El epicentro del poder judicial en Guatemala está en una encrucijada sobre el fin del período de Claudia Paz y Paz, la Fiscal General que llevó a un juicio por genocidio al exdictador Efraín Ríos Montt. A pesar de que dos oficinas técnicas de la Corte Suprema de Justicia dictaminaron en 2013 que debía continuar hasta diciembre de este año, la Corte de Constitucionalidad (CC) dio la razón al abogado de extrema derecha Ricardo Sagastume y dijo que su período termina dentro de tres meses, en mayo.
La lucha por el Ministerio Público ha sido el centro de los esfuerzos contra la impunidad en el país desde hace seis años. La institución es la contraparte de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y ha sido determinante para el éxito en la reducción de crímenes impunes, del 98 al 72 %, según Naciones Unidas.
En 2008, el expresidente Álvaro Colom accedió a la solicitud de la CICIG de remover al entonces fiscal general Juan Luis Florido. Y dos años más tarde, fue la Corte de Constitucionalidad la que ordenó repetir todo el proceso de selección de jefe del Ministerio Público porque la comisión de postulación no había examinado la “honorabilidad” de los candidatos, como decía la ley. Dio la razón al amparo interpuesto por la diputada Nineth Montenegro, a las críticas de las organizaciones ciudadanas y a la renuncia “en protesta por el proceso viciado” del primer jefe de la CICIG, Carlos Castresana.
Cuando se repitió la selección, Colom nombró a Claudia Paz y Paz, una académica de derechos humanos que en tres años y dos meses le dio caravuelta al sistema de justicia. Entre otros, ha sido nominada al Premio Nobel de la Paz o incluida por la revista Forbes en la lista de las seis mujeres que estaban cambiando el mundo. Procesó a 15 de los 19 capos reclamados por Estados Unidos; metió presos por corrupción a exministros y al expresidente Alfonso Portillo, quien ahora espera juicio en Nueva York por haber recibido sobornos de Taiwán; persiguió a banqueros por fraudes y logró sentencias contra militares en nueve casos por crímenes durante la guerra. Entre estos, el caso por genocidio contra Ríos Montt y el general Mauricio Rodríguez.
Este juicio tuvo un fallo condenatorio contra Ríos Montt el 10 de mayo de 2013, pero fue anulado por la CC 10 días después ante la presión de la élite empresarial, que fue socia de Ríos Montt durante la dictadura. Este juicio fue también la declaratoria de guerra contra Paz y Paz por parte de los exmilitares, los empresarios y el presidente Otto Pérez Molina, quien fue mencionado como responsable de masacres por uno de los testigos protegidos. Desde entonces, la derecha empezó a reclamar la salida de Paz y Paz de su puesto en mayo de 2014.
Los técnicos: período termina en diciembre
El Faro tuvo acceso a dos informes técnicos de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala que dictaminaron que Paz y Paz había sido elegida por un período de cuatro años que termina el 10 de diciembre de 2014. Los dos informes han estado engavetados, fuera del debate público. Estos provocaron el despido de sus autores –como consta en la protesta de siete magistrados en la sesión del 22 de octubre, recogidas en el acta 59-2013– y contradicen lo sentenciado por la Corte de Constitucionalidad, pues afirman que el período de Paz y Paz termina hasta diciembre de 2014.
Ante el requerimiento de opinión jurídica por parte de la presidencia de la Corte Suprema, el asesor jurídico Ricardo Alvarado Ortigoza realizó un informe de cuatro páginas el 25 de julio de 2013. Concluyó que “la anulación del proceso (…) varió institucional y legalmente los períodos anteriores toda vez que la fiscal actual tomó posesión para un período de 4 años el 10 de diciembre de 2010, por lo que su período vencerá el 9 de diciembre de 2014”.
Otro dictamen técnico, de la Secretaría de Fortalecimiento Judicial, del 7 de agosto de 2013, coincide con el de Asesoría Jurídica y agrega más argumentos. El documento elaborado por Flor de María Salazar y revisado por Víctor Valverth Morales, secretario de Fortalecimiento Judicial, subraya que la Ley del Ministerio Público dice que la comisión de postulación propondrá al sexteto de candidatos a fiscal general 'antes del período para el cual fue nombrado el Fiscal General que deba entregar el cargo”. Paz y Paz fue nombrada por el expresidente Colom en el acuerdo gubernativo 90-2010 “para un período de cuatro años”.
La Secretaría recuerda que en los acuerdos previos de nombramientos de fiscales, los presidentes de la República y las anteriores Cortes de Constitucionalidad “establecen que el nombramiento se realiza en sustitución o claramente para terminar el período para el que fue nombrado su antecesor”. Este, afirma, no fue el caso de Paz y Paz.
Remata su argumento enfatizando, a diferencia de la CC, que “no hay ninguna norma que imponga taxativamente el inicio del mandato en el mes de mayo”.
Estos dos informes nunca salieron a luz, opacados por el pulso entre los dos grupos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes necesitaron de dos meses para elegir presidente para 2014, el año en el que ese puesto es clave para las comisiones de postulación que eligen a fiscal, magistrados y jueces de apelaciones para los próximos cinco años.
El presidente provisional de la Corte Suprema de Justicia, Erick Álvarez, no sólo no hizo públicos los informes técnicos sino que en una semana de su interinato al frente del organismo, despidió a los autores de estos dictámenes.
El grupo de siete magistrados de los 13 de la Corte Suprema, representado por el juez Gabriel Gómez, protestó ante estos despidos en la sesión del 22 de octubre, según el acta 59-2013: “Se deja constancia que se tienen noticias de que el Presidente Interino, no obstante que su función es precaria, por ser temporal, se ha dado a la tarea de pedir la renuncia y destituir a funcionarios y asesores que venían prestando sus servicios al Organismo Judicial, ignorando el llamado que se le hiciera de no llevar a cabo destituciones de personal en puestos de alto nivel y de confianza”.
Cambio de planes (o de equilibrios)
Hasta hace dos semanas, en el círculo de los altos funcionarios a los que escucha el presidente Otto Pérez Molina se hablaba de que no presionarían para terminar el período de Claudia Paz y Paz antes de fin de año. Se mencionaba la simpatía con la que el presidente había recibido la respuesta rápida del Ministerio Público para investigar el atentado con cal contra la vicepresidente Roxana Baldetti en un acto el 14 de enero. El principal sospecho de estar detrás del ataque es el partido de oposición Líder.
En enero también fue elegida Claudia Paz y Paz como personaje del año por el semanario conservador ContraPoder. Y entre el sector empresarial también se había matizado el rechazo contra su posible reelección. “Tiene sus luces y sombras. Tiene la mancha del juicio por genocidio, pero al menos es independiente de las mafias y ha actuado contra narcos y contrabandistas”, afirmó a este reportero uno de los dirigentes empresariales con influencia en el sector. Parecía que los vientos estaban a su favor, o que las fuerzas estaban divididas.
Pero todo cambió en dos semanas. Los únicos dos acontecimientos públicos fueron la amenaza de bloqueo de ayuda militar del Congreso estadounidense contra Pérez Molina para acelerar el resarcimiento a víctimas de una de una masacre que ocurrió en 1978 cuando se construyó la hidroeléctrica Chixoy, y para agilizar procesos de adopciones de niños guatemaltecos por parte de ciudadanos norteamericanos.
Claudia Paz y Paz es considerada “una socia” en la lucha contra la impunidad (y el narcotráfico) por parte del gobierno de Estados Unidos. Y su administración ha llevado casos contra militares y contra redes de adopciones ilegales.
También fue publicada el viernes 17 de enero en la revista ContraPoder una entrevista a Paz y Paz por parte del escritor Frank Goldman, en donde traslucía por primera vez una Claudia Paz y Paz desafiante ante el sector privado y los militares, aseverando que el partido “estaba empatado” después de la victoria desde la sociedad civil por la condena a los responsables del asesinato de monseñor Juan Gerardi en 1998 y la victoria de los conservadores con la anulación de la sentencia por genocidio contra Ríos Montt en 2013.
(Pen)última batalla
Esto fue la antesala para que, de manera sorpresiva, la Corte de Constitucionalidad emitiera un fallo el jueves 6 de febrero, sin citar argumentos técnicos, que daba la razón “provisionalmente” al abogado Ricardo Sagastume y ordenaba al Congreso la convocatoria de la comisión de postulación que elegirá al Fiscal General para el período 2014-2018.
“El proceso para la designación y selección del Fiscal General debe iniciarse de inmediato (…) para que su nombramiento se realice en mayo del presente año”, dice el amparo firmado por cinco magistrados, por unanimidad.
Sagastume ha sido abogado de las telefónicas, director de la Cámara de Industria y durante algunos meses de 2011 fue precandidato presidencial del partido Frente de Convergencia Nacional, formado por la radical Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), la organización más vociferante contra la gestión de Paz y Paz.
En el Congreso de la República, no obstante, el jueves 6 de febrero hubo una sorpresa, algo fuera del guion para reducir el mandato de Claudia Paz y Paz. El oficialista Partido Patriota, del presidente Pérez Molina, no consiguió una mayoría de votos para convocar a la comisión de postulación para elegir Fiscal General. Sólo votaron a favor dos terceras partes de su bancada y algunos aliados, pero la oposición radical del partido Líder –en medio de otro escándalo porque se descubrió que su presidenciable Manuel Baldizón plagió su tesis doctoral–, votó en contra hasta que la Corte de Constitucionalidad emita un fallo que no sea “provisional” sino “definitivo”.
Mientras tanto, Paz y Paz aprovechó la ventana que le dio la Corte y pidió una revocatoria de la decisión, pero esta fue rechazada el mismo viernes. Las voces críticas con la decisión van desde las organizaciones cívicas, la comunidad internacional, la CICIG, abogados corporativos y ex presidentes de la Corte de Constitucionalidad. Los lamentos incluyen a diputados y al ministro de Gobernación, el exmilitar Mauricio López. Sólo la poderosa patronal, agrupada en la CACIF, ha expresado su apoyo al fallo: “El debate no es sobre la capacidad o desempeño de los funcionarios, sino en la finalización del período de quien ejerce la función de Fiscal General. En este caso, nos llama a preocupación algunas voces que están llevando este debate a donde no corresponde, cuando lo que se discute aquí es una cuestión de orden legal relativa a la duración en el cargo, que es preciso aclarar en beneficio de la legalidad y el Estado de derecho”.
La siguiente batalla será este lunes 10 de febrero, cuando los magistrados de la CC decidan si convierten en definitiva su decisión y los diputados al Congreso si acatan lo que ordene la Corte y convocan a una comisión para elegir Fiscal General.
* Martín Rodríguez Pellecer es director del medio en construcción www.nomada.gt
