El que era presidente del Banco Cuscatlán de El Salvador en los años 2003-2004, José Mauricio Felipe Samayoa Rivas, gestionó la apertura de una cuenta bancaria en Costa Rica e intentó ocultar que 10 millones de dólares depositados en una cuenta del partido Arena provenían de un donativo que Taiwán entregó al expresidente Francisco Flores para la construcción de casas para los damnificados por los terremotos del año 2001 y para otros proyectos de mitigación de riesgos y combate a la pobreza.
Esa conclusión se desprende del requerimiento de captura y proceso judicial contra el expresidente Francisco Flores que la Fiscalía salvadoreña presentó a los juzgados el 30 de abril. “El señor José Mauricio Felipe Samayoa Rivas, en su calidad de director presidente propietario del Banco Cuscatlán de El Salvador, tuvo una decisiva participación para solapar la procedencia ilegal de los fondos que se transfirieron al Coena –Consejo Ejecutivo Nacional del partido Arena-', se lee en la petición de procesar al exmandatario, a quien la Fiscalía imputa tres delitos: uno, de haberse apropiado de millones de dólares de dinero público proveniente de Taiwán, de cuya custodia o administración era responsable (peculado); dos, de enriquecerse ilícitamente, y tres, de haber desobedecido un llamado de la Asamblea Legislativa para llegar a declarar (desobediencia de particulares).
La Fiscalía ha determinado que 10 millones de dólares donados por Taiwán para proyectos de ayuda a las víctimas de los terremotos de 2001 y para ayudar a combatir la pobreza, en realidad fueron canalizados hacia una cuenta del partido Arena. En esta operación ahora detalla la participación de Samayoa, pero no explica cuál fue el destino de los fondos, aunque es por este caso que está acusando al expresidente Flores, quien es prófugo de la justicia desde el pasado miércoles 7. En su investigación, la Fiscalía encontró que la cuenta en Costa Rica se abrió con firmas autorizadas para manejarla en favor de unas personas que luego fueron sustituidas por otras, entre ellas el que en noviembre de 2003 asumió como presidente del partido Arena y en 2004 como presidente de la República, Antonio Saca.
El 28 de octubre de 2003, el Centro de Estudios Políticos “Dr. José Antonio Rodríguez Porth” (CEP), organización salvadoreña fundada en 2002 y diseñada para capacitar a militantes y líderes del partido Arena, abrió una cuenta en el Cuscatlán International Bank & Trust Ltd.
Cada vez que una cuenta bancaria se abre, por recomendación de organismos internacionales, los bancos tienen la obligación de aplicar la política “conozca a su cliente” para prevenir el lavado de dinero, algo que no aplicó el banco costarricense. El analista bancario a cargo se deslindó de esa responsabilidad y escribió en el formulario: “… La cuenta fue referida directamente por el Ing. Mauricio Samayoa, presidente de la Unión de Banco Cuscatlán. Los firmantes son conciudadanos de este país cuyas referencias y confirmación de datos la realizaron los compañeros del Banco Cuscatlán El Salvador”.
La Fiscalía sostiene, al amparo de los registros internos del Banco Cuscatlán, que Samayoa Rivas ordenó que se aplicaran los fondos de las transferencias cablegráficas a favor de la cuenta que el Coena tenía en el Banco Cuscatlán.
El dinero que llegó a la cuenta del Coena salió de aquella cuenta que el Centro de Estudios Políticos (CEP), ligado a Arena, había abierto en el Cuscatlán International Bank & Trust Ltd. el 28 de octubre de 2003, según el informe bancario en Costa Rica. Sin embargo, en las plantillas de las transferencias cablegráficas se hacía constar que el dinero procedía de una cuenta que Arena tenía en el sistema bancario costarricense y no del CEP, y no se mencionaba nada del gobierno de Taiwán.
“Las transferencias cablegráficas de los 10 millones de dólares se hacen constar que los fondos provienen de Arena, lo cual se realizó para ocultar la procedencia del dinero (…) No existe cuenta a nombre de Arena en el Cuscatlán International Bank & Trust Ltd., de Costa Rica, el dato incorporado en las plantillas de las transferencias de los 10 millones de dólares es falso”, dice el expediente de la Fiscalía presentado al juzgado primero de Paz de San Salvador, que el martes pasado anunció que giraría orden de captura contra Flores, algo que cumplió el miércoles 7.
En resumen, la Fiscalía sostiene que Samayoa cambió el origen del dinero: en las plantillas de la transferencia indicó que el dinero provenía de una cuenta de Arena (en realidad inexistente) y no del CEP, que había sido el primer receptor del dinero taiwanés.
La Fiscalía dice que Samayoa Rivas cometió el delito de caso especial de lavado de dinero. “Encontramos una conducta punible cometida por el señor Mauricio Samayoa Rivas”, dice el requerimiento. El artículo 5 de la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos dice que una persona comete ese delito 'si oculta o disfraza el aparente movimiento legal de los fondos”. El castigo establecido es de ocho a 12 años de prisión.
Aunque detallan la comisión de un delito, en el documento los fiscales no dicen por qué Samayoa Rivas no ha sido acusado ante un juez por lavado de dinero. Esa pregunta se planteó a la Unidad de Comunicaciones de la Fiscalía el viernes, pero al cierre de esta nota no había respondido.
El Faro llamó el viernes a Montelena S.A. de C.V., propietaria del complejo funerario Montelena, en Antiguo Cuscatlán. En esta sociedad, Samayoa Rivas es administrador único y representante legal. Su asistente, Mabel Orellana, dijo que Samayoa Rivas tenía mucho tiempo de estar fuera del país. “Está recibiendo tratamiento médico y no regresará pronto, así que no podrías incluirlo en tu reportaje”, mencionó Orellana, quien además dijo que intentaría comunicarse con su jefe.
El Centro de Estudios Políticos dijo que, por el momento, no era posible reaccionar a la versión de la Fiscalía, porque el presidente del CEP, Gerardo Antonio Balzaretti Kriete, no estaba disponible. “Está fuera del país”, dijo la persona que contestó el teléfono.
Expresidente Saca manejaba la cuenta bancaria
El 22 de octubre de 2003, la embajada de Taiwán en San Salvador emitió dos cheques por un monto de 5 millones de dólares a nombre del “Excmo. Sr. Francisco Guillermo Flores Pérez, presidencia de la República de El Salvador”. 4 millones de dólares eran para un proyecto de mitigación de áreas de alto riesgo y un millón de dólares más para Infraestructura Básica y Combate a la Pobreza.
El dinero que desembolsó Taiwán a través de un banco en Nueva York, Estados Unidos (The International Comercial Bank of China) no sirvió para mitigar áreas de riesgo ni para combatir la pobreza. Los 5 millones llegaron hasta la cuenta que el CEP tenía en Costa Rica, el 28 de octubre de 2003.
Las personas que tenían firma autorizada en esa cuenta eran Gerardo Antonio Balzaretti Kriete, presidente del CEP; José Antonio Salaverría, entonces presidente de Arena (un mes más tarde lo relevaría en el cargo el entonces candidato presidencial de Arena, Antonio Saca); Eduardo Zablah Touché, entonces tesorero de Arena, y el ahora exdiputado Federico Guillermo Ávila Qüehl.
Salaverría dijo en enero pasado, ante una comisión investigadora de las donaciones de Taiwán en la Asamblea Legislativa, que nunca supo que algún dinero proveniente de Taiwán entrara a las arcas del partido. 'No lo hubiera permitido tampoco', dijo a los diputados, en sesiones posteriores a la del 7 de enero, cuando Flores dijo a los legisladores que recibió repetidas veces millonarios donativos de Taiwán y que su disposición no fue vigilada ni por funcionario ni por institución estatal alguna. Esta versión de Salaverría parece coincidir con el disfraz que, según la Fiscalía, puso sobre el dinero el expresidente del Banco Cuscatlán.
Que estas cuatro personas tuvieran firma autorizada en la cuenta del CEP significa que solo ellas tenían la potestad de hacer transacciones en ella.
Ávila Qüehl ha sido miembro del CEP desde su fundación en 2002. El Faro llamó a su oficina y ante la pregunta de si supo del dinero que ingresó a la cuenta proveniente de Taiwán respondió: 'Categóricamente señalo que nunca me apersoné en Costa Rica o aquí a abrir una cuenta de ahorros en ese banco, nunca hice ninguna remesa de fondos, ni hice traslado de fondos ni ninguna transacción en esa cuenta. Yo desconocía que había entrado dinero de Taiwán'.
A Ávila Qüehl también se le preguntó si él, como autorizado para mover la cuenta, tenía manera de observar los movimientos de la misma. 'Yo no tenía acceso a eso, nunca tuve', dijo.
Según la Fiscalía, en los documentos bancarios ante Costa Rica, Ávila Qüehl colocó que su lugar de residencia era el mismo lugar donde operaba el Centro de Estudios Políticos: Condominio Jardín n° 18, Calle Aurora 280, Colonia Buenos Aires, San Salvador. 'Desconozco por qué pusieron esa dirección, que yo sepa el Centro de Estudios ha estado siempre en la misma dirección en la Escalón', dijo a este periódico, y luego negó que él alguna vez viviera en la colonia Buenos Aires, cercana al ministerio de Hacienda en la capital.
Otro de los que tenían firma en la cuenta era Eduardo Zablah Touché, quien fue secretario de asuntos económicos de Arena entre los meses de abril a julio de 2003. Los primeros cheques de Taiwán se emitieron en septiembre. 'Un mes o dos después de que dejé de tener firma en la cuenta, el partido envió una carta en la que ya notificaban que las personas autorizadas ya no éramos ni yo ni Ávila Qüehl, sino otras personas', dijo Zablah en una llamada telefónica este viernes por la tarde.
Zablah dice que es imposible que el partido haya falsificado su firma cuando él ya no era tesorero. 'Sencillamente tardaron tiempo en notificar que yo ya no tenía firma en la cuenta', insistió.
La Fiscalía por ahora ha acusado a Flores de la apropiación de 5.3 millones de dólares, y el delito más grave de que lo acusa es peculado, que puede acarrear hasta 15 años de prisión.
La investigación nació a partir de las pesquisas que la Fiscalía hizo sobre el litigio CEL-Enel, debido a una concesión que el Estado otorgó a la empresa italiana Enel para explotar la geotermia y que le permitiría llegar a tener control accionario de la empresa LaGeo por medio de la capitalización de sus inversiones.
En junio de 2013, la Fiscalía avisó a Estados Unidos que investigaba a Flores 'por corrupción política'.
Flores no aparece en público desde el 28 de enero, cuando se rehusó a ratificar sus declaraciones de la sesión del 7 de enero ante la comisión legislativa que investigaba los donativos de Taiwán. En esa ocasión, sus respuestas no pasaron de la insistencia en que 'el dinero llegó a los destinatarios', y no pudo responder a qué funcionarios pertinentes entregó el dinero para hacerlo llegar a los beneficiarios, ni el mecanismo que utilizó para ello: si él mismo cambió los cheques y repartió billete sobre billete, o si endosó los cheques para que alguien más recibiera los fondos.
El 31 de diciembre de 2003, Taiwán desembolsó otros 2 millones de dólares para Pequeños Proyectos para el Desarrollo Económico y Social y 3 millones para el Proyecto de Viviendas Permanentes para Afectados de los Terremotos. Ese dinero también llegó a la cuenta del CEP y terminó en una cuenta que el Coena tenía en el Banco Cuscatlán, en El Salvador.
Para esa fecha, ni Salaverría ni Zablah Touché tenían ya firma autorizada en la cuenta de Costa Rica. Las firmas autorizadas, entonces, estaban a favor del expresidente Elías Antonio Saca González y del sustituto de Zablah en la tesorería del partido, Juan Tennant Wright, quienes pasaron a formar parte de la dirigencia de Arena desde el 26 de noviembre de 2003, cuando Saca asumió la presidencia arenera.
El documento de la Fiscalía no explica cuál fue el destino del dinero una vez llegó a las cuentas de Arena. No dice si se usó para financiar la campaña de Saca o si, ya que acusa a Flores de enriquecimiento ilícito, ha determinado que fue a parar a alguna cuenta del expresidente.
El hombre fuerte del Cuscatlán
Samayoa Rivas, ahora de 71 años, es hermano mayor de Rodrigo Samayoa Rivas, el diputado que se acaba de separar del partido Gana y al que se le quitó su fuero por haber golpeado a su entonces esposa.
Mauricio Samayoa salió del espectro público después de que Citi Group comprara en agosto de 2008 al Banco Cuscatlán, al cual dirigía. En la década de los años 70 y 80, trabajó en la industria automovilística y en seguros, y con la llegada de Alfredo Cristiani a la presidencia de la República, en 1989, pasó a ser uno de los más importante accionistas del Banco Cuscatlán. La reprivatización de la banca que decretó el gobierno de Cristiani a principios de la década de los 90 permitió a Samayoa y a otros empresarios comprar acciones y tomar control del banco que poco a poco se expandió a Guatemala y a Honduras.
Samayoa Rivas también ha sido socio de Cristiani. Un ejemplo es la empresa Inversiones Colón S.A. de C.V., fundada en 2004 y de la cual el exmandatario fue vicepresidente. Inversiones Colón, según el Registro de Comercio, se dedica al arrendamiento de bienes inmuebles. En Panamá, en el año 2005, Cristiani y Samayoa fueron directivos de una empresa denominada Pretoria Capital Corp, la cual ya fue disuelta, según el Registro Público de ese país.
Samayoa Rivas también fue presidente del Comité Olímpico de El Salvador y se mantuvo muy cercano al poder Ejecutivo en los años de gobiernos del partido de derechas Arena. Por ejemplo, fue designado para la toma de posesión de Flores para atender personalmente, como edecán, a los invitados diplomáticos de la ceremonia.
El Cuscatlán International Bank & Trust Ltd. también estuvo involucrado en un caso de corrupción en el que resultó culpable el expresidente de Costa Rica Miguel Ángel Rodríguez Echeverría.
Ávila Qüehl es parte del tribunal de ética de Arena que tiene abierto un proceso disciplinario contra Flores ante denuncias interpuestas por algunos de sus correligionarios. El exdiptuado asegura que si él sale mencionado en el requerimiento fiscal es algo que nada tiene que ver con el proceso en el tribunal de ética. 'Nunca me reuní con Flores ni platiqué de nada de esto con él', dice Ávila.
