La Fiscalía General de la República (FGR) allanó el lunes 23 de junio la casa del embajador salvadoreño ante España y exministro de Defensa, el general Atilio Benítez, donde encontró 29 registros de armas de fuego que, según fuentes de la Policía, deberían haber sido destruidas.
En el operativo no encontraron ninguna de las armas cuya existencia consta en los registros hallados.
La Fiscalía maneja como hipótesis de investigación la existencia de una red de tráfico de armas en el interior de la Fuerza Armada y el allanamiento a la vivienda del exministro, quien desde octubre pasado tiene rango de embajador, es parte de las pesquisas que los fiscales realizan para sostener sus acusaciones.
Preliminarmente la Policía cree que las armas que el general Benitez tenía registradas a su nombre pertenecen a lotes de armas que debieron haber sido destruidas ya fuera porque son consideradas obsoletas por el ejército o porque le fueron decomisadas a criminales y formaron parte de algún juicio ya concluido. Por el momento, pese a los hallazgos hechos en el inmueble, la Fiscalía no ha acusado formalmente a Benítez de ningún delito.
El sustento de la investigación fiscal son las declaraciones del coronel retirado Salvador González Quezada. Este militar se desempeñó como director de logística de la Fuerza Armada entre 2010 y 2012 y su cargo implica tener el control del registro nacional de armas. En 2013 la Fiscalía llevó a juicio a González Quezada acusándolo de comercio ilícito de armas de fuego, por la venta de varios fusiles que supuestamente obtuvo aprovechándose de su cargo. Sin embargo, este año la Fiscalía cambió la calidad del coronel retirado de imputado a testigo a cambio de que señalara a otros responsables de traficar armas de fuego.
Las declaraciones de González Quezada han producido 17 casos distintos, que son la razón por la cual la Fiscalía ha realizado varios procedimientos de investigación en contra de miembros del ejército, incluyendo un intento fallido de allanamiento a diversas instalaciones militares. Dentro de las personas señaladas por el coronel retirado se encuentran el exministro Benitez y el exdirector de la Policía y del Organismo de Inteligencia del Estado, general Francisco Salinas. Las fuentes de El Faro no supieron detallar el contenido de los casos ni la identidad del resto de implicados en las investigaciones.
Un oficial de la Policía detalló que el ministro de la Defensa actual, David Munguía Payés, quien también ocupó ese cargo en el mismo período en el que el coronel retirado tuvo el control del registro de armas, no aparece señalado en ninguna de las 17 investigaciones.
Según fuentes policiales, que pidieron no ser identificadas, la Fiscalía allanó la casa del militar en compañía de algunos elementos policiales; fue la esposa del exministro quien atendió a la delegación de investigadores que se presentaron a la vivienda y, luego de comunicarse telefónicamente con Benítez, permitió sin ninguna resistencia que los funcionarios registraran el lugar.
El Faro intentó localizar al embajador Benítez a través de la embajada salvadoreña en Madrid, pero hasta el cierre de esta edición no había sido posible conocer su versión.
Fiscalía allanó cuartel general del ejército
El lunes 23 de junio un equipo de fiscales y policías allanó cuatro oficinas de la Fuerza Armada ubicadas en dos recintos militares. Los fiscales llegaron a la Brigada Especial de Seguridad Militar y al Estado Mayor. En la Brigada Especial se encuentra el Departamento de Decomisos y Control de Almacenes y en el cuartel general se encuentran los despachos de la Dirección de Logística y el Departamento de Registro de Armas.
Los fiscales llegaron con la orden de un juez en busca de información que serviría para la investigación de una red de tráfico de armas en la Fuerza Armada en la que participan altos mandos de la institución. Los delitos que intenta probar la Fiscalía son comercio Ilegal de armas de fuego, actos arbitrarios y estafa.
Según la Policía Nacional Civil, los fiscales pidieron el historial de registros y trámites realizado en el Registro de Armas por dos empresas y un importador de autos usados: el Citibank El Salvador, Boquitas Diana y Herbert Saca.
“El resumen del caso puede explicarse así”, dice un policía que estuvo en los allanamientos. “Es el caso de unas armas que debían ser destruidas, como manda la ley, pero que no eran destruidas. Un grupo de militares las volvía a poner en circulación. En unos casos, se había comprobado que las armas habían participado en delitos, en otros, eran armas obsoletas que habían sido donadas por empresas”, dice el oficial.
Contrario a lo ocurrido el 30 de mayo, cuando un grupo de fiscales intentó ingresar a las oficinas del Estado Mayor, en esta ocasión, la Fiscalía logró incautar alguna de la información con una orden del juez décimo cuarto de paz, Mario Mardoqueo Menjívar. La información sobre el historial de registros y trámites de armas de Citi, Diana y Herbert Saca quedó en poder de la Fiscalía.
Un alto jefe de la Fuerza Armada aseguró a El Faro que los militares entregaron una copia del registro de armas de fuego de civiles en el que se encuentra personas naturales y jurídicas. Sin embargo, la versión de la Policía es que la Fiscalía solo solicitó información relacionada con los 17 casos vinculados al coronel González Quezada.
El ejército salvadoreño está habilitado para recibir donaciones de armas de fuego de empresas o personas naturales que desean deshacerse del arsenal en desuso y del que solo puede hacerse cargo la Fuerza Armada. Debido a que la ley prohíbe que el ejército venda armas de fuego, la institución realiza trueques con esas armas que le han sido donadas. En teoría, se cambian por equipo de oficina, papelería, alimentos u otros bienes o servicios con los que ahorra gastos de funcionamiento.
