El fiscal general de El Salvador, Luis Martínez, firmó este domingo 7 de diciembre de 2014 un acuerdo marco con Nicola Melchiotti, gerente de la empresa italiana Enel Green Power para México y Centroamérica, para poner fin a la disputa por el control de la empresa generadora de electricidad a partir de la geotermia, LaGeo, S.A. de C.V.
Representantes del gobierno salvadoreño estuvieron reunidos durante tres días -viernes, sábado y domingo- con los representantes de Enel en las oficinas del Tribunal Arbritral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en Washington D.C , donde acordaron terminar la disputa, que duró ocho años.
La empresa Geotermia Salvadoreña (Gesal), ahora conocida como LaGeo, fue fundada en la década de los noventa y tenía un acuerdo con la empresa italiana Enel para la exploración y explotación de pozos geotérmicos. Durante la administración de Francisco Flores (1999-2004), la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) firmó, en junio de 2002, un contrato para convertirla en 'socio estratégico' en la exploración y explotación de la energía geotérmica.
Por la CEL, el contrato lo firmó el presidente de la autónoma, Guillermo Sol Bang, y el acuerdo permitía que la empresa italiana se convirtiera en el socio mayoritario de LaGeo. “CEL declara que no existen restricciones para que en virtud de las inversiones a que se refiere el párrafo anterior, el socio estratégico se convierta en el accionista mayoritario de Gesal, mediante la capitalización de las mismas”, estableció el contrato, que respondía a la Ley General de Electricidad y Telecomunicaciones.
El conflicto estalló cuando, durante el gobierno de Antonio Saca (2004-2009), la CEL se rehusó a admitir un plan de inversión de más de 100 millones de dólares de Enel. La disputa, originada en 2006, se mantuvo latente hasta cuando, en 2008, Enel anunció una inversión de 127.4 millones de dólares, con lo que al capitalizarla, su posesión de acciones de LaGeo pasaría del 32 al 53 %. La CEL se rehusó entonces, abiertamente, a cumplir el contrato.
Enel recurrió a la Corte de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio (ICC), con sede en París, que el 5 de julio de 2011 resolvió en favor de Enel, determinando que tenía derecho a capitalizar sus inversiones y, por lo tanto, a poseer el 53.25 % de las acciones de LaGeo. Entonces, el gobierno de Mauricio Funes (2009-2014) se rehusó a cumplir la sentencia y el entonces presidente de CEL, Irving Pavel Tóchez, anunció que acudirían ante la Corte de Apelaciones de París. En enero de 2013, la Corte de Apelaciones ratificó la decisión de la ICC y resolvió que El Salvador debía permitir a Enel capitalizar sus inversiones.
Ese mismo año, el presidente Funes denunció públicamente lo que consideró que era un contrato lesivo para los intereses del Estado salvadoreño y dijo que entendía que el fiscal general, Luis Martínez, estaba a punto de formar una comisión especial que investigaría los arreglos con Enel. El argumento de Funes era que no podía cederse el patrimonio nacional, en referencia al recurso geotérmico.
Por esta operación, el 11 noviembre de 2013, la Fiscalía General de República acusó a 21 personas, entre ellas siete exfuncionarios del gobierno de Francisco Flores, de cometer irregularidades en la suscripción de dichos contratos, los cuales la Fiscalía consideró lesivos para los intereses del Estado.
Los siete exfuncionarios acusados son el exministro de Economía Miguel Lacayo, a quien la comisión especial de la Fiscalía señaló por supuestamente instigar a los directivos de la CEL a firmar el contrato con Enel; el expresidente de CEL, Guillermo Sol Bang; el expresidente de Gesal, Jorge José Simán Zablah; y otros directivos de la autónoma como Tomas Hawk Baker, Pedro José Escalón Pacas, Julio Alberto Olano Noyola y Carlos Jacinto Chavarría Aguilar. Simán Zablah es fundador y socio de El Faro. En este momento, por el proceso penal, tiene embargadas sus acciones.
Sobre el exministro de Economía, la comisión especial dijo: “(Lacayo) determinó a los exmiembros de la junta directiva de CEL a que cometieran el delito de peculado. Sí él no hubiera pedido que se cediera ese contrato, no se hubiera dado esta circunstancia porque el ceder ese contrato los llevó a violar la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP)”, aseguró Saúl Morales, miembro de esa comisión.
La Fiscalía ha dicho que los daños al Estado como consecuencia del contrato con Enel superan los 2,000 millones de dólares, y logró que el juzgado de instrucción que depura el caso girara embargos millonarios a los imputados.
Cuando la Fiscalía hizo la acusación penal, Sol Bang dijo entonces que toda la actuación que llevó al contrato con Enel la hicieron en el marco de la ley. 'Me siento orgulloso de haber participado en un proceso transparente que propició la generación barata de energía por medio de la geotermia', dijo Sol Bang en un comunicado.
Simán recordó que había un marco legal que no solo les permitía la contratación del socio estratégico para LaGeo: 'Nos acusan de haber aplicado una ley que nos obligaba como funcionarios a hacer lo que hicimos', dijo.
11 personas más fueron acusadas de cómplices necesarios en el delito de peculado. Entre ellos están los tres integrantes del comité que llevó a cabo el proceso de capitalización de Gesal: Óscar Armando Valdez Iraheta, Ricardo Palomo Déneke y José Antonio Rodríguez, este último también exgerente general de esa empresa. Además, la Fiscalía presentó cargos contra Roger Martín Avilés Herdocia, Carlos Mauricio Novoa González, Mario Christopher Selva Breyel, José Agustín Javier Gasteazoro Escolán, Porfirio Díaz Fuentes, José Vicente Machado Calderón, José Daniel Julio Martínez y Paolo Pietrogrande, este último el administrador delegado por la empresa italiana para firmar el acuerdo entre accionistas y la primera modificación del acuerdo de capitalización. La última persona de la lista señalada por el delito de peculado es Jaime Luis Torres Alvarado, el excoordinador de desarrollo empresarial de CEL, quien manejaba los comités de evaluación e introducía información del caso a la junta directiva. La Fiscalía le imputa ser un cómplice no necesario del delito de peculado.
La Fiscalía también anunció la acusación contra dos notarios, Benjamín Valdez Iraheta y Carmen Antonia Paredes Lazo, por el delito de falsedad documental agravada. La explicación de Morales sobre ese delito fue escueta pero sugirió que los notarios mintieron en la información relacionada con las escrituras de constitución de empresas relacionadas con el caso, “insertando información no correspondiente a la realidad”.
Paralelamente, el gobierno salvadoreño decidió llevar este litigio al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias en Inversiones (CIADI), en Washignton D.C., donde a finales de noviembre de 2014 los representantes de ambas partes suspendieron el proceso de arbitraje para llegar a un acuerdo, que es el que firmaron este domingo.
La Fiscalía, en su comunicado de este domingo 7 de diciembre, dijo que la causa penal contra los procesados por peculado continuará. 'En cuanto a la responsabilidad penal, se procederá en la forma, alcance y límites que permita la ley penal salvadoreña', dice el comunicado de la Fiscalía.
