Entre los años 2005 y 2009, durante la última administración del partido Arena, quince proyectos recibieron de parte del gobierno subsidios por un total de casi 39 millones de dólares, a cambio de generar miles de empleos y reforzar las exportaciones del país. Uno de ellos fue una alianza estratégica de dos compañías que recibió 12.3 millones de dólares a través del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) y que, de acuerdo con una auditoría realizada tiempo después por el Banco Central de Reserva (BCR), incumplió sus compromisos como participante de aquel programa. Uno de los responsables de aquel asocio, a través de su empresa familiar Duraflex, era el diputado y ahora candidato de Arena a la alcaldía de San Salvador Edwin Zamora.
La empresa Confecciones La Libertad, propiedad del gigante textil estadounidense la firma Sara Lee Inc., pactó en 2005 con el gobierno de Antonio Saca mantener sus operaciones en El Salvador, crear 500 nuevos puestos de trabajo y mantener esas nuevas plazas durante 49 meses a cambio de recibir el subsidio, que se fue entregando anualmente durante los cuatro años siguientes. Para cumplir esas metas, como consta en el acta de concesión del subsidio, Confecciones La Libertad había formado una alianza estratégica con la firma salvadoreña Duraflex S.A. de C.V, uno de cuyos propietarios era Zamora, empresario cuya campaña electoral ha gravitado alrededor del mensaje de que él ha sido un exitoso generador de empleos. A la luz del informe de auditoría, sin embargo, esa alianza estratégica quedó en deuda en sus compromisos: “Confecciones La Libertad junto con Duraflex generó en el periodo 2005-2009 a lo sumo un promedio de 75 nuevos empleos anuales, cuando el compromiso era de 500”, dice el informe, que data de mayo de 2010.
Las actas a las que este periódico tuvo acceso, suscritas en Casa Presidencial, muestran que los 12.3 millones de dólares fueron recibidos por la alianza en montos anuales que iban desde 1.27 hasta 2.98 millones de dólares durante cinco años. El informe de auditoría, 109 páginas sin incluir anexos, concluye que la alianza en la que Duraflex participó no cumplió con lo medular del pacto al no crear y sostener durante 49 meses aquellas 500 nuevas plazas de trabajo con un salario de al menos 200 dólares al mes. Según planillas del ISSS, dice la auditoría, la alianza entre Confecciones La Libertad y Duraflex se acercó a la meta en noviembre y diciembre de 2005 al mantener 425 y 479 nuevas plazas respectivamente durante esos dos meses. El resto del tiempo, los empleos, de carácter temporal, estuvieron muy lejos de los 500 prometidos. “El resto de los meses de 2005 sólo mantuvo 14 empleos y en mayo de ese año 137 empleos nuevos”, dice el informe. Hubo incumplimientos similares en 2006, 2007, 2008 y 2009.
La auditoría se realizó cuando el presidente del Banco Central de Reserva era el economista Carlos Acevedo. 'Tengo entendido que la Subsecretaría de Transparencia estaba evaluando judicializar el informe, pero el problema era que, aunque había muchas cosas en el operar de Fecepe reñidas con la ética, no era fácil encontrar acciones estrictamente ilegales', comentó Acevedo, por medio de correo electrónico.
Según una de las actas firmadas entre el gobierno y Confecciones La Libertad, Duraflex, como aliado estratégico de esta última, debía suministrar la tela para la fabricación de producto y era además el corazón logístico que permitiría cumplir con las metas del acuerdo con el gobierno, entre ellas, específicamente, la relacionada con la creación de empleos. “Se conviene que en el caso que la empresa contrate a un tercero para que le suministre la tela, los empleos a los que se refiere este literal, serán aquellos que el tercero haya creado para fabricar la tela que venderá a la empresa”, dice textualmente el documento, en referencia a la empresa de Zamora, que según el acuerdo debía ser fiscalizada para determinar si había incumplimientos o no. El mismo documento especifica que los desembolsos de dinero público iban destinados a financiar parte de la planilla del contratista: Duraflex.
La fábrica de empleos de Saca
El Fecepe es la persona jurídica que la Asamblea Legislativa creó al inicio del gobierno de Saca para administrar el programa de subsidios a las empresas. Durante la última sesión plenaria de 2004, el día 22 de diciembre, la Asamblea decretó el nacimiento del Fideicomiso Especial para la Creación de Empleos en Sectores Productivos Estratégicos. Para entonces, Edwin Zamora era, además de gerente general de Duraflex, líder de la principal gremial de maquiladoras del país, la Unión de Industrias Textiles (Unitex).
En el papel, los fondos del gobierno servían como una especie de anzuelo para atraer inversionistas extranjeros que en teoría multiplicarían puestos de trabajo en un contexto de crisis provocada por la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio. O al menos para conservar las plazas existentes en sectores como el textil. En 2004 El Salvador había perdido 5 mil 500 puestos de trabajo por el cierre de 23 maquilas, reseñaba un acta de trabajo el Órgano Ejecutivo para justificar la creación del Fecepe.
Para evitar nuevos cierres, los 39 millones en subsidios incluían un 41% para 'compensación de externalidades' a las empresas beneficiarias. En este caso, eso era usar los fondos para el pago de servicios básicos, costos de producción, de localización y transporte de maquinaria. Un Comité Calificador se encargaba de seleccionar a las empresas beneficiarias y de autorizar al Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) la erogación de fondos a las empresas participantes. El comité estaba integrado por los titulares de las principales carteras del gabinete económico del gobierno de Antonio Saca. Lo presidía la entonces vicepresidenta de El Salvador, Ana Vilma de Escobar, ahora diputada de Arena.
Cuando se negoció y ejecutó el Fecepe, Zamora era líder de la principal gremial de maquiladoras del país, la Unión de Industrias Textiles (Unitex), que presidió desde 1999 hasta 2008. Unitex luego se convirtió en Camtex, Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador, que el candidato por la alcaldía capitalina presidió también entre 2009 y 2011. Zamora dice que ocupó su cargo dirigencial para promover el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos pero que nunca cabildeó a favor del Fecepe.
Zamora heredó su linaje industrial de su abuelo, quien fundó la empresa Industrias Duraflex S.A. de C.V. Edwin Zamora tuvo durante 23 años, entre 1984 y 2007, la condición de accionista y, además, en ese mismo período o fue director ejecutivo o ejerció como gerente general de la empresa familiar.
La alianza Confecciones La Libertad fue una de las primeras en recibir fondos Fecepe, justo después del nacimiento del asocio, que se formalizó en El Salvador en 2005. Todos los activos y la infraestructura de Duraflex fueron utilizados para producir tela y suministrársela a la alianza y otros clientes, y eso se mantuvo hasta julio de 2007, año en el que Duraflex fue adquirida por Hanesbrands El Salvador Ltda. de C.V. con una inversión de 70 millones de dólares. A partir de entonces, el socio de Confecciones La Libertad en la alianza pasó a ser Hanesbrands El Salvador en sustitución de Duraflex y, según la auditoría del BCR, la alianza siguió incumpliendo las metas hasta 2009.
Zamora se lava las manos
Ahora, Edwin Zamora evita responder si las metas mensuales que el asocio del que formó parte prometió al gobierno y al BMI se cumplieron entre 2005 y 2009, y lo soslaya diciendo que hoy día la cantidad de empleos es superior a lo que pedía entonces el convenio Fecepe. “Me parece absurdo que estemos hablando de esto cuando estamos generando miles de empleos para el país”, dice en referencia a la empresa Hanesbrands El Salvador. Después de que esta compañía adquirió Duraflex, Zamora asumió primero como asesor de Hanesbrands para Centroamérica durante 11 meses, y luego como vicepresidente de operaciones hasta mayo de 2011. Según las cuentas del candidato, Hanesbrands El Salvador mantiene ahora alrededor de 2,500 plazas de trabajo. “No sé los detalles técnicos de cumplimiento de cláusulas específicas de aquellos años, pero lo que sí le puedo decir es que El Salvador es un mejor país porque esa empresa está aquí ahora”, dice.
Si la auditoría del BCR señala que en promedio, cada año entre 2005 y 2009, la alianza Confecciones La Libertad solo creó y mantuvo en promedio 75 empleos nuevos en lugar de los 500 pactados, ¿quién falló? Zamora tampoco quiere meterse en eso. “Si se cumplieron los contratos con el BMI no lo sé, porque no suscribí ningún contrato con ellos, yo suscribí un contrato de suministrarle tela a Confecciones La Libertad, ese era mi compromiso. Yo no sé cuáles eran los compromisos de Confecciones La Libertad con el BMI”.
Zamora sostiene que ningún centavo del Fecepe entró a cuentas de Duraflex. “Claro que Duraflex recibía algo: las órdenes de trabajo. Yo tenía negocio y podía tener un plan de inversión a largo plazo con un cliente fijo”, dice. “Pero a mí no me dieron dinero de los fondos Fecepe, a mí Fecepe nunca me dio un cheque, a mí nadie me dio dinero de ese, yo no sé”, subraya.
Los documentos de adjudicación, sin embargo, atribuyen a Duraflex un papel mucho más protagónico del que reconoce Zamora en el proyecto , y chocan con su afirmación de que no recibió fondos del Fecepe. Por un lado, su empresa no solo debía proveer materia prima a Confecciones La Libertad, sino que, según el acta de concesión de la subvención, “aportaría la infraestructura existente, construiría nueva infraestructura y además provería (sic) la administración de la operación; llegando la inversión a totalizar los US$20 millones”. Y el Convenio de participación de Beneficios del Fecepe entre el BMI y Confecciones La Libertad S.A de C.V., anexo al acta, apunta que la empresa se compromete a crear y mantener los puestos de trabajo “directamente o a través del Contratista”, es decir, a través de Duraflex.
Ese mismo Convenio establece: “Duraflex se obliga con la Empresa (Confecciones La Libertad) a fabricar y venderle ciento cuarenta y cinco millones de libras de tela, dentro del plazo de este Convenio, generando con ello, dentro del proceso de producción de dicha tela, quinientos empleos de trabajadores salvadoreños”.
En sus acuerdos con el Ejecutivo y con el BMI, Confecciones la Libertad estaba prometiendo, a cambio de la subvención, los 500 puestos de trabajo que, se supone, iba a generar Duraflex para suministrarle tela. Además, el acuerdo firmado entre Confecciones La Libertad y el gobierno establece que una parte de la ayuda -4 millones 300 mil dólares- estaba específicamente destinada a “un bono por generación de empleo por medio del Contratista” (Duraflex), y detalla que se debían usar para el pago, cada año, de entre el 15 % y el 25 % de la planilla de la empresa de Zamora “relacionada con la producción de tela requerida por la Empresa” (Confecciones la Libertad).
Confecciones La Libertad, que según Zamora fue la única encargada de pedir el subsidio Fecepe al Estado, es una subsidiaria de Sara Lee, pero como dueña directa tenía a una empresa con domicilio en las Islas Caimán, en el Caribe, llamada Choloma Inc., que también es subsidiaria de Sara Lee. Esta última era “la empresa más grande de Estados Unidos en la producción de prendas íntimas de tejido de punto para hombre y mujer”, según afirmó el gobierno en el acuerdo de aprobación de beneficios Fecepe de fecha 29 de abril de 2005, firmado por el comité evaluador que presidía Ana Vilma de Escobar. El gobierno de Saca encontró que el Fecepe era la carnada perfecta para atraer a estas empresa multimillonaria: “De no contar con mecanismos y beneficios como los que proporciona el Fecepe, Sara Lee buscaría alternativas de inversión en otros países”, rezaba el acta de abril de 2005. Temían que se llevara sus maquilas a República Dominicana.
Subvenciones bajo sospecha
Los primeros señalamientos contra el Fecepe salieron a la luz pública en el último tramo del gobierno del presidente Mauricio Funes, que coincidió con el punto más álgido de la campaña electoral para la presidencia. Funes dio a conocer en su programa de radio 'Conversando con el presidente' una parte de la auditoría efectuada por el BCR, aunque nunca se refirió a las maquilas con las que Zamora tuvo vínculos ni a las preferencias que, según el examen de auditoría, hubo hacia el sector textil. Sus señalamientos se enfocaron en la exvicepresidenta Ana Vilma de Escobar, responsable de la adjudicación de las ayudas.
El Faro habló durante varias horas con la exvicepresidenta. 'Queremos entender mejor la responsabilidad de Duraflex, la empresa del candidato Edwin Zamora. Él dice que es un experto en creación de empleos y una auditoría del BCR concluye que su empresa incumplió metas de creación de empleo pactadas con el gobierno', le preguntamos a la diputada. 'Mire, las explicaciones que usted me está dando no son necesarias, un funcionario público debe rendir cuentas sea el día que sea', respondió. Al comentarle que la auditoría del BCR había detectado los incumplimientos de generación de empleos al comparar las cifras con las planillas registradas por el ISSS, respondió: 'Eso es con Edwin. La pregunta está y es válida, aunque eso no quiere decir que no tenga una explicación. Hable con Edwin'.
“Si estaban en juego millones de dólares, ¿quién verificaba que las empresas no mintieran en el cumplimiento de sus metas?”, le preguntamos a la que era presidenta del Comité Evaluador de aquellas subvenciones. La ahora diputada dice que esa era responsabilidad del BMI: 'Pida la información'.
La auditoría del BCR revela, aparte del incumplimiento de las metas, que los auditores detectaron que entre los fondos aprobados por la Asamblea Legislativa y los utilizados para ejecutar el programa había una enorme distancia. 'Lo primero que llamó la atención fue la gran diferencia entre el presupuesto aprobado de $500,000 en diciembre de 2004, y el monto ejecutado por Fecepe, que suma $38.7 millones”, dice el informe de auditoría. El monto ejecutado fue 75 veces superior a lo aprobado.
La obtención de esos recursos, explica el informe, se hizo por medio de una partida del presupuesto general de la nación llamada “Provisión para Atender Gastos Imprevistos”, conocida como 'partida secreta', un rubro que en 2011 fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Haciendo uso de esos fondos, por los que la Presidencia de la República podía destinar a cualquier fin sin ser fiscalizada y sin pedir permiso a la Asamblea, 'Hacienda autorizó transferencias al Ministerio de Economía (fideicomitente) para que el fiduciario BMI ejecutara el programa Fecepe con mayor soporte económico', dice el informe.
El documento incluye una explicación de los insumos que recogió para hacer la evaluación. Revisó documentación del BMI, casi 300,000 registros de planillas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), informes anuales de auditorías externas del Fecepe, el informe de liquidación del Fideicomiso, e información obtenida en el Centro Nacional de Registros sobre los accionistas y estados financieros de las empresas beneficiadas. El documento también explica que por limitaciones legales el equipo de auditores no tuvo acceso a otro tipo de información del Ministerio de Hacienda ni a la de las empresas participantes, lo que hubiera permitido ver el impacto preciso de los fondos invertidos del fideicomiso tanto en las mismas empresas como en la economía del país.
Debido a estas limitaciones y a la luz de la información que recogieron -que tampoco les permitió determinar los criterios precisos con que se escogió a las empresas beneficiarias-, los auditores sacaron esta conclusión sobre el programa Fecepe: “El proceso de difusión y acceso al proyecto fue muy oscuro”.
Lea también:
Acta en la que Duraflex y Confecciones La Libertad se comprometen a crear empleos (abril de 2005)
Acta en la que el Comité Calificador aprueba nuevos desembolsos Fecepe a la alianza (agosto de 2007)
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