Un documento secreto en el que se fichó a casi 2 mil salvadoreños sería la primera prueba de que el gobierno de El Salvador creó una estructura de escuadrones de la muerte liderada desde la Fuerza Armada y cuyo objetivo era la persecución y exterminio de los opositores políticos. El documento, llamado “Libro Amarillo” y presuntamente elaborado por el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, es un legajo de 270 páginas que contiene nombres, cargos y fotografías de los principales dirigentes políticos de la exguerrilla, partidos políticos de oposición, líderes sindicales, gremiales y centenares de salvadoreños identificados como miembros de alguna organizaciones catalogada como “enemiga” del Estado.
El Libro Amarillo fue descubierto hace cuatro años, pero su presentación en público fue hecha hasta el 2013, cuando se anunció que se estaba cotejando su información para descifrar el trasfondo de su contenido. Un año después, las organizaciones que custodian el documento –ahora también en poder de El Faro- han finalizado un primer análisis que arroja al menos un panorama clarificador sobre la existencia de archivos minuciosos de inteligencia militar para ubicar a los opositores políticos, considerados como enemigos del Estado. Además, de la serie de análisis y comparaciones de la información contenida en ese documento con otras bases de datos relacionadas con la violación a derechos humanos durante los años de la guerra civil salvadoreña se desprende que casi la mitad del total de salvadoreños acusados de ser opositores políticos y enlistados en ese documento se convirtió en víctima de una grave violación a sus derechos humanos, como torturas, desaparición forzada y hasta la muerte.
“El informe, llamado Libro amarillo, es el primer documento militar confidencial salvadoreño en hacerse público; además, es la única prueba proveniente de los propios archivos del Ejército salvadoreño sobre los métodos de vigilancia utilizados por las fuerzas de seguridad y dirigidos a ciudadanos salvadoreños durante la guerra civil que duró 12 años”, dice el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington (UWCHR, por sus siglas en inglés), institución que se hizo con el documento en 2011.
El UWCHR, junto al National Security Archive de Estados Unidos y el Grupo de Análisis de Datos de Derechos Humanos cotejaron la información contenida en el Libro Amarillo con las bases de datos de denuncias por violaciones a los derechos humanos contenidas en el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas; las denuncias recogidas por Socorro Jurídico del Arzobispado de San Salvador, y la Comisión de Derechos Humanos no gubernamental. De cruzar las listas de salvadoreños contenidas en el Libro Amarillo con la base de datos de esas otras tres fuentes de información, las organizaciones concluyeron que alrededor del 43 % de los salvadoreños fichados en ese documento acabó siendo sometida a torturas, desaparición forzada o asesinato.
La organizaciones también cotejaron información de cables desclasificados de la CIA y el Departamento de Estados de los Estados Unidos para plantear la factibilidad de un documento de estas características, elaborado en el Departamento 2 del Ejército salvadoreño, destinado a las labores de inteligencia. En los años de la guerra, las labores de inteligencia estaban encaminadas a la persecución política. Hoy día sobrevive esa división en toda la estructura del ejército salvadoreño, aunque su nombre ha cambiado de Departamento 2 a Conjunto 2, y se presume que sus labores de inteligencia están encaminadas a la preservación de la soberanía nacional y el apoyo al combate al crimen organizado.
Aunque no hay certeza del 100 % sobre la autenticidad del Libro Amarillo, los investigadores le dan credibilidad a partir de tres razones. La primera, y la que quizá cobra más fuerza es la correspondencia de un 43 % de los salvadoreños registrados en el documento como protagonistas en casos denunciados ante instancias no gubernamentales en El Salvador relativos a violaciones a los derechos humanos. Para el caso, la UWCHR dice: “Las personas nombradas en el Libro Amarillo fueron también objetivos de los escuadrones de la muerte. Por ejemplo, un comunicado de 1980 firmado por “Ejército Secreto Anticomunista”, una coalición de siete grupos terroristas de extrema derecha, hizo circular una lista negra de más de 200 nombres, de los cuales por lo menos 32 figuran en el Libro Amarillo'.
La segunda razón es la correspondencia entre el contenido del Libro Amarillo con los dichos de oficiales de Estados Unidos que en la década de los ochenta informaban a Washington de los avances en el fortalecimiento de las redes de 'espionaje antisubversivo' del ejército salvadoreño. La UWCHR explica que el programa de seguridad de los Estados Unidos fue ideado por el brigadier general Fred Woerner, líder del equipo militar estadounidense que en 1981 se radicó en El Salvador para evaluar, para el nuevo gobierno de Ronald Reagan, la estrategia de guerra de la administración salvadoreña. El informe generado en noviembre de ese año proponía una inyección masiva de asistencia militar estadounidense para ayudar a las fuerzas de seguridad salvadoreñas, en lo que el informe llamó una “victoria estratégica”. De documentos desclasificados, la UWCHR extrae que al equipo de Woerner le preocupaba la escasa capacidad de inteligencia de las fuerzas armadas salvadoreñas. Para remediar los fallos del servicio secreto salvadoreño, el equipo de Woerner recomendó capacitación en inteligencia, un equipo dedicado a actividades de espionaje y la creación de una red de comunicaciones para fines de información. Según la UWCHR, Woerner recomendó crear “medidas de control de la población” con el establecimiento de un registro nacional y un nuevo documento de identidad nacional que sería mantenido en un archivo central con fotografía y huellas digitales; también recomendaba que las fuerzas armadas “publiquen y mantengan listas negras con fotos de todos los insurgentes conocidos y sus seudónimos en los puntos de entrada y salida, cruces de fronteras y puntos de chequeo internos”.
El Libro Amarillo incluye nombres, fotografías y un código de identificación asignado a cada una de las casi 2 mil personas incluidas en él.
La tercera razon de los custodios e investigadores de este documento radica en la correspondencia de la nomenclatura presente en los archivos, que se corresponde a la estructura de espionaje de la Fuerza Armada. Para el caso, la necesidad de hacer correr el documento por todas las instancias de los cuerpos de seguridad a través del D-II (departamento II o departamento de inteligencia).
Hace más de 30 años, las unidades de inteligencia del ejército ficharon a más de 2 mil salvadoreños en un documento que si bien está fechado en 1987, recoge información que bien podría datar desde la década de los años 70, con lo cual se presume que las labores de inteligencia utilizadas para perseguir opositores eran una práctica sistemática de los regímenes militares. En el documento, actualizado hasta agosto de 1987, se encuentran figuras todavía hoy reconocibles en la vida política de El Salvador, como el exembajador en Washington y ex candidato presidencial Rubén Zamora; los ex comandantes guerrilleros Facundo Guardado y Joaquín Villalobos. Incluso es notable que el registro “D21” del libro sea el del actual presidente de la república y comandante general de la Fuerza Armada, el ex comandante guerrillero Salvador Sánchez Cerén.
Entre 1989 y 2004, los sucesivos gobiernos de la derechista Alianza Republicana Nacionalista negaron la existencia de archivos militares que explicaran los horrores de la guerra civil, que según Naciones Unidas supuso más de 75 mil salvadoreños asesinados y miles de desaparecidos. En 1993, la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas determinó que la inmensa mayoría de los crímenes fueron atribuibles al Estado y a sus cuerpos de seguridad. Masacres, secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones son los registros de los que habla la Comisión de la Verdad. La negativa de la existencia de archivos y la aprobación de la Ley de Amnistía de 1993 supuso la impunidad para todos esos crímenes, hoy catalogados como de lesa humanidad por el fiscal Luis Martínez. En la década de los noventa, pese a los intentos de organizaciones de derechos humanos de familiares de las víctimas, la ausencia de pruebas documentales impidieron precisar identidades de los involucrados en los despliegues militares en masacres como la de El Sumpul (1980) y El Mozote (1981), ocurridas al inicio de la guerra y que entre ambas dejaron un saldo de alrededor de 2 mil campesinos asesinados, la mayoría menores de edad.
Durante más de 25 años el gobierno salvadoreño ha negado la existencia de archivos que demuestren algo o que sirvan como pruebas de algo. Más reciente, en el primer gobierno de izquierdas (dirigido por Mauricio Funes 2009-2014), el ministro de la Defensa David Munguía Payés mantuvo el discurso de los gobiernos de derecha y dijo a El Faro que no existían archivos que explicaran masacres, torturas o desapariciones en la Fuerza Armada. Munguía Payés fue reelegido por Salvador Sánchez Cerén en el cargo de ministro de la Defensa, y se ha negado a que se abran los archivos de la Fuerza Armada en algunos casos ventilados incluso en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Pero esta semana se anuncia el relanzamiento de la información contenida en el Libro Amarillo, con una análisis cruzado que habla de una práctica que al menos sugiere persecución política de parte del gobierno contra todos aquellos tildados de opositores o enemigos. En el Libro Amarillo hay mil 975 nombres y fotografías de opositores detenidos o buscados, ordenados alfabéticamente. En el documento se incluye la organización política a la que estas personas presuntamente pertenecían, el seudónimo que utilizaban y qué funciones realizaban en esas organizaciones.
Luego de un análisis exhaustivo de las listas contenidas en el libro y otras tres fuentes de información, el UWCHR plantea que cuatro de cada 10 de los salvadoreños registrados en ese documento secreto habrían sufrido alguna violación a sus derechos humanos, incluido el exterminio, la desaparición forzada o la tortura.
“Si bien el análisis del Libro Amarillo continúa efectuándose, las investigaciones preliminares dejan claro que algunas de las personas mencionadas en sus listas fueron muertas o desaparecidas y nunca más vistas; otras fueron capturadas, torturadas y más tarde puestas en libertad”, dice el UWCHR.
Las organizaciones que realizaron la investigación cruzaron los nombres del Libro Amarillo con cuatro bases de datos históricos de reportes de violaciones de derechos humanos recogidos durante el período 1980-1992. En este proceso descubrieron que 273 de los nombres del Libro Amarillo, equivalente a 15 %, estaban “emparejados con reportes de muertes o ejecuciones extrajudiciales; 233 o 13 % emparejados con reportes de desaparición forzada; 274 o 15 % emparejados con reportes de tortura; y 538 o 29 % con reportes de detenciones o arrestos. Un total de por lo menos 43% de los nombres incluidos dentro del Libro Amarillo corresponden con estos bases de datos históricos”.
Phil Neff, uno de los investigadores del UWCHR que trabajó en el proyecto explica que si bien el primer análisis de la información que ahora se ha concluido plantea un escenario contundente sobre la existencia de listas de persecución de ciudadanos salvadoreños, todavía no hay información contundente que hable de un “diario de la muerte”, como ocurrió en el ejército de Guatemala, en el que se encontraron archivos con bitácoras pormenorizadas de persecuciones y ejecuciones extrajudiciales de opositores y líderes indígenas.
“Tenemos que ser cautos. No podemos decir con certeza que este libro fue elaborado para la eliminación sistemática de personas. Lo que sí podemos decir es que al hacer un cruce de información entre este documento y otras bases de datos encontramos una correspondencia que apunta hacia ese sentido. Sí podemos decir que este documento fue utilizado para el espionaje y el seguimiento de personas, y que una parte de la gente que aparece en este listado sufrió violaciones a sus derechos humanos”, dice Neff.
El Libro Amarillo está fechado entre julio y agosto de 1987, en la segunda mitad de la guerra civil salvadoreña (1980-1992). Según se desprende en su presentación, fue creado para conocer, ubicar y perseguir a los “enemigos” del Estado salvadoreño. El UWCHR, sin embargo, en su análisis de cruce de datos encontró que algunos nombres de personas datan desde la década de los setenta, dato que de esas fechas se encontraron registros de asesinatos o desapariciones de algunos de los salvadoreños fichados en el Libro Amarillo.
En la portada del documento, escrito a mano, se lee: “Que lo usen. Sacar fotocopia de fotografías y ponerlo en boletinero para que conozcan a sus enemigos”. Luego, más adelante, en letra de imprenta, mayúscula, se lee: “ALBUM FOTOGRÁFICO DE LOS DELINCUENTES TERRORISTAS (D/T) DE LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES QUE INTEGRAN AL FMLN/FDR.”
La UWCHR liberará la próxima semana un sitio especial que contiene el análisis completo del Libro Amarillo, y documentos desclasificados de la CIA y el Departamento de Estado de los Estados Unidos que plantean la existencia de una colaboración entre el gobierno estadounidense y el salvadoreño para fortalecer las labores de espionaje.
¿Estados Unidos colaboró en la creación de una red de escuadrones de la muerte, que se alimentaron del espionaje y contraespionaje para perseguir a opositores políticos? Phil Neff responde que todavía hay mucha tela que cortar para tratar de entender a cabalidad el papel de Estados Unidos en la lucha contra los opositores salvadoreños.
“No creo que podamos plantear la tesis con tanta certeza porque realmente no hay ninguna prueba contundente. Sin embargo por la estrecha relación de financiamiento y de asesoría técnica nos parece muy posible. Pero hasta el momento no tenemos ninguna prueba”, dice Neff.
En el sitio que se liberará el próximo 28 de septiembre -y al que El Faro tuvo acceso- también se encuentra el desarrollo de tres casos de salvadoreños perseguidos, listados en ese libro y el desenlace de sus historias. Uno de ellos es Héctor Bernabé Recinos, otrora secretario general de la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (Fenastras). Recinos ingresó muy joven al movimiento sindical del sector energético del país. Antes de la última de sus capturas, que duró cuatro años, entre 1980 y 1984, Recinos ya había sido capturado en dos ocasiones por la Guardia Nacional y la Policía Nacional. Recinos era un perseguido que tuvo que abandonar su apartamento en la colonia Zacamil, cambiarse el nombre, el de sus cuatro hijos y el de su esposa. Pasó a un estado de semiclandestinidad hasta que fue capturado por última vez el 22 de agosto de 1980.
En el Libro Amarillo, Recinos aparece identificado como 'miliciano' de la Resistencia Nacional (RN/FARN), y en la fotografía correspondiente a su registro -'R32'- aparece muy joven, con bigote negro y espeso, pelo corto y sin anteojos. 'Después del fraude en las elecciones del 72 yo ingresé al FAPU (Frente de Acción Popular Unificada, el frente de masas de la Resistencia Nacional). Creo que esa era la fotografía de mi cedula. Tendría unos 35 años', dice Recinos. Él hoy día dirige el Comité de Ex Presos Políticos de El Salvador (Coppes). Tiene 62 años, pelo y bigote canos, usa anteojos. Recinos busca conocer la verdad, averiguar quién ordenó su captura y las torturas a las que fue sometido. También busca encontrar justicia para su familia.
Recinos fue capturado y torturado en los cuarteles de la Guardia Nacional, luego en la prisión para presos políticos de la ciudad de Santa Tecla -una cárcel hoy convertida en museo- y más tarde en el Centro Penal La Esperanza, la principal cárcel del país, conocida como 'Mariona'. El 22 de agosto 1982, su hija Ana Yanira (11 años) y su esposa, María Adela García, fueron capturadas y posteriormente desaparecidas por personas desconocidas. Junto a su esposa y su hija, los captores se llevaron también a los amigos de la familia que habían dado refugio a los Recinos. América Fernanda Perdomo, del Comité de Derechos Humanos, y Saúl Valentín Villalta, un abogado miembro del FAPU. A la fecha se desconoce el paradero de estas cuatro personas.
'Yo quiero saber dónde está mi esposa y mi hija. Quiero saber qué fue de ellas y quién ordenó que se las llevaran', dice Recinos. La explicación que él se da sobre el Libro Amarillo permite una sola interpretación. 'Todos los que salimos ahí estábamos condenados a muerte', dice.
—Si le pregunto si usted es un sobreviviente del Libro Amarillo, ¿qué me responde?
—¡Que qué bien que estamos vivos!
El UWCHR retrata el caso de Recinos y otros dos casos más, pero invita a los usuarios a revisar la información, las listas, y ayudar a robustecer las correspondencias de los más de mil casos restantes, sobre todo del 43 % que ellos han detectado como salvadoreños que sufrieron alguna violación a sus derechos humanos. La información del Libro Amarillo y los documentos analizados por la UWCHR estarán abiertos al público de forma gratuita.
