Un documento de la Fuerza Armada en el que el comandante de un cuartel informa al ministro de la Defensa que ha detenido preventivamente a nueve militares procesados en España por el asesinato de los sacerdotes jesuitas, fue declarado ilocalizable por el Ministerio de la Defensa Nacional, según la respuesta a una petición de información ciudadana.
Se trata de un memorando fechado 7 de agosto de 2011 en el cual el comandante de la Brigada Especial de Seguridad Militar informaba al ministro, general David Munguía Payés, que a ese cuartel habían llegado sorpresivamente los militares acusados de la masacre para pedir refugio tras una orden de captura en su contra girada por la justicia española. El comandante, coronel René Roberto López Morales, explica a Munguía Payés que al parecer los militares llegaron al cuartel en busca de resguardo tras conocer que la Policía Internacional (Interpol) tenía en su poder una orden de localización, y que él informaba de la situación por la posibilidad de que se les retuviera en el cuartel 'con la finalidad de constituirse en detención preventiva'.
El pasado 14 de mayo, la Oficina de Información y Respuesta (OIR) del Ministerio respondió a una petición ciudadana que dicho documento no fue localizado en ninguna parte: “Lamentablemente no pudo ser encontrado”.
El oficio N° 55 se creó tres días después de que la Policía Nacional Civil (PNC) recibiera la notificación oficial en la que se ordenaba la captura de los nueve militares. A pesar de los tres días transcurridos, la Policía nunca capturó a los procesados y cuando se disponía a hacerlo, los militares buscaron refugio en la Brigada, según comunicó por esos días la Presidencia de la República, que también prohibió a la PNC emitir cualquier pronunciamiento sobre el tema. Eventualmente, y ante la controversia pública, la Corte Suprema de Justicia resolvió que una 'difusión roja' de Interpol no supone captura de personas buscadas por la justicia de algún país, sino que solo localización a la espera de una solicitud de extradición. Así que los militares quedaron libres después de unos días en el cuartel.
El Faro reveló que los militares se presentaron al cuartel cobijados por el ministro Munguía Payés, quien los acompañó hasta el recinto. Al día siguiente, el oficio No° 55 fue remitido a un juzgado capitalino como parte de un plan trazado por los militares para evitar la detención. Con el documento en el despacho del juez Decimosegundo de Paz de San Salvador los procesados estaban al menos teóricamente sometiéndose a la jurisdicción del juzgado español que los buscaba -y aún los busca- por delitos de terrorismo y un delito de lesa humanidad cometidos contra los sacerdotes Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Amando López, Ignacio Martín-Baró, Juan Ramón Moreno, Joaquín López y López, y la empleada Julia Elba Ramos y su hija Celina Ramos.
Tras recibir el oficio, el juez Carlos Calderón visitó la Brigada y dio fe de que los nueve militares, entre ellos un exministro de Defensa y un excomandante de la Fuerza Aérea, estaban detenidos de manera preventiva en el mismo cuartel que por décadas y hasta la firma de los Acuerdos de Paz, albergó a la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad que cometió violaciones a derechos humanos durante la guerra.
Según la OIR, el documento solicitado no fue hallado en el Ministerio de la Defensa ni en el cuartel del que supuestamente salió. “El documento en mención fue buscado en la Secretaría ejecutiva del despacho del Sr. MDN, lamentablemente no pudo ser encontrado registro del ingreso del mismo; de igual manera, se solicitó copia a la Brigada Especial de Seguridad Militar, unidad que informó mediante oficio, que no posee mencionado documento en los registros de salida de la fecha en relación (sic)”, se lee en la resolución que entregó la OIR a Roberto Burgos, el coordinador de la Oficina de Asistencia Legal y Anti Corrupción (ALAC).
Para Burgos, la desaparición del documento es, cuando menos, sospechosa. 'Se está ocultando, me resulta totalmente dudoso que un documento de tal importancia no forme parte de los archivos militares, sobre todo, tratándose de un documento en el que consta el sello de la secretaría Ejecutiva del Ministerio', dice el abogado.
En la misma resolución, Defensa también señaló que efectuó una segunda diligencia para dar con el documento. “El Suscrito verificó en los archivos de ambas unidades administrativas corroborando lo manifestado por los encargados de los archivos respectivos (sic)”, se lee en la resolución, firmada por el coronel de artillería Joel Antonio Rivas, oficial de información de Defensa.
Una copia del oficio N° 55 fue publicada por El Faro en junio del año pasado, 34 meses después de haber sido recibido por el despacho del ministro Munguía Payés.
El oficio N° 55, según la copia en poder de El Faro, llegó el 7 de agosto, a las 9 de la noche, a la Secretaría Ejecutiva del Ministerio de la Defensa, y quien plasmó el sello de recibido fue un empleado de apellido Hernández. El documento tiene sello de la comandancia de la Brigada Especial y el nombre y la firma del coronel de infantería René Roberto López Morales, ahora retirado. Este coronel dijo en diciembre del año pasado que fue el ministro Munguía quien ordenó darle cobijo a los militares y que incluso había llegado con ellos el día que se entregaron. López Morales fue, además, el asesor del candidato presidencial del FMLN, Salvador Sánchez Cerén, hoy presidente electo y quien asumirá el cargo el 1 de junio próximo.
'Me llama la atención que hay ocultamiento para mantener la impunidad, tal como ocurrió con la acogida a los procesados en sede militar. Se está poniendo a prueba otra vez la voluntad del Ejecutivo de cumplir con la Ley de Acceso a la Información: el Ministerio de la Defensa prohibió la inspección de sus archivos, tampoco remitió información de violaciones a derechos humanos, y de la desaparición de niños y del caso jesuitas', agregó Burgos.
La Ley de Acceso a la Información Pública sanciona a las oficinas de gobierno que oculten información con multas. Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) podría investigar si alguien cometió un delito al impedir el acceso a información pública.
En la práctica, el oficio N° 55 significó el arranque del proceso de extradición de los militares a España, donde un juzgado de la Audiencia Nacional los procesa desde 2009. La extradición a España solo procede cuando los procesados han sido ubicados, lo que había ocurrido en este caso. El siguiente paso era que España hiciera una solicitud formal y oficial de extradición a El Salvador, y esta se hizo al país finalmente en enero de 2012. Fue rechazada por la Corte bajo el argumento de que el tratado de extradición con España fue aprobado cuando El Salvador tenía otra Constitución que no contemplaba la extradición de salvadoreños. La justicia salvadoreña ha entrado en contradicción en este punto, porque ya ha extraditado a algunos salvadoreños reclamados por la justicia estadounidense.
El caso ahora sigue en España pero los militares están libres. Si salieran de El Salvador, por la orden de captura a nivel internacional, correrían el riesgo de ser detenidos y extraditados.
Los nueve militares que se presentaron a la Brigada Especial de Seguridad Militar fueron el general Rafael Humberto Larios López, exministro de Defensa; el general Juan Rafael Bustillo Toledo, exjefe de la Fuerza Aérea; el general Juan Orlando Zepeda Herrera, exviceministro de Defensa; el coronel Francisco Helena Fuentes, excomandante de la Primera Brigada de Infantería; el teniente José Ricardo Espinoza Guerra, oficial de la sección del Batallón Atlacatl que irrumpió en la UCA; el teniente Gonzalo Guevara Cerritos, condenado a tres años de encarcelamiento por instigación y actos de terrorismo por su rol en la masacre; el soldado Óscar Mariano Amaya Grimaldi, quien confesó que había matado a Ellacuría, a Martín-Baró y a Segundo Montes; el sargento Antonio Ramiro Ávalos Vargas, quien confesó que había matado a Amando López y a Juan Ramón Moreno, y el sargento Tomás Zárpate Castillo, quien confesó que había matado a la empleada Julia Elba y su hija Celina.
La captura de ellos se giró el 26 de julio de 2011. El Salvador recibió esa orden el 4 de agosto.
El coronel René López Morales dijo en diciembre pasado que él solo obedeció la orden del ministro de Defensa de refugiar a los militares y que fue Munguía Payés quien llegó acompañando a los procesados. En cuanto al oficio N° 55, López Morales explicó que fue un documento que preparó el abogado y asesor del Ministerio Manuel Chacón.
Consultado sobre la aparente desaparición del documento, Chacón dio a entender que le parecía extraño: “Ese documento lo llevé al juzgado, en él informábamos que los señores militares estaban detenidos… pero el documento ahí debería estar tanto en el juzgado como en el Ministerio de la Defensa”, dijo. Chacón confirmó que fue el ministro Munguía quien ordenó redactar el documento.
