Andrés Antonio Romero fue capturado por la Policía Hacienda en 1983, durante un operativo militar en el que desapareció su familia. Andrés recuerda que el 23 de febrero de ese año, mientras intentaba escapar de los disparos del ejército en un cantón del municipio de Suchitoto, una bala mató a su única hija, de nueve años. Casi un mes después de ser capturado, torturado y encarcelado, pudo empezar a buscar a su familia restante: siete hijos varones y su esposa. Logró encontrar, vivos, a tres de sus hijos, dos de ellos en las instalaciones del Batallón Atlacatl y uno en Estados Unidos. Su búsqueda, después de 31 años, sigue. Su caso, después de 22 años de que los Acuerdos de Paz cambiaran el rostro y el espíritu de la Fuerza Armada, llegó a tocar, finalmente, las puertas de los militares y esa Fuerza Armada que desde hace 22 años está sujeta al control civil, le dio un portazo el pasado 23 de enero, y el comandante general, el presidente Mauricio Funes, lo endosó.
Andrés es un agricultor que quiere saber qué ocurrió aquel 23 de febrero. El Centro para la Promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec” y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) han asesorado a este sobreviviente del “Operativo Diez”, como se conoció en el lenguaje oficial de 1983 a esa serie de masacres que terminaron con más 200 personas muertas. En el libro Masacres, este operativo es identificado como La Masacre de Tenango y Guadalupe, dos cantones del municipio de Suchitoto. Andrés vivía en el cantón El Zapote, a unos kilómetros de dónde perdió a su familia, en el cantón Tenango.
El 28 de octubre del año pasado, Fespad y el Centro “Madeleine Lagadec” solicitaron al Ministerio de Defensa que diera la información en manos de la Fuerza Armada sobre los operativos militares que realizó el gobierno en aquella época y que pueda aportar detalles de dos matanzas ocurridas en distintos años. Preguntaron al ejército si existen documentos de los operativos militares realizados entre 1981 y 1983, en los cantones de Tenango y Guadalupe, en el departamento de Cuscatlán; y en el cantón San Francisco Angulo, municipio de Tecoluca, San Vicente.
Sobre este último caso sentó jurisprudencia este miércoles 5 de febrero la Sala de lo Constitucional de El Salvador. Los magistrados de la Sala establecieron en un amparo que el Estado está vulnerando el derecho a conocer la verdad a un grupo de personas que pidió a la Fiscalía una investigación sobre la masacre de Tecoluca.
Antes de que la Sala sentenciara con el derecho a conocer la verdad como telón de fondo, la Fuerza Armada dio su postura sobre la masacre de Tecoluca y el caso de Andrés. Lo hizo el 23 de noviembre de 2013, cuando la Oficina de Información y Respuesta del Ministerio de la Defensa Nacional respondió que “la información solicitada es inexistente.” Fue entonces cuando el caso llegó al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
El IAIP deliberó y concluyó que tiene facultades legales para verificar qué es lo que hay en los archivos a fin de esclarecer si la escueta respuesta se justifica, si es cierta, si en los archivos del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, en los Archivos Generales del Ministerio de Defensa o en los de la Quinta Brigada de San Vicente no existe ningún documento que agregue información sobre las masacres que realizó el ejército en esos años. El IAIP programó para el jueves 23 tres visitas, con el fin de verificar en los archivos militares si la oficina de información había mentido al decir que no existía información de esos operativos.
9:30. a.m. Este jueves 23 de enero de 2014, el parqueo del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, en San Salvador, no puede ser ocupado para hacer entrevistas. “¿Cree que puede hacer las grabaciones en otro lado?”, pide un hombre con uniforme camuflado que quiere alejar del recinto militar a los civiles que han llegado a intentar verificar los archivos de la Fuerza Armada. Jaime Campos, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, explica el frustrado intento de entrar a los archivos militares. 'Queríamos hacer un reconocmiento en los archivos, relativos a unos operativos militares realizados entre 1981 y 1983... pero la diligencia no se pudo hacer, por orden expresa del Ministro de la Defensa Nacional se nos ha denegado el acceso... bajo el argumento de que esa orden la debe dar el Presidente de la República, como comandante en jefe de la Fuerza Armada', explicó Campos, un civil que llegó hasta la oficina del oficial de información del ejército.
—¿No llegaron ni a la puerta del archivo?
—Llegamos únicamente a la oficina de acceso a la información pública, ahí elaboramos un acta — explica Campos en la calle que protegen un grupo de militares que controlan la entrada al Estado Mayor y que impidieron el acceso de otro grupo de periodistas que querían acercarse a la entrada principal.
Dos horas después, en Casa Presidencial, el presidente Mauricio Funes y el ministro de Defensa, el general David Munguía Payés, están en el salón de honor. Han pasado casi cuatro años y ocho meses del primer gobierno de izquierdas en la historia de El Salvador.
El equipo de prensa de Casa Presidencial explica que no se permitirá preguntas que no sean del tema del que Funes desea hablar y sólo permitirán tres preguntas para casi 40 periodistas de prensa escrita, digital, de radio y de televisión. La rigidez de la esa regla provoca que en la primera pregunta se rompa y cada pregunta incluya otro revoltijo de preguntas.
La tercera pregunta incluye una repregunta sobre el caso de Andrés.
—¿Por qué usted no autoriza a su ministro de Defensa abrir los archivos de la Fuerza Armada con el fin de que se conozca lo ocurrido en estas masacres?
—Esos documentos no existen, ¿verdad? — responde el presidente, mientras gira la cabeza hacia atrás, donde está su ministro de Defensa, que tiene la clavada mirada en el cielo del salón de honor.
—No. No se tiene archivos —responde el general a su comandante.
—El general y Ministro de Defensa lo han responsabilizado a usted de no querer abrir los archivos.
—No es cierto... ni siquiera he tenido que ver con ellos... te dejo al ministro —dice el presidente.
—Pero ni siquiera dejan entrar al archivo a los comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública.
—Que la organización que hizo la petición me responsabiliza a mí... ¿Qué voy a hacer yo? Si como dice un anuncio del FMLN, al final de cuentas van a decir que la erupción de volcán Chaparrastique es culpa del FMLN. Yo diría que van a decir que es culpa del presidente de la república.
El presidente alega que como comandante de la Fuerza Armada no tiene que estar al tanto del día a día de las decisiones que toma el ministro de Defensa. Dice que esa decisión se la delegó al ministro. “Le dije: consúltelo con el jurídico de la Presidencia para ver cuál puede ser el proceso jurídico más adecuado sin violar la ley. Autoricé a que, una vez consultado, tomara la decisión que estime conveniente”, respondió.
Esta versión es contraria a la que la misma Fuerza Armada hizo saber al IAIP, cuando el mismo día hizo llegar una notificación formal, en papel, sobre las razones de la negativa.
Después del intercambio de preguntas y respuestas en las que el presidente ordenó al ministro explicar su decisión, el ministro responde sin explicar mucho. “Las personas que estaban insatisfechas, lo que querían es entrar a las instalaciones militares y hurgar nuestros archivos… No podemos permitir que alguien llegue a las instalaciones militares a darle vuelta a todos nuestros archivos porque tenemos información de carácter secreta”, dice.
En el papel, la respuesta fue más fría que la del ministro en Casa Presidencial. La respuesta en papel la recibió ese mismo jueves el comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública Jaime Campos. “Esta diligencia deber ser autorizada por el señor Presidente de la República y Comandante General de la Fuerza Armada, ya que es el Titular o Ente obligado facultado para ordenar el cumplimiento de esta diligencia, ya que ejerce el cargo máximo de la Fuerza Armada, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del RELAIP y artículo ciento cincuenta y siete de la Constitución”.
Menos de dos semanas después de aquella negativa, la Sala de lo Constitucional hizo una lectura muy distante a la de los militares. En la sentencia que ordena a la Fiscalía investigar seria y exhaustivamente lo ocurrido en Tecoluca, los magistrados establecen que 'el derecho a conocer la verdad es el que le asiste a las víctimas –en sentido amplio, es decir, tanto a las víctimas directas como a sus familiares– de vulneraciones de los derechos fundamentales, como también a la sociedad en su conjunto, de conocer lo realmente ocurrido en tales situaciones."
La Ley de Acceso a la Información Pública establece que todas las dependencias de los tres órganos del Estado están sometidas a dicha ley. Según esta legislación, información pública es aquella en poder de los entes obligados contenida en documentos, archivos, datos, bases de datos, comunicaciones y todo tipo de registros que documenten el ejercicio de sus facultades o actividades, que consten en cualquier medio, ya sea impreso, óptico o electrónico, independientemente de su fuente, fecha de elaboración, y que no sea confidencial. La LAIP dice que, en materia militar, es información reservada aquella relativa a 'planes militares secretos'.
El ministro de Defensa responsabilizó al presidente de no autorizar abrir los archivos y el presidente lo desmintió en público y le trasladó esa decisión. Para esto, el presidente justificó con legalismos este círculo de respuestas en el que ninguno se hace responsable. “El hecho de ser comandante general de la Fuerza Armada no significa que todas las decisiones que se toman en la Fuerza Armada las tomo yo, la toma el ministro de Defensa y muchas de ellas las toma el alto mando de las fuerzas armadas, por delegación del Presidente de la República.”
