Los 16 meses de investigación judicial sobre las anomalías en la construcción del Bulevar Diego de Holguín, ahora Monseñor Romero, concluyeron con nuevos detalles de cómo la constructora urdió cobros indebidos y con la declaración de importantes exfuncionarios que dicen no recordar cómo ni por qué la Fiscalía perdió un millonario arbitraje. Lo que no aparece en ninguna parte al concluir las pesquisas en esta etapa del proceso que debe determinar si alguien va a juicio, es la acusación contra las personas responsables de las irregularidades originales del proyecto, que se produjeron cuando era ministro de Obras Públicas David Gutiérrez.
El expediente inicia con el recuento de tres irregularidades que, apenas iniciado el proyecto, lo entramparon: la modificación del diseño de la obra, la falta de permisos ambientales y el desvío de 7 millones de dólares que eran para iniciar la construcción y que el asocio de empresas contratadas usó para pagar préstamos personales y para invertir en la bolsa de valores y en depósitos a plazo fijo. La Fiscalía establece que esas anomalías sucedieron durante la gestión del ministro de Obras Públicas David Gutiérrez, pero en las 756 páginas del dictamen de acusación, el exfuncionario no aparece ni como testigo ni como imputado.
Gutiérrez estaba entre las personas denunciadas por el ministro Gerson Martínez, el 24 de mayo de 2010. Después de 28 meses de investigación, la Fiscalía presentó en septiembre de 2012 el caso ante un juez, pero Gutiérrez no fue incluido. Ahora que las pesquisas han escalado un peldaño más, Gutiérrez sigue sin aparecer en el mapa de la Fiscalía. “Sí ustedes tienen algún tipo de prueba, tráiganla, pues, porque si ustedes están insistiendo en una persona y no aparece implicada en este caso, hasta el momento de la investigación, no podemos nosotros andar atribuyendo ilícitos a una persona que no aparece en una investigación seria y bastante concluida hasta este momento”, respondió el fiscal general, Luis Martínez, cuando los periodistas le preguntaron sobre el exministro Gutiérrez, en septiembre de 2013.
Quienes creen que Gutiérrez debe ser incluido en ese mapa de anomalías del proyecto Bulevar Diego de Holguín es el equipo de abogados del exministro de Obras Públicas, Jorge Nieto, sucesor de Gutiérrez. A Nieto la Fiscalía lo procesa por supuesto favorecimiento a Copreca-Linares, el asocio que ganó el contrato de construcción del Diego de Holguín. A él, los fiscales le señalan que concedió más tiempo a la empresa y que modificó el contrato para iniciar un arbitraje. El Estado perdió ese arbitraje y, con él, el Estado perdió más de 4 millones de dólares.
René Castellón, abogado de Nieto, asegura que en el proyecto del Bulevar Diego de Holguín había tantas irregularidades que su cliente llegó como a intentar salvar un barco que ya estaba medio hundido. “El proyecto denominado Diego de Holguín tramo II nació viciado desde un inicio. Mi defendido no es la persona que ocupaba el cargo de ministro cuando se dio por iniciado el proyecto; que mi defendido no es la persona que cambió el diseño original del proyecto previo a la publicación de las bases de licitación; y que tampoco realizó los desembolsos iniciales a sabiendas de que se había modificado el diseño original de la obra”, se lee en la contestación de la acusación del exministro Nieto.
El exministro Gutiérrez niega que durante su administración algún proyecto haya nacido viciado o abandonado. El exfuncionario dice que durante su gestión prohibió los arbitrajes porque el Estado siempre perdía y esa cartera de Estado arrastraba una deuda de unos 18 millones de dólares por perder esos litigios. “Nosotros no permitíamos el arbitraje, pero él (el exministro Nieto) lo cambia. Y él cambia y lleva a un arbitraje y el arbitraje se pierde. El tema que estamos hablando se refiere a esas decisiones que hizo el ministro Nieto. Son sus decisiones, es su responsabilidad. La pregunta es: ¿Qué tiene que ver David Gutiérrez en esto? Yo no tengo ninguna participación dentro de todo esto”, asegura.
A la luz del expediente judicial y las investigaciones de la Fiscalía, la administración de Gutiérrez tuvo un rol clave en el inicio de los retrasos y las anomalías.
El origen del desacierto
La acusación que la Fiscalía presentó ante el Juzgado Quinto de Instrucción arranca con una falla en la contratación: el Ministerio de Obras Públicas inició el proceso de contratación sin tener el permiso ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El 26 de octubre de 2004, esa dependencia otorgó un permiso, pero ese documento aseguraba que la obra pasaba por terrenos de la Escuela Militar y no afectaba la zona protegida de la finca El Espino.
“El diseño geométrico incluía únicamente dos rampas de acceso, pero el exministro Gutiérrez, por solicitud del Ministerio de Defensa, general Otto Romero, autorizó la modificación del diseño conceptual del proyecto, moviendo hacia el norte el trazo del proyecto y agregando dos derivadores”. El documento de la Fiscalía asegura que la administración de Gutiérrez no presentó el respectivo formulario ambiental y que solo notificó la modificación del trazo de la vía. El Ministerio de Medio Ambiente respondió hasta el 18 de septiembre de 2006, lo que significa que se licitó el proyecto sin contar con la modificación del permiso ambiental.
Otra de las irregularidades que la Fiscalía cita en su documento es el anticipo por 7.6 millones de dólares que Obras Públicas entregó al asocio Copreca-Linares, en diciembre de 2005. Para entonces, Gutiérrez era el ministro. Los documentos decían que ese dinero debía utilizarse en un lapso de siete meses en las áreas de diseño final del proyecto, en ingeniería para la adquisición de los derechos de vía, terracería, drenaje menor y medidas ambientales y sociales.
Según los fiscales, “el contratista no cumplió con el plan de utilización del anticipo” porque el representante del asocio, el guatemalteco Jesús Hernández Campolllo, el 21 de diciembre de 2005 cobró el cheque por 5 millones de dólares y abrió una cuenta en Valores Cuscatlán, la casa de corredores de bolsa del Banco Cuscatlán, ahora Citi.
Obras Públicas entregó otro cheque por 2.6 millones de dólares, el 6 de enero de 2006. Campollo usó la mayor parte de este segundo desembolso, 1.9 millones de dólares, para abrir un depósito a plazo fijo en el Banco Agrícola. “El uso de dicho anticipo no fue verificado durante toda la ejecución del proyecto, a pesar de los incumplimientos del contratista y la falta de recursos alegadas por este para finalizar el proyecto, fue hasta en el año 2009, cuando el contratista abandonó por segunda vez el proyecto, que se realizó una auditoría al uso de esos fondos”, escribieron los fiscales.
El pago del anticipo ocurrió cuando Gutiérrez era ministro y aunque los fiscales lo detallan como una irregularidad, por ese hallazgo la Fiscalía no procesa a nadie. El exministro Gutiérrez asegura que no sabía que la constructora usó el dinero del anticipo para realizar inversiones financieras. Su administración, dice, entregó el dinero, y él considera que la garantía del buen uso del dinero era que él “estaba viendo que estaban trabajando”.
Gutiérrez reconoce que hubo algunos atrasos en la obra, pero se defiende diciendo que eso fue una maniobra política de la Alcaldía de San Salvador, en ese entonces gobernada por el FMLN, para entorpecer el proyecto. En los documentos recogidos por la Fiscalía existe un acta del 16 de marzo de 2006, en la que el Director de Inversión Vial de Obras Públicas, Óscar Díaz, informa al gerente del proyecto, Juan Francisco Bolaños, que de 12 actividades sujetas a evaluación, nueve están “sumamente atrasadas” y que a esa fecha no se cuenta con instalaciones de campo o instalaciones provisionales, a pesar de que según el contrato eso debía instalarse en un plazo de 45 días.
Nieto contra Gutiérrez
La Fiscalía involucra al exministro Nieto en una especie de conspiración para llevar al Estado a un arbitraje que de antemano se sabía que iba a perderse. Los fiscales aseguran que Nieto participó en reuniones y acuerdos con el contratista para alterar las condiciones de relación entre Obras Públicas y Copreca-Linares.
El exministro apunta una gran parte de su estrategia a recriminar que recibió un proyecto con grandes fallos. De esos fallos, dicen los abogados, debe rendir cuenta el exministro Gutiérrez. Sobre la supuesta conspiración para hacer que el Estado perdiera el arbitraje, el equipo de Nieto responde que antes del arbitraje pidió una opinión a la Corte de Cuentas de la República, institución que dio el visto bueno para que se buscara esa salida. Agregan que la administración Nieto aplicó multas a los constructores.
Nieto espera la audiencia preliminar en el Juzgado Quinto de Instrucción. Aunque él trata de deslindar responsabilidad en su antecesor, los fiscales le hacen señalamientos concretos. Uno de esos está relacionado con los 7.6 millones de dólares que recibió la constructora para iniciar la obra. “La conducta atribuida al procesado Nieto consiste en que tuvo conocimiento de que el asocio temporal Copreca-Linare había recibido un anticipo (…) y que dicho contratista no estaba cumpliendo sus obligaciones contractuales y que de conformidad con las bases de licitación y el convenio de préstamo tenía la obligación de verificar el uso de dichos fondos. Sin embargo, durante todo el tiempo que duró la ejecución del proyecto no realizó ninguna acción a fin de verificar el uso del anticipo”, dicen los fiscales.
Castellón, el abogado de Nieto, ha pedido que se llame a declarar como testigo a Gutiérrez. El Juzgado Quinto de Instrucción se pronunciará al respecto hasta el día de la audiencia preliminar, para la cual no hay fecha. El exministro Gutiérrez dice que está dispuesto a declarar ante un juez que, cuando él dejó el Ministerio, el Bulevar Diego de Holguín era un proyecto que avanzaba.
