Hace un año, el sábado 21 de diciembre de 2013, en vísperas de la celebración de la Navidad, el fiscal general de la República, Luis Martínez, se fue de vacaciones a los Estados Unidos a bordo de un jet privado con mullidos asientos reclinables y mesas adaptadas para sostener botellas. La nave en la que el fiscal Martínez viajó es propiedad de una empresa vinculada a un hombre que había sido demandado el día anterior ante la Fiscalía.
Desde que asumió su cargo en 2012, el fiscal Martínez ha viajado de forma habitual en jets privados, y las empresas de transporte aéreo que ha usado para la mayoría de vuelos están relacionadas con el empresario Enrique Rais. Mientras el fiscal general hace uso de estas naves, tanto para viajes oficiales como personales, Rais solo ha cosechado éxitos judiciales: sus demandas contra exsocios comerciales prosperan en los tribunales en tanto que una de las demandas de estos contra él fue archivada por la Fiscalía y la otra terminó en exoneración de cargos en un juzgado, por petición de la misma Fiscalía. El monto de las demandas contra Rais sumaba 25 millones de dólares. En medio de estos litigios, la Fiscalía estableció que el costo de los viajes del fiscal es información secreta y que debe serlo durante los próximos cinco años. Si se supiera cuánto paga en boletos aéreos en los jets privados de Enrique Rais, argumenta la Fiscalía, correría riesgo la vida del funcionario.
En sus viajes, Martínez ha utilizado al menos ocho compañías distintas que ofrecen servicios privados de transporte aéreo desde El Salvador, pero las empresas más usadas por el fiscal -en un total de 13 viajes de ida y vuelta, 26 vuelos- son cuatro compañías vinculadas todas ellas al empresario Enrique Rais: Rais Group International NC LLC; Hawker 800 LLC; Joda LLC y Helicópteros S.A. de C.V.
Rais, conocido en el país por ser directivo de la más grande planta procesadora de basura en El Salvador, Mides, es un empresario que ya en el pasado ha generado primeras planas: en 2001 fue acusado y retenido en la cárcel de Mariona por el delito de fraude, hasta que fue exonerado de cargos un año después.
El Faro hizo a la Fiscalía dos solicitudes de acceso a la información, en las que se pedía una lista de los vuelos oficiales del fiscal, de las delegaciones que viajaron con él, de las empresas con las que viajaron y del costo de cada uno de los vuelos. La Fiscalía accedió a responder las primeras tres preguntas, pero ha declarado el costo de los viajes del fiscal como “información reservada”.
El documento de respuesta de la Fiscalía a las solicitudes de información de este periódico es confuso. Por un lado, la Fiscalía dice que detalles como las fechas de los viajes al extranjero, los lugares de destino y las personas que integraron la comitiva son información que eventualmente podría poner en riesgo la integridad de los funcionarios y que por eso esa información es reservada. Y, sin embargo, la misma Fiscalía facilitó esos datos a El Faro.
Por otro lado, la Fiscalía también es inconsistente en cuanto a la declaración de reserva sobre el costo de los vuelos. El fiscal Martínez aseguró a este periódico en dos ocasiones que fue el Instituto de Acceso a la Información Pública el que emitió esa declaratoria, cuando la Ley de Acceso a la Información Pública establece que es cada institución del Estado la responsable de hacer esas declaratorias respecto a la información que genera o que está en su poder. Asimismo, una consulta al comisionado Jaime Campos, del Instituto, dejó claro que este tribunal no ha decidido nada sobre el carácter de la información relacionada con los viajes de Martínez.
El argumento de la Fiscalía para ocultar el detalle de los costos de vuelos contradice además el hecho de que sí otorgue el resto de información: “La naturaleza propia de las acciones que realizan los funcionarios y empleados de esta institución son objetivos para la delincuencia común y el crimen organizado, volviéndose más susceptibles al revelar información que implique conocer costos del viaje, lo cual implícitamente abarca el monto pagado por boletos aéreos, lo cual puede poner en riesgo la vida y seguridad personal…", dice la Fiscalía a modo de justificación, sin explicar de qué manera hacer públicos los costos de los viajes del fiscal general pone en riesgo la vida del funcionario. La reserva de esta información se fija para cinco años a partir de julio de 2014.
En la información que sí accedió a brindar la Fiscalía hay además contradicciones con los archivos de Migración a los que tuvo acceso este periódico: mientras que la Fiscalía argumenta que en los vuelos del fiscal solo se ha contratado a compañías comerciales (American Airlines, Copa Airlines, United Airlines e Iberia), los registros migratorios dicen otra cosa.
Por ejemplo, tanto Migración como la Fiscalía coinciden en que el primer vuelo al extranjero que Martínez realizó como fiscal general tuvo lugar el 6 de febrero de 2013 y tuvo como destino San José, Costa Rica; en ambos registros consta que regresó al país tres días después, el 9 de febrero. Sin embargo, según Migración Martínez no despegó de la pista del Aeropuerto 'Óscar Arnulfo Romero' sino de la del aeropuerto militar de Ilopango en la aeronave N237WR, propiedad de Rais Group International CN LLC.
El Faro obtuvo los registros migratorios de al menos 21 viajes de ida y vuelta del fiscal a 11 diferentes destinos que incluyen Estados Unidos, México, Centroamérica y países del Caribe como Barbados, Bahamas, o Trinidad y Tobago entre febrero de 2013 y septiembre de 2014.
Hasta septiembre de 2014, en total, las compañías relacionadas con Enrique Rais transportaron al fiscal general y a su delegación en siete viajes oficiales y en seis no oficiales, es decir, personales; un ejemplo de viaje no oficial es el que Luis Martínez realizó a México el 24 de marzo de 2013 para volver siete días después; o el que realizó a Estados Unidos el 21 de diciembre de 2013 para volver al año siguiente, el 3 de enero: voló en jets de las compañías Rais Group y Hawker, respectivamente, y en ambos casos escribió en la boleta de migración que el motivo de su viaje era “turismo”.
Según los registros de Migración, los viajes oficiales y los no oficiales tienen rasgos comunes: normalmente el fiscal viaja acompañado de directores de unidades de la Fiscalía, asistentes, asesores, del gerente general de la fiscalía… tanto en unos como en otros.
Martínez ha volado también en aeronaves de otras compañías que no parecen tener vínculos con Rais. El Faro rastreó el domicilio de estas empresas, su fecha de inscripción en los registros estadounidenses y sus representantes legales y no apareció el nombre del empresario. Estas empresas son Park Avenue Group INC; Avtran LLC; Goldwing Aircraft Trust y una aeronave de matrícula salvadoreña, la YS100P. Martínez ha realizado en total ocho viajes con estas compañías, seis de los cuales fueron oficiales.
En estas, como en las empresas vinculadas a Rais, Martínez vuela con una comitiva de empleados de la Fiscalía que se repite tanto en los viajes oficiales como en los que no lo son. Por ejemplo, el 14 de enero de 2014 el fiscal general despegó de la pista de Ilopango a bordo de un jet de Park Avenue Group. Fue un viaje de un día: despegaron a las 9:32 a.m. hacia Guatemala y retornaron a las 5:09 pm. Lo acompañaban Roberto Avilés, asesor de imagen; Mauricio Yanes, gerente general; Tovías Armando Menjívar, jefe de la Unidad de Investigación Financiera, y Edgar Márquez, asistente del fiscal. En la boleta de migración escribieron que la razón del viaje era “negocios”.
El Faro cotizó el costo de viajes de este tipo en naves particulares con la empresa Privé Jets, que brinda servicios desde y hacia El Salvador. Tomando en cuenta las opciones más baratas que ofrece esta empresa, los 21 vuelos realizados por el fiscal en jets privados podrían haber costado un total de 557 mil dólares. Los viajes realizados en las aeronaves de las compañías ligadas a Rais suman, según los precios más bajos de Privé Jets, 443 mil dólares.
Hace unos días, interrogado por la prensa sobre estos viajes después de una publicación de la revista digital Factum que hacía pública parte de esta información, el fiscal dijo que no iba a hablar de ellos porque se trataba de 'información banal'. Esta misma información que el fiscal considera intrascendente está, por ahora y por orden de la Fiscalía, bajo cláusula de reserva para los próximos cinco años.
Cuando todos los caminos llevan a R… ais
El primer camino que conduce desde los vuelos del Fiscal hacia José Enrique Rais está en el condado de Mecklenburg, en Carolina del Norte, Estados Unidos. La historia comienza el el 10 de diciembre de 2009 cuando William Shaia Jr. fundó una compañía bautizada como Rais Group International NC LLC, que se dedica al transporte y al arrendamiento de aeronaves. Dos años más tarde, al mando de la compañía llegó José Enrique Rais. Según el reporte anual presentado al Departamento de la Secretaría del Estado de Carolina del Norte, Rais fue nombrado “manager” el 17 de noviembre de 2011. Todavía comparte ese puesto con otra persona.
Esta empresa es la que llevó al fiscal general, Luis Martínez, a su primera misión oficial al extranjero dos meses después de que fuera juramentado en el cargo. La Dirección General de Migración dice que a las 2 de la tarde del 6 de febrero de 2013 el fiscal Martínez salió desde el aeropuerto de Ilopango a bordo del avión con matrícula N237WR rumbo a San José, Costa Rica.
Los registros de la Administración de Aviación Federal de los Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) muestran que el dueño del avión es Rais Group International NC LLC. La Fiscalía dice que desde el 6 hasta el 9 de febrero de 2013, Martínez viajó en misión oficial y las personas que lo acompañaban eran el entonces jefe de la unidad contra el crimen organizado, Rodolfo Delgado; el jefe de comunicaciones, Mauricio Carballo; el asesor de imagen, Roberto Avilés; el gerente general, Mauricio Yanes; el jefe de la escuela de capacitación fiscal, Carlos Fuentes; y Edgar Isaías Márquez Argueta, asistente particular del fiscal Martínez.
Rais Group International NC LLC hizo tres viajes oficiales para la Fiscalía salvadoreña. Migración reporta un cuarto viaje oficial de salida en un avión de esa compañía, pero el fiscal Martínez regresó en otro jet. El fiscal, además, ocupó un avión de esta compañía para realizar un viaje de turismo hacia la Ciudad de México, en marzo de 2013.
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En la ciudad de Chesterfield, Missouri, Estados Unidos, está la empresa Joda LLC. La relación entre Joda LLC, el fiscal Martínez y el empresario Enrique Rais está en un viaje que el fiscal Martínez efectuó el 23 de enero de 2014 para participar en una reunión del Grupo de Acción Financiera, conocido como GAFIC. El GAFIC es una organización internacional constituida con el propósito de combatir el lavado de dinero y activos.
Migración reporta que el fiscal Martínez salió de El Salvador a las 9:30 de la mañana a bordo del avión N440KM. La Fiscalía confirma que desde el 23 hasta el 25 de enero de 2014, el fiscal Martínez; el gerente general, Mauricio Yanes; el asesor de imagen, Roberto Avilés; Claudia Soriano, entonces miembro de la unidad de investigación financiera, y dos asistentes, viajaron a Trinidad y Tobago para participar en la reunión del GAFIC.
El Registro Federal de Aviación consigna que la matrícula N440KM es propiedad de Joda LLC, compañía que reportó como su domicilio la siguiente dirección: 1350 Elbridge Payne RD STE, 208, Chesterfield, en Missouri. Esa dirección coincide con datos del registro de la División de Corporaciones del Estado de Missouri que indican que Joda fue registrada por David A. Stone, el 30 de enero de 2009. El plazo de funcionamiento de la empresa es de cinco años.
Un documento elaborado por una compañía dedicada a la reparación de aeronaves, cuya autenticidad fue confirmada por El Faro, establece que Rais tenía una deuda de 16 mil 623.21 dólares con la empresa Joda LLC, la cual había hipotecado el avión matrícula N440KM a favor del empresario. El documento fue elaborado por Avion Jet Services LLC el 23 de julio de 2012, y su autenticidad fue confirmada por un vocero del grupo empresarial al que pertenece Air America Jet Charter, Inc., con domicilio en Spring, Texas.
La relación de Joda LLC con Rais también se evidencia en un documento de la Fiscalía. El 17 de marzo de 2014, el empresario canadiense Franco Pacetti interpuso una denuncia en contra de Rais por administración fraudulenta. Según la denuncia 1181-UDDP-2014, Pacetti y Rais invirtieron en la compra del relleno sanitario de Sonsonate, administrado por la Coordinadora y Asesora de Proyectos (CAPSA), empresa manejada por familiares de José Luis Merino, uno de los máximos dirigentes del partido FMLN.
Además de CAPSA, Rais creó otra empresa llamada Manejo Industrial de El Salvador (MIDE) para el manejo del relleno de Sonsonate. Pacetti dice que hay una administración fraudulenta porque el dinero de esas dos empresas se desvía hacia cuentas bancarias de otras compañías que no tienen nada que ver con el relleno de Sonsonate, como la ya citada Joda LLC.
Desde una cuenta bancaria que CAPSA tiene en el Banco Hipotecario se realizaron tres transferencias hacia cuentas bancarias de Joda LLC, en Estados Unidos, por un monto de 21 mil 774.39 dólares. Eso significa que una de las empresas de Rais (este empresario está relacionado con 42 empresas salvadoreñas, según el CNR) transfirió dinero a la empresa que es dueña del avión que usó el fiscal Martínez.
La denuncia por administración fraudulenta que salpicaba a Joda LLC no impidió que el fiscal Martínez siguiera viajando en el avión de la empresa a la que le solicitaron investigar.
El 27 de mayo de 2014, 71 días después de la denuncia, el fiscal Martínez; el gerente general, Mauricio Yanes; el asesor Roberto Avilés y el asistente Edgar Márquez, abordaron el mismo avión N440KM rumbo a Miami, Estados Unidos, para asistir a otra reunión del GAFIC.
En total, Joda LLC realizó tres viajes oficiales para la Fiscalía salvadoreña, hacia Trinidad y Tobago, Bahamas y Miami, en Estados Unidos. Los registros de Migración indican que el fiscal Martínez usó aviones de esa compañía para realizar otros tres viajes no oficiales hacia Estados Unidos y Guatemala.
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El 13 de julio de 2014 el fiscal Martínez abordó el avión N355FA en el aeropuerto de Ilopango rumbo a Washington, D.C. La Fiscalía confirma que ese día el fiscal Martínez, su asistente Edgar Márquez, el asesor Ramón García y tres personas más (Benjamín Pleitez, Delmy Mejía y Naida Valenzuela) salieron del país para cumplir una misión oficial: asistir a una audiencia especial de un litigio internacional que la Fiscalía no especifica. Volvieron a El Salvador cinco días después, en el mismo jet.
Según el Registro Federal de Aviación de los Estados Unidos, la aeronave N355FA pertenece a Hawker 800 LLC, una compañía domiciliada en la 212 N Mcdowell Streat #210, en la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte.
La dirección de Hawker 800 LLC coincide en ciudad, calle y número de oficina con la direción de Rais Group International NC LLC, la empresa que dirige José Enrique Rais.
Hawker 800 LLC fue inscrita el 19 de noviembre de 2013 y, según el Departamento de la Secretaría del Estado de Carolina del Norte, el fundador es William Shaia Jr., la misma persona que fundó Rais Group International NC LLC.
El fiscal Martínez fue uno de los primeros clientes Hawker 800 LLC en un viaje de turismo, según los registros de Migración. Solo un mes después de la creación de la empresa, a las 11:47 de la mañana del 21 de diciembre de 2013, el fiscal Martínez abordó en el aeropuerto de Ilopango el avión N880RG rumbo hacia los Estados Unidos (los documentos no especifican la ciudad). Este vuelo del fiscal no está dentro de la lista que la Fiscalía reconoce como oficiales. Según la cotización hecha por El Faro, dependiendo del destino, los vuelos privados a Estados Unidos pueden costar entre 30 mil y 60 mil dólares.
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No todos los caminos que conectan al fiscal Luis Martínez con el empresario José Enrique Rais pasan por Estados Unidos. En El Salvador hay una compañía que se llama Helicópteros S.A de C.V que también ilustra la relación entre ellos.
Un informe de Migración consigna que el 19 de marzo de 2014, a la 1:45 de la tarde, el fiscal Martínez abordó en el aeropuerto de Ilopango el avión con placas YS1005P con destino a Guatemala. El funcionario declaró a las autoridades migratorias que el motivo de su viaje era “negocios”. Al fiscal Martínez lo acompañaban tres personas: Daysi Liliana Peña Aguilar, su asesor Roberto Avilés y su asistente Edgar Isaías Márquez.
La Autoridad de Aviación Civil de El Salvador (ACC) informó a El Faro que el avión con matrícula YS1005P pertenece a la empresa Helicópteros S.A. de C.V, según el certificado de matrícula que data del 18 de marzo de 2009. Una búsqueda en el Registro de Comercio enlaza también este vuelo de negocios del fiscal Martínez con el entorno del empresario José Enrique Rais: el mismo día que la Autoridad de Aviación Civil inscribió la matrícula YS1005P a nombre de Helicópteros S.A de C.V, el 18 de marzo de 2009, un sobrino del empresario José Enrique Rais fue nombrado administrador único y representante legal de la compañía. Esa persona es Hugo Ernesto Blanco Rais.
Hasta el momento, El Faro no ha logrado documentar una relación directa entre José Enrique Rais y la empresa Helicópteros S.A de C.V. Sin embargo, los documentos del Registro de Comercio son contundentes en establecer nexos empresariales entre José Enrique Rais y su sobrino: crearon juntos Viviendas Factibles y juntos manejan Swiss Chemical, por ejemplo. Unas veces Hugo actúa como notario, otras como apoderado de alguna de las empresas y en algún caso Hugo Ernesto Blanco Rais es directivo de las compañías de su tío, como sucede en Manejo Integral de Desechos Sólidos (Mides), la empresa mixta que se encarga del tratamiento de la basura en el gran San Salvador.
El nombre de Hugo Ernesto Blanco Rais también apareció, indirectamente, en el caso de corrupción del Banco de Fomento Agropecuario, a finales de los años 90. El expresidente del BFA, Raúl García Prieto, y los empresarios Héctor Cristiani y José Enrique Rais, fueron procesados por irregularidades en la compra-venta de la empresa azucarera ingenio El Carmen. García Prieto, Cristiani y Rais fueron procesados por negociaciones ilícitas, asociaciones ilícitas y defraudación a la economía pública. La hipótesis fiscal se podía resumir así: el BFA vendió el ingenio porque tenía problemas de liquidez, pero Cristiani y Rais pagaron la prima con dinero que fraudulentamente les otorgó el mismo banco.
Según la Fiscalía de aquel momento, luego los empresarios recibieron unos 14 millones de dólares en créditos rotativos para el funcionamiento del ingenio, pero una buena parte de ese dinero se desvió hacia otras empresas que no tenían relación con el ingenio. Al final del proceso, solo García Prieto fue condenado, a siete años de prisión, pero la Corte Suprema de Justicia anuló el castigo.
En ese expediente, el nombre de Hugo Ernesto Blanco Rais aparece como el notario que elaboró una hipoteca abierta que dos empresas de su tío, Granja El Sauce y Granja Los Patos, concedieron a favor del BFA por un monto de 206 mil dólares. La hipoteca era para que otra empresa de Rais, Procesadora San Michelle, pudiera garantizar obligaciones a futuro con el banco. Esas compañías fueron investigadas por el fraude al BFA.
La victoria de Rais en la Fiscalía
Enrique Rais y los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti han sido socios desde hace 10 años en MIDES, pero desde 2008 su relación comenzó a resquebrajarse. Hoy en día tienen una intrincada disputa judicial en suelo salvadoreño en la que se juegan entre 16 y 25 millones de dólares.
En este pleito, Rais y los canadienses han tocado las puertas de la Fiscalía para pedirle que actúe como un investigador imparcial y determine quién tiene la razón. El primero en demandar fue Rais, en junio de 2013, y seis meses después contraatacaron los canadienses con otra demanda. A grandes rasgos, los canadienses sostienen que Rais les debe 25 millones de dólares por contratos incumplidos en el negocio de la basura en El Salvador, mientras que Rais asegura que ya les pagó 22 millones de dólares para terminar de comprar el 90% de la empresa Mides.
Rais asegura ser el dueño casi absoluto de Mides, con el 90% de las acciones. Franco Pacetti y Matteo Pasquale, por el contrario, aseguran que ellos son los legítimos dueños de esas acciones porque Rais nunca pagó todo el valor para adquirirlas.
Hasta ahora, la balanza se ha inclinado a favor de Rais. Los canadienses no han logrado que la Fiscalía acuse a Rais ante los tribunales con las dos denuncias que ellos interpusieron entre diciembre de 2013 y marzo de 2014. Mientras tanto, la única investigación que ha seguido su curso es la que comenzó Enrique Rais en junio de 2013 cuando denunció a los canadienses ante la Fiscalía, proceso que ya derivó incluso en órdenes de captura internacional contra Pacetti y contra Pasquale, en julio pasado.
¿Qué contenían las dos demandas de los canadienses, una archivada por la Fiscalía y la otra con exoneración de cargos ante petición de la misma institución ante el juez? La que fue interpuesta en diciembre de 2013 acusaba a Rais de administrar fraudulentamente Mides, por haber desviado al menos 240 mil dólares a cuentas bancarias en Cuba y Estados Unidos aprovechándose de su cargo de administrador general de la compañía. Las cuentas a las que se enviaron los fondos, entre el 26 de agosto de 2010 y el 30 de junio de 2011, no estaban relacionadas con Mides según la demanda, en la que incluso se documentó que al menos cuatro transferencias, ocurridas entre el 7 de diciembre de 2010 y el 11 de mayo de 2011, habían servido para pagar un crédito personal de Rais en el Bank of America, de Florida.
Esta demanda nunca prosperó. Había sido interpuesta a las 6:35 de la tarde del viernes 20 de diciembre, justo a las puertas de un fin de semana que ya olía a fiestas del final del año 2013. 17 horas después, a las 11:47 a.m. del sábado, Martínez abordó un avión con rumbo a Estados Unidos, país del que regresaría el viernes 3 de enero. Las bitácoras de Migración recogen ese viaje como de turismo. Los registros de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos muestran que ese viaje fue facilitado por una empresa relacionada con Rais.
Esta demanda resurgió del archivo la semana pasada gracias a un sorpresivo movimiento de la Fiscalía. Los subalternos del fiscal Martínez pidieron a un juez que sobreseyera definitivamente a Rais. El juez ratificó la petición de la Fiscalía y ahora Rais ya no podrá volver a ser acusado de administración fraudulenta por este caso.
Los canadienses arremetieron con otra demanda contra Rais, dos meses después de aquel viaje de final de año. La demanda tampoco prosperó, pero tiene vínculos con el fiscal Martínez y sus viajes a otros países.
Ese 17 de marzo de 2014 el canadiense Franco Pacetti pidió al fiscal Martínez que investigara a Rais, esta vez por desviar fondos de una empresa encargada de administrar un relleno sanitario en Sonsonate llamada CAPSA. Rais y Pacetti son socios en esa empresa, solo que Rais manejaba la mayoría de las acciones a través de otra empresa llamada Manejo Integral de El Salvador (Mide S.A. de C.V.). Según la demanda del canadiense, Rais usó su influencia para que CAPSA desviara 36 mil dólares a cuentas bancarias en Estados Unidos y Suiza, en vez de entregar dividendos a su socio.
Entre los destinatarios a los que CAPSA envió dinero, según la denuncia, está una cuenta de la empresa JODA LLC en el ya extinto M&I Bank de Estados Unidos, a la cual llegaron 21 mil dólares en tres transferencias el 13 de abril de 2011. Otros 15 mil dólares fueron a parar, según la demanda, a una cuenta en Suiza de la esposa de Rais, Marie Annette Clairmont de Rais, el 28 de septiembre de 2010.
Pacetti también reclama que Rais le debe un millón de dólares, que fue la cantidad que él entregó para arrancar el negocio de CAPSA y el botadero de Sonsonate.
En total, Pacetti y Pasquale sostienen que Rais y sus empresas les deben alrededor de 25 millones de dólares divididos así: 20 millones por la supuesta deuda por Mides y cinco millones que Rais debe, en teoría, por el negocio del botadero de Sonsonate. Rais califica los reclamos de los canadienses como una extorsión.
Las dos demandas que interpusieron los canadienses tuvieron el mismo final: el archivo. El 26 de mayo de 2014, dos meses después de la segunda demanda de los canadienses, la Unidad especializada en delitos de extorsión de la Fiscalía presentó una acusación formal contra Pacetti y Pasquale ante el juzgado Tercero de Paz de San Salvador por una supuesta extorsión de 25 millones de dólares. La Fiscalía pedía al juez que ordenara inmediatamente la captura de los norteamericanos.
Un día después, el martes 27 de mayo de 2014, Martínez viajó a Estados Unidos en un vuelo que quedó catalogado en los registros migratorios como un viaje “de negocios”. En ese trayecto, como en buena parte de sus viajes, el fiscal general ocupó un avión privado propiedad de Joda LLC, la empresa que Martínez y su institución debían investigar, según la denuncia de diciembre de los canadienses en la que advertían posibles desvíos de fondos desde CAPSA a Suiza y Estados Unidos.
Los canadienses creen que Rais 'ha sorprendido la buena fe de la Fiscalía' porque ha calificado como acción criminal una disputa comercial. Y una de las variables por las que sienten que han recibido un trato injusto son los viajes que el fiscal Martínez ha realizado en los aviones relacionados con Rais. “Estamos completamente soprendidos, puedo asegurarte que un fiscal general en Estados Unidos o Canadá no subiría a un avión de alguien que es parte (en una demanda)”, dijo Matteo Pasquale a El Faro.
La Fiscalía sostiene que Rais no debe nada a los canadienses, según tres exámenes contables que ha puesto a disposición de un juez. El jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía, Tovías Menjívar Tovar, elaboró uno de esos documentos. Este jefe fiscal también acompañó a Martínez en al menos un viaje a bordo de de un jet relacionado con Rais; junto a él viajaba Allan Hernández, el jefe fiscal que pidió la captura de los canadienses en mayo pasado.
Pero este caso está pendiendo de un hilo y la Fiscalía podría recibir un revés. En agosto pasado, el juzgado declaró nula la acusación de la Fiscalía porque esta se había equivocado en aspectos formales a la hora de identificar a la víctima. La declaratoria de nulidad fue apelada por los fiscales y el caso ahora depende de lo que decida una Cámara.
El Faro solicitó entrevista al fiscal Martínez para preguntarle sobre sus viajes en jets privados y sobre el resto de hallazgos de esta investigación: el aparente conflicto de intereses, las victorias de Rais ante la Fiscalía, la aparente contradicción entre la Fiscalía y Migración en cuanto a que los viajes solo se realizan en vuelos comerciales, y la razón para evitar que los ciudadanos conozcan el costo de sus viajes en jets privados. Por medio de mensajes de twitter, un sistema que se ha vuelto habitual para comunicarse con el funcionario, Martínez se comprometió con el director de este periódico, José Luis Sanz, a dar la entrevista este martes 9 de diciembre de 2014 a las 9 de la mañana en su despacho.
Este es un resumen del intercambio de mensajes con el fiscal:
-(2 de diciembre) Fiscal, le prometí pedirle entrevista antes de publicar cualquier reportaje sobre usted. Estamos preparando una publicación, ¿podemos hablar?
-(3 de diciembre) ¿Sobre qué tema?
-Tenemos información sobre sus viajes y queremos entender las razones y circunstancias.
-Factum (fue) malicioso y no es como está deformando la situación. Hay intereses políticos y mala intención. Afirman y crean falsedades graves. Periodistas pagados por políticos detrás con el fin de obstruir reelección. El Instituto de Acceso a la Información declaró reserva sobre viajes del fiscal. Con gusto entrevista. El martes en la mañana con buen café.
-Perfecto, ¿9 en su despacho?
-Chivo.
-(8 de diciembre) Fiscal, solo confirmando la entrevista mañana por la mañana a las nueve.
-Estoy fuera del país todavía.
-¿Cuándo regresa? Podemos plantearle las principales preguntas por teléfono. Hemos atrasado la publicación para esperar a hablar con usted.
-Usted dele. Por mis viajes dele y después espere. Solo que tiene reserva legal ese tema por Instituto de Acceso a la Información Pública.
-¿Le parece bien entonces que publiquemos la información y después su respuesta? Podemos hacer la entrevista el miércoles si puede.
-Solo le recuerdo reserva legal y yo mis derechos. Y voy a hacer valer mis derechos por la reserva legal.
-Comprendo la reserva sobre cierta información ¿Pero a qué se refiere con hacer valer sus derechos? Le estamos ofreciendo hablar mañana, en persona o por teléfono, y que su postura sea parte de la publicación.
-Bueno, usted sabe qué es reserva legal.
-Sé que hay reserva sobre el costo de sus viajes, pero la bitácora y una versión de las aerolíneas (que usó) nos la dio la misma FGR. ¿Entonces es posible hablar mañana por teléfono con usted? En realidad nos interesa saber por qué vuela en jet y no en vuelos comerciales. Y por qué considera que no es conflicto de intereses que cuatro de las empresas con que vuela estén vinculadas a Enrique Rais.
El Fiscal General no respondió a estos últimos mensajes. Hasta la noche de este 9 de diciembre el fiscal Martínez no había reanudado la conversación.
