“Nosotros no podemos volver al esquema de entendernos y de negociar con las pandillas, porque eso está al margen de la ley. Los pandilleros se han puesto al margen de la ley, y por lo tanto nuestra obligación es perseguirlos, castigarlos y que la justicia determine las penas que les corresponden”, comentó el presidente Salvador Sánchez Cerén la mañana de este lunes, tras una reunión con las jefaturas de la Policía Nacional Civil (PNC) como consecuencia de las escandalosas cifras de asesinatos con las que se cerró 2014.
“El principal problema de los homicidios es el enfrentamiento que hay entre las pandillas por la disputa de los territorios”, agregó el mandatario.
Después de dos años consecutivos en los que la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes estuvo en torno a 40 –precisamente como consecuencia de la negociación del gobierno con las maras–, en 2014 la cifra saltó hasta 62, muy cerca de Honduras, considerado el país más violento del mundo, donde la tasa fue de 66 asesinatos por cada 100,000 habitantes.
Las declaraciones de hoy del presidente Sánchez Cerén son importantes en dos vías: por un lado, suponen de alguna manera el acta de defunción para el proceso iniciado en marzo de 2012; por otro lado, el mandatario admite de forma expresa que durante la administración anterior, encabezada por el expresidente Mauricio Funes y en la que el actual presidente era vicepresidente y ministro de Educación, hubo una negociación con los líderes de las pandillas.
La batalla que libran las pandillas por controlar barrios, colonias y poblados, es para garantizarse espacios donde “extorsionar” a la población y comercializar droga, explicó el mandatario.
Entre las 3,912 víctimas de homicidios, según las cifras y las interpretaciones policiales, figuran 1,481 miembros de las estructuras criminales de las maras o pandillas, según la jerarquía policial.
Sánchez Cerén descartó volver a alentar una tregua entre pandillas como la que se produjo en 2012 bajo la presidencia de Funes (2009-2014), la cual permitió reducir los homicidios de 14 a 6 por día.
A pesar del incremento de los homicidios, las pandillas han asegurado que mantienen el pacto sellado el 9 de marzo de 2012 bajo la mediación del vicario castrense Fabio Colindres y el excomandante guerrillero Raúl Mijango, ambos ausentes del pluralista Consejo de Seguridad que el gobierno creó en septiembre pasado para diseñar una estrategia de seguridad.
“Nosotros no quisimos seguir esa estrategia (de alentar la tregua) porque eso lo que permitió es que las pandillas se incrementaran, las pandillas se fortalecieran”, subrayó el gobernante. Sin mencionar cifras, el presidente destacó que en el último año hubo una disminución de las extorsiones por la nueva “relación” que se estableció entre la Policía Comunitaria y la población, lo que permitió “más denuncias”.
El Faro reveló en marzo de 2012 que el gobierno de Funes había negociado con los líderes pandilleros la reducción de los asesinatos a cambio de beneficios carcelarios. Funes siempre negó esa versión, pero su ministro de Seguridad, el general David Munguía Payés, admitió que la tregua fue una idea que se fraguó en su despacho y que el presidente le dio su aval.
Las pandillas en El Salvador, según cifras oficiales, suman unos 60,000 miembros en las calles más 10,000 encarcelados, y un colchón social que ronda el medio millón de salvadoreños.
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