Vea también:
NOTA | La cultura en los planes de los candidatos: entre poco y nada | Por María Luz Nóchez
Publicamos a continuación las respuestas y aportes de tres competentes observadores del desarrollo cultural salvadoreño: el investigador histórico-literario Carlos Cañas Dinarte, quien ha fungido como asesor cultural para museos, universidades, asociaciones culturales, medios de comunicación, entidades gubernamentales, municipalidades y empresas de El Salvador; la escritora Nora Méndez, quien ha tenido una amplia trayectoria dentro de la izquierda, como miembro de las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL), una de las posturas más críticas frente a las gestiones culturales de los últimos 25 años; y la académica Claudia Cristiani, directora de la Fundación Accesarte, institución que se ha dedicado a generar una serie de Análisis de la situación de la expresión artística en El Salvador.
Transcribimos a continuación sus respuestas:
Considero que los retos del próximo gobierno en materia cultural tienen que ver con dos grandes áreas. Una es la de la creación de una política de estado para asuntos culturales, la cual no se reduce a la promulgación de una Ley de Cultura, sino que implica una visión nueva que pasa por la promulgación de una visión novedosa de la cultura, mucho más allá de las tradicionales “bellas artes”, la vinculación de legislación ya existente (nacional e internacional) y la actualización de la misma de cara a los tiempos actuales. No basta con que el país tenga una ley dedicada a la cultura, si la misma no abandona el viejo esquema de que la cultura es nada más el trabajo que hacen los artistas y trabajadores culturales tradicionales. Una política cultural para El Salvador debe abandonar esa visión del siglo XIX y actualizarse para abrirse paso hacia el mundo contemporáneo, donde la parte digital tiene muchos caminos por explorar.
Por otra parte, esa política pública debe ser liderada por un Ministerio de Cultura, pero su acción no debe reducirse solo a esa estructura de gobierno. En la cultura y su ejecución tienen mucho que decir otros ministerios (Educación, Hacienda, Relaciones Exteriores, Obras Públicas, Economía, Medio Ambiente, etcétera), municipios, empresa privada y cooperantes, por lo que la cultura debe asumir su papel crucial como eje transversal del accionar gubernamental salvadoreño y como un elemento de cohesión social, otorgador de identidad salvadoreña (dentro y fuera del país), forjador de ciudadanía y un espacio de reencuentro social y de formación de espacios laborales para jóvenes, mujeres, artesanos, etc. Además, es crucial que el gobierno reoriente su trabajo hacia la cultura para ya no ofrecer mecenazgo o demandar cooperación internacional, sino para generar ingresos más decisivos hacia este rubro, que en otras naciones obtiene recursos de impuestos directos e indirectos, fondos privados y la gestación de empresas culturales de amplia proyección tanto dentro como fuera de los territorios.
El Ministerio de Cultura debe ser el ente rector de ejecución de la política pública de la cultura salvadoreña. Debe ser un administrador y gestor, así como un promotor a gran escala. Pero debe contar con visión, misión, estrategias, planes y recursos suficientes para hacer su labor, así como con personas profesionales en sus campos de trabajo, con experiencia plena y comprobada. Además, debe considerar espacios laborales para gente joven y graduada en el exterior, para que le inyecten una nueva visión a una institución que requiere una reingeniería profunda y necesaria.
Quizá cinco años no basten para hacer toda esa labor, pero deben darse los primeros pasos y garantizar la operatividad de la política y de la estructura del Ministerio de Cultura. Lo demás será cuestión de seguir colocando ladrillo por ladrillo en el futuro. Pero es urgente que el siguiente gobierno dé el primer paso. Y todo ello dependerá de la voluntad que tenga para designar a una persona idónea, se comprometa a fijarle un presupuesto digno y se involucre en la creación de la política pública y del Ministerio de Cultura. Muchos ya estamos cansados de promesas vanas desde hace 25 años. Ya no es tiempo de palabras, sino de acciones y realidades.
¿Qué debería de estarse proponiendo?
Cambio. Cambios. De mentalidad, de métodos, de concepción misma del arte en medio del entramado gubernamental, dentro del tema país en construcción porque este es un país proceso, en proceso de ser país.
1. Secultura o el Ministerio de Cultura, lo que sea que exista para apoyar el arte y el disfrute de la cultura, debiese preocuparse por ser un estado de excepción gubernamental, en el sentido de entenderlo como una institución autónoma en donde se contraten artistas para labores artísticas. Es decir, que el salario que se les pague sea para que generen obra, investigación, procesos sociales de arte, etc., lo que pasa por no continuar viendo a este organismo como el proveedor de actos aledaños a los eventos políticos o como servidor de intereses de artistas e instituciones afines a la política.
2. El Ministerio de Turismo debiese trabajar con el arte y la historia en todos los municipios, lo cual garantizaría más trabajos para artistas locales y el desarrollo de identidades culturales fuertes en cada municipio, haciéndolos verdaderamente atractivos para el turista.
3. El Ministerio de Educación debe integrar a la currícula escolar y universitaria la formación artística en todas las áreas, pero en un nivel adecuado, óptimo, de acuerdo a las nuevas tecnologías y técnicas contemporáneas de enseñanza. No se puede generar calidad mientras no se ofrezca educación a los artistas y futuros artistas. La formación en artes es una vieja deuda desde la guerra.
4. Por tanto, lo primero que debe proponerse en un presupuesto para lograr todo lo anterior y una estructura organizativa para su consecución en el corto, mediano y largo plazo.
¿Cuáles son las urgencias que el próximo gobierno debería suplir en el área cultural?
Debe hacerse una segmentación de artistas locales. Hay jóvenes valores que necesitan apoyo en formación, otros artistas ya desarrollados que urgimos de apoyo con la promoción local e internacional, apoyo en la logística de viajes, publicaciones, exposiciones, conciertos, adquisición de equipo, etc. Debe conocerse el mercado artístico salvadoreño para apoyar a los diferentes segmentos. Sobre todo, debe hacerse una apuesta al talento y al trabajo, pues un artista no se forma de un día para otro, ni puede serlo sin contar con un talento propio que lo distinga por sobre otros.
Todo lo anterior también pasa por transparentar el tema de la asignación de presupuesto a las diferentes entidades artísticas y desburocratizar el mismo. Por un lado hacerse una revisión de la repartición del pastel financiero entre ONG y fundaciones, muchas de ellas que ya son empresas y siguen recibiendo subsidios, o que llevan años beneficiándose sin haber realizado nada extraordinario en el tema o haber quedado desfasadas en el tiempo. También es urgente replantear el hecho que sólo a fundaciones y ONG se les apoye, pues miles de artistas emergentes o no, no trabajamos en equipo o no contamos con el dinero suficiente para montar un negocio formal. Además, eliminar las cuotas de alquiler de espacios culturales que el Estado administra, y racionalizar el uso por parte de los artistas, según su currícula.
Lo anterior, en un intento de evitar los privilegios de artistas cercanos al poder económico y político, los padrinazgos y otros males de la cultura. Los espacios deben democratizarse y tener acceso todos los interesados sin necesidad de pertenecer a un círculo social o cultural determinado o partido.
Por último, pero no menos importante, se debe dejar de pensar -hablo de la cabeza de los políticos y empresarios- en qué es el arte y dejar ser al arte salvadoreño. En otras palabras, debe alejarse todo lo que se pueda del concepto de ¿esto para qué nos va a servir? Hablar de memoria para las elecciones. Hablar de lo indígena para las elecciones. No. Debe pensarse que todo lo que se haga en arte debe servir para tan solo una cosa: abrir la mente de los ciudadanos y permitirles disfrutar de la diversidad y su lenguaje sin fronteras.
En materia cultural, el Estado tiene la función primordial de asegurar las condiciones para que los ciudadanos podamos ejercer nuestros derechos culturales. Sin embargo, la cultura, en cuanto se refiere a formas de ser y de actuar, tiene un impacto en todos los procesos sociales y económicos. En este sentido, aunque las estrategias de desarrollo económico y social (o humano para unificarlo) han trascendido en la práctica a las políticas culturales que se han ejecutado, creo que es necesario considerar esta realidad como parte de lo que “debe hacerse”. Esto, por supuesto, dificulta muchísimo la definición concreta de eso que “debe hacerse”. Yo no tengo la respuesta mágica, responder de forma detallada y completa a las preguntas planteadas evidentemente escapa a mis capacidades como individuo. Por lo tanto, esto debe tomarse como una opinión personal sobre las áreas o acciones que considero prioritarias.
Hay dos grandes áreas en las que deberíamos avanzar: (1) la democratización del ejercicio de los derechos culturales y (2) el fomento de la cultura ciudadana, y con esto hago un guiño al último Informe de Desarrollo Humano El Salvador presentado por el PNUD.
Lo anterior requiere, por lo menos, las cuatro acciones generales expuestas a continuación. Es importante reconocer que estas pueden o deben ejecutarse con medidas de corto, mediano y largo plazo y que, en la mayoría de los casos, requieren del concierto de otras entidades públicas o privadas para poder llevarse a cabo. Por lo tanto, no estaríamos hablando de lo que debe hacerse en los próximos cinco años, sino de procesos que deben iniciarse en los próximos cinco años.
I. Asegurar que la entidad gubernamental responsable de la cultura tenga las condiciones necesarias para que el Estado pueda cumplir con su mandato constitucional.
A) Carácter, estructura y funciones de la entidad gubernamental. El carácter, estructura y funciones de una nueva o transformada entidad requieren de una discusión de mayor profundidad que la que yo puedo ofrecer aquí y que la que ha habido hasta el momento. Esto sería una parte indispensable del proceso que debe realizarse.
La creación de un Ministerio de Cultura responde a la necesidad de atender esta primera acción. Y voy a repetir, de forma más breve, lo que dije al respecto en el foro organizado por la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa en el marco de la discusión de los anteproyectos de ley relacionados a la cultura. Contar con un representante directo del sector, con la capacidad de articular las obligaciones del Estado y las necesidades específicas relacionadas a la cultura, en el Consejo de Ministros, podría contribuir a darle el lugar que le corresponde como esfera de acción política. En este sentido, creo que esta es una medida acertada.
Sin embargo, además de anticipar el impacto que tendría la creación de un ministerio en el presupuesto gubernamental disponible para sus funciones no administrativas (aun tomando en cuenta que podría contar con un porcentaje mínimo del PIB asignado) para analizar esta medida, es importante reflexionar sobre lo que considero más relevante para que la entidad pueda ejercer sus funciones a cabalidad: su independencia y la efectividad de su liderazgo en el sector y en la sociedad. La creación de un ministerio no garantiza, por sí sola, la efectividad de la gestión cultural gubernamental.
B) Sistematización de información cuantitativa relacionada a la cultura. Sin información o datos cuantitativos que nos permitan medir de forma técnica y objetiva y a lo largo del tiempo las diferentes dimensiones del desarrollo cultural (hábitos, contribución al PIB, indicadores de ejercicio de los derechos culturales, por ejemplo), difícilmente el Estado podrá cumplir sus funciones porque las políticas públicas se diseñarán siempre sobre la base de supuestos. Esto incluye una Cuenta Satélite, pero no se limita a ella.
II. Formulación de una política pública de acceso a los recursos culturales.
En términos generales, una de las dos dimensiones del derecho a la cultura es el acceso a nuestros recursos culturales, todos aquellos recursos indispensables para el ejercicio de nuestros derechos culturales: obras, conocimientos, instituciones, personas. No contamos con los insumos necesarios para establecer una línea base que me permita definir prioridades, por lo que esto es lo primero que habría que hacerse.
Evidentemente, una política pública que busca democratizar el acceso debe enfocarse en la eliminación de las barreras que lo impiden. Por lo tanto, en un sentido general, podemos anticipar medidas encaminadas a eliminar barreras económicas, geográficas, físicas y psicológicas. Destaco para su consideración:
A) Eliminación de barreras económicas. El Salvador cuenta con una de las leyes en materia de derechos de autor más restrictivas. Entre otras disposiciones, contempla un período de protección de 70 años después de la muerte del autor. Esto equivale a que alrededor de 120 a 140 años, el que no tiene capacidad de pagar por ello, no tiene acceso a esos conocimientos e ideas. Sin duda, considerando la naturaleza de los procesos creativos, se trata de un período excesivo. Es importante considerar y promover mecanismos que permitan contrarrestar esta realidad.
Para el caso de los recursos culturales en manos del Estado, como las obras que forman parte de las colecciones nacionales o los museos y sitios arqueológicos, estos deberían todos ser de acceso gratuito y, en los casos aplicables, ser colocados en el dominio público.
Adicionalmente, considero que los contenidos y obras producidas por o a través de entidades gubernamentales o con fondos públicos, deben ser liberadas al público. En tanto se trata de contenidos y obras que se producen con financiamiento estatal (dinero que proviene de los impuestos que pagamos), no existe razón por la cual debamos pagar otra vez por ellos.
B) Difusión y promoción del acervo cultural nacional. La eliminación de las barreras antes mencionadas –económicas, físicas, geográficas y psicológicas– requiere de una estrategia de difusión y promoción de nuestro acervo cultural y su ubicación a través de todos los medios disponibles, especialmente los que tienen el potencial de llegar a la mayor cantidad de ciudadanos (medios de comunicación nacionales; Sistema de Información Cultural; sistema educativo; universidades; Casas de la Cultura, red de bibliotecas públicas y otras instituciones culturales públicas y privadas; ferias).
Evidentemente, una labor de difusión y promoción del acervo cultural requiere como base el registro y documentación sistemática del mismo.
III. Fortalecimiento de los mecanismos de participación en la vida cultural.
Junto al acceso a los recursos culturales, la otra dimensión del derecho a la cultura es la capacidad de participar en la vida cultural. Ambos procesos están estrechamente vinculados; sin embargo, una estrategia relacionada a la participación resulta mucho más compleja porque tiene que ver con la capacidad de acceder, ya no física (o virtualmente) a nuestro acervo cultural, sino intelectual y emocionalmente, y a la libertad y capacidad de expresión. Esto nos refiere a capacidades y habilidades de interpretación, análisis crítico, creatividad y acceso a vehículos de expresión que sólo se adquieren, entre otros, a través del sistema educativo y las instituciones culturales “intermediarias” o facilitadoras, y la experiencia y emulación (la vivencia en el seno de una sociedad que practica y promueve estas habilidades de forma cotidiana).
Al igual que para el acceso, debemos partir de la eliminación de las barreras que impiden la participación. Y al igual que para el acceso, es imperativo identificarlas, por lo que habría que comenzar por ahí. Adicionalmente, en este caso debemos considerar dos grupos: los ciudadanos y los artistas e intelectuales. Como ciudadanos, los artistas e intelectuales estarían incluidos en el primero, pero estos tienen necesidades adicionales relacionadas a la participación de mayor alcance que también deben considerarse.
Entre las medidas que deben elaborarse o desarrollarse en el marco de esta tercera acción destaco o propongo:
A) Casas de la cultura. Como entidades descentralizadas y vinculadas a las comunidades locales de los lugares donde se encuentran, las casas de la cultura son indispensables para avanzar en la creación de las condiciones para que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos culturales. Considero, por su importancia y potencial en este sentido, que debe dárseles un perfil mucho más relevante y dotarlas de las condiciones necesarias para que sirvan a los propósitos aquí expuestos.
B) Medios y Tecnología. Evidentemente los medios de comunicación de toda índole son mecanismos de participación cultural y estos deben ser considerados en cualquier esfuerzo encaminado a democratizar y descentralizar la participación.
En este espacio, se debe incluir una discusión sobre la eliminación de barreras creativas sobre las obras e ideas que forman parte de nuestro acervo cultural. Así como deben eliminarse las barreras económicas de acceso a ellas, se deben eliminar las barreras creativas permitiendo su uso, reutilización y transformación (no me refiero con esto a la destrucción del patrimonio cultural, sino al carácter del proceso creativo: el hecho que todos creamos a partir de lo que otros crean).
C) Fondo concursable para desarrollo y ejecución de proyectos culturales. Como acoté en el foro organizado por la Asamblea Legislativa, un fondo de esta naturaleza atiende directamente aspectos relacionados a la participación, dotando a las personas con mayor talento y compromiso de recursos económicos que les permite ejercer derechos culturales esenciales y promover el ejercicio de estos derechos en el resto de la población, incluida la participación cultural.
D) Formación profesional en cultura y artes. El desarrollo cultural en general y la participación en la vida cultural implica que contemos con la posibilidad de profesionalizar al sector en todas sus áreas de actividad y que aquellos que así lo deseen puedan optar a una vida profesional en estos campos. Esto incluye, por lo tanto, las carreras artísticas y también las carreras asociadas a profesionalizar el funcionamiento de las instituciones culturales “intermediaras”, como las universidades, museos, medios de comunicación y bibliotecas, por ejemplo, para que puedan cumplir su papel de facilitadores de la participación de la mejor manera posible.
Debido a las condiciones actuales, establecer una estrategia de desarrollo de esta medida en particular es una de las tareas más complejas que habrá que enfrentarse porque, entre otras cosas, para llegar a la formación superior o técnica en estas áreas debemos atender la formación básica y media de las mismas también y estas, en términos reales, son precarias o inexistentes.
E) Capacidades y habilidades. Como mencioné arriba, sin ciertas capacidades y habilidades propias de los procesos culturales, los ciudadanos quedamos coartados de nuestros derechos culturales más elementales, porque la participación en la vida cultural depende principalmente de contar con ellas.
Buena parte de estas capacidades y habilidades pueden adquirirse a través de los procesos educativos (formales y no formales). El diseño e implementación de medidas que reconozcan y atiendan esta realidad –como la inclusión de formación y participación en artes y ciencias sociales en la educación pública, por ejemplo– también es una empresa compleja y costosa. Sin embargo, considero que cualquier esfuerzo que busque instrumentalizar el papel que la cultura puede jugar en los procesos de desarrollo humano individual y colectivo comienza por aquí y depende de que esto se logre.
IV. Formulación de una estrategia nacional de fomento de la cultura ciudadana.
Sin lugar a dudas, esta es una prioridad urgente y tiene un potencial importante de transformación positiva. La cultura ciudadana abarca aspectos de la vida social, política y económica que por elementales resultan cruciales para cualquier sociedad, como la convivencia y el reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos. Es indispensable, entre otras cosas, para la consolidación de la democracia; para tener relaciones interpersonales sanas y éticas con propios y extraños; para el ejercicio de nuestros derechos; para el desarrollo del sentido de pertenencia y la responsabilidad hacia el bien común.
Esta es una acción que, aunque directamente vinculada a la cultura –en especial al reconocimiento de la diversidad cultural como realidad nacional y como posible elemento de cohesión– trasciende de manera importante la esfera de acción exclusiva de la entidad gubernamental cultural. Sin embargo, no hay razón para no considerarla como una estrategia que puede ser liderada y coordinada desde la entidad cultural.
No voy a pretender hacer un análisis de las propuestas en materia cultural de los partidos en contienda electoral. Ese es un trabajo que requeriría más tiempo y discusión del que dispongo en esta ocasión.
Sin embargo, se debe destacar que los dos partidos políticos a cuyos planes de gobierno tuve acceso (Arena y FMLN), tienen apartados o capítulos destinados específicamente a la cultura y, más importante, que a pesar de que el enfoque es diferente, existen coincidencias importantes en las propuestas.
Algunas de estas medidas coinciden además con medidas que he planteado aquí aunque no están enmarcadas de la misma forma: (1) los dos hablan de mejorar la institucionalidad en referencia a la entidad gubernamental y (2) ambos mencionan medidas encaminadas a fomentar el acceso y la participación: entre otras, incluir el arte y la cultura en el sistema de educación pública; la formación artística superior. Tanto Arena como el FMLN tienen entre las medidas propuestas la creación de un fondo concursable. Adicionalmente, hablan de la cultura como elemento y sustento de transformación, el punto de partida para elaborar una estrategia de cultura ciudadana.
Menciono estas coincidencias porque abren la posibilidad de que en los próximos cinco años podamos avanzar en el desarrollo cultural del país por un camino consensuado que permita que las decisiones que se tomen sean de largo alcance. Esto es importante. Ojalá tengamos la humildad y disposición, como individuos, grupos, organizaciones, líderes del sector, de llevarlo por ese camino y no por otro.
