La Fiscalía General de la República (FGR) pidió cerrar una segunda investigación por evasión de impuestos en contra del alcalde de Metapán y candidato a la reelección, Juan Umaña Samayoa. El funcionario, junto a uno de sus hijos y una de sus empresas, eran acusados de no pagar 1.1 millones de dólares en impuestos durante el 2011.
El requerimiento en contra de Umaña Samayoa, su hijo Wilfredo Guerra y la empresa Agroindustrias Gumarsal fue presentado en el Juzgado Décimo de Paz, el cual realizará una audiencia especial este jueves. El resultado de esa audiencia es previsible: el caso será cerrado porque los fiscales han pedido la “aplicación de la excusa absolutoria” porque los acusados pagaron los impuestos al Ministerio de Hacienda.
“Conciliamos, pero solo es para dar por cerrado el caso. No aceptamos los señalamientos (de Hacienda). Ya estamos en regla. En el desempeño empresarial hay costos que son más baratos evitarlos, aunque usted tenga razón. Más vale un mal arreglo que un buen pleito”, dijo Guerra a El Faro vía telefónica. Guerra es hijo del alcalde y representante de Agroindustrias Gumarsal. El Faro llamó a la alcaldía de Metapán, pero no pudo contactar con el alcalde Umaña Samayoa, del Partido de Concertación Nacional.
La evasión de impuestos por un millón 135 mil 809 dólares es la segunda investigación que Umaña Samayoa, Guerra y Agroindustrias Gumarsal sortean con éxito. En abril del año pasado, ellos también fueron acusados de evasión de impuestos durante el 2010, pero la investigación feneció luego de que pagaran 912 mil 279 dólares.
El expediente contra Umaña Samayoa, a quien investigaciones de la Policía y de otras instituciones del Estado identifican como uno de los líderes del Cártel de Texis, no es el único que camina hacia el archivo. El próximo lunes, el Juzgado Décimo de Instrucción tiene programado declarar firme la exoneración definitiva, también por evasión de impuestos, a favor de José Adán Salazar Umaña, conocido como Chepe Diablo, y su empresa Hoteles Salvadoreños (Hotesa) por no pagar 583 mil 734 dólares en impuestos durante el 2010 y 2011.
Esos expedientes que serán archivados son el primer proceso judicial que enfrentan los empresarios después de que, en mayo de 2011, El Faro hiciera públicos tres informes de inteligencia del Estado que revelaban la existencia del Cártel de Texis; esos expedientes también eran el primer proceso judicial después de que, en junio de 2014, el gobierno de los Estados Unidos incluyera a Chepe Diablo en una lista de capos internacionales, por designación directa del presidente Barack Obama.
Chepe Diablo ha negado cualquier vínculo con actividades delictivas. En una entrevista del 12 de junio de 2012 dijo a El Faro: “Soy un hombre honesto y las cosas caen por su peso. Cuando ustedes sacaron semejante publicación (El Cártel de Texis), si eso hubiera sido cierto, tendrían que haberlo pasado a la Fiscalía y que me metieran preso de inmediato. Así tendría que haber sido la ley, y si no es así no tengo nada que opinar porque las inversiones están, se pagan impuestos y estamos obligados a hacer bien nuestro trabajo”. Dos años después de esa declaración, la Fiscalía lo procesó por evadir impuestos, pero él pagó su deuda con Hacienda. El caso estará cerrado definitivamente el próximo lunes.
La doble contabilidad, el incremento patrimonial injustificado y otros males
Un informe del Ministerio de Hacienda consigna que, durante 2011, el alcalde Umaña Samayoa reportó un incremento patrimonial de 152 mil 244 dólares, dinero que movió en sus cuentas bancarias y sobre el cual no justificó origen o fuente. Los auditores de Hacienda le pidieron al funcionario las conciliaciones bancarias y los estados de sus cuentas bancarias, tarjetas de crédito y tacos de chequera a su nombre.
Sin embargo, dicen los auditores, el funcionario ocultó esa información. Hacienda pudo determinar ese incremento patrimonial no justificado gracias a un informe de la Superintendencia del Sistema Financiero. Con los 152 mil 244 dólares que Umaña Samayoa ocultó en una de sus cuentas evadió el pago de 38 mil 758 dólares en impuestos.
En el caso de Guerra, Hacienda le cuestiona depósitos por 168 mil 38 dólares cuyo no origen no justificó. El informe de auditoría, que data del 9 de septiembre de 2013, establece que el impuesto evadido por el empresario es de 50 mil 298 dólares.
A Guerra, como representante legal de Agroindustrias Gumarsal, también se le acusó por la evasión de impuestos por un millón 46 mil 752 dólares. Una de las principales irregularidades que encontraron los auditores es que esa empresa tenía un sistema de doble contabilidad que le permitía ocultar sus operaciones para evadir impuestos. “Los valores registrados en el libro diario mayor reflejan valores diferentes en las cuentas capital social, cuentas y documentos por pagar, otras cuentas por pagar y partes relacionadas a corto plazo”, escribieron los auditores cuando compararon los datos de la contabilidad de la empresa con informes financieros que Gumarsal presentó al banco Scotiabank, para adquirir préstamos.
“Gumarsal declaró 75 millones 423 mil 618.64, no declarando los ingresos realmente recibidos. La empresa ha declarado a Hacienda información falsa, llevando doble o múltiple contabilidad. El total de ingresos gravados debió ser por 78 millones 912 mil 308.54 dólares”, consigna el documento del Ministerio de Hacienda.
La empresa adujo que la diferencia de 3.4 millones de dólares era pasivo que correspondía a préstamos recibidos de accionistas y de personas naturales y jurídicas relacionadas para el pago de compras locales y en el extranjero. Hacienda, sin embargo, lo consideró como un incremento patrimonial no justificado.
El Faro preguntó a Guerra si el pago de los impuestos implicaba que reconocían haber cometido las irregularidades como la doble contabilidad y el incremento patrimonial no justificado. “Yo creo que en el proceso de crecimiento de las empresas a veces uno no crece parejo y deja debilidades en su crecimiento, que no logra cubrir el cien por ciento. Los controles nos quedaron débiles. Hacienda vio algunas cosas más de forma que habíamos incumplido. Todo era subsanable”, respondió. Guerra explicó que pagaron para evitar “cuestiones de exhibición pública” porque, según él, por asuntos de competencia se les ha relacionado con el Cártel de Texis. “No tenemos relación con esa gente”, dijo.
En la declaración de renta de Gumarsal, el Ministerio de Hacienda también les objetó el pago de 26 mil 842 dólares, gasto que se justificó como el pago de renta a las pandillas. Los auditores dicen que no se proporcionó la documentación idónea para demostrar la necesidad del gasto que “contribuyera a la generación de la renta gravada”.
Guerra dice que consignaron ese gasto porque “sería más caro que nos maten un vendedor o un vigilante”. Y aunque las autoridades sostienen que las extorsiones de las pandillas han disminuido, el empresario asegura que siguen pagando lo mismo a las pandillas y que, incluso, hay colonias en las que ya no distribuyen sus productos porque pagan más de lo que ganan. Una de esas colonias es Popotlán, en Apopa, donde pagaban 400 dólares al mes. “Nosotros pagamos lo mismo y hay colonias a las que ya ni vamos”.
