Dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron asesinados entre la noche del domingo 11 y la madrugada del lunes 12 de enero, elevando a cinco la cifra de agentes asesinados en las primeras dos semanas de este 2015. Tras estos ataques la Policía cierra una semana negra con cinco ataques que según la dirección de la policía han sido 'planificados' para desestabilizar al gobierno y a la corporación policial.
El domingo 11 por la noche, cerca del complejo deportivo El Cafetalón, en Santa Tecla, Pedro Adilson Ramos Pérez, de 30 años, fue lesionado por impactos de bala y murió en el Hospital San Rafael. Ramos Pérez estaba destacado en el puesto de la policía del complejo Ciudad Mujer de Lourdes, Colón. La PNC capturó a cuatro sospechosos que se conducían en un automóvil blanco con placas guatemaltecas, pero hasta el momento se desconoce el móvil del crimen. Entre los sospechosos hay dos mujeres y un agente de seguridad privada.
Horas más tarde, en la madrugada del lunes 12, Julio César Serrano Girón, un agente de 24 años destacado en la División de Protección de Personalidades Importantes fue asesinado en la carretera que conduce desde Jutiapa a Ilobasco, en el departamento de Cabañas.
Los ataques contra policías, este año, arrancaron el lunes 5 de enero. Ese día, el presidente de la Republica, Salvador Sánchez Cerén, presidió una reunión del gabinete de Seguridad, en un entorno desfavorable para un país que vio cómo 2014 se convirtió en el año más violento desde que las pandillas y el gobierno negociaron la reducción de homicidios en marzo de 2012. El año pasado cerró con una tasa de 62 asesinatos por cada 100 mil habitantes, pero también con un incremento en el asesinato de agentes de la policía, un rubro que en los casi dos años que duró la tregua entre pandillas también había estado a la baja, amén de un cese de enfrentamientos entre pandilleros y policías, según reconocieron las dos facciones del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha en abril del año pasado.
Lo curioso es que el mismo día de la reunión del gabinete de Seguridad, en la que el presidente Sánchez Cerén dijo que a diferencia del gobierno anterior -del que él fue vicepresidente- su gobierno no negociaría con criminales (dado que la mayoría de los crímenes, según las autoridades de Seguridad, son cometidos por las pandillas), cayó el primer policía asesinado de este 2015.
El agente William Alexander Portillo Vásquez, de 40 años, estaba destacado en delegación Centro de la policía y se conducía en un autobús de la Ruta 6. Cuando la unidad hacía un recorrido por el municipio de Mejicanos, dos hombres que también se transportaban en la unidad le dispararon en la cabeza, se bajaron y huyeron.
Al siguiente día, el martes 6 de enero, fue abatido el agente Víctor David Hernández Clavel, de la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO), en la residencial Miramundo, del municipio de Apopa. Clavel tenía 18 años en la institución.
En 2011, un año antes de la tregua entre las pandillas y el gobierno del presidente Mauricio Funes, las autoridades señalaban que las decenas de policías, militares y custodios asesinados respondían a las venganzas de las pandillas por las vejaciones que sus familiares sufrían en los registros previos al ingreso a los centros penales. Las mujeres familiares de los pandilleros denunciaban, en esa época, que los custodios y las mujeres militares les metían los dedos en el ano o en la vagina para buscar objetos ilícitos.
La tregua inició en marzo de 2012. Para 2013, los asesinatos de policías bajaron a 14, y las pandillas se adjudicaron ese éxito, así como el de evitar ataques contra custodios y militares. Sin embargo, en abril de 2014, y en virtud de que la tregua agonizaba, las pandillas lanzaron un mensaje a los policías, en el que les decían que o cesaban de atacar y “disparar antes de preguntar” a sus miembros o ellos también actuarían en su contra.
Voceros de las dos facciones del Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha se referían al comportamiento agresivo que muchos agentes habían tomado en los cateos, allanamientos y en los patrullajes, amparados en unas reformas penales aprobadas a mediados de 2013 por la Asamblea Legislativa. Esas reformas, encaminadas a “proteger” el trabajo de la Policía, en síntesis provocó que hasta la Inspectoría General emitiera comunicados en los que enviaba mensajes curiosos a los agentes. En los comunicados, distribuidos a las delegaciones policiales a mediados de 2014, la Inspectoría planteó que media vez que una agente demostrara que disparó en cumplimiento de su deber, estaría absuelto de cualquier investigación en su contra.
Para noviembre de 2014, el mensaje de las pandillas hacia los policías seguía siendo el mismo. O al menos eso se interpreta en las palabras que Raúl Mijango, uno de los mediadores de la tregua, le dijo a El Faro a finales del año pasado. Para el 30 de noviembre de 2014, la PNC contaba 33 policías asesinados. Según Mijango, las pandillas contaban más de 100 asesinatos en sus filas a manos de policías.
“La necesidad de redoblar esfuerzos para alcanzar la paz es porque hoy ya no solo tenemos una guerra entre pandillas, como hace algunos años, sino que ahora a la guerra entre los pandilleros, recrudecida, se le ha superpuesto la guerra de las pandillas con el Estado... y viceversa. Hoy hay que desmontar otro escenario que no existía en 2012”, decía Mijango, en alusión a la necesidad de continuar con las negociaciones con las pandillas para reducir la violencia.
—¿Usted cree que ahora hay una guerra de las pandillas contra el Estado?
—Lo que veo es que hay una actitud de guerra en ambas partes.
—¿Por qué solo contra la Policía Nacional Civil?
—No solo. Ya van 18 muertos del ejército este año.
La semana pasada, tras el asesinado de los primeros dos agentes en lo que va del año, hasta la Asamblea Legislativa pidió un minuto de silencio, en la primera sesión plenaria de este 2015. La Asamblea aprobó el año pasado elevar las penas hasta 60 años de cárcel, calificando como “actos terroristas” los ataques en contra de los agentes de la PNC. Los ataques, sin embargo, no cesan. Este sábado 10 de enero, por la noche, Justo German Gil Espinoza, agente de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), manejaba una motocicleta en la colonia San Rafael (San Juan Opico), cuando fue atacado a tiros desde un vehículo en marcha.
La pregunta ahora es: ¿qué más se puede hacer para garantizar la seguridad de quienes deben garantizar la seguridad de todos los salvadoreños? Al finalizar 2014, la dirección de la PNC ya había levantado la veda impuesta desde 2005 al interior de la institución, y con la cual se prohibía que los agentes se fueran a sus casas portando su arma de equipo. Ahora, en teoría, todos los agentes cargan su arma reglamentaria de la casa al trabajo y viceversa, pero los ataques y las bajas continúan.
Tras el asesinato registrado el martes 6 de enero, el director de la Policía, Mauricio Ramírez Landaverde dijo que las primeras investigaciones apuntaban a que los ataques contra los policías no eran cosa fortuita sino “ataques planificados”.
*Con reportes de Roberto Valencia
