La mañana del 21 de enero de 2003, la Policía Nacional Civil capturó a una mujer de 30 años en el Aeropuerto Internacional El Salvador. Los dos agentes la detuvieron al detectar inconsistencias en los documentos que presentó cuando se hacía pasar por tía de dos menores de edad. Los policías sospecharon que era una traficante de personas y justo bajo esa acusación fue procesada en los juzgados de San Luis Talpa, departamento de La Paz. La mujer detenida hace 12 años es Irma Michelle Martha Ninette Sol Schweikert, alcaldesa en funciones de Nuevo Cuscatlán, el municipio que se volvió atractivo en el mercado político salvadoreño tras la gestión del empresario Nayib Bukele, estrella de los candidatos municipales del FMLN.
La Fiscalía no logró la condena judicial de Sol, y esta ahora es candidata a suceder a Bukele en la alcaldía de este pequeño municipio situado a 10 kilómetros al suroccidente de la capital salvadoreña. En agosto de 2014, días después de haber sido lanzado como candidato a alcalde de San Salvador por el FMLN, Bukele anunció que la concejal Sol sería la candidata a alcaldesa, y el 5 de enero de 2015, el FMLN la inscribió como tal ante el Tribunal Supremo Electoral.
El acta de detención de Michelle Sol dice que fue retenida alrededor de las 8 de la mañana en el aeropuerto y que fue capturada oficialmente cerca del mediodía del martes 21 de enero de 2003, junto a un hombre llamado Osmín Blanco Canales, quien portaba un pasaporte con otro nombre.
El acta agrega que los dos policías los detuvieron al detectar que las fotografías de los documentos de las supuestas sobrinas de Michelle no coincidían con los rostros de carne y hueso que en ese momento intentaban viajar con ella a Miami, Estados Unidos. Michelle Sol pasó seis noches en bartolinas de la Policía de Fronteras y el 27 de enero de ese año fue presentada ante el juez de paz de San Luis Talpa.
En aquel momento la Fiscalía sostenía su caso con los siguientes elementos: un acta policial de detención en flagrancia, las entrevistas a las menores de edad que revelaron que sus nombres reales no eran los de los pasaportes que portaba la persona que se hizo pasar por tía, las actas notariales de permiso para salir del país, la entrevista a una tía legítima de una de las menores y un informe de la Embajada de los Estados Unidos que certificaba la validez de las visas involucradas.
El acta de detención reseña que los policías detectaron 'anomalías' en los documentos que Michelle Sol presentó cuando buscaba chequear el equipaje y que al entrevistar a las menores por aparte, las niñas contaron que ellas no eran las mismas personas que aparecían en los documentos y agregaron que su tía no era Sol.
Con base en esa acta, la fiscal del caso relató en el juzgado de paz: 'Lo que hizo la imputada Michelle fue guiar a las menores haciéndolas pasar como sus sobrinas para intentar sacarlas del país.' La fiscal también hizo uso de las declaraciones de las menores, quienes en sus entrevistas habían dicho: 'Michelle las acompañó al aeropuerto (...) para evadir los controles migratorios de nuestro país' y que 'el esposo de la señora Michelle las llevó en un vehículo negro al aeropuerto'. La fiscalía había obtenido dos testimonios de un primo y una tía legítima de las menores con los que pretendía demostrar que Sol quería juntar a las menores con sus respectivas madres, inmigrantes en Estados Unidos.
En esa audiencia, uno de los dos defensores de la actual alcaldesa en funciones, Mártir Aguilera, dijo que a ella, sus amigas le habían pedido que acompañara a las menores pero que ella no había actuado con intención de traficar ilegalmente a nadie. Su otro abogado, Lisandro Quintanilla, intentó desvirtuar las pruebas que expuso la Fiscalía. Pidió eliminar las entrevistas a las dos menores de edad argumentando que no tenían la firma del funcionario que las entrevistó. También pidió excluir del proceso judicial los documentos decomisados al momento de la captura por no estar embalados ni sellados por el juzgado. Además, intentó anular como prueba un informe de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador por no haber sido solicitado como exigen las formas judiciales. Según consta en el acta de audiencia inicial, el abogado también aclaró que la visa de los Estados Unidos de Michelle Sol ya había sido cancelada.
Todas las peticiones del abogado Quintanilla fueron refutadas por el juez. Ese 27 de enero de 2003, el juez de paz de San Luis Talpa resolvió que existían 'suficientes indicios para sostener con probabilidad positiva que la imputada Irma Michelle Martha Ninette Sol Schweikert es autora material del ilícito penal', pero sustituyó la detención provisional por tres condiciones: fijó una fianza de 4 mil dólares que pagó ese mismo día su padre, Francisco Viaud Sol, le prohibió salir del país, y le dictó la obligación de presentarse cada 15 días al juzgado de instrucción de San Luis Talpa. Respecto a Blanco Canales, el juez de paz resolvió que se le suspendía el procedimiento porque el suyo se trataba de un delito menor.
Para entender todas las dimensiones del proceso judicial, El Faro buscó y solicitó entrevista con la alcaldesa en funciones. 'Fue una confusión, al final todo se aclaró. Por buena gente me pasó', dijo escuetamente para explicar que no tenía tiempo para hablar del tema ese día. Tras la breve declaración, prometió una entrevista. El Faro insistió a lo largo de las últimas tres semanas, y en un último intento por conocer su versión, esta semana la respuesta que este periódico obtuvo de la encargada de la agenda de la candidata fue que Michelle Sol no tiene ningún comentario adicional que hacer.
Ya convertida en política, Michelle Sol cabe en una casi interminable lista de candidatos o políticos que a lo largo de los últimos 15 años arrastran o han arrastrado una mancha judicial en un país en el que la Constitución demanda poco más que moralidad e instrucción notorias a quienes aspiran a ocupar cargos de elección popular.
A finales del año pasado, Arena nombró director municipal de San Francisco Menéndez, Ahuachapán, a Narciso Ramírez, conocido como Chicho, quien es alcalde de ese municipio y candidato a una nueva reelección. Chicho es un hombre con antecedentes por tráfico de personas y que hace cuatro años fue capturado tras enfrentarse a tiros con narcotraficante de Honduras. El alcalde también ha sido investigado por narcotráfico. En el mismo departamento de Chicho pide el voto Ana Luisa Rodríguez, alcaldesa de Arena en Atiquizaya, quien ha usado dinero público para pagar los servicios del proveedor José Antonio Terán, un prominente pandillero conocido como Chepe Furia, y a Fredy Crespín Morán, un pandillero conocido como El Maniático.
Una búsqueda sencilla de nombres en Google destapa las manchas de otros alcaldes que piden el voto. Sobre el alcalde del fronterizo municipio de Metapán, Juan Umaña Samayoa, del Partido Concertación Nacional (PCN), aparece un historial de antecedentes: de su concejo municipal han sido asesinados dos concejales en los últimos años, y dos más fueron encarcelados por delitos de narcotráfico; él mismo ha enfrentado un juicio por evasión fiscal del que salió librado tras pagar lo evadido; y tiene señalamientos por tráfico de drogas.
Dada la relevancia que ha adquirido Nuevo Cuscatlán, El Faro preguntó al FMLN por los criterios y filtros usados para escoger candidatos o candidatas a alcaldías. Calixto Mejía, secretario departamental del FMLN en La Libertad, dijo que desconocía ese antecedente de Michelle Sol y que, en todo caso, su candidatura cumplía con los requisitos exigidos por ley. 'Me toma por sorpresa, no sabía', dijo a El Faro.
El desvanecimiento del caso
El primer juez que conoció el caso de Michelle Sol envió el expediente a la siguiente etapa, la de instrucción, porque consideró que había elementos suficientes para sospechar que la mujer había intentado sacar a las dos menores hacia Miami el martes 21 de enero de 2003. Pero seis meses después, llegado el día de la segunda audiencia, frente a la jueza de Instrucción de San Luis Talpa, la Fiscalía no había hecho avances en sus pesquisas. 'No se ahondó en la investigación ni se realizaron las diligencias que este tribunal ordenó. Es necesario contar con la ampliación de las declaraciones de las menores', dijo la jueza Ana Marina Guzmán durante la audiencia preliminar celebrada el 23 de julio de 2003. Su declaración también puede leerse como un llamado de atención a la Fiscalía, que perdió el caso por no seguir investigando.
La Fiscalía no había podido obtener más pruebas en seis meses, y sin ellas, era imposible que el caso pasara a juicio, la siguiente etapa, conocida como vista pública. 'No existen elementos suficientes de la infracción penal que nos ocupa, así como también (sic) para atribuir la autoría y comisión de la misma a la indiciada (Michelle Sol), procediendo a pronunciar por un sobreseimiento provisional a su favor', dijo la jueza, ese 23 de julio.
Un año después de ese sobreseimiento provisional, en 2004, la jueza Guzmán otorgó un sobreseimiento definitivo a Michelle Sol, una resolución que solo podía haberse evitado con nuevas pruebas o con la ampliación de las ya existentes. Pero la Fiscalía nunca solidificó el caso en las entrevistas iniciales de las menores Janet P. A. y Karla M. A., pues nunca las contactó nuevamente. La fiscal del caso, Alma Paredes, dijo que probablemente las menores ya se habían ido a Estados Unidos. Paredes tampoco entrevistó a las otras personas que las menores mencionaban en sus declaraciones, y también fracasó en su intento de practicar un careo entre las niñas y Michelle Sol para confirmar que ella era la mujer de nombre 'Michelle' a la que aludían aquellas en sus entrevistas, y quien supuestamente les había hecho aprenderse los nombres que aparecían en los pasaportes y los permisos de salida.
En resumen, el caso se cayó porque la Fiscalía no logró que aquellas primeras entrevistas de las niñas y de los policías captores fueran ratificadas en la etapa de instrucción, algo que la ley penal requiere. No bastaba con que las niñas hubieran descrito una vez su relación con 'la señora Michelle', sino que ellas debían confirmarlo y detallarlo a lo largo del proceso. Pero no lo hicieron porque nunca llegaron a las convocatorias hechas ni por la Fiscalía ni por el juzgado de Instrucción. Las únicas pruebas de la Fiscalía no sobrevivieron el proceso.
En esto, la defensa de Sol fue hábil. El abogado Lisandro Quintanilla pidió entrevistar, así como lo había hecho la Fiscalía, a los policías que capturaron a la ahora candidata y a las menores. Lo pidió varias veces entre la primera y la segunda audiencia, tanto que la jueza de instrucción tuvo que intervenir para citar a las menores. Pero estas nunca llegaron. Tampoco se presentaron a la rueda de reconocimiento de personas que propuso hacer la defensa.
El único que aportó nuevas pruebas al proceso fue el abogado Quintanilla, quien presentó testigos que declararon, en la audiencia, que en la semana previa a la captura, Sol había permanecido en un rancho de playa. Otros dos testigos relataron que cuando Sol iba al aeropuerto iba sola con su esposo de entonces -de nombre Francisco Salandra Moreno-, con nadie más. La jueza no se basó en estas pruebas para absolver a Sol, pero sí reclamó a la Fiscalía su pobre investigación.
A lo largo de todo el expediente no queda claro en qué momento y cómo exactamente ocurrió la captura de Michelle Sol, de Osmín Blanco y la retención de las dos niñas. Las versiones se contradicen entre quién entregó los pasaportes a las autoridades de Migración, aunque el juez dio por válida la versión de los policías según la cual ella había sido la que los presentó. Según los defensores de Michelle Sol, fue Osmín Blanco quien presentó los papeles, que incluían los permisos de salida de las menores en los que se leía que ella era la tía. Según los defensores de Sol, la ahora candidata no fue la que pagó al notario para la elaboración de dichos documentos, y la Fiscalía tampoco pudo refutarlo.
En el aire quedan algunas dudas. ¿Quiénes eran las amigas que, según uno de los primeros defensores de Sol, le pidieron a ella que acompañara a las menores al aeropuerto? ¿Por qué Michelle Sol dijo en la audiencia preliminar que el día de su captura ella en realidad no se fijó en quiénes estaban detrás suyoa en la fila para pasar con los agentes de Migración? ¿Por qué dijo a los policías que la capturaron que ella solo iba acompañando a las menores? ¿Quién es la persona que contrató al notario que redactó los permisos de viaje y escribió que Irma Michelle Martha Ninette Sol Schweikert era la tía de las menores? ¿Cuál es esa confusión que, tal como Sol dijo a este periódico, provocó que ella fuera capturada y procesada por tráfico ilícito de personas?
Consultado por El Faro, el abogado Lisandro Quintanilla dijo, igual que Sol, que él no tenía comentarios sobre este caso. Pero en un texto presentado a la jueza de instrucción antes de la audiencia preliminar sostenía que las menores habían sido inducidas por los agentes captores para culpar a Sol, y que nadie podía probar que ella había llevado a las niñas al aeropuerto ni que ella había sido quien las había aleccionado sobre sus falsas identidades. Aquellas primeras entrevistas de los agentes captores y las menores no fueron suficientes en la etapa de instrucción.
Un año y medio después de la captura de Sol, cuando ella ya había sido sobreseída por la jueza de instrucción, la Policía capturó a otra pareja de presuntos traficantes de personas: Carlos Alarcón, de entonces 26 años, y Ada Fransheska Alvarado Hughes, de 30, y cuando las autoridades policiales dieron conferencia de prensa para informar de su detención, vincularon sus capturas con las de Michelle Sol y Osmín Blanco. 'Red era investigada desde 1998', tituló una nota La Prensa Gráfica. 'La Policía vincula a Sol Schweikert y Blanco Canales con la red de Alvarado Hughes', escribió el periodista.
