El expresidente Francisco Flores debe ser capturado para que responda ante la justicia salvadoreña por presuntos delitos de corrupción relacionados con los millonarios donativos de Taiwán que él mismo dijo haber recibido de manera directa cuando gobernó El Salvador entre 1999 y 2004.
La jueza primera de Paz de San Salvador, Marta Rosales, atendió la petición que la Fiscalía le hizo el miércoles 30 de abril, cuando presentó cargos contra Flores por peculado y enriquecimiento ilícito por 5.3 millones de dólares y a la vez pidió orden de captura.
Flores había dicho a una comisión investigadora de la Asamblea Legislativa, el 7 de enero, que estimaba haber recibido al menos unos 15 millones de dólares del gobierno de Taipéi, en concepto de donativos que él mismo gestionó para ayudar a las víctimas de los terremotos de enero y febrero de 2001, para financiar la investigación de bandas de secuestradores, y para combatir a las pandillas. Por no haber comparecido ante una última sesión con los dipuitados que lo investiagaban, el jueves 30 de enero, Flores ha sido acusado por la Fiscalía del delito de desobediencia en un particular.
Ni la jueza ni los fiscales dieron declaraciones a la prensa, pero desde adentro del juzgado, a las 4:25 p.m., alcanzó a escucharse cuando la jueza explicaba a fiscales y defensores que iba a librar orden de captura contra el exmandatario. Minutos después, la decisión fue confirmada por el abogado Edgar Morales Joya, defensor de Flores: 'La jueza ordenó la captura del señor Flores por considerar que hay elementos suficientes que lo vinculan a los delitos por los que lo han acusado', dijo. 'Esa es la opinión de ella', añadió, al recordar que la defensa había solicitado que se le otorgara el beneficio de la libertad condicional.
El anuncio de la orden de captura fue sucedido por otro anuncio que sorprendió a los periodistas. El jefe de prensa de los juzgados, Ulises Marinero, dijo que aunque ya estaba firmada la solicitud de captura, esta no se haría llegar de inmediato a la Policía. 'Se va a tramitar la orden de captura hasta mañana, por la hora de oficina', dijo Marinero, en referencia a que por horarios laborales, ya no había tiempo de hacer llegar la solicitud de la Policía. Esto provocará que, entre el anuncio de la orden de captura, y la notificación a la Policía, transcurrirán unas 16 horas.
Flores lleva desaparecido de la vista pública desde el 28 de enero, cuando en su segunda comparecencia ante los legisladores se quedó sin respuestas a las preguntas de qué mecanismo usó para garantizar que el dinero donado por Taiwán llegara a sus destinatarios. La Fiscalía, en su petición al juzgado, dijo que pedía la orden de captura porque está convencida de que el imputado puede huir.
Entre el jueves y el viernes pasado, desde Panamá surgió la versión de que Flores ha obtenido refugio en ese país, por disposición del presidente Ricardo Martinelli. Según el político opositor Mitchell Doens, Martinelli pidió a la expresidenta Mireya Moscoso que acogiera a Flores en una propiedad en el interior del país. 'El expresidente salvadoreño ha sido visto varias veces en la propiedad de Mireya Moscoso', dijo Doens. Moscoso posteriormente negó que ella estuviera refugiando al político salvadoreño.
Debido a que la ley penal establece que ningún juez de Paz puede sobreseer ni provisional ni definitivamente a ningún procesado, el caso pasa hoy a manos de un juzgado de instrucción, que depurará el caso y es el que decidirá si la causa contra Flores va a juicio o no. En esta etapa, la Fiscalía tiene la oportunidad de trabajar mejor su investigación y fortalecer sus pruebas y se prevé que dure varios meses.
El defensor Morales Joya también informó que la jueza ordenó un embargo contra bienes de Flores, y entre ellos mencionó automotores y motos acuáticas. No dijo nada sobre propiedades como terrenos o casas, ni sobre cuentas bancarias. 'Es muy poco lo que tiene', dijo Morales Joya.
La orden de captura que girará mañana la jueza también incluye un aviso a la Policía Internacional (Interpol) para que esta emprenda la búsqueda de Flores en todos los países donde esta instancia tiene presencia. 'La orden de captura incluye a la Interpol, es una difusión roja para que en cualquier país se le pueda detener', dijo Marinero.
El presidente Mauricio Funes dijo en su programa de radio del sábado 26 de abril, que la Fiscalía de Costa Rica había identificado al menos una cuenta bancaria de Flores en ese país, a pesar de que este había dicho que no tenía ahorros en el extranjero.
El delito de peculado consiste en que un funcionario se apropia para sí mismo o para alguien más de bienes -dinero, por ejemplo- cuya administración o custodia era su responsabilidad. Cuando Flores dijo el 7 de enero ante los diputados que él recibió directamente los donativos de Taiwán, también declaró que él solo se encargó de disponer su uso, y que no hubo ni funcionario ni institución competente que vigilara y garantizara que el dinero llegaba a los beneficiarios. El peculado se castiga con prisión de hasta 15 años.
En su segunda visita a la Asamblea, el 28 de enero, Flores se rehusó a ratificar sus declaraciones de tres semanas antes, que ya habían sido desmentidas por una serie de exfuncionarios que desfilaron ante la comisión investigadora, y que habían dicho que ni supieron de esos donativos y que no recibieron una sola moneda para hacerla llegar a los supuestos destinatarios.
Morales Joya dijo que usarán los cinco días de ley para apelar la resolución. 'La Fiscalía no ha podido sustentar nada de los cheques viajeros, no presentó ni testigos ni documentos ni copia de los famosos cheques', dijo el defensor, al atacar la investigación de la Fiscalía. Esta sostiene que hace unos 11 años Flores recibió de Taiwán varios cheques que sumaban 10 millones de dólares. Ese dinero, según el gobierno de Funes, nunca ingresó a las arcas del Estado, algo que el mismo Flores confirmó ante los diputados cuando el 7 de enero dijo que él había administrado todo y que ninguna institución ni nadie de sus ministros supo de cómo se gastó.
'La Fiscalía presentó su caso más por la presión de la prescripción que por el hallazgo de pruebas contundentes que describan la participación del señor Flores en los hechos que le imputan', añadió Morales Joya.
Dado que Flores entregó el gobierno a su sucesor el 1 de junio de 2004, el 31 de mayo próximo habría vencido el plazo para que la Fiscalía procediera penalmente contra el expresidente.
Este mismo martes, dos oenegés anunciaron que en esta nueva etapa, ante un juzgado de instrucción que aún no ha sido definido, se presentarán como querellantes particulares contra Flores, en apoyo a la Fiscalía. 'Tenemos temor de que la Fiscalía haya retrasado la investigación a propósito, pues hay evidencia periodística que indica que hay conflicto de intereses del fiscal en este caso', dijo Ramón Villalta, de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), quien hizo el anuncio junto con Juan Carlos Sánchez, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad).
Villalta posiblemente aludía a que entre el fiscal general, Luis Martínez, y el expresidente Flores, hubo una relación profesional durante años. El Faro reveló en febrero pasado que Martínez, como notario, participó en operaciones de compraventas de propiedades de Flores o de la familia de este.
