informe de la Fiscalía, elaborado a partir de los detalles del ROS, dice que el 22 de octubre de 2003 la embajada de Taiwán en San Salvador realizó una operación a través de tres cheques: uno por 4 millones de dólares y otro por 1 millón de dólares. En ese momento, a Flores le quedaban siete meses y una semana de gobierno. Hay un tercer cheque cuya fecha de emisión no especifica el documento por un monto de 5 millones de dólares. La embajada de Taiwán, dice el reporte, libró esos cheques contra una cuenta que la sede diplomática posee en el International Commercial Bank of China, con sede en Nueva York.
Los dos primeros cheques fueron procesados para su transferencia a través de la agencia del Banco Cuscatlán en Uraca, Costa Rica. El destino del dinero era el International Bank & Trust, Ltd, en Bahamas, pero para eso necesitaban el servicio de banca corresponsal y es ahí donde entra al escenario el International Bank of Miami.
El International Bank of Miami reportó la operación al FinCEN por tres razones. “Luego de verificar lo pertinente para hacer efectivo el pago, (el banco) hace un análisis de la operación, por lo que decide reportarla por tres razones de peso: la primera que existía contradictoria en lo manifestado para justificar la operación, ya que se manifestó que el dinero era para financiar la campaña política del beneficiario de los cheques (lo que no era posible, por no existir la reelección en nuestro país, lo que así determinó el banco que hizo el ROS)”.
Ni el ROS, ni el documento que elaboró uno de los fiscales a principios de octubre detalla quién justificó ante el banco de Miami que el dinero era para la campaña política. Luego, el fiscal escribe en el reporte que alguien justificó –no se detalla quién- que la operación era para financiar el Instituto Libertad y Progreso, institución gubernamental que trabaja por legalizar terrenos a familias de escasos recursos. Los documentos son escuetos y no señalan cuánto tiempo transcurrió entre la primera y la segunda versión del destino del dinero.
La tercera razón que originó que el International Bank of Miami elaborara el ROS 30000028623051 era lo sospechoso del destino del dinero, un lugar ideal para muchos que buscan lavar dinero. “El valor de los cheques se dispuso que fueran depositados a una cuenta a un banco de Bahamas, el cual es un paraíso fiscal”, se lee en uno de los documentos que la Fiscalía tiene sobre el caso.
En los documentos a los que El Faro ha tenido acceso no se detalla la fecha exacta en la que el FinCEN respondió a sus homólogos salvadoreños. A la luz de los documentos, lo que se puede intuir es que para finales de septiembre de 2013, los fiscales ya habían estudiado el ROS y se habían planteado una treintena de preguntas derivadas de la poca información consignada en ese documento: ¿cuántos cheques emitió la embajada de Taiwán en El Salvador que completaron la cantidad de 5 millones de dólares, de los cuales no se tiene detalles de la fecha de emisión ni de su destino? ¿El International Bank of Miami hizo efectivo el pago de los dos cheques, uno por 4 y otro por 1 millón de dólares al expresidente Flores? ¿Tiene el expresidente Flores cuentas bancarias, depósitos a plazo o préstamos en el International Bank of Miami? ¿Cómo intervino el International Bank of Miami en las operaciones reportadas en el ROS?
Y las dudas de la Fiscalía no solo están relacionadas con el Banco de Miami. Los fiscales también se preguntan qué diligencias practicó el Financial Crimes Enforcement Network, del Departamento del Tesoro, para determinar si la operación reportada en el ROS, en efecto provenía de un hecho delictivo, máxime cuando el investigado es una “persona expuesta políticamente”. Una persona expuesta políticamente es el término que usa un organismo intergubernamental, el Grupo de Acción Financiera (GAFI), que ha dictado 40 directrices contra el combate del lavado de dinero y activos, para referirse a políticos prominentes como ministros, presidentes, legisladores y dirigentes de partidos políticos.
Tomando en cuenta que la recomendación 12 del GAFI pide una vigilancia especial de las personas expuestas políticamente, ¿qué hizo el Departamento del Tesoro cuando el International Bank of Miami les alertó sobre la operación sospechosa que involucra al expresidente Flores? ¿Se abrió una causa judicial en contra de él?
Para el 2 de octubre, la UIF ya tenía listo el borrador de la solicitud que se enviaría a la Office of International Affairs, del Departamento de Justicia, en la que se pide ampliar la información para responder todas las preguntas antes planteadas. El documento hace énfasis en profundizar la información del ROS que elaboró el International Bank of Miami, pero también incluye que se investigue un inmueble que la familia Flores tiene en North Miami Beach, Florida; y otra documentación relacionada con el América Libre Institute, un tanque de pensamiento que creó en 2005 el expresidente Flores, en Estados Unidos, y cuyo primer director fue sul exjefe de gabinete Juan José Daboub.
Aunque la gestión de la información en Estados Unidos era realizada por la UIF, el destino final de los documentos era la Comisión Especial del caso CEL-Enel. En el borrador de solicitud de asistencia judicial recíproca que los fiscales elaboraron el 2 de octubre de 2013, los hechos que se relatan bajo investigación son los relacionados con la búsqueda del socio estratégico de Gesal. “Se está realizando una investigación, con objeto de establecer la probable participación del señor Flores Pérez en los delitos de peculado y negociaciones ilícitas, a consecuencia de estos hechos el delito de lavado de dinero y activos; de ahí que se pretenda recolectar todos los elementos que permitan fundar la información de causa o hacer la petición que conforme a derecho corresponda”.
Tres días después de elaborado ese documento, el 5 de octubre, la comisión especial CEL-Enel (que estaba en la recta final de la primera etapa de la investigación CEL-Enel) y los fiscales asignados a la misma se reunieron con el fiscal general, Luis Martínez, quien dio la orden de que la UIF investigara la transacción de los 10 millones como un caso de lavado de dinero “por la estructuración de la operación realizada”, dijo el fiscal general salvadoreño.
Según los documentos de la Fiscalía, la investigación por lavado de dinero incluye solicitar los estados financieros del Instituto Libertad y Progreso, desde 1998 hasta el 2006, y elaborar una auditoría “para determinar si aparece el ingreso de 10 millones de dólares, donados por la embajada de la República de China en El Salvador, lo que de acuerdo a la justificación brindada se hizo a través del señor Francisco Guillermo Flores Pérez, los cuales son mencionados en el ROS”.
El pasado 16 de noviembre, el presidente Mauricio Funes dijo que tenía conocimiento de que 10 millones de dólares de la cooperación de Taiwán no ingresaron al fisco salvadoreño, al final del período del expresidente Flores. Casi dos semanas después, el 28 de noviembre, durante el programa “Debate con Nacho” el mandatario mostró unos documentos y dijo: “El director actual de Libertad y Progreso –que es el mismo que está desde el año 2000 hasta la fecha- dio fe a través de un documento que me manda, donde se demuestra que sencillamente no ha ingresado ni uno, ni cinco, ni mucho menos 10 millones de dólares”.
El 7 de octubre, la Comisión Especial del caso CEL-Enel se declaró incompetente para continuar con la investigación y la batuta pasó a la UIF para continuar la búsqueda de información en El Salvador y en el extranjero.
El mismo día que la comisión se declaró incompetente, los fiscales asignados a la investigación confirmaron la elaboración de tres solicitudes de asistencia internacional: a Estados Unidos, Costa Rica y Bahamas. ¿Por qué los fiscales han pedido información sobre los 10 millones a esos países? Una fuente que conoce las investigaciones financieras fiscales lo explicó así: “El informe del FinCEN no puede servir nunca como prueba (ante un tribunal). Para que tenga el valor de prueba hay que enviar una solicitud de asistencia jurídica internacional y eso, en algunos casos, tarda años. Hay asistencias que tienen 10 años y nunca han venido”.
Esa solicitud debe tramitarse vía Corte Suprema de Justicia. El magistrado Rodolfo González dijo que entre octubre y los días que han pasado de diciembre, el pleno no ha tramitado suplicatorios de la Fiscalía o de algún juez hacia los Estados Unidos, Costa Rica o las Bahamas. “No me suena nada. Tal vez habría que verificar en la Secretaría General, pero al pleno no ha llegado. La última petición que recibimos de la Fiscalía se refiere a lo de Probidad”, dijo.
González se refirió a la sección de Probidad de la Corte Suprema, que es la oficina encargada de aplicar la Ley contra el enriquecimiento ilícito. Según los documentos, el 23 de agosto de 2013, la Fiscalía pidió a Probidad los informes sobre Flores y otros funcionarios de su gobierno. Los fiscales, en este punto, le apostaban a la estrategia de cruzar cifras e informes; es decir, averiguar si el dinero que se movió en cuentas locales y extranjeras está reflejado en los informes de Probidad o si había incrementos patrimoniales que los exfuncionarios no podían justificar.
El presidente Funes nunca dijo de dónde había obtenido los documentos que mostró en público, sobre los diez millones de dólares presuntamente recibidos por el ex presidente Flores. La embajadora estadounidense, Maricarmen Aponte, adelantó este lunes 9 de diciembre que su país está investigando cómo llegó ese informe a manos de Funes; el fiscal Martínez ha dicho ya que desconoce si lo documentos mostrados por el presidente Funes son los mismos que posee su oficina.
Regreso a los informes de Probidad
El 2 de septiembre de 2013, Probidad desempolvó un expediente que había quedado engavetado desde hace ocho años. El jefe de Probidad, Carlos Rafael Pineda Melara, remitió al coordinador de la Comisión Especial CEL-ENEL, Saúl Ernesto Morales, 31 folios, “copia simple”, de un memorándum confidencial emitido por esa misma entidad, y dirigido al presidente de la Corte de 2005, Agustín García Calderón. Se trata del “Reporte de Evaluación del Patrimonio de Servidores Públicos, cuya comparación a la toma de posesión y cese de funciones (periodo 1999-2004) amerita comentarios”.
Este documento, con fecha 21 de febrero de 2005, fue enviado por el jefe de la Sección de Probidad de la época, José Eduardo Cáceres Chávez, a García Calderón, en virtud de una investigación de Probidad sobre la variación patrimonial de los funcionarios que prestaron funciones en el período 1999-2004.
Cáceres Chávez, en su informe, detalló una serie de “omisiones, inconsistencias e irregularidades” detectadas en las declaraciones patrimoniales del expresidente Francisco Flores y 12 exfuncionarios de su gabinete. Entre estos están el exministro de Hacienda y secretario técnico de la Presidencia, Juan José Daboub Abdalá; la excanciller María Eugenia Brizuela; el exviceministro de Obras Públicas, Carlos Mauricio Duque González; el exministro de Economía, Miguel Ernesto Lacayo Argüello; el expresidente del FSV, Edgar Ramiro Mendoza Jerez; el expresidente de CEPA, Ruy César Miranda González; el expresidente del INDES, Enrique Molins Rubio; el exsecretario privado de la Presidencia, Aldo Vinicio Parducci Meléndez; el exvicepresidente Carlos Quintanilla Schimidt; el exdirector del ISSS, Mauricio Ramos Falla; el expresidente de CEL, Guillermo Alfredo Sol Bang; y el exdirector del Organismo de Inteligencia del Estado, Flavio Villacorta Ibarra.
Este caso, revelado por El Faro en agosto de 2005 -vea el reportaje “Expresidente Flores y funcionarios de su gabinete señalados por ‘irregularidades’ en enriquecimiento”- causó revuelo en aquella época por la extraña decisión que tomó la Corte. 10 de 15 magistrados, en lugar de apoyar a la sección de Probidad en sus pesquisas, se plegaron a favor de dos bancos, que pidieron frenar las investigaciones de José Eduardo Cáceres Chávez.
Hasta 2005, entre las atribuciones de la sección de Probidad estaba la de pedir a los bancos los informes de las cuentas bancarias de aquellos funcionarios o exfuncionarios que reportaran inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales. Luego de la investigación de Probidad, Cáceres pidió informes a dos de los bancos en los que los funcionarios aludidos poseían cuentas bancarias. Un trámite normal, de rutina, sin ningún contratiempo en las respuestas de los bancos en los 12 años previos a 2005. Ese año, sin embargo, todo cambió.
En lugar de enviar los informes, los bancos decidieron remitir una carta al presidente del Órgano Judicial, Agustín García Calderón, objetando la facultad de Probidad para pedirles informes. La carta, respaldada además por el Banco Cuscatlán, Banco Agrícola y Banco Salvadoreño, fue enviada a García Calderón el 3 de mayo y en ella los bancos argumentaron: 'Revisando las disposiciones respectivas… no encontramos en ninguna de ellas disposición que faculten expresamente ni a la Sección de Probidad ni a la misma Corte Suprema de Justicia para solicitar información bancaria'.
El punto fue discutido por los 15 magistrados de la Suprema Corte el 9 de junio de 2005, y luego de una acalorada discusión se decidió, por mayoría de 10 votos, quitar a Probidad la facultad de pedir informes a los bancos. María Eugenia Brizuela de Ávila, para entonces excanciller de la República, aparecía también dentro del informe elaborado por el jefe de la Sección de Probidad. Desde el 11 de agosto 2004 –un mes y 11 días después de que Francisco Flores pasara la estafeta presidencial a Antonio Saca-, ella era la presidenta del Banco Salvadoreño, uno de los que objetó las facultades de la Sección de Probidad.
Cuando José Eduardo Cáceres remitió el informe de los exfuncionarios del gobierno de Francisco Flores al presidente de la Corte, le dijo al expresidente García Calderón: “La sección ha considerado pertinente informar a la Presidencia de la Corte las observaciones adjuntas. El Presidente decidirá la conveniencia de informarlo a los señores magistrados, a la Gerencia General de Asuntos Jurídicos y a la Unidad Anticorrupción y Delitos Complejos de la Fiscalía General de la República”.
Pero García Calderón y otros nueve magistrados enterraron el caso… hasta que una Comisión Especial de la Fiscalía General de la República creyó que en esos documentos podía haber información que ayudara a desenmarañar el caso CEL-Enel. Fue así como el actual jefe de la sección de Probidad escribió una carta al coordinador de la Comisión Especial del caso Cel-Enel, el fiscal Saúl Ernesto Morales.
“Hago referencia a su oficio número 57 de fecha 23 de agosto del corriente año (2013), mediante el cual solicita copia certificada del informe remitido el día 21 de febrero de 2005, así como del memorando de fecha 22 de junio de 2005, remitido por el Lic. José Eduardo Cáceres Chávez, a la Honorable Corte Suprema de Justicia”, escribe Carlos Rafael Pineda Melara. Más de ocho años después de haber sido archivado, la Fiscalía reactivo este informe. Exactamente a las 3:16 de la tarde del lunes 2 de septiembre de 2013.
Dos meses antes, los fiscales pidieron informes a bancos locales y, a través del Grupo Egmont, pidieron informes internacionales para cuadricular las cuentas bancarias de funcionarios ligados en la trama CEL-Enel para determinar variaciones en sus cuentas patrimoniales que explicaran el lavado de dinero y activos. Para la Comisión, entonces, era necesario cuadrar si esos movimientos bancarios coincidían con lo que en su momento detectó la sección de Probidad de la Corte. Sobre todo porque cuatro de los funcionarios objetados por Probidad en 2005 están en el radar de la Fiscalía para el caso CEL-Enel: el expresidente de CEL, Guillermo Sol Bang; el exministro de Economía, Miguel Lacayo; el exministro de Hacienda y ex secretario técnico de la Presidencia, Juan José Daboub; y el propio expresidente Flores.
Probidad tenía información de que Flores hizo una permuta de un terreno en Corral de Mulas por otro en la Isla San Sebastián, ambos en la bahía de Jiquilisco, departamento de Usulután, por un monto de 34,285 dólares. “La sección encuentra que esos valores son anormalmente bajos para esas ubicaciones”.
En esa época, a Probidad no se le permitió indagar sobre ese inmueble. El lote 4 de la lotificación San Sebastián, que colinda con la bocana El Bojón por un lado y con una pista de aterrizaje de la misma lotificación por el otro lado, fue comprado por una familiar del expresidente, el 14 de diciembre de 1994, por un precio de 37,714 dólares.
Aunque el informe de Probidad habla de una permuta, lo que El Faro encontró en el Registro de la Propiedad de Usulután es que esa permuta -o canje- no está registrada. Lo que reportan los documentos en esa oficina es que el expresidente Flores compró esa propiedad el 1 de mayo de 1999 por un precio de 57,142 dólares.
El Faro pidió una entrevista al expresidente Flores para conocer su versión sobre los hechos que investiga la Fiscalía. “La campaña es tan exigente en mi tiempo que no creo tener oportunidad de sentarme a una entrevista. Envíame las preguntas y con gusto te las contesto”, respondió, vía correoo electrónico. Al expresidente se le replicó que necesitábamos una entrevista que nos diera la oportunidad de repreguntar y aclarar posibles ambigüedades o dudas emergentes en la información. Al cierre de esta nota, el expresidente Flores no había respondido a esta otra solicitud.
El expresidente Flores es uno de los principales asesores de la campaña del candidato de Arena, Norman Quijano. Su nombre fue filtrado al público por el presidente Funes, quien en su programa de radio de los sábados desde hace meses ha mantenido una sistemática campaña de señalamientos contra el partido Arena. Funes dice que él lo único que hace es defender lo positivo de su gobierno que se ve atacado por el partido Arena, que intenta volver a la presidencia después de la derrota de 2009.l
El 5 de octubre de 2013, dos días antes de que la Comisión Especial CEL-Enel se declarara incompetente para continuar investigando el caso de los 10 millones, el presidente Funes hizo la primera alusión a uno de sus predecesores, aunque no mencionó nombres. Ese sábado, en Conversando con el Presidente, dijo que el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) pidió a la Fiscalía investigar una defraudación al fisco y lavado de dinero contra varios exfuncionarios, entre ellos un expresidente. Cuatro días más tarde, Funes dijo que el dinero observado por el IRS estaba relacionado con empresas de energía y mineras que habían financiado un lobby para desprestigiar al gobierno salvadoreño actual.
Fue hasta el 16 de noviembre que Funes mencionó a Flores por el donativo de Taiwán. “Hemos tenido conocimiento de que recursos por el orden de los 10 millones de dólares que venían de la cooperación de China Taiwán no ingresaron al fisco salvadoreño al final del período del expresidente Flores”. A finales del mes pasado, Funes mostró en un programa de televisión el reporte de operación sospechosa.
“Desconozco el documento que presentó el presidente de la República, no puedo asegurar que es el reporte de operación sospechosa que hemos recibido nosotros. Pone en riesgo al hacer ese tipo de comentarios, son muy inoportunos porque estamos en una investigación seria como todas las investigaciones que realiza la Fiscalía”, reaccionó en su momento el fiscal general, Luis Martínez.
El Faro también escribió por correo electrónico al exministro Daboub para conocer su opinión con respecto a la investigación que la Fiscalía tramita en su contra. Al cierre de esta nota no había respondido. La embajada de Taiwán en El Salvador respondió que son respetuosos de las instituciones del Estado salvadoreño y que estarán a la expectiva de los resultados de la investigación. No confirmó que haya entregado ese donativo, tampoco confirmó que investigue algo al respecto. Cuando a la embajada de Taiwán en El Salvador se le hizo más preguntas, la respuesta es que no pueden hacer comentarios.
En Arena, sus dirigentes han insistido en que los señalamientos del presidente están infundados y que solo responden a que está en campaña electoral, dado que la elección presidencial está programada para el 2 de febrero. Sobre las investigaciones contra Flores, el presidente de Arena, Jorge Velado, ha dicho que el partido no puede responder por acusaciones contra el asesor de campaña, pues nadie está cuestionando a la organización de derechas.
