'Me gustaría quedarme, pero ya me voy, porque si no, me puedo meter en problemas con el comandante general (el presidente de la República)”, bromea el coronel Joel Antonio Rivas, oficial de información del Ministerio de la Defensa, cuando sale de una audiencia oral en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Una ciudadana le había demandado por no entregar información que le había solicitado y por eso, cuando este miércoles 17 de diciembre a las 2 de la tarde salía de las oficinas del Instituto, Rivas se sorprendió de hallar la recepción del Instituto atestada de periodistas y representantes de organizaciones cívicas. Pero la multitud no estaba allí por la misma razón que él, sino porque su comandante general, el presidente Salvador Sánchez Cerén, ha sido demandado ante el IAIP y el organismo estaba próximo a realizar una audiencia pública que el presidente había pedido se hiciera en privado. Rivas bromeaba, pero tal vez presentía lo que estaba por suceder: si se hubiera quedado, minutos más tarde habría observado cómo en el campo de batalla por el acceso a la información pública, su comandante general retrocedería.
El origen del litigio del presidente Sánchez Cerén y una organización ciudadana se remonta a mayo de 2012, cuando contrariando la letra de la Ley de Acceso a la Información Pública, el presidente Mauricio Funes declaró bajo reserva la información sobre el gasto publicitario y las auditorías internas de la Presidencia. Un año después, Funes dispuso -también en contrario a la letra de la ley- declarar información reservada la relativa a sus viajes y a los de su esposa.
La disputa aún no concluye, pero este miércoles el representante legal del presidente Salvador Sánchez Cerén informó que en la Presidencia se niega el acceso a la información sobre el gasto publicitario porque determinaron que la libre competencia es un bien jurídico con mayor peso que el derecho al acceso a la información.
El conflicto arrancó el 3 de julio de 2014, cuando la oenegé Centro de Asistencia Legal y Anticorrupción (Alac) solicitó a la Presidencia información sobre los servicios de agencias de publicidad para el diseño e implementación de campañas para el año 2010, informes de auditoría interna de la Presidencia desde el año 2007 al 2011, información sobre los viajes realizados por el presidente de la República y su esposa en misiones internacionales desde 2009 hasta 2014 y la información concerniente a las actividades protocolarias de alimentación, transporte y estadía de funcionarios internacionales.
En la audiencia oral de este miércoles 17 de diciembre, el presidente de la República a través de su apoderado legal se echó para atrás en su petición al IAIP de prohibir el acceso a particulares a la audiencia. Pero Sánchez Cerén no dio perdida la batalla, que en el fondo es que los salvadoreños puedan conocer información de la Presidencia de la República que la ley dice que es pública.
En estas audiencias, los comisionados del IAIP son los jueces entre las dos partes en conflicto y como medida cautelar pueden solicitar que la información en disputa les sea entregada para resguardarla. Eso fue lo que hizo el IAIP hace meses, y eso es lo que después de cinco meses la Presidencia no ha cumplido. Después de varias prórrogas, el representante de Sánchez Cerén, el abogado Luis Javier Portillo, pidió este miércoles en la audiencia 10 días más para entregarla y el insitituto le concedió solo 24 horas más. Los comisionados no pueden hacer la información bajo su resguardo hasta resolver si, efectivamente, es algo que debe mantenerse en secreto o no. El Instituto anunció que tomará una decisión este lunes 22 de diciembre, cuando resolverá si la razón está del lado de la Presidencia o de Alac.
La Ley de Acceso a la Información Pública entró en vigencia el 7 de mayo de 2011. Un año después, el secretario privado de la presidencia de Mauricio Funes, Francisco Cáceres, decidió reservar las auditorías internas y los gastos de publicidad durante siete años con el argumento de que si se daban a conocer podrían ocasionar desventajas competitivas para las empresas publicitarias que ofrezcan sus servicios al gobierno. En 2013, la presidencia de Mauricio Funes también decidió reservar la información relacionada con los viajes del presidente y la primera dama.
El 21 de julio de este año, la Presidencia le negó acceso a esa información a Alac, a pesar de que según la ley debería ser divulgada sin necesidad de que alguien la solicite. El pedido a Alac incluye datos sobre los costos de los viajes de funcionarios -el ex presidente y la primera dama-, de los gastos por recibir a diplomáticos e invitados internacionales. Ante la negativa presidencial, Alac apeló ante el IAIP el 30 de julio y esa disputa llevó a la audiencia de este miércoles.
El IAIP convocó a Roberto Burgos y a Xenia Hernández, representantes de Alac y al presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén -o su representante- a la audiencia oral pública para escuchar los argumentos. Junto al abogado Portillo Solano llegó el oficial de información de la Presidencia, Pavel Benjamín Cruz.
Uno de los comisionados, Jaime Campos, presidiría la audiencia, y en su primera intervención sobre el caso hizo referencia a la solicitud del presidente Sánchez Cerén. 'Se solicitó que se garantizara que el desarrollo de esta audiencia se mantuviera con carácter reservado y que no sea divulgado su contenido y lo que aquí se discuta por medios de comunicación o por empleados o funcionarios de esta dependencia', leía Campos, cuando fue interrumpido por el apoderado de Sánchez Cerén. 'Comisionado Campos, solo un detalle antes de comenzar la audiencia: la Presidencia de la República desiste de esa petición... para que se proceda a la audiencia'.
En la solicitud de hacer a puerta cerrada la audiencia, recibida por el Instituto el miércoles 10 de diciembre, Portillo decía que, por instrucciones expresas de Sánchez Cerén, hacía estos dos pedidos: “A ustedes pido: que se restrinja el acceso a los particulares a la audiencia oral, siendo que solo pueden acceder a ella la parte apelante y la apelada, y sus representantes. Además que ese Instituto garantice el carácter confidencial y reservado del objeto de la discusión, a efecto que no sea divulgada por los medios de comunicación, por empleados o funcionarios de esa dependencia y por particulares”.
Cuando los testigos de la intervención de Portillo escucharon su decisión de retroceder, se produjo un murmullo en la sala y las cámaras de los periodistas soltaron flashazos sobre el vocero presidencial. Portillo dejó de hablar y bebió un trago de agua.
Jaime Campos siguió explicando lo que iba a ventilarse en la audiencia, pero fue interrumpido por segunda vez por al abogado del presidente. 'Sí, con respecto a la prórroga, a nosotros (Presidencia de la República) no nos ha sido todavía posible recolectar la información y todavía estamos en el proceso de recopilación... pedimos 10 días más', dijo. Esta vez, quien interrumpió fue Roberto Burgos, de Alac. Se levantó de su asiento con gesto indignado y manifestó que, tomando en cuenta que desde julio se estaba solicitando esta información -casi 5 meses- no se justificaba que la Presiencia aún diga no tenerla. Burgos pidió que no se concediera más prórrogas. 'Si se aprueba la nueva prórroga de 10 días, de prórroga en prórroga podría pasar un año sin que la entreguen', protestó.
Como respuesta, los comisionados hicieron un receso de tres minutos. En esos 180 segundos, los representantes de organizaciones que promueven el derecho de acceso a la información cuchichearon que la decisión de Sánchez Cerén de retractarse de su pedido de una audiencia a puerta cerrada fue una maniobra para evitar el bochorno de un rechazo del Instituto.
Terminado el receso, el IAIP anunció su decisión: 24 horas de prórroga para que la Presidencia encuentre toda la información en juego y la entregue completa al IAIP para que este pueda tener una copia de seguridad y pueda resguardarla. Con esa información en sus manos, el IAIP resolverá si se justifica la reserva o no.
Habían transcurrido 24 minutos desde el inicio de la sesión, pero la parte medular de la cita aún no llegaba: la presentación de argumentos por las partes. Finalmente, Xenia Hernández, abogada de Alac, pudo iniciar su participación. Para comenzar, expuso una serie de notas periodísticas que recogen declaraciones de funcionarios de la Presidencia que dijeron en algún momento que estaban evaluando la desclasificación de la información reservada. Tercera interrupción del abogado de Sánchez Cerén: dijo que lo que presentaban los demandantes no constituía prueba y pidió que se desestimara como tal. Ante la interrupción, Jaime Campos explicó a Portillo que la audiencia del IAIP no funcionaba así. Que se tomaría nota de su petición, pero que la consignación sería hasta la resolución definitiva. Aún no era el momento para desestimar ninguna prueba.
Llegó el turno de la Presidencia. Portillo se levantó de su asiento y comenzó a expresar sus argumentos. Con paso lento caminaba entre su mesa y la de Roberto Burgos, el otro abogado de Alac. Aseguró que la presidencia de la República no tenía ningún problema con atender las peticiones de información de Alac. 'El problema de Funde-Alac es que siempre tiene motivaciones políticas”, dijo, en referencia a la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), que cobija a Alac. 'Aquí vamos a discutir cuestiones meramente legales, no meramente políticas', añadió.
Entonces pasó a exponer por qué la Presidencia cree que hay que vedar el acceso de los ciudadanos a la información sobre sus gastos publicitarios. “Realizamos un test de ponderación de bienes jurídicos”, comenzó a relatar, y ese examen les permitió determinar cuál bien jurídico pesa más.
'¿Por qué no se ha revelado la información de publicidad?', preguntó Portillo, retóricamente. 'Porque se consideró en este test de ponderación que mencionamos, que hay bienes jurídicos que pesan más que el derecho a la información pública... en este caso la Presidencia ha considerado que el bien jurídico a la libre competencia y a que no se perjudiquen las compras estatales realizadas por la Presidencia tienen un valor adicional al acceso a la información pública', expuso.
El oficial de información Pavel Cruz se limitó a decir que el abogado Portillo ya había dicho todo lo que hacía falta decir sobre los gastos publicitarios, y que él solo se referiría a la reserva sobre la información de los viajes del presidente. Dijo que revelar el costo de los boletos de avión del ex presidente Funes implicaba revelar una parte del “protocolo” y que eso implicaba un riesgo puesto que es el mismo que se sigue para los viajes del actual presidente Sánchez Cerén.
Después, Cruz manifestó que le extrañaba el porqué se cuestionaba la transparencia de Casa Presidencial, puesto que la información de los viajes del resto de funcionarios de presidencia estaba al alcance de la ciudadanía, excepto la del ex presidente Funes y la de su esposa Vanda Pignato.
Cuando las dos partes expusieron sus argumentos, después de hora y media de reunión, se dio por finalizada la audiencia oral. Roberto Burgos y el representante de la Presidencia de la República estrecharon manos en medio de un grupo de periodistas que se acercaban a tomar fotos de la firma del acta del Instituto. Rápidamente, los periodistas se arremolinaron ante los representantes de la Presidencia.
-¿Por qué decidieron retirar la solicitud de que la audiencia fuera privada?
-No vamos a dar declaraciones -respondió el apoderado legal de Sánchez Cerén.
-¿Por qué no pueden dar declaraciones sobre lo que se dijo en la audiencia?
-Lo que se tenía que decir ya se dijo.
Roberto Burgos y Xenia Hernández salieron en silencio de la sala de audiencias sin ningún medio detrás de ellos. En la entrada del Instituto ya los estaba esperando su grupo de apoyo:
¡Ahí vienen! ¡un aplauso! alcanzó a decir una de ellos. Roberto Burgos se integró al grupo, recibió abrazos y felicitaciones. Sin proponérselo directamente, logró que CAPRES dijera que en su “test de ponderación de bienes jurídicos” brindar información pública no era prioritario para el gobierno que escudó su información detrás de “la libre competencia”. Este lunes 22 de diciembre, el Instituto determinará si los argumentos de la Presidencia para negar información tienen fundamento o no.
