El dinero del Estado no alcanza desde hace más de 10 años. Literalmente. Durante el gobierno de Francisco Flores (1999-2004) el Ministerio de Hacienda presentó por primera vez en la historia reciente de El Salvador un proyecto de presupuesto en el que los recursos disponibles eran menores que los gastos programados. Fue durante esa administración cuando por primera vez se aprobó un presupuesto de la nación con un financiamiento garantizado por la posibilidad de que al menos dos tercios de los diputados de la Asamblea Legislativa dieran su aval: la esperanza de obtener un crédito proveniente de alguna de las instituciones financieras internacionales.
Ahora la deuda del Estado es superior a los 15,000 millones de dólares. Y la economía salvadoreña apenas se salva de la inmovilidad y no deja la cola de las economías latinoamericanas. Y El Salvador también tiene años de ser el país latinoamericano que menos inversión extranjera directa atrae. Y desde hace años la proporción de población con empleo formal -no necesariamente digno- ronda apenas el 50 %. Y un tercio de la población salvadoreña sigue viviendo bajo la línea de pobreza. Aunque si esa pobreza no se midiera solo en función de los ingresos, los números muy probablemente subirían de manera significativa.
Ese es El Salvador que recibe Salvador Sánchez Cerén. ¿Y qué podría hacer para cambiar el rumbo de un país que parece no encontrar la fórmula a para resolver la precariedad fiscal y la precariedad en desarrollo humano? Al menos estas tres cosas urgentes:
1. Eficiencia en el gasto
El despilfarro está a la vista. El presupuesto de la Asamblea Legislativa, por ejemplo, no se construye con base en metas de beneficios para los salvadoreños, sino con base en gastos previos orientados no a resolver problemas sino a hacer cosas cuya utilidad resulta, cuando menos, dudosa: costosos viajes al exterior con la única condición de que un diputado pida que se le costee la excursión, sin ningún análisis de costo/beneficio. Otro ejemplo es el de los gastos de publicidad. El Faro reveló hace dos meses cómo el gobierno de Taiwán donó en 2013 al gobierno del presidente Funes 4.9 millones de dólares para costear propaganda gubernamental. Asimismo, los gastos de publicidad de la Presidencia de la República son un secreto desde siempre. Aunque el FMLN criticó siempre el abuso de recursos del Estado para propaganda durante los gobiernos de Arena, el primer gobierno del FMLN adoptó el vicio y a pesar de la Ley de Acceso a la Información Pública, la administración Funes declaró secretos los gastos en publicidad.
El Estado, además, padece otro problema que le hace incurrir en gasto innecesariamente: la duplicidad de funciones de varias instituciones estatales. De esta forma, el presupuesto se va en parte en mantener burocracias que están concebidas para iguales fines.
Un tercer reto está relacionado en cómo el Estado gana eficiencia atendiendo las necesidades de la población: el presupuesto no se construye con base en necesidades particulares de cada región del país, sino como si toda la nación fuera geográficamente homogénea. Algo parecido al manejo histórico de los subsidios: a veces los recursos no se destinan a donde más se necesitan. Esta situación quedó planteada y recogida desde los estudios que hizo la Comisión Nacional de Desarrollo en 1997, en su informe Bases para el plan de nación, pero ninguna administración la tomó en cuenta.
Ese estudio también hacía ver una muy importante fuente de desperdicio de recursos: la división administrativa de un territorio tan pequeño en 262 gobiernos locales distintos. La Comisión de Desarrollo propuso la división administrativa en microrregiones y presentó una propuesta concreta de microrregionalización. La idea que sustentaba la propuesta es que ejecutar obras -y financiarlas- de beneficio para las comunidades resultan más baratas si se hacen 'al por mayor'. En lugar de que un municipio con ingresos anuales de apenas algunos miles de dólares enfrente solo la necesidad de habilitar caminos o construir drenajes o facilitar acceso a agua potable, podría aliarse con municipios vecinos para enfrentar en conjunto necesidades comunes. Ninguna administración tomó en cuenta nunca esta propuesta. Podría impactar los intereses de los partidos políticos y sus feudos municipales y esa puede ser la razón por la que no ha prosperado hasta hoy.
2. Inversión e impuestos
¿Por qué El Salvador no ha sido capaz de levantar su economía tras casi dos décadas de postración? ¿Por qué El Salvador no aumenta más agresivamente la tributación? Una economía dinamizada propiciaría la posibilidad de mejorar la oferta de empleo formal, y eso generaría, automáticamente, un mejor escenario para incrementar el ingreso de impuestos al fisco. Pero El Salvador sigue siendo el país menos atractivo para la inversión extranjera directa en Latinoamérica. Un factor que siempre aparece en la explicación de este fenómeno es el de la inseguridad. Los costos de la inseguridad probablemente disuaden a un potencial inversionista que busca dónde establecerse. Y aunque la vecina Honduras tiene ahora incluso niveles más elevados de violencia que El Salvador, posiblemente el tener una mano de obra más barata sea el ingrediente que termina provocando que la inversión escoja aterrizar en ese país y no en el que ahora gobierna Salvador Sánchez Cerén. En el país también ha habido mucho debate sobre la inseguridad jurídica. En todo caso, ni los gobiernos de Arena ni el primero del FMLN pudieron resolver este problema, y lo que el presidente debería hacer es propiciar un debate nacional para encontrar las explicaciones y trabajar luego en revertir.
El gobierno aún tiene la posibilidad de apostarle a la herramienta de los impuestos, pero con una economía en precariedad, seguramente encontrará mucha resistencia. Los organismos financieros internacionales sostienen esta teoría: si se cobra más impuestos -incluso al sector informal de la economía- se puede cumplir el rol redistribuidor de riqueza del Estado al devolver a los ciudadanos, en forma de servicios buenos y eficientes, algo de lo que aportaron con su tributación. Los impuestos podrían traducirse en mejorar la cobertura y la calidad de la educación pública, y en seguridad. Esa medida, sin embargo, requiere valentía porque puede acarrear costos políticos, y con una elección de diputados y alcaldes a la vuelta de la esquina, lo que el gobierno debe hacer es presentar un plan con metas claras y desafiar con firmeza y evidencias objetivas a la previsible oposición legislativa interesada nada más en obtener réditos electorales.
