El padre Antonio Rodríguez fue trasladado el domingo a un hospital privado en la colonia Escalón, después de que su estado de salud se agravara, tras casi dos semanas de haber sido detenido bajo acusaciones de colaborar en el cometimiento de delitos con el líder de la facción sureña del Barrio 18 a nivel nacional y con otros pandilleros.
Rodríguez padece de diabetes y según informó a El Faro una de sus abogadas, Mónica Pacheco, la salud del sacerdote comenzó a agravarse el viernes. “Ahora ya está estable pero sufrió ansiedad y estrés como resultado de tantas cosas que ha ocurrido en los últimos días, y el nivel de azúcar (en la sangre) también aumentó”, aseguró Pacheco. “Estuvo un poco mal”, añadió.
Rodríguez fue acusado de introducir objetos ilegales a las cárceles de Izalco y Cojutepeque, también de agrupaciones ilícitas y de tráfico de influencias por la Fiscalía General de la República (FGR) que presentó el caso ante el juzgado especializado de instrucción de San Salvador. El padre Toño tradicionalmente estuo vinculado al trabajo de rehabilitación de pandilleros de la MS-13, sin embargo, desde hace unos meses, la facción sureña del Barrio 18 le había abierto las puertas en un ánimo de buscar un diálogo con el gobierno.
Desde el miércoles 30 de julio, Rodríguez había permanecido en las bartolinas policiales de la División de Investigación Criminal (DIC), sobre la calle El Progreso, en la capital, y fue trasladado el domingo pasado al hospital privado, el cual la familia y la parroquia del Servicio Social Pasionista prefirieron no identificar.
El martes 5 de agosto, una jueza determinó que el sacerdote debía permanecer en prisión preventiva mientras su supuesta relación con el Barrio 18 se investigaba.
El caso pasó a un juzgado especializado de instrucción en Santa Ana porque la jueza de San Salvador que conoció el caso resolvió que ella no podría efectuar la próxima audiencia (en un máximo de seis meses, según lo estipula la ley) porque estaba ejerciendo como jueza suplente. La jueza titular del juzgado de San Salvador es Ana América Lorena Rodríguez pero esta se encontraba ausente. El caso pasó a Santa Ana debido a que es en esa jurisdicción, según la Fiscalía, que el padre Rodríguez cooperó con las pandillas para delinquir.
Defensa alega violación al debido proceso
Para decidir que el padre Antonio Rodríguez debía permanecer encarcelado mientras enfrenta el proceso penal en su contra, la jueza suplente especializada de Instrucción de San Salvador escuchó cinco audios de supuestas conversaciones entre el sacerdote y pandilleros del Barrio 18. La Fundación de Estudios par la Aplicación del Derecho (Fespad) y los abogados particulares del sacerdote sostienen que en la audiencia desarrollada el martes dichas pruebas no debían haberse presentado a la jueza, según la Ley Contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja, y que al solo haber escuchado los audios del sacerdote, la jueza mostró un interés particular sobre el padre Rodríguez.
“La jueza decretó la detención provisional sin siquiera individualizar cada uno de los 38 casos que estaban en la audiencia, y se limitó a acceder a las escuchas que incriminaban al sacerdote. ¿Por qué no permitió la jueza la escucha de otros delitos que son más graves y complejos, como los homicidios y extorsiones, que se les ha acusado a otros imputados que estaban en la sala de audiencia?”, se preguntaba el viernes, durante una conferencia de prensa, la abogada defensora Pacheco.
La abogada además señala que la audiencia del martes pasado solo tenía como objetivo decidir si los imputados debían permanecer detenidos o en libertad mientras enfrentaban el proceso, por lo cual no era el momento para acceder o escuchar las pruebas presentadas por la Fiscalía.
'Se violó el debido proceso porque la jueza solo abrió cinco escuchas telefónicas de los audios contra el padre, y no las otras de otros delitos que en el mismo caso se están ventilando', dijo Nelson Flores, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana y Justicia Penal de Fespad.
Sobre las llamadas, Abraham Ábrego, director de Fespad, aseguró que de todas maneras no son pruebas que puedan sustentar la investigación. En los audios de las llamadas, según ha explicado la Fiscalía General de la República, se escucha a Rodríguez comprometerse con los pandilleros a ingresar celulares y droga a los centros penales.
“Las escuchas telefónicas son instrumento para la investigación fiscal, pero solo pueden servir como un primer insumo. La Fiscalía tenía que ir a monitorear la cárcel y en el momento en el que iba a hacerlo, capturarlo, pero no lo hizo, y por eso creo que la investigación es débil”, valoró Ábrego.
Ábrego consideró que no queda clara cuál es el objetivo de la Fiscalía al perseguir al padre Rodríguez. El día de la captura, el fiscal general Luis Martínez rechazó que se tratara de una investigación política contra el sacerdote y que además que su detención no era parte de las investigaciones de la tregua que la Fiscalía comenzó a investigar hace un año y que tiene como principales protagonistas a Raúl Mijango y Fabio Colindres. “Son dos cosas distintas, la investigación de la tregua y esta”, dijo Martínez.
Ábrego salió al paso de las declaraciones del fiscal Martínez. “Él dice que está haciendo una investigación técnica, pero entonces que compruebe la vinculación del padre con la red, porque las llamadas que ha presentado son bastante débiles”.
El martes 29 de julio, el padre fue detenido en medio de un operativo que se extendió a la parte oriental del país. Jueces, fiscales, policías y empleados del Órgano Judicial también fueron capturados como parte de estructuras que la Fiscalía vincula al crimen organizado. El padre fue detenido en inmediaciones de la Alameda Roosevelt, en San Salvador, y fue acusado de tres delitos. Enfrentó la audiencia el día domingo 3 de agosto, quedó en libertad, pero cinco horas después, fue acusado nuevamente con otros dos delitos por parte de la Fiscalía.
