Ciudad de México, MÉXICO. La nueva fosa fue hallada en la localidad de Cocula, vecina de Iguala, donde trabajan peritos forenses y en la que al parecer habría restos humanos, dijo a la AFP un funcionario federal.
Unos días después de la desaparición de los estudiantes, las autoridades hallaron 38 cadáveres en fosas en los alrededores de Iguala. Los estudios realizados a 28 de los cuerpos determinaron que ninguno de ellos corresponde a los estudiantes desaparecidos, según la fiscalía.
El paradero de los jóvenes de una combativa escuela rural que forma maestros en Ayotzinapa (Guerrero) es aún un misterio. Los 43 alumnos desaparecieron la noche del 26 de septiembre en medio de una serie de ataques a tiros de la policía municipal de Iguala y de sicarios de Guerreros Unidos que dejaron seis muertos.
En un nuevo capítulo de este crimen desgarrador, la fiscalía anunció el lunes haber detenido a cuatro personas, todos presuntos integrantes del cártel de Guerreros Unidos que opera en la zona, una de las más pobres y violentas del país.
Tenemos “claramente identificados (a los) autores intelectuales. Hoy tenemos ya a quienes operaron la desaparición de estos jóvenes”, aseguró el fiscal general Jesús Murillo Karam. Dos de ellos confesaron su participación en la “desaparición y destino” de los estudiantes, precisó. Los otros dos detenidos serían “halcones” (vigilantes) de Guerreros Unidos, aseguró Murillo Karam.
Detención clave
Murillo Karam de momento no quiso dar demasiados detalles de las declaraciones de los detenidos. Pero aseguró que un “grupo especial de peritos de la procuraduría (fiscalía) y del grupo (independiente) de expertos argentinos busca evidencias” para comparar sus palabras y asegurar su veracidad.
Con las últimas cuatro, suman ya 56 detenciones –entre policías locales, funcionarios y miembros del narco– por este crimen que mantiene en vilo al país.
La fiscalía sospecha que los jóvenes fueron entregados por policías a sicarios y que éstos los habrían asesinado y enterrado. Pero ha sugerido mantener la cautela hasta encontrar a los jóvenes.
Las primeras revelaciones sobre el crimen muestran cómo algunas zonas de México viven sumidas a violencia, corrupción, impunidad y abandono.
El fiscal aseguró que continúa la búsqueda de José Luis Abarca, entonces alcalde de Iguala, a quien se acusa de ordenar reprimir a los estudiantes porque temía que los jóvenes fueran a boicotear un acto público de su esposa, parte de una carrera electoral para conseguir la alcaldía en 2015 de la ciudad.
Precisamente esta mujer, María de los Ángeles Pineda, hermana de narcotraficantes, está acusada ahora de ser la principal operadora de Guerreros Unidos en Iguala, a 200 km de Ciudad de México.
Tanto Abarca como su esposa huyeron dos días después de los ataques y ahora son buscados intensamente en todo el país.
Presidente promete restablecer seguridad
La crisis política por la desaparición de los jóvenes, que ha conmocionado dentro y fuera de México, derivó el viernes en la salida del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, fuertemente cuestionado por su falta de respuesta ante el crimen.
El nuevo gobernador interino, el académico Rogelio Ortega Martínez, fue recibido este lunes por el presidente Enrique Peña Nieto en su residencia oficial capitalina.
Peña Nieto se comprometió a apoyarlo para “restablecer el orden” en esa demarcación. La crisis provocada por este crimen, que ha desatado multitudinarias protestas en todo el país, es la mayor de la presidencia de Peña Nieto y eclipsa sus logros y planes en materia económica.
“He instruido al gabinete de seguridad para que mañana (martes) se reúna con el gobernador en Guerrero y definan acciones para restablecer el orden y generar condiciones de seguridad” en la región, dijo Peña Nieto en mensaje a medios conjunto con Ortega Martínez.
Desgastados por un mes de angustia, los familiares de los desaparecidos han prometido seguir con las protestas para exigir la aparición con vida de sus hijos. El estallido puede ser aún mayor.
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