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Los amigos de José Luis Merino viajan en Subes

¿Quiénes están detrás del negocio de tarjetas prepago con las cuales 1.5 millones de usuarios del Gran San Salvador pagarán el pasaje en buses? La compañía tenía menos de un mes de existencia cuando fue seleccionada para dar el servicio y sucede que su primer presidente es un hombre cuya presencia se repite en una docena de empresas de esa red en la que es clave el dirigente efemelenista José Luis Merino.

Efren Lemus

 
 

Sistemas Únicos de Boletos Electrónicos (Subes El Salvador) es una empresa con capital uruguayo que ha invertido en montar un sistema de cobro a los usuarios del transporte público por medio de tarjetas electrónicas de prepago. Subes El Salvador es para algunos transportistas pieza de un entramado que los quiere sacar del mercado. Acopatt, asociación que agrupa a varios empresarios de buses que operan la ruta 29, de San Salvador, denunció que los intentaron comprar con dinero Alba. Ellos, dicen, rechazaron la propuesta de unos 15 millones de dólares y creen que como resultado de esa decisión el Viceministerio de Transporte (VMT) les suspendió unas concesiones y unos permisos de línea.

Acopatt no presentó pruebas, ni reveló el nombre de quién los quiso comprar. ¿Es, acaso, una denuncia sin fundamento? ¿Existe algún vaso comunicante entre uno de los proyectos estrella del gobierno (cambiar el sistema de transporte en autobuses por uno que permita el pago electrónico) con la órbita de los Alba negocios? ¿Quiénes dirigen el millonario negocio de las tarjetas prepago?

Antes de aproximarse a una respuesta para esas preguntas hay que elaborar un glosario de tres palabras para visualizar mejor la telaraña de empresas y nombres.

Uno: Sitramss. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) construye los carriles para la circulación exclusiva de buses articulados importados desde Brasil, gracias a un empréstito internacional. Ese proyecto se llama Sistema de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador, Sitramss.

Dos: Sipago. El proyecto del gobierno incluye renovar la flota de buses y cobrar el pasaje de forma electrónica. Las autoridades se comprometieron a facilitar créditos para la compra de nuevas unidades, pero los interesados en entrar al negocio debían acatar las políticas de la Mesa Nacional de Transporte que acordó crear una empresa para ejecutar el proyecto de modernización. Esa empresa se llama Sipago.

Tres: Subes El Salvador. Los transportistas aglutinados en Sipago lanzaron un concurso para elegir a la empresa que administrará la tecnología y venderá las tarjetas prepago para el transporte público. Aquí aparece la compañía relacionada con empresarios uruguayos que se llama Subes El Salvador.

Subes Uruguay o la suerte de un novato

La Mesa Nacional de Transporte fue el punto de encuentro entre transportistas y gobierno, desde 2010. Ese año, los empresarios querían aumentar el precio del pasaje por los atrasos en el pago del subsidio y por las extorsiones; las autoridades rechazaban cualquier aumento al pasaje y proponían un proyecto: créditos a cambio de que los transportistas se sometieran a un proyecto de modernización. Es decir, el gobierno proponía lo que las administraciones previas también propusieron pero nunca llegaron a ejecutar y lo único que sucedía era que aumentaba el precio del pasaje y el servicio no tenía cambio alguno.

Los empresarios que integraban la Mesa Nacional de Transporte nunca lograron acuerdo sobre la propuesta. Unos, como Genaro Ramírez se retiraron de ella, pero otros, como Catalino Miranda y Rodrigo Contreras Teos, apoyaron la propuesta del gobierno.

Los empresarios que estaban de acuerdo con la propuesta del gobierno pactaron la creación de la empresa Sistema Integrado Prepago (Sipago), para brindar consultorías, administración y cualquier servicio relacionado con el nuevo sistema de transporte del Área Metropolitana como la adquisición de buses, troncales, operación de talleres y paradas de buses. La primera matrícula de esa empresa fue inscrita por el Registro de Comercio el 15 de diciembre de 2010.

Sipago tenía una misión clave para el nuevo de sistema de transporte público. Esa misión era seleccionar, por medio de concurso, a la empresa que administraría el nuevo sistema de cobro del pasaje por medio de una tarjeta electrónica en la modalidad de prepago, como sucede en muchas urbes del mundo.

La empresa seleccionada para instalar la tecnología y distribuir la tarjeta prepago fue Subes El Salvador. Una empresa novata, claro, pues este sistema no ha existido en este país. Entonces Subes El Salvador tuvo como ventaja ofrecer el respaldo de la empresa Subes Uruguay, la que, curiosamente –según la fecha de constitución- también era novata en ese negocio: no tenía ni un mes de existencia cuando ya tenía asegurado un millonario negocio en El Salvador.

El Registro Nacional de Comercio de Uruguay muestra que Subes Uruguay fue creada el 24 de marzo de 2011, ante el escribano Alberto Francisco Peña de Elizalde.

Dos semanas más tarde, el 15 de abril de 2011, representantes de Subes Uruguay se presentaron ante la segunda secretaria de la embajada de El Salvador en Montevideo, Ivette Ramírez, para pedir una autenticación de la escritura, documento necesario para crear una filial en El Salvador. Eso significa que la empresa solo tenía 22 días de existencia cuando ya tenía asegurado el negocio de las tarjetas prepago para unos 1.5 millones de usuarios del transporte público en el Área Metropolitana de San Salvador.

¿Por qué Sipago seleccionó a Subes, empresa que ofrecía cero experiencia y el respaldo de una compañía uruguaya con apenas unos días de edad?

Catalino Miranda, empresario de transporte que es el segundo director de Sipago, recuerda que convocaron a un concurso y que una “comisión de profesionales” se encargó de evaluar si cumplían con los requisitos legales y tecnológicos que demandaba el proyecto. Miranda, un antiguo colaborador de las campañas electorales del partido Arena, dice no recordar los nombres de las personas que integaron esa comisión. Cuando a Miranda se le explica que la empresa Subes Uruguay apenas tenía poco más de tres semanas de creación cuando fue seleccionada, el dirigente responde: “Hasta hoy lo sé, desconozco eso”.

A finales de abril de 2011, el representante de Subes Uruguay, Horacio Vicente Fernández Ambielle se asoció con otro abogado uruguayo, Rafael Augusto Zerbino Stajano, y crearon la empresa Subes El Salvador para montar “el sistema de recaudo y operación técnica del pago del precio del pasaje (…) a través de una tarjeta electrónica prepago”. En la parte siguiente de esta historia comienzan a aparecer personajes claves en los negocios del proyecto Alba.

Aparecen los “colegas” de Merino

El 28 de abril de 2012, los empresarios uruguayos que crearon Subes El Salvador seleccionaron a la primera junta directiva de esa empresa, para un plazo de dos años. La presidencia en manos de José Mauricio Cortez Avelar.

Cortez Avelar es abogado y notario, directivo y administrador de varias empresas que tienen negocios con Alba Petróleos. En alguna de esas compañías es colega de Sigfredo Israel Merino Cabrera, el hermano de José Luis Merino. José Luis Merino es asesor de Alba Petróleos y uno de los principales dirigentes del partido FMLN.

En el Centro de Investigaciones Científicas de Alba Petróleos, por ejemplo, Sigfredo Israel Merino Cabrera es el presidente y Cortez Avelar el primer director. Ambos también son directores de Albatech Green Energy, empresa que trabaja en el área de energía solar.

Cortez Avelar no es el único colega de Merino Cabrera relacionado con la empresa Subes El Salvador. El primer secretario de la compañía a la que se le confió el sistema de tarjetas de prepagos del transporte público se llama Isidro Antonio Caballero Acevedo, un administrador de empresas.

Caballero Acevedo también es presidente suplente de Energía Orgánica (Energor), la compañía que concedió un mutuo de 300 mil dólares para que Merino Cabrera invirtiera en una construcción en la Residencial Los Sueños, el proyecto que administra la Inmobiliaria Las Piletas. El Registro de la Propiedad no inscribió ese mutuo por un error en el documento.

Dos personas más que integran Energor, las secretarias Silvia del Carmen Escamilla Delgado y Suleyma Mayandi Morales, también aparecen en la primera directiva de Subes El Salvador, y también aparecen relacionadas indirectamente con el empréstito que recibió Cabrera Merino para una construcción en la Residencial Los Sueños.

Las secretarias fueron directoras suplentes de la primera directiva de Subes El Salvador, esa empresa que nació con 3 millones de dólares. Suleyma Mayandi y Silvia del Carmen también fueron apoderadas especiales de Merino Cabrera para “proseguir cualquier trámite o diligencia” relacionada con la inscripción del mutuo de 300 mil dólares para aquella construcción en la residencial Los Sueños. Ese documento fue elaborado por Cortez Avelar, el primer presidente de Subes El Salvador.

La secretaria Silvia del Carmen Escamilla Delgado tiene un nexo más con la familia Merino. Ella fue la administradora suplente de la Sociedad Distribuidora y Comercializadora de Combustibles y Lubricantes (Sodico), compañía que recibió un préstamo de 7.9 millones para iniciar operaciones. Cuando Silvia del Carmen era la suplente, la administradora titular era Carmen Leonor Aguilar Merino, socia de Sigfredo Israel Merino.

La mayoría de colegas de Merino Cabrera ya abandonaron la directiva de Subes El Salvador, y el único que se mantiene como secretario y representante legal de esa empresa es Isidro Antonio Caballero Acevedo.

Han pasado casi tres años desde que Sipago seleccionó a Subes El Salvador como la empresa indicada para operar el nuevo sistema de cobro del pasaje de transporte público, y la relación entre ellos se ha estrechado. Hace cuatro meses, el 13 de septiembre de 2013, los representantes de ambas compañías acordaron crear la Unión de Empresas Sipago-Subes, para prestar los servicios de transporte, consultoría, administración, adquisición de buses, troncales, paradas de buses y "cualquier otro servicio del nuevo sistema de transporte del área metropolitana".

La nueva empresa fue fundada con un capital de 100 mil dólares (Sipago aportó 51 mil dólares y Subes El Salvador 49 mil dólares). Eso significa que los transportistas a quienes se les confió la selección de la empresa que administrará el negocio de las tarjetas prepago son, ahora, socios de esa compañía. El presidente de la Unión de Empresas Sipago-Subes es Miguel Ángel González Díaz Castañeda y el secretario Isidro Antonio Caballero Acevedo, relacionado con empresas de Sigfredo Israel Merino Cabrera.

A pesar de eso, Catalino Miranda rechaza que entre Sipago y Subes El Salvador exista alguna relación directa. “Subes es otro ente jurídico. Que yo sepa no hay nadie de Subes El Salvador, que yo sepa somos ocho directores. Que haya alguien de Subes dentro de Sipago lo dudo”, dice. Según el Registro de Comercio, Miranda también es director de esa nueva empresa llamada Unión de Empresas Sipago-Subes.

La tarjeta prepago del sistema de transporte público se comenzó a implementar durante la primera semana de noviembre del año pasado en algunas rutas de buses de Santa Tecla. Dos días después iniciaron una serie de protestas violentas en varias comunidades ubicadas sobre la carretera al Puerto de La Libertad que se oponen al proyecto, bajo el argumento de que eleva el costo del pasaje.

Producto de ese descontento, la Asamblea Legislativa emitió un decreto para establecer que los usuarios de buses puedan pagar con la tarjeta Subes o en efectivo. Los diputados de todos los partidos (Arena, Gana, PCN, PDC, Unidos por El Salvador y CD), menos los del FMLN, votaron en favor. Los legisladores opositores decían no entender por qué sus compañeros efemelenistas no respaldaban la medida, si era evidente que beneficiaría a muchos usuarios que estaban en contra del pago exclusivo con la tarjeta Subes.

Nelson García, un exdiputado del FMLN y hoy viceministro de Transporte, argumentó que el pago en efectivo contraría el propósito de "modernizar" el sector de pasajeros y pidió al presidente Mauricio Funes que vetara el decreto. A finales de noviembre, Funes vetó el decreto porque consideró “inconveniente que se afecte un nuevo sistema de cobro que vendría a modernizar el transporte público de pasajeros. Entiendo que hay sectores de la población que se sienten incómodos y que no se adaptan a los cambios, pero el nuevo sistema establecido con la tarjeta prepago es más seguro porque no maneja efectivo la persona que toma el bus; por lo tanto, se reducen los asaltos”, defendió el mandatario.

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