El martes 7 de enero de 2014, el expresidente Francisco Flores declaró ante una comisión especial de la Asamblea Legislativa como parte de una investigación en su contra por posible corrupción. Flores, que para esas fechas todavía era el principal asesor de campaña del candidato de Arena, Norman Quijano, atendió durante dos horas las preguntas de una comisión investigadora ante la cual reveló que mientras fue presidente de El Salvador entre 1999 y 2004 gestionó directamente ayuda monetaria del gobierno de Taiwán. Según dijo, recibió no menos de $15 millones de Taipéi.
La revelación de Flores cayó como un meteorito en la recta final de la campaña presidencial. Sumada a los calores políticos del momento, avivó el impacto social una investigación por “corrupción política” abierta por la Fiscalía General de la República en febrero de 2013, y todavía en curso. De hecho, los montos de los que habló el exmandatario eran superiores a los que la Fiscalía tenía registrados en su investigación gracias a un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) del que había recibido informes en septiembre de 2013.
Para cuando la Asamblea citó a Flores a comparecer, la Fiscalía de Luis Martínez ya había sido incesantemente cuestionada por el presidente Mauricio Funes, que entre octubre y enero insistió en público, semana tras semana, al Fiscal General para que acelerara la investigación del caso antes de que cualquier posible delito cometido por Flores prescribiera. Aunque no hay claridad sobre las fechas exactas de los actos investigados, miembros de la comisión legislativa que investiga el caso han fijado en mayo de este año la posible prescripción.
Como una forma extra de presión, el 28 de noviembre, a la salida de un evento público, Funes comentó que Martínez había trabajado como notario del expresidente Flores. Ante las preguntas de la prensa, y para matizar un comentario que parecía cuestionar la independencia de Martínez, Funes dijo que no creía que por el hecho de haber trabajado para Francisco Flores el fiscal estuviera atado “en absoluto” para investigarlo. “Él es un hombre independiente que ha demostrado independencia de criterios y ha demostrado coraje”, dijo Funes. La tarea de disipar las suspicacias quedaba del lado del Fiscal Martínez.
Desde mediados de noviembre, El Faro ha rastreado los vínculos entre el expresidente Flores y el actual Fiscal General. Los hallazgos que presentamos a continuación narran una relación de más de 20 años entre ambos. En la mayoría de los casos, la relación es la de un notario que ofrece sus servicios a un cliente que los contrata. En otras palabras, Flores, y empresas suyas o de sus hijos, contrataron a Luis Martínez como notario en varias ocasiones. La primera –según los datos encontrados en el Centro Nacional de Registros- se remonta a 1995. Al Luis Martínez abogado y notario -fue autorizado en 1991 por la Corte Suprema de Justicia (CSJ)- también lo llegó a contratar la familia de la exprimera dama Lourdes de Flores. Sin embargo, entre Martínez y la familia Flores Rodríguez hay un episodio más: En 2007, la exprimera dama de la República y el actual fiscal general administraron junto a otras personas una empresa que se dedica a la venta de telas y muebles.
Una sorpresa en la Sección de Probidad
Cuando, el año pasado, los fiscales especiales de la Comisión Especial que investigaba el llamado caso CEL-ENEL navegaron en los documentos que les había facilitado la CSJ, no encontraron grandes irregularidades en las propiedades del expresidente Flores o en sus cuentas bancarias, pero se sorprendieron por un hallazgo inesperado: las declaraciones patrimoniales de Flores se las presentó el mismo abogado y notario que nueve años más tarde lo estaba investigando por peculado y negociaciones ilícitas: Luis Antonio Martínez González, el actual Fiscal General de la República.
Los fiscales especiales tenían una hipótesis: si, como decía el presidente Funes, había malversación de fondos en la concesión de la explotación geotérmica, esta tenía que llevar necesariamente a lavado de dinero. Por eso necesitaban cotejar las declaraciones patrimoniales que Flores -y varios funcionarios de su gobierno- presentaron en 1999 y 2004 a la Sección de Probidad de la CSJ. En 2005, una de las dos declaraciones presentadas por Flores fue cuestionada por José Eduardo Cáceres, entonces jefe de la Sección de Probidad. Esa declaración llevaba la firma, como notario, de Luis Martínez. En febrero de ese año, esa oficina adscrita a la CSJ emitió el “Reporte de Evaluación del Patrimonio de Servidores Públicos, cuya comparación a la toma de posesión y cese de funciones (período 1999-2004 amerita comentarios”.
En la declaración patrimonial de Flores, presentada en mayo de 2004, el exjefe de la Sección de Probidad detectó “un incremento de $246,435.12 justificado, aparentemente, por donación de dos inmuebles durante el período de funciones; uno recibido por el declarante de parte de su madre y otro donado a su hijo por su tío materno Ingeniero José Antonio Rodríguez Rivas”. Además, según la Sección de Probidad, 12 días antes de finalizar su periodo, Francisco Flores firmó una apertura de crédito con el Banco Agrícola cuyo monto original era de $90,000.00 y su saldo al 31 de mayo de 2004 era de $89,935.16. “La Sección estima que en tan corto tiempo el retiro de esa cantidad debió reflejarse en un activo que no se declara”, dijo Cáceres.
Cuando los fiscales se encontraron con esta información, y con la sorpresa de que su jefe había colaborado para que Flores entregara esta declaración cuestionada por Probidad, la FGR ya llevaba un largo trecho avanzado en una investigación que había arrancado en febrero de 2013. De hecho, un mes antes de que los fiscales especiales elevaran al pleno de la CSJ la petición de información, también habían solicitado al Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) de Estados Unidos información sobre el expresidente Flores, “sujeto de una investigación por corrupción política”. Esa solicitud fue enviada el 18 de junio de 2013.
En los meses siguientes a las peticiones hechas a Estados Unidos y a la Corte Suprema de Justicia, el caso por la trama CEL-ENEL avanzó. No está claro cuándo se enteró la Fiscalía de que el expresidente Flores había recibido donaciones por $10 millones del gobierno de Taiwán, pero documentos en poder de El Faro sugieren que la Comisión Especial ya manejaba esa información para finales de septiembre.
El 11 de noviembre, la FGR acusó a 21 exfuncionarios de peculado y defraudación pública en el contrato con la empresa energética italiana. Sin embargo, pese a que los fiscales especiales también investigaron al expresidente Flores por su vinculación en esta causa, él no fue incluido en la lista de acusados. Para entonces, que Taiwán hubiera donado $10 millones de dólares y los hubiera depositado en cuentas personales de Francisco Flores era una información que solo conocían el International Bank of Miami, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la Fiscalía de El Salvador y… el presidente Mauricio Funes.
Entre Octubre y noviembre fue el presidente Funes el que, desde su programa radial semanal y en otras comparecencias, construyó por capítulos una trama de supuesta corrupción en la que, dijo, estaba involucrado “un expresidente de El Salvador”. Al principio no mencionó nombres. Más tarde, el 28 de noviembre, en un programa televisivo, Funes hizo público un documento que hablaba de $10 millones de dólares donados al expresidente Flores. Esa información era similar a la que uno de los cuatro fiscales de la comisión especial que investigó el caso CEL-ENEL escribió en un informe al que El Faro tuvo acceso. Según el informe, ese dinero fue “donado” por la embajada de la República de China (Taiwán) en San Salvador al expresidente Flores.
12 días después de su comparesencia en televisión, Funes soltó más información. Sin presentar pruebas dijo que Luis Martínez fue abogado y notario del expresidente Francisco Flores cuando este gobernaba el país; y que Martínez fue quien “firmó” los informes de probidad del exgobernante.
Un mes más tarde, el 14 de enero de 2014, el diputado efemelenista Benito Lara, secretario de la Comisión Legislativa que investiga la donación de China-Taiwán, preguntó al actual jefe de la Sección de Probidad, Carlos Rafael Pineda, si las declaraciones de probidad del expresidente Flores fueron presentadas “por él mismo, o por medio de apoderado”. El 17 de enero, Pineda Respondió: “Al respecto le informo que ambas declaraciones fueron presentadas por medio del Licenciado Luis Antonio Martínez González”.
El Faro intentó sin éxito, varias veces, a través de la oficina de prensa de la FGR, hablar con el Fiscal. Tras solicitarle una respuesta de manera directa a través de un mensaje en su cuenta oficial de la red social Twitter, @luism_abogado respondió. Lo hizo el sábado 22, en siete mensajes escritos entre las 16:15 y 16:21. 'Nada que hablar'. 'Caso en investigación'. 'Más adelante'. 'Ningún problema por elaboración de escrituras'. 'Además son públicas'. 'Y no dicen más de lo que en ellas consta'. 'Así qué puede especular, amigo'.
El negocio de perder 22 mil dólares
La mañana del primero de mayo de 1999, un mes exacto antes de asumir al poder, el expresidente de la República Francisco Flores compró a su madre, María Leonor Pérez de Flores, un terreno en la Isla San Sebastián, en Jiquilisco, Usulután, por un monto de 157 mil 142 dólares. Se trata del lote 4, que colinda con la bocana El Bojón por un lado y con una pista de aterrizaje de la misma lotificación por el otro.
La notario que elaboró el documento de compra venta fue Rosario Góchez Castro, pero quien se encargó de tramitar la inscripción de la escritura en las oficinas del Registro de la Propiedad fue el notario Luis Antonio Martínez González. En la parte inferior de la escritura está el sello con el nombre de quien presentó los documentos y la fecha de la gestión: 28 de julio del año 2000. Flores llevaba más de un año como presidente para entonces.
Cinco años después, el inmueble en la Isla San Sebastián se convirtió en uno de los puntos de cuestionamiento de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al expresidente Flores por su declaración. Probidad cuestionó la permuta de un terreno en Corral de Mulas por ese lote 4 de la isla San Sebastián, ambos en la bahía de Jiquilisco, en Usulután. El cambio de terrenos ocurrió tres días antes del cese de funciones del expresidente Flores, el 28 de mayo de 2004. Los terrenos fueron valorados, según se relata en el informe de Probidad, en 34 mil 285 dólares. Las autoridades sospechaban que se habían subvaluado los terrenos y así lo escribieron en un reporte: “La sección encuentra que esos valores son anormalmente bajos para esas ubicaciones”.
El monto de la permuta que el expresidente Flores consignó en su declaración de Probidad es inferior, incluso, a lo que pagó María Leonor Pérez de Flores, madre del expresidente, el 14 de diciembre de 1994 por el Lote 4 en la isla San Sebastián, de Jiquilisco. Ella compró ese inmueble en 37 mil 714 dólares a la Sociedad Turística de Jiquilisco y cinco años después ¿es la venta se lo vendió al expresidente Flores en 57 mil 142 dólares.
Eso significa que cuando el expresidente Flores dijo a Probidad que el cambio de los terrenos era por un monto de 34 mil 285 dólares, la operación significaba una pérdida de dinero para el exfuncionario. Una pérdida de 22 mil 857 dólares.
Administrador de telas y muebles junto a ex Primera Dama
En septiembre de 1987 El Salvador seguía en guerra. Eso, sin embargo, no detenía a los emprendedores. Una mujer de 35 años, dedicada a las “atenciones del hogar” junto a otra mujer, de 39, “ama de casa”, crearon el 16 de septiembre de 1987 una empresa que se dedicaría a la importación y exportación de artículos mayoristas, así como la participación en toda clase de industrias y actividades comerciales. Sonia Marlene Betancourth de Durán y María Celia Méndez de Brandt crearon la sociedad “Dubrandt”.
La sociedad entre ambas prosperó, y para el 2014 “Dubrandt” es un almacén ubicado en la colonia Escalón en el que se pueden adquirir desde costosos muebles para el hogar hasta finas telas. A lo largo de su historia, Dubrandt ha sufrido muchas transformaciones pero siempre ha mantenido como accionistas a partes iguales a aquellas dos amas de casa que se atrevieron a crear una empresa en medio de una guerra.
El 30 de julio de 2007, María Celia Méndez de Brandt informó al Centro Nacional de Registros que en una sesión de junta general extraordinaria de accionistas, celebrada a las 20 horas de un lunes, debido a renuncias de la anterior junta directiva, los accionistas decidían reestructurarla. Fue así como se designó como Primer Director Presidente a una licenciada en educación especial llamada Lourdes María Rodríguez de Flores, la esposa de Francisco Flores y exprimera dama de la República.
En esa misma reestructuración, las dueñas de Dubrandt nombraron como uno de los suplentes al abogado y notario Luis Antonio Martínez González.
No está clara la relación entre la esposa y de Luis Martínez con las señoras Durán y Brandt. El Faro intentó contactar a las dueñas de la sociedad, pero en la empresa se dijo que ellas delegan la administración de la empresa a terceros. La administradora actual, al cierre de esta nota, no había respondido a El Faro. Los empleados en el negocio dijeron que su respuesta estaría disponible esta semana.
Este no fue el único encuentro de Martínez con los negocios de la familia del expresidente Flores. El ahora fiscal general también trabajó para una inmobiliaria que dirige la suegra y los hijos del expresidente Flores.
Los trabajos de Martínez para una inmobiliaria
Ana María Rivas de Rodríguez Porth y Gabriela Flores Rodríguez crearon la Inmobiliaria AMRP un siete de marzo de 2006. Cuatro años más tarde, en junio de 2013, la junta de accionistas las ratificó en el cargo de administradora propietaria y administradora suplente, respectivamente, según el acta que firmó el secretario de la compañía Juan Marcos Flores Rodríguez. Gabriela y Juan Marcos son hijos del expresidente Flores, según un documento de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) a la que tuvo acceso este periódico.
Casi tres meses después de su creación, el 30 de mayo de 2006, la Inmobiliaria AMRP invirtió medio millón de dólares en la compra de dos lotes en el Condominio Residencial El Hipódromo 575, sobre el Boulevar Sergio Viera de Melo, en la exclusiva colonia San Benito. El 21 de diciembre de 2007, AMRP vendió uno de los lotes y perdió un poco de dinero. La inmobiliaria compró el lote, identificado como número 1, en 263 mil 900 dólares y lo vendió en 263 mil a una compañía llamada Estrategas Internacionales, cuyo administrador único y representante legal es el expresidente Francisco Flores Pérez.
Estrategas Internacionales es una empresa creada el 30 de junio de 2004 y, según su escritura de constitución, se dedica a la asesoría, planificación, consultoría, evaluación y estudios de desarrollo socioeconómicos y culturales. En su documento de creación se lee, además, que asesora el desarrollo de procesos y proyectos de gestión pública y privada. El primer administrador fue Flores y su suplente fue en un primer momento Juan José Daboub, exministro de Hacienda y exsecretario Técnico de la Presidencia durante la gestión Flores. Daboub dejó de ser administrador suplente el 4 de noviembre de 2010 y en su lugar llegó Roberto Arnoldo Jiménez Aguilera, actual director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).
Estrategas Internacionales pidió al Registro de la Propiedad la inscripción a su favor de los 202.5 metros cuadrados del lote 1, ubicado sobre el Boulevar Sergio Viera de Melo. Esa petición fue rechazada porque tanto Estrategas Internacionales como la Inmobiliaria AMRP tenían deudas con el fisco, según un reporte del Ministerio de Hacienda. El Registro de la Propiedad resumió así su negativa a inscribir la escritura: “ambas (sociedades) a esta fecha están insolventes”. Por ello, el lote 1 sigue oficialmente registrado a nombre de Inmobiliaria AMRP.
En el año 2006, la compañía usó ese inmueble como garantía para obtener un crédito por 188 mil 900 dólares, dinero que se comprometió a pagar en el plazo de 20 años. Sin embargo, dos años después de adquirir esa deuda canceló el empréstito, según un documento que elaboró el notario Luis Antonio Martínez González, ahora Fiscal General.
“El banco, habiendo recibido el capital e intereses y no teniendo nada que reclamar a la Inmobiliaria AMRP ni a las fiadoras y codeudoras solidarias, Ana María Rivas de Rodríguez Porth y Lourdes María Rodríguez de Flores, en razón de lo antes mencionado, José Luis Grande Alvarez, apoderado de Banco Agrícola, las declara libres y solventes”.
Ese documento no es el único que relaciona a Martínez con Inmobiliaria AMRP y por tanto con negocios de la Familia Flores. Esa compañía rentó el otro inmueble, el lote 2, al ciudadano español Walter Badía Gomis, a quien la Fiscalía incluyó años después, el 5 de abril de 2011, en la lista de personas procesadas por irregularidades en la reconstrucción del Hospital de Zacatecoluca. Según el Registro de la Propiedad, el 29 de mayo de 2008, inmobiliaria AMRP vendió el inmueble a Badía Gomis por 320 mil dólares. El notario que elaboró ese contrato de arrendamiento, por 18 mil dólares anuales, fue también el notario Luis Antonio Martínez González.
Una relación de décadas
La relación laboral entre el expresidente Francisco Flores y el fiscal general, Luis Martínez, venía de antes. Inició hace al menos dos décadas. A mediados de los noventa el exmandatario parceló en 234 lotes un terreno rústico de 178 manzanas en Santa Domingo Los Palmitos, Cara Sucia, en el municipio San Francisco Menéndez, Ahuachapán, y uno de los abogados que documentó esas ventas fue el ahora fiscal general. El 10 de febrero de 1995, por ejemplo, Flores vendió 22 lotes a José Lucio Peña por 22 mil colones (ahora 2 mil 500 dólares) y el notario que elaboró esa escritura fue Luis Antonio Martínez González. Esos 22 lotes eran parte de un terreno rústico de 178 manzanas, del cual el expresidente Francisco Flores era dueño desde el 23 de enero de 1984.
El Faro rastreó en el Centro Nacional de Registros 50 de las 234 compraventas de lotes en Santo Domingo Los Palmitos que se realizaron entre 1995 y 2003 en nombre del expresidente Francisco Flores. En 18 de esas transacciones fue el ahora fiscal general, Luis Martínez, quien realizó los documentos de compraventa de los inmuebles. Martínez elaboró la mayoría de esos documentos, 16, entre abril y noviembre del 2001. Ese año Francisco Flores cumplía su segundo año al frente de la Casa Presidencial.
En la actualidad, solo en el departamento de Ahuachapán, el expresidente Flores es dueño de tres inmuebles; en La Libertad tiene otro, la Hacienda Zapotitán; y tiene uno más -el ya citado de Corral de Mulas- en la Bahía de Jiquilisco, Usulután. La Fiscalía que dirige Luis Antonio Martínez González, a través de los fiscales Eugenia Maricela Campos de Velasquez y Julio César Aguilar Zamora, al amparo de la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos, ordenaron su inmovilización el pasado 29 de enero como parte de la investigación por los donativos de Taiwán. El expresidente Flores no puede vender ni traspasar esas propiedades.
