En la madrugada del miércoles 30 de julio, la Fiscalía General de la República emprendió dos operativos cuyo propósito era desmantelar una estructura del ala sureña de la pandilla Barrio 18 y un remanente de la estructura de los Perrones en el oriente del país.
Dentro del operativo contra la pandilla 18 fue detenido también el sacerdote Antonio Rodríguez, conocido como Padre Toño, a quien el Fiscal General de la República, Luis Martínez, tildó de “colaborador de criminales”. La FGR acusa al Padre Toño de introducir ilícitos a los penales de Cojutepeque y de Izalco, en los que se encuentran recluidos los líderes de esa facción de la pandilla 18. El fiscal no precisó qué tipo de objetos habría introducido el sacerdote a las penitenciarías.
Desde hace años, el Padre Toño ha estado relacionado con la intervención en comunidades gobernadas por pandillas, particularmente en la comunidad Montreal de Mejicanos, al norte de San Salvador, que vive bajo el puño de la Mara Salvatrucha. Cuando comenzó la tregua entre pandillas, gestada por el gobierno en 2012, el Padre Toño fue uno de sus férreos detractores, acusando a sus protagonistas de estar al servicio de mafias de narcotraficantes y señalando que se trataba de un oscuro acuerdo diseñado para distraer la atención del negocio de las drogas. El sacerdote llegó a acusar a los operadores de la tregua, Raúl Mijango y Fabio Colindres, de planificar su asesinato. Sin embargo, al cabo de un año, y luego de una conversación con Mijango, Antonio Rodríguez se integró al grupo de apoyo de la tregua: se dejó ver en varias cárceles, dio discursos, se peleó en redes sociales con quienes desconfiaban del proceso… pero el entusiasmo le duró poco. Unos meses después volvió a cambiar de parecer.
Con la salida del general Munguía Payés como ministro de seguridad pública y la llegada de su sucesor, Ricardo Perdomo, el Padre Toño volvió a la carga, esta vez teniendo como aliado al ministro Perdomo. Entre los dos intentaron desacreditar los esfuerzos de Mijango y Colindres y ensombrecerlos especulando que sus esfuerzos estaban orientados por narcotraficantes. El sacerdote intentó convertirse él mismo en la figura central de un diálogo con las pandillas y desplazar a los operadores originales, pero las pandillas lo rechazaron como interlocutor. Sin embargo, luego de varias visitas a las cárceles en las que están recluidos algunos líderes pandilleros, consiguió que la facción sureña de la pandilla 18 le abriera las puertas, lo escuchara e incluso sus líderes firmaron un comunicado público dándole el respaldo de esa ala pandillera, representada por el conocido veterano Carlos Mojica Lechuga, “Viejo Lin”. Para la otra facción de la 18, “los revolucionarios”, y para la Mara Salvatrucha 13, fue desconcertante el respaldo que Toño había conseguido con los sureños, con los que ahora lo vincula la FGR.
La policía también detuvo a 127 personas de esa estructura criminal vinculándolos a 18 asesinatos y 17 conspiraciones para asesinar.
Jueces bajo la mira
De forma paralela, la policía detuvo también a José Enrique Torres, a quien la fiscalía acusa de ser el líder de una banda, remanente de la organización de narcotráfico conocida como Los Perrones. En este mismo operativo fue detenido también el jefe de la policía antinarcóticos de San Miguel, José Mayén Rodríguez; al menos 6 policías más; varios empleados judiciales y abogados.
Uno de los abogados detenidos es el concejal de la alcaldía de San Miguel, Marvin González. La alcaldía es liderada por el alcalde Wilfredo Salgado, del partido GANA. González también es pastor de una iglesia evangélica.
Entre los investigados están Enrique Beltrán, juez especializado de sentencia; y Jorge González, juez especializado de Instrucción. Sin embargo ellos no pueden ser detenidos, porque gozan de un fuero judicial que requiere, para ser retirado, de una resolución de la Corte Suprema de Justicia.
El juez González dijo este miércoles que él no ha sido notificado de ninguna acusación y que por lo pronto seguirá trabajando con normalidad: “Es un proceso investigativo que tiene que dar resultados, me parece que la FGR está actuando según el debido proceso”. El juez aseguró que ni siquiera sospecha por qué casos podría estar siendo acusado. Tanto él como Beltrán son sospechosos de recibir dinero de criminales a cambio de fallar a su favor.
