Un sistema político dominado por dos fuerzas tan antagonistas como el Fmln y Arena no puede funcionar de ninguna manera sin el compromiso de ambas fuerzas a respetar la institucionalidad del Estado y a confiar a ella la administración de sus enormes diferencias. (Eso, o la desaparición de una de ellas; pero elección tras elección los resultados permiten concluir que eso no sucederá pronto. Así que tendrán que seguir conviviendo por la vía institucional.)
Lo sabe muy bien Arena, con sus más de 30 años de vida política, que gobernó El Salvador durante 20 años y cuyo primer gobierno firmó los acuerdos de paz con la guerrilla que establecieron las bases de la nueva convivencia política, basada justamente en el respeto a las reglas del juego.
Este martes 11 de marzo, apenas dos días después de las votaciones y en medio de un recuento final acta por acta, Arena le dio la espalda a ese compromiso. Alegando fraude basado en seis testimonios de presuntas irregularidades en las urnas, y después de solicitar sin éxito que el Tribunal Supremo Electoral actuara contra lo estipulado en la ley y emprendiera un recuento voto por voto, solicitó la nulidad de la segunda vuelta electoral y retiró a sus representantes de la mesa en la que se llevaba a cabo el recuento final.
Arena argumenta que el Tribunal Supremo Electoral no tiene credibilidad como garante y, a pesar de que por la mañana solicitó, mediante un comunicado, a la Fiscalía y a los observadores internacionales supervisar el escrutinio final -y recibió respuesta positiva de ambos-, y de que ni el Fiscal General ni los observadores han encontrado aún indicios de un fraude, Arena tomó la decisión de desconocer el proceso.
No ponemos en duda sus legítimas quejas de la intromisión abusiva y probablemente ilegal del presidente Mauricio Funes en la campaña electoral; ni sus reclamos sobre la débil intervención del TSE para imponer su autoridad y detener la campaña sucia emprendida desde Casa Presidencial. También comprendemos su molestia sobre la ausencia de un magistrado de su partido en el TSE después de que el que ellos nombraron, Walter Araujo, abandonara las filas de su partido y se declarara abiertamente en su contra; y la negativa del tribunal a sustituirlo. Pero nada de esto justifica ahora, tras dos votaciones a las que acudieron comprometiéndose a aceptar los resultados, a que abandonen la vía institucional que es la única posible para la revisión de la elección.
Arena, al descalificar el proceso y al árbitro, sin argumentos sólidos que evidencien un fraude, está actuando de manera irresponsable y pone al país, ya en vilo ante la imposibilidad de contar con un presidente electo, en mayor incertidumbre sobre las salidas a esta crisis política.
Menos mal que, hacia el final de la jornada, y después de que el Tribunal Supremo Electoral resolviera continuar con el recuento final a pesar de la ausencia de representantes de Arena, el presidente de ese partido cambió el discurso y dijo que regresarían a las mesas. Probablemente se percató, por fin, de que renunciar a la vía establecida por la ley era cerrar las puertas a una salida institucional a esta crisis y perder todo apoyo externo a sus aspiraciones.
Los partidos solo pueden resolver las crisis por la vía institucional; es decir, legal. Cualquier otra aspiración no solo es ilegítima, ilegal e improcedente; es contraria a los intereses de una nación que requiere en estos momentos de la madurez de sus liderazgos.
La única salida viable está en atenerse al proceso tal como lo determina la ley e independientemente de sus resultados proceder a un acuerdo político con el Fmln; y posteriormente, analizar en conjunto la experiencia del Tribunal Electoral desde su constitución hasta ahora, para llevar a cabo las transformaciones necesarias desde la Asamblea Legislativa que permitan adecuarlo a las necesidades constatadas en este proceso. Pero eso podrá hacerse después de salir de esta crisis políticaen el país, que tres días después de la votación aun no cuenta con un presidente electo.
