Los niños exportados
Durante dos meses, Douglas Romero vivió como un niño estadounidense. Blanquito, regordete y chapudo, tenía un poco más de un año cuando salió de El Salvador. Antes, pasó por una cadena de brazos desconocidos que lo alejaron de las manos campesinas de su padre, un sobreviviente que no vio cumplirse su esperanza de morir en la masacre de Tenango, Cuscatlán. Mientras Douglas engordaba en la casa de una familia estadounidense, su papá, Andrés Romero, resistía la tortura en las bartolinas de la Policía de Hacienda.
El calvario de los Romero empezó el miércoles 23 de febrero de 1983, semana en la que el ejército llevó a cabo un operativo contrainsurgente, que en los libros de historia aparece como “Las masacres de Tenango y Guadalupe”. Según la versión oficial de esos días, en aquellos operativos los helicópteros de la Fuerza Armada rescataban de las balas subversivas a niños como Douglas. El papá de Douglas cuenta el otro lado de la historia. Recuerda el día que él y su familia huyeron de su casa hacia una montaña que los recibió con una lluvia de balas. Relata también que, tras esa tormenta de plomo, unos hombres uniformados lo metieron junto a Douglas y otros niños en un helicóptero militar. Alguna parte de toda esa tierra que Andrés Romero recorrió huyendo del operativo esconde los huesos de su esposa. “Fue la última vez que los vi, a todos”, dice, tras un extenso relato que lo ha convertido en un símbolo vivo de los peores días de la guerra civil salvadoreña.
En aquel momento, la prensa nacional no publicaba historias como la de Douglas y su padre. Archivos del ejército consultados por El Faro revelan que la Fuerza Armada realizó “23 operativos de contrainsurgencia entre 1980 y 1983”. Los nombres de estos operativos aparecen en las hojas de servicio de los oficiales. La conocida como “La Guinda de Mayo”, en la que desaparecieron muchos niños, aparece registrada como “Operativo en Chalatenango de 1982”. El operativo en el que Douglas fue arrancado de la mano de su padre aparece como Operativo 10.
Douglas, ahora con 33 años, guarda una foto en la que aparece disfrazado de niño estadounidense. Luce un traje de leñador. El retrato es la única prueba de que estuvo en Estados Unidos en 1983. Gracias a esa foto es que su padre se dio cuenta de que Douglas había sido sacado del país con papeles legales que se basaban en falsear la realidad. Douglas dejó de llamarse Douglas durante dos meses. Su padre, el sobreviviente de la masacre, no sabe quién tramitó la adopción de Douglas, bajo qué nombre fue adoptado, ni cómo viajó hacia Estados Unidos sin su consentimiento. Tampoco ha buscado respuestas a esas preguntas.
El niño con traje de leñador es uno de los 2 mil 354 niños salvadoreños obtuvieron visa para viajar a los Estados Unidos en los años ochenta. El periodista del Boston Globe, Steve Fainaru, escribió un texto sobre la corrupción en las adopciones relacionadas con niños de la guerra. “La mayoría de la corrupción relacionada con las adopciones se dio durante los años 80. El problema ha resurgido tras el descubrimiento de que entre los 2,354 que recibieron visa de emigrante se cuentan niños que fueron capturados por la Fuerza Armada salvadoreña y que fueron catalogados como huérfanos de guerra que fueron adoptados y recibieron visa de inmigrantes de la embajada (de los Estados Unidos)”, dijo, en su reportaje que apareció publicado el 14 de julio de 1996.
La corrupción relacionada con las adopciones de niños de la guerra tenía como protagonistas a un grupo de abogados salvadoreños que obtenían el permiso de un juez que, como representante del Estado, autorizaba la exportación de menores que eran, como el caso de Douglas, buscados por sus padres. Detrás de todos los permisos y trámites había dinero. En la década de la guerra, un estadounidense pagaba cerca de 5 mil dólares por los trámites de adopción de un niño extranjero. Denuncias de estadounidenses que pagaron por el servicio de casas de adopción sin permiso hicieron que un fiscal estadounidense llevara a un juicio civil a la fundadora de un centro de adopciones alimentado por niños salvadoreños y guatemaltecos.
Los abogados de El Salvador cobraban cerca 3 mil dólares por cada niño que enviaban a Estados Unidos, según información que una investigación de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador realizó en 1983 y que cita el periódico The Miami Herald. En dicha investigación, el cónsul estadounidense Fernando Sánchez descubrió que en el transcurso de un año un solo abogado salvadoreño gestionó casi 200 visas para niños salvadoreños. Las declaraciones del cónsul Sánchez no detallan en qué año ocurrieron estos trámites. Con el paso de los años, este abogado investigado por el cónsul intentó ser presidente de El Salvador y ahora es pastor evangélico.
En 1983, un abogado en presunta representación de los padres o tutores de Douglas, llegó a las oficinas de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador y llenó formularios como el 924 IR-3 o el IR-4, clasificación utilizada por la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado para tramitar visas para niños huérfanos. Para obtener una de estas visas, había que convencer a un cónsul estadounidense de que un niño como Douglas Romero no tenía a nadie que se hiciera cargo de él “debido a la muerte o desaparición, abandono o deserción, separación o pérdida de ambos padres”.
El abogado también debía probar que, en caso de existir un padre vivo, el sobreviviente era incapaz de proveer el cuidado apropiado y, por tal motivo, renunciaba irrevocablemente por escrito al niño que emigraba para ser adoptado. En aquel momento para hacer el trámite bastaba con tener un legajo de papeles sellados y firmados con testigos, que en muchos casos eran prestanombres o incluso personas inexistentes. Cuando Douglas consiguió su visa, lo hizo con un nombre distinto.
Para participar en la cadena de exportación de niños de la guerra, para empezar era necesario saber en dónde estaban. Para eso había que tener un contacto en la Fuerza Armada que diera información de las fechas de los operativos militares. También había que saber a qué lugares los llevaban en calidad de huérfanos o abandonados. Los interesados en tramitar adopciones tomaban las fotos del infante que les interesaba y las distribuían a los contactos de casas de adopción internacionales que se encargaban de buscar padres adoptivos en el país de recepción de los niños.
La foto del niño vestido de leñador que ahora muestra Douglas estaba en la oficina de un subteniente que Andrés identifica como Machado Duque, a quien conoció en un cuartel del área metropolitana que no recuerda. “Fui con Mariet, gracias a ella es que di con mis hijos, no sé cómo es que ella sabía”, dice ahora el sobreviviente Andrés. Mariet era una colaboradora de la Cruz Roja Internacional que lo sacó de la cárcel y lo ayudó a encontrar a tres de sus hijos desaparecidos, incluido Douglas. Este sobreviviente no ha seguido la pista del militar que tenía la foto de su hijo ni de la suiza que lo sacó de la cárcel y lo llevó a esa oficina del subteniente.
El Faro acudió a la oficina de Damas Voluntarias de la Cruz Roja para pedir información sobre este caso y sobre la voluntaria Mariet de la que habla Andrés. En la oficina dijeron que la petición formal había que dirigirla a Carlos López Mendoza, vocero de la Cruz Roja Salvadoreña. Carlos López Mendoza asegura que la información de las adopciones la llevaban las Damas Voluntarias, pero que todos esos archivos desaparecieron. “Todo se perdió en el terremoto de 1986, no hay nada de los archivos de antes”, dice.
En el diario oficial de El Salvador existen registros de un subteniente Machado Duque. Se llama Boris. Ni Andrés ni su hijo saben que Boris Machado Duque fue ascendiendo y que para enero de 2000 era ya teniente coronel. Tampoco saben que ha sido agregado militar de la embajada de El Salvador en Colombia. Y tampoco saben que en 2009, Machado Duque tenía grado de coronel y el ministro de Defensa le entregó una condecoración del ejército por 30 años de servicio prestados.
Andrés, como muchos de los padres que buscan a sus hijos desaparecidos en la guerra –y posiblemente adoptados en Estados Unidos o Europa- no está buscando enjuiciar ni buscar a los culpables por la desaparición de sus hijos. No está interesado en determinar si el militar que tenía la foto de su hijo vestido de leñador participaba en una red de tráfico de niños o no. “Lo encontré y ya con eso”, dice.
Los exportadores
Una página entre una montaña de papeles en la Sala de lo Constitucional contiene los nombres de un grupo de abogados que tramitaron la mayoría de adopciones de niños de la guerra. La montaña de papeles la forman casi una decena de expedientes de una investigación de habeas corpus a la que tuvo acceso El Faro. El expediente también contiene una lista de 637 niños reportados como desaparecidos, la mayoría de ellos entre 1980 y 1985. A esas 16 páginas de nombres le siguen una serie de memorandos en los que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos solicita a la Procuraduría General de la República información sobre expedientes de adopciones.
En uno de esos memorandos aparecen algunos nombres de los abogados señalados como responsables de legalizar –por medio de adopciones irregulares- los papeles para que niños como Douglas Romero salieran del país. La irregularidad en las adopciones parte de la información de la base de datos de Pro-Búsqueda, que por medio de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos pidió información para dar con el paradero de algunos desaparecidos. Según este memorando, escrito con máquina de escribir, el abogado Roberto del Cid Aguirre es, quizá, el abogado que más adopciones tramitó en los primeros años de la guerra. Su nombre también aparece en tres investigaciones publicadas por Pro-Búsqueda. El nombre de este abogado también aparece en las 70 páginas que resumen un juicio civil en la Corte Superior de Suffolk, Boston, Estados Unidos. El juez del caso, Rudolph Pierce, multó y prohibió gestionar adopciones a Suzanne Champney, la fundadora de una casa de adopciones en ese país llamada “Los niños del amor, Inc.”
El 26 de junio de 1983, el nombre de Roberto del Cid Aguirre también apareció en la investigación especial de la embajada de los Estados Unidos que cita el periódico The Miami Herald. Un oficial de la embajada de los Estados Unidos en El Salvador llamó a los números de teléfono de nueve personas que el abogado entregó para contactar a las madres que, supuestamente, autorizaban dar sus hijos en adopción. Entonces hizo el descubrimiento de la mentira. 'Muchas eran tiendas, y otras eran las oficinas de correos. Nadie sabía de las madres', dijo un funcionario consular al periodista del Herald, en relación con esa investigación.
En ese año, Roberto del Cid Aguirre y su hermano Rubén también fueron acusados por el robo de tres niños en un juzgado salvadoreño. En aquel momento, el hermano del abogado admitió ante un juez que había pagado 480 dólares a una madre que se arrepintió de dar tres niños en adopción. Rubén prestó servicio en el ejército y ahora vive en Estados Unidos.
Suzanne Champney, contacto principal de este abogado en el mercado de adopciones de Estados Unidos, era una mujer que ante el juez de la Corte Superior de Suffolk declaró que Roberto del Cid Aguirre era su principal proveedor de niños de El Salvador y Guatemala. Este caso empezó por iniciativa del fiscal Francis X. Bellotti, quien acusó a Champney de cobrar 2 mil dólares a 25 parejas que buscaban adoptar niños guatemaltecos.
“ÉXITO DE ADOPCIONES EN El SALVADOR GENERA MERCADO NEGRO DE BEBÉS”, publicó el Herald el 26 de junio de 1983. La fundadora de “Los niños del amor, Inc.” murió y con ella la posibilidad de aclarar el destino de muchos niños que ahora son adultos. El juez Pierce le obligó a devolver el dinero que había obtenido de los padres estadounidenses y le prohibió tramitar adopciones.
30 años después de aquellas revelaciones periodísticas, el abogado Roberto del Cid Aguirre es pastor evangélico y vive en El Salvador. En 2008 intentó incursionar en la política probando suerte con dos banderas diferentes: se inscribió como precandidato presidencial de Arena, cuando el partido postuló a Rodrigo Ávila y, meses después, tras ser descartado, buscó la candidatura presidencial en el Partido Demócrata Cristiano, ese que gobernó en la guerra civil en los años cuando él fue señalado en juzgados de Estados Unidos y El Salvador. Vive en una amurallada residencia en un discreto y exclusivo sector semiurbano al sur de Santa Tecla, en el departamento de La Libertad. Varios perros vigilan la residencia.
En El Salvador, a Del Cid Aguirre aún le recuerdan en la Procuraduría General de la República, institución que se desliga de los negocios que presuntamente hacía este abogado que con frecuencia llegaba a la institución para pedir sellos de papeles que luego llevaba a la embajada de los Estados Unidos para pedir las visas de niños. “La mayoría de veces él se iba a los juzgados de menores, nosotros no teníamos mucho que ver, es que la Procuraduría solo daba una opinión cuando el juez lo pedía”, dice Johana de Pineda, secretaria general de la Procuraduría. Añade que Del Cid Aguirre era uno de los notarios que más adopciones tramitaba.
Otros abogados reconocidos en la Procuraduría como “legalizadores de niños de la guerra” son Pedro Carballo Álvarez y Alicia Zelaya Quintanilla. Según registros de Pro-Búsqueda, Pedro Carballo Álvarez tiene una docena de denuncias por “adopciones arregladas mediante engaños”. En un estudio, la oenegé toma la declaración de María Graciela Ruiz, quien declara que este abogado la convenció de dar en adopción a dos de sus cuatro hijas. El libro de protocolos de este abogado también registra que la señora Ruiz autorizó la adopción de dos niños que nunca parió. Carballo Álvarez tiene activo su permiso de notario. El Faro visitó la dirección en la que él pidió ser notificado sobre resoluciones de la Corte Suprema de Justicia. El Faro también visitó la residencial en la que aparece como propietario de un apartamento, según los datos del Centro de Nacional de Registros. Este periódico también indagó en los gremios de abogados pero nadie dijo conocerlo o saber de su ubicación.
Los registros de Pro-Búsqueda también ubican a Alicia Zelaya Quintanilla como una de las abogadas que tenía contactos con casas de adopción en Europa. Ahora es catedrática de la estatal Universidad de El Salvador. La abogada Alicia Zelaya Quintanilla tampoco respondió a la petición de entrevista solicitada a su asistente de la oficina en la facultad de Derecho de la Universidad.
En los primeros años de la guerra, Roberto de Cid Aguirre y los otros dos abogados tenían amplio margen de maniobra. En El Salvador, la Ley de Adopciones no les exigía testigos de viva voz, solo firmas. Tampoco existían máquinas para verificar huellas digitales ni eran posibles las pruebas de ADN. Esas facilidades permitieron que Douglas, el hijo del campesino sobreviviente que aún busca a su esposa, fuera enviado a Estados Unidos. El abogado que lo representó sabía sortear los filtros para conseguir visas legales a niños de la guerra que, lejos de ser abandonados o de ser huérfanos, eran arrancados de los brazos de su padres.
El Estado que perdió los niños
Durante casi toda la guerra, el Estado salvadoreño estaba tan despreocupado por la tutela de los niños salvadoreños que permitió que muchos menores, como Douglas, sacados de zonas donde el ejército arrasaba, permanecieran en cuarteles bajo la “tutela” de la Fuerza Armada. El libro “Historias para tener presente”, publicado en 2002, relata la historia de dos niños a los que la Fuerza Aérea consiguió partidas de nacimiento en las que se lee “hijo de padres desconocidos” gracias a los buenos oficios de un procurador general de la república cuyo nombre no es mencionado.
A principios de los ochenta, el ahora general y ministro de Defensa de El Salvador, David Munguía Payés, era mayor del ejército. Ahora, como máximo funcionario de la Fuerza Armada, justifica que en aquel momento las palabras derechos humanos y desaparición forzada no estaban de moda. “Es que no se oía ni se nos educaba en nada de eso”, dice el general en su despacho.
El ministro, en una breve entrevista con este medio, insiste en ampliar sobre el contexto de aquellos años. “Es importante aclarar que en aquel momento no había institucionalidad, no había controles, no había noción de respeto a los derechos humanos. Estoy hablando de antes de 1984... si es que fue hasta 1983 cuando empezaron a educar y preparar a los miembros del ejército en ese tema”.
Al preguntarle por la red de abogados con contactos en el ejército que exportaban niños de la guerra, dice saber de eso. Reconoce que hubo casos como el de Douglas, y que hubo abogados y militares que se lucraron con la exportación de esos niños. “También hubo casos de esos que mencionas, pero yo no puedo decir que fui testigo de situaciones como la que tú dices”.
Munguía Payés asegura que él vio niños en cuevas cuando él estaba en el terreno de batalla. “Es que era un caos, una situación de crisis en la que se tenía que resolver inmediatamente. El ejército lo que hacía era sacar a los menores de las zonas más conflictivas, muchas veces se los llevaba la Cruz Roja Internacional”, dice. Asegura que hace mucho tiempo él ayudó al fundador de la Asociación Pro-Búsqueda a resolver algunos casos. “Yo conocí al padre Jon Cortina, le ayudé a resolver al menos 10 casos de niños desaparecidos'.
La diferencia en el tratamiento que los gobiernos de posguerra de derecha e izquierda han dado al tema es pequeña en función del conocimiento de la verdad y de justicia. Durante casi 20 años de gobierno de Arena, el Estado intentó probar ante tribunales internacionales que los niños desaparecidos de la guerra eran una mentira. En los últimos cinco años, en la gestión del FMLN, el Estado ha reconocido los hechos del pasado, pero ha sido tibio a la hora de cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos humanos, que ha exigido al Estado profundizar en la investigaciones relacionadas con las desapariciones forzadas.
Sin embargo, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia está tramitando un caso que ha llegado a ella. Tiene en sus manos el informe de un juez especial. El juez ejecutor Antonio Durán fue nombrado el 7 de febrero de 2014 para estudiar seis expedientes relativos a solicitudes de hábeas corpus de 11 personas, incluido un no nacido, todos desaparecidos en la “Guinda de Mayo”, ocurrida a finales de mayo y a principios de junio de 1982, cuando centenares de pobladores de Chalatenango huían de un operativo del ejército. Las personas demandadas en este caso son el Ministro de Defensa y el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada. Los demandantes quieren que el Estado muestre dónde están esas 11 personas a las que presuntamente se llevó el ejército en aquel operativo.
Munguía Payés cree que no es esa la actitud correcta para resolver las inquietudes de Pro-Búsqueda. “Yo trabajé muy bien con el padre Jon Cortina porque era una persona seria y responsable con el que teníamos buena comunicación”.
Los nombres de los abogados señalados como tramitadores de adopciones de niños de la guerra aparecen en los archivos del juez nombrado por la Sala de lo Constitucional. El juez Antonio Durán explica que su tarea específica en este caso no es sobre la red de abogados que enviaron niños a Estados Unidos. En su resolución, la Sala encarga al juez Durán siete tareas: verificar lo que los archivos de la Fuerza Armada dicen sobre la guerra en 1982; identificar lo que se establece como objetivos militares en los operativos desarrollados en Chalatenango entre mayo y junio del 82; determinar qué batallones militares participaron en las acciones y quiénes estaban a cargo de ellas; indagar la documentación exhibida; qué acciones estaba desempeñando el batallón Ramón Belloso durante mayo del 82; comprobar si en los archivos existen datos de casos de privación de libertad por parte de miembros de la Fuerza Armada, de niños y niñas o adultos que fueron trasladados de las zonas de operativo y verificar la localidad específica de donde fueron trasladadas esas 11 personas y quiénes ordenaron dichas privaciones; y, por último, reproducir y certificar toda información que se encuentre sobre ese operativo militar.
El caso investigado por este juez tiene reserva y por eso no revela los resultados incluidos en su informe, que ya presentó a la Sala de lo Constitucional. Pero adelanta que algunas de las víctimas de su caso no quedaron en poder del ejército, sino que en el caso de la señora que estaba embarazada, iba en un vehículo civil, posiblemente de la Cruz Roja, que fue la que la trasladó a un hospital. “Entonces, ¿cómo haces responsable al ejército como entidad demandada, cuando el mismo cuadro de denunciantes dice que se la llevaron al hospital?”, se pregunta el juez. ¿Y usted tiene información de la red de abogados, militares y las casas de adoción? 'Se les llamó casas de engorde. Fue un negocio. Estos temas son importantísimos para el país', dice el juez, luego de explicar que para profundizar en este asunto es necesaria más información.
La Procuraduría General de la República, principal responsable de velar porque los procesos de adopción aseguren las mejores condiciones de los niños y la legalidad de los trámites, en este caso niega tener responsabilidad en la forma en que salieron los niños de la guerra a otros países. “Es que en aquel momento la ley no nos facultaba, los jueces o tutelares de menores tenían el poder”, dice la procuradora adjunta de Familia, Adopciones y Mediación, Candy Acevedo.
A inicios de los ochenta, los jueces tenían el poder de certificar el abandono de un niño. Para probar el abandono, los abogados salvadoreños que recibían paga por enviar niños al extranjero, presentaban fotos del niño abandonado en el hogar o centro al que había sido llevado. Aunque la Procuraduría alega que no tiene responsabilidad, sí tiene información sobre la red de abogados salvadoreños. Según dos investigadores de Pro-búsqueda y los testimonios publicados en el libro 'El día más esperado', los abogados cambiaban la identidad de los niños, mentían sobre el origen de los niños de la guerra que aún son buscados.
Hasta hace casi un mes, la oficina de adopciones de la Procuraduría preparaba un informe especial sobre la adopción de casi 500 niños que terminaron en hogares de Estados Unidos, Italia, España, Australia, Canadá. La Procuraduría confirmó a El Faro que el nombre de Roberto del Cid Aguirre aparece en varios de los casos de adopción de ese informe que ha preparado para la Fiscalía General de República. La procuradora adjunta de Familia, Adopciones y Mediación no quiso revelar los detalles de su informe. 'Es un caso de la Fiscalía, haga la solicitud de acceso a la información y veremos si la ley nos faculta', se excusó la funcionaria.
Nadie busca justicia
Hace poco menos de un año, en la madrugada del 14 de noviembre de 2013, tres hombres armados irrumpieron en las oficinas de la Asociación Pro-Búsqueda, institución especializada en el rastreo de niños desaparecidos en la guerra. Ese día, durante 40 minutos, los hombres armados sustrajeron equipo informático, destruyeron papeles y archivos, rociaron gasolina a una de las oficinas y prendieron fuego al local. El atentado, minuciosamente planificado, a juzgar por los testimonios de los rehenes, dejó a Pro-Búsqueda con las oficinas parcialmente destruidas, archivos dañados y una pila de expedientes consumidos por el fuego.
Tres de esos expedientes están relacionados con una causa que en este momento ventila la Sala de lo Constitucional que busca dar con el paradero de aquellas 11 personas desaparecidas en la 'Guinda de Mayo'. Ninguna autoridad ha reportado algún avance en la investigación de ese caso. Eduardo García, coordinador en funciones de Pro-Búsqueda, explica que todos sus esfuerzos están enfocados en los reencuentros de familia. “Nuestro enfoque es diferente, le puedo decir que las personas que buscan reencontrarse no están interesadas en la justicia penal”, comenta.
Lucio Carrillo es uno de los huérfanos de la guerra. Sus dos padres murieron durante ella. Se reencontró con su hermana en 1995 y es uno de los casos insignes en el libro 'Historias para tener presente', que reseña los casos de Pro-Búsqueda.
Lucio, al igual que Douglas, el niño vestido de leñador que pudo haber crecido como estadounidense, creció en un país cuya institucionalidad nunca le aseguró sus derechos. A diferencia del discurso conciliador de muchas de las víctimas de desaparición, tortura, encarcelamiento y asesinato por parte de cuerpos de seguridad del Estado, Lucio sí reclama justicia y la identificación de los responsables que lo condenaron a vivir en orfandad. “Yo no puedo perdonar a nadie, es que nadie me ha pedido perdón, no es que los quiera meter presos, es que quiero saber quién hizo qué”, dice.
Douglas, su papá Andrés y Lucio han colaborado en investigaciones de oenegés que han trabajado en memoria histórica, básicamente en los hechos más crueles de la guerra salvadoreña. Todos, cada uno con sus matices, han buscado información precisa de su historia personal, pero aclaran que no quieren ver preso a nadie. Andrés busca a su esposa e información de la masacre de Tenango. Douglas acompaña la causa de su padre y quiere saber cómo es que llegó a Estados Unidos.
El Faro visitó la casa y dos de las iglesias a las que asiste el pastor Roberto del Cid Aguirre para pedirle más información sobre las adopciones que realizó en los ochenta. Por medio de su hijo, el abogado se excusó de hablar de los niños que envió a Estados Unidos. Su hijo, Roberto, explicó que su padre estaba en una tratamiento de salud y no podía dar una entrevista.
*Con reportes de Fátima Peña
