La Fiscalía salvadoreña pidió este miércoles a la justicia la detención del expresidente Francisco Flores (1999-2004) por la presunta apropiación de al menos 5.3 millones de dólares donados por Taiwán.
'Hemos presentado ante el tribunal respectivo el requerimiento con detención contra el expresidente Francisco Flores por tres delitos: peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia', declaró el fiscal general Luis Martínez en una entrevista televisiva en la cadena Telecorporación Salvadoreña (TCS).
'Hay un enriquecimiento ilícito por alrededor de 5.3 millones de dólares', remarcó Martínez, sin precisar en qué momento durante el mandato de Flores se manejó ese dinero, aunque el mismo Flores, en una de dos comparecencias ante una comisión investigadora de la Asamblea Legislativa, había dicho en enero pasado que incluso desde antes de ser presidente ya había recibido fondos directamente de Taiwán, y que la situación se repitió varias veces cuando ya gobernaba el país.
El requerimiento contra el exmandatario fue presentado ante el Juzgado 1o. de Paz de San Salvador, a falta de un mes de que venza el plazo legal que faculta a las autoridades a iniciar la acción penal. Flores dejó la presidencia de El Salvador el 1 de junio de 2004, así que las presuntas irregularidades en su administración prescriben el 31 de mayo próximo.
Martínez indicó que la investigación ha implicado el rastreo de movimientos financieros de Flores en instituciones en Miami (Estados Unidos), Costa Rica y Bahamas. El Faro reveló en diciembre pasado que la Fiscalía había abierto una investigación contra Flores a partir del caso CEL-Enel, en el cual un juzgado depura una investigación sobre la posible irregularidad en la adjudicación de un contrato que permitiría a la empresa italiana Enel el control de la agencia de generación eléctrica geotérmica LaGeo.
'Ha sido un caso muy difícil de investigar', sostuvo el jefe fiscal, tras aclarar que las indagaciones 'aún no han concluido' puesto que también se averigua si el exgobernante cometió el delito de lavado de dinero.
De los tres delitos que la Fiscalía imputa a Flores, el de peculado es el que prescribe un castigo mayor: hasta 15 años de cárcel, si el dinero apropiado fuera por una suma superior a los 500 mil colones (57 mil 142 dólares, según el cambio de ley). El peculado se produce cuando un funcionario se apropia en beneficio suyo o ajeno de dinero o bienes cuya custodia o administración tenía bajo su responsabilidad.
Flores es el primer expresidente de la historia reciente de El Salvador en ser acusado formalmente por corrupción. El sucesor de Flores, Antonio Saca, aunque su mismo partido Arena lo acusó de cometer irregularidades durante su administración, por el momento está libre de señalamientos formales. No han tenido igual suerte algunos de sus ministros, quienes han enfrentado varios casos de corrupción ventilados en los juzgados salvadoreños.
A Flores, cuyo paradero se desconoce, su partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) le suspendió desde febrero pasado los derechos como miembro de la agrupación y lo retiró como asesor principal de la campaña del candidato presidencial Norman Quijano, quien perdió las elecciones ante el candidato de la izquierda, Salvador Sánchez Cerén, el pasado 9 de marzo.
Flores fue investigado tanto por la Asamblea Legislativa como por la Fiscalía General a raíz de las denuncias que el presidente Mauricio Funes comenzó a realizar desde octubre de 2013, en el sentido que su antecesor recibió de Taiwán unos 10 millones de dólares en tres cheques a su nombre, entre 2003 y 2004.
El 7 de enero, Flores dijo a los diputados que en varias ocasiones recibió millonarios donativos del gobierno de Taiwán, de manera directa, gestionados para diversas causas de interés nacional. Dijo que, por ejemplo, solicitó ayuda para la investigación de bandas de secuestradores y para paliar las necesidades de las familias víctimas de los terremotos de 2001. Luego confesó ante sorprendidos legisladores, que ni un solo centavo de aquellos donativos había tenido control por parte de institución o funcionario alguno, y que no había registros documentales de nada, pero que podían confiar en que los recursos llegaron a sus destinatarios. Flores mismo esbozó que al menos unos 15 millones de dólares recibió de esa manera.
Flores compareció en una segunda ocasión, el martes 28 de enero, y entonces se evidenció a un expresidente acorralado. Las tres semanas transcurridas hasta entonces desde su primera declaración del 7 de enero, los diputados recibieron a numerosos exfuncionarios a quienes, supuestamente, Flores había entregado el dinero proveniente de Taiwán para hacerlo llegar a los beneficiarios, pero todos fueron, uno a uno, desmintiendo al exgobernante o alegaron nunca haber recibido un solo dólar de aquella ayuda que se suponía ellos habían ayudado a canalizar hasta los destinatarios. Aquel martes 28 de enero, Flores se negó a ratificar su declaración del 7 de enero y se negó a explicar qué había sido del dinero donado. Tras una prolongada y tensa sesión en la que fue incapaz de responder, el expresidente se retiró y dejó un claro mensaje de que ocultaba información.
El presidente debía regresar a la Asamblea para continuar con el interrogatorio, pero no volvió y la Asamblea Legislativa pidió el día 30 a la Policía Nacional Civil que lo localizara y se asegurara de que Flores llegaba a una nueva sesión el viernes 31 de enero, cuando faltaban apenas dos días para la elección presidencial. Flores había sido, hasta el jueves, el principal asesor de la campaña del candidato presidencial de Arena, Norman Quijano. El viernes 31, la PNC acudió a la residencia del exgobernante, pero Flores no estaba ahí. Desde entonces, el expresidente desapareció de la vista pública.
Hasta ahora, sin embargo, para muchos la Fiscalía no daba señales de si tenía intención de proceder contra el expresidente antes de que los presuntos delitos prescriban. En el partido en el gobierno, el FMLN, algunos señalaban una cercanía inconveniente en el pasado entre el fiscal general, Luis Martínez, y Flores y su familia. En febrero pasado, El Faro reveló que entre Luis Martínez y Flores y su familia ha habido una relación de al menos dos décadas de duración, en la que Martínez fue el notario que dio fe de algunas transacciones como compraventas de terrenos. Martínez también fue parte de la junta directiva de una empresa en la que la esposa de Flores también era directiva.
El juzgado 1o. de paz de San Salvador anunció que ha programado la audiencia inicial contra Flores para este viernes, 2 de mayo.
En las pesquisas iniciadas a partir del caso CEL-Enel, la Fiscalía encontró que la administración estadounidense reportó en su momento una operación sospechosa de Flores en un banco en Miami. El expediente fiscal expone que las investigaciones apuntaban que Taiwán había emitido tres cheques a nombre de Flores por un monto de 10 millones de dólares. Esa información llegó a la Fiscalía después de que esta informó al gobierno de Estados Unidos que investigaba al exmandatario 'por corrupción política'.
El presidente Mauricio Funes anunció el pasado sábado que el fiscal general de Costa Rica, Jorge Chavarría, enviará en los próximos días los documentos de una cuenta bancaria que Flores tenía en ese país. El expresidente había negado que tuviera cuentas bancarias en el extranjero.
En Costa Rica y en Guatemala, los que fueron coetáneos de Flores como presidentes de sus países, han terminado procesados por corrupción vinculada a donativos de Taiwán. Alfondo Portillo, de Guatemala, fue extraditado a Estados Unidos, donde fue acusado de lavado de dinero, y Miguel Ángel Rodríguez incluso tuvo que dejar el cargo de secreario general de la OEA para enfrentar acusaciones de corrupción en su país.
Flores fue el tercer presidente de El Salvador surgido de las filas del partido Arena, el segundo de la postguerra, y destacó por su política de apertura comercial irrestricta. Dolarizó la economía en 2001 y fue uno de los aliados incondicionales del expresidente George W. Bush, a tal punto que El Salvador fue el único país latinoamericano que accedió a enviar tropas a Iraq en 2003 para acompañar la invasión estadounidense.
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