El Salvador es un país de escasas oportunidades laborales para los miembros de la población LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales) la escasez es más aguda debido a la discriminación y a la violencia. A pesar de la creación de la Dirección de Diversidad Sexual en la Secretaría de Inclusión Social y del decreto ejecutivo 56 que prohíbe discriminación sexual en la administración pública, hay empresas e instituciones públicas que rechazan a las personas por su orientación sexual, aunque en cinco años el Ministerio de Trabajo ha recibido solo tres denuncias por discriminación sexual. Estas son algunas de las historias que ilustran las dificultades para incorporarse a la economía formal que enfrenta la comunidad LGBTI. Los casos de discriminación laboral están denunciados ante el Ministerio de Trabajo o ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).