Durante toda la campaña, Salvador Sánchez Cerén evitó referirse al acuerdo entre el gobierno y las pandillas conocido como “la tregua”. En su propuesta de gobierno tampoco hizo mención de ello y hasta ahora aun no hay claridad sobre lo que hará su administración cuando se instale, el 1 de junio.
En realidad no tendrá muchas opciones: aun cuando el FMLN ha expresado ya que no le gusta la tregua, probablemente no pueda hacer nada más que continuarla y a partir de allí buscar otro rumbo para ese acuerdo. Hace unos días, en El Faro Radio, el jefe de campaña Roberto Lorenzana dijo que cualquier acuerdo se hará de manera pública y transparente, a diferencia de cómo ha administrado el proceso el gobierno de Funes.
A dos años de su puesta en marcha, la tregua es hoy un fracaso político. Ni el presidente ha querido admitir públicamente que es una estrategia de su gobierno y tampoco han logrado Munguía Payés y sus negociadores encontrar suficiente apoyo para convertirla en un proyecto exitoso. La tregua les ha traido altos costos debido a que no supieron convencer a la población de sus beneficios. Y tampoco a la comunidad internacional.
A estas alturas, y tal como ya lo anunciaron los jefes de las pandillas, romper la tregua podría poner al país en una situación que ningún gobierno quisiera afrontar cuando apenas toma posesión; sobre todo cuando el Estado no ha aprovechado estos dos años para prepararse también para su rompimiento.
La tregua no ha solucionado el problema de la inseguridad. Pero ha abierto una oportunidad para que desde el Estado se comiencen a poner en marcha políticas integrales que permitan, a mediano plazo, aumentar la presencia de las instituciones en las zonas de mayor riesgo y mejorar la calidad de vida de sus habitantes; políticas que incluyan una mayor inversión social en esas áreas y especial énfasis en la prevención y la rehabilitación. Esto es justamente lo que nunca se hizo. La tregua ha sido en estos dos años el objetivo, la solución, para un grupo de personas que responden a una estrategia del general David Munguía Payés, pero que no ha sido acompañada por políticas estatales (cada uno de los tres ministros de seguridad de la actual administración aplicó planes y perspectivas radicalmente distintas, de manera descoordinada).
El próximo gobierno puede convertir la tregua en el punto de partida para un verdadero cambio de la situación actual. Pero ello requerirá coordinación entre varios ministerios y una fuerte inversión social. Y también asumir que no hay soluciones mágicas, y que el camino hacia un país más seguro es largo y toma tiempo. Que no da resultados políticos inmediatos. Y esto es lo que ningún gobierno anterior ha querido asumir.
