El expresidente de la República Francisco Flores, que hace siete meses declaró en público que durante su gobierno (1999-2004) recibió directamente millonarios donativos de Taiwán y que nadie controló el destino de esos fondos, se presentó este viernes al juzgado primero de Instrucción de San Salvador, que lo procesa por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito. Después de cuatro horas en el juzgado, le fue decretado arresto domiciliar mientras se depura el proceso.
'Me he presentado a este juzgado de forma voluntaria por respeto a la ley', dijo Flores, al final de la audiencia, mientras era rodeado por decenas de periodistas.
La comparecencia voluntaria de Flores, contra quien pesaba una orden internacional de detención desde hace cuatro meses, se produjo pocos minutos después de las 8 de la mañana. El juez que lleva su caso, Levis Italmir Orellana, aún no había llegado al juzgado y el expresidente tuvo que esperarlo unos 20 minutos acompañado de un abogado defensor que no es del equipo conocido de defensa que representó a Flores desde mayo.
A las 9:50 de la mañana, Flores seguía en audiencia con el juez Orellana, a quien reiteraba la petición de que le conceda libertad condicional mientras el proceso sigue su curso.
La Fiscalía acusa a Flores de peculado por 5.3 millones de dólares. El peculado es un delito que consiste en que un funcionario responsable de administrar recursos públicos actúa para favorecerse a sí mismo con esos recursos o para favorecer a terceros. La otra acusación es por enriquecimiento ilícito, en un monto que la Fiscalía no ha precisado.
En enero pasado, y a menos de un mes de la primera ronda de la elección presidencial, Flores acudió a la Asamblea Legislativa, ante una comisión especial que investigaba el presunto desvío de fondos donados por Taiwán para atender a las víctimas de los terremotos de 2001 y para ayudar a combatir la delincuencia. El expresidente, que para entonces era el principal asesor de la campaña presidencial del candidato del partido Arena, Norman Quijano, no solo admitió haber recibido repetidas veces donaciones del gobierno taiwanés que fueron entregadas directamente en sus manos, sino que, cuando los legisladores le preguntaron quién había controlado el uso de ese dinero, reveló que nadie, ni funcionario ni institución alguna.
Ese 7 de enero Flores dijo, además, que posiblemente el monto de lo recibido había sido de unos 15 millones de dólares. Cuando los legisladores le preguntaron qué había hecho con aquel dinero, Flores se limitó a responder que lo hizo llegar a los destinatarios por medio de algunos funcionarios claves como los de Seguridad Pública, en el caso del dinero para ayudar a combatir la delincuencia. Sobre el dinero para atender a las víctimas de los terremotos de 2001, se limitó a decir que los fondos llegaron por las vías normales del Órgano Ejecutivo. La sesión de la comisión legislativa culminó con la decisión de convocar al expresidente para una segunda reunión indagatoria, que los diputados fijaron para el martes 28 de enero.
Para esos días, la Fiscalía ya seguía la pista a un donativo de 10 millones de dólares de Taiwán que había generado un reporte de operación sospechosa en el Departamento del Tesoro estadounidense. En las tres semanas siguientes, la comisión recibió a una serie de funcionarios que negaron la versión de Flores, que dijeron nunca haber recibido ningún dólar proveniente de donativos de Taiwán, y el escenario para el segundo interrogatorio quedó montado.
Flores llegó a la segunda audiencia con la comisión y las preguntas pronto le borraron todo rastro de su usual sonrisa. Ante las preguntas de si reiteraba lo que había dicho en su declaración del 7 de enero, evadió repetidas veces y se limitó a reiterar que 'el dinero llegó a los destinatarios'. A la pregunta directa de si sostenía que los donativos los había canalizado por medio de varios de los funcionarios -los mismos que lo habían desmentido los días previos- clave de su gobierno, repitió que 'el dinero llegó a los destinatarios'. 'No voy a responderle lo que usted quiere que le responda, diputado', dijo en un momento al legislador Antonio Echeverría, del FMLN, miembro de la comisión presidida por Francisco Merino, del PCN.
Esa fue la última vez que se vio a Flores en público. La sesión entró en receso y los diputados acordaron reanudarla el jueves 30. Esa vez el expresidente ya no compareció y recibió un nuevo llamado para presentarse el viernes 31 de enero a las 10 de la mañana. La Asamblea Legislativa solicitó a la Policía Nacional Civil que se asegurara de que Flores acudiría, y por eso la PNC amaneció rodeando la residencia del exgobernante en la colonia San Benito, de San Salvador, pero todo fue inútil: Flores había desaparecido.
Finalmente, el 30 de abril, la Fiscalía presentó su acusación por peculado y enriquecimiento ilícito. Paralelamente, la defensa de Flores pidió a la jueza primera de Paz, Marta Rosales, que permitiera a su cliente la libertad condicional mientras se depuraba el caso. La jueza, no obstante, decidió el martes 6 de mayo emitir la orden de captura, aunque solo hizo llegar la petición a la PNC hasta el día siguiente.
Este sábado 6 de septiembre, Flores cumpliría los cuatro meses prófugo, pero un día antes sorprendió al país al presentarse al juzgado primero de Instrucción. A las 10 de la mañana, el equipo de defensa de Flores, encabezado por Edgar Morales Joya, aún no se presentaba ante el juzgado, según los abogados porque ellos no estaban al tanto de que el expresidente iba a entregarse.
A las 10:20, el subdirector de la PNC, Howard Cotto, explicaba que la obligación de la Policía es capturar a Flores, pero que había que esperar la decisión del juez Orellana.
Cuando Orellana llegó al juzgado, poco antes de las 9 de la mañana, se rehusó a hablar con los periodistas. Lo mismo sucedió con los abogados del equipo que ha representado a Flores hasta ahora, cuando estos se presentaron a las 10:45 a.m.
Donativos triangulados hacia Arena
En la investigación de la Fiscalía hay revelaciones adicionales o complementarias a las que hizo Flores: algunos millones de dólares fueron desviados del destino oficial para ser canalizados hacia cuentas del partido Arena.
Según el expediente contra Flores, el Centro de Estudios Políticos 'Rodríguez Porth', creado por miembros del partido Arena, abrió una cuenta en Costa Rica, en el Banco Cuscatlán, en octubre de 2003. Aquellos 10 millones de dólares que habían generado en Estados Unidos un reporte de operación sospechosa, fueron a parar a dicha cuenta, y de allí el dinero se remesó para otros destinos.
Aquí es donde aparece al menos otro involucrado, a quien la Fiscalía incluso le ha configurado el presunto delito: caso especial de lavado de dinero. Se trata del expresidente del Banco Cuscatlán, Mauricio Samayoa, quien aprovechando su cargo dispuso que la institución se saltara los procedimientos de vigilancia y control para borrar los rastros que permitieran determinar que aquel dinero proveniente de Taiwán terminaba en una cuenta del partido Arena. Porque la red que manejó los donativos de Taiwán logró sacar dinero de la cuenta del Centro de Estudios Políticos para hacerlo llegar a una cuenta de campaña electoral de Arena, que postulaba como candidato presidencial a Antonio Saca.
El delito de peculado tiene prescrita una pena de hasta 15 años de cárcel cuando la cantidad de dinero involucrada supera los 57 mil dólares.
Su llegada a los tribunales
Flores entró al centro judicial a las 8:15 am, según quedó registrado en el control de ingresos en la entrada principal sobre el bulevar Tutunichapa, en la capital, donde hay siempre al menos un agente de la Policía.
Ante una pregunta de cómo pudo ingresar sin que ninguno de los agentes lo detuviera, Benito Lara, el ministro de Justicia y Seguridad, respondió: 'Buena pregunta, no tengo detalle de cómo entró a los juzgados'.
Sin embargo, Lara había comenzado la conferencia de prensa diciendo que una posible razón por la cual Flores se había entregado ante el juez era que se sintiera presionado por la búsqueda de la Policía y de la Policía Internacional (Interpol).
El director de la Policía, Mauricio Landaverde, aseguró que desde mayo estuvieron trabajando en la ubicación y captura del exmandatario, y que tenían una especie de cerco sobre sus movimientos. Sin embargo, el mismo Lara admitió que no sabían en qué país ni en qué lugar se había mantenido todo este tiempo.
Lara añadió que, en general, el sistema judicial debía revisar en qué falló para no dar con el paradero de Flores.
El director de migración Héctor Rodríguez aseguró en la misma conferencia, brindada al mediodía desde el cuartel general de la Policía, que Flores no entró por ninguno de los puntos migratorios autorizados, con lo cual solo quedan dos opciones: 'Asumimos que estuvo en el país o que ingresó por un punto no autorizado', señaló Rodríguez.
Ambos funcionarios coincidieron en que Flores seguramente recibió ayuda para mantenerse oculto.
Lara aseguró que la decisión del juez de enviarlo a su casa es un atentado contra la justicia. 'Lamento la decisión del juez, se robó 70 millones de dólares y seguramente lo hizo con ayuda de alguien más', explicó.
