El presidente Salvador Sánchez Cerén ya sancionó las reformas que permitirán, según estimaciones oficiales, que la recaudación fiscal del país aumente a 16.3%, tres puntos porcentuales más de lo que se recaudaba en 2009, cuando tomó posesión el gobierno de Mauricio Funes.
El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, anunció este sábado durante la transmisión del programa presidencial 'Gobernando con la gente' que Sánchez Cerén aprobó el proyecto de reformas que la Asamblea Legislativa aprobó el 31 de julio y que lo envió al Diario Oficial para su publicación.
Las gremiales privadas, principalmente la Asociación Nacional de la Empresa Privada (Anep) y la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, entre otras, reclamaron durante los dos últimos meses en que se llevó a cabo la discusión sobre las reformas que el gobierno estaba obligando a que las empresas trasladaran el costo de los servicios y productos al consumidor.
Jorge Daboub, presidente de la Anep, incluso insinuó que estudiarían milimétricamente cada una de las reformas a efecto de encontrar algún vicio de constitucionalidad que pudiera ser dirimido en la Corte Suprema de Justicia. La Sala de lo Constitucional ha declarado ya, en las administraciones de Mauricio Funes y Antonio Saca, la inconstitucionalidad de ciertos impuestos impulsados por Hacienda, entre ellos, los cuatro centavos a las llamadas internacionales así como también el pago mínimo del impuesto sobre la renta.
Entre las enmiendas aprobadas está la incorporación de los medios de comunicación impresos, periódicos y revistas, como sujetos de retención de renta, algo de lo que habían estado exonerados desde 1950, año en el que se aprobó la Ley de Imprenta. La Ley del Impuesto Sobre la Renta reconocía que el artículo 8 de la Ley de Imprenta dejaba fuera de cualquier cobro de renta a estas empresas de comunicación. Según Hacienda, solo este rubro incrementará en 10 millones de dólares la recaudación tributaria al año.
La normativa, de 64 años de antigüedad, decía que los periódicos están libres de cualquier pago de tasas o impuestos. “Las imprentas no estarán sujetas a ningún impuesto ni caución. Para los efectos de esta ley, se tendrá como imprenta, lo referido a la producción, difusión o venta de periódicos, revistas, folletos...”, dice el artículo 8 de la ley.
En total, el gobierno de Sánchez Cerén ha estimado que se recaudarán 500 millones de dólares más en todo el quinquenio.
Luis Cardenal, presidente de la Cámara de Comercio, adelantó que definitivamente los nuevos impuestos se trasladarán al consumidor. A La Prensa Gráfica le señaló a principios de mes que en el caso de las transferencias bancarias, el costo se reflejaría en las tasas de interés.
Otras de las reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta que entrarán en vigencia pretenden rellenar el vacío que dejó la declaración de inconstitucionalidad que hizo la Sala de lo Constitucional sobre el pago mínimo del impuesto sobre la renta que era del 1% sobre los ingresos de empresas que declararan pérdidas por tres años consecuitvos. Lo aprobado por la Asamblea, y ratificado ahora por el presidente, obliga a que el pago mínimo de la renta sea 1% en base a los activos, sin contar los activos fijos ni los activos fijos de operación.
También se aprobaron reformas al Código Tributario. Una de ellas permitirá que se hagan públicos los nombres de las empresas que adeudan impuestos y que han sido multados, así como también las resoluciones del Tribunal de Apelaciones, que es una instancia que se dedica a resolver los procesos interpuestos por las empresas que creen que han sido cobrados de manera injusta los impuestos.
Otra reforma aproabada obliga a que toda transferencia financiera superior a mil dólares pague un impuesto del 2.50 dólares. Pero en este caso se exceptuará el impuesto cuando se retire efectivo de cuentas de depósito, en cajeros electrónicos y en bancos, así como también los pagos previsionales, las tranferencias del Estado y de instituciones públicas, y el dinero que provenga de organismos de cooperación. Las zonas francas, las remuneraciones de empleados, los pago de préstamos, operaciones de bolsa, remesas, seguros y transferencias de dinero que sean del mismo propietario tampoco serán sujetos de este impuesto.
Según cálculos de la presidenta de la Comisión de Hacienda, Lorena Peña, la ley de impuestos a las operaciones financieras supondrá una recaudación de 67 millones y es la que más oposición tuvo del sector privado.
Estas reformas corresponden a una tercera oleada diseñada desde el ministerio Hacienda. Ya en 2011 el Ejecutivo había intentado tasar los bienes suntuosos pero en la Asamblea Legislativa no hubo los votos suficientes, y este año, aunque lo volvió a intentar, tampoco se logró. El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, anunció que impulsará un segundo pliego que en teoría afecta a quienes tienen un mayor poder adquisitivo. Uno de los impuestos es una especie de impuesto predial que provocaría que quienes ostenten propiedades inmuebles con un valor mayor a los 350 mil dólares, y que no estén destinadas a la producción, deberán pagar un 1 % del valor en exceso de los 350 mil dólares. Las parcelas agrícolas, por ejemplo, no serán gravadas por este impuesto.
