El pasado domingo 1 de marzo, mientras el país estaba expectante ante las elecciones municipales y legislativas, fue hurtada en las estribaciones del volcán de Santa Ana una escultura en piedra de unos 2,300 años de antigüedad cuya autoría aún es un misterio y a la que los arqueólogos atribuyen una 'importancia incalculable' para comprender el surgimiento de la cultura maya.
La pieza, labrada en piedra y de unos 227 kilogramos de peso, es una de las esculturas conocidas como 'cabeza de jaguar', y fue registrada hace apenas cuatro años por el arqueólogo Federico Paredes Umaña.
El hurto se produjo en la finca Loma de Paja, en el caserío Las Cruces, jurisdicción de Chalchuapa. Se trata de una pieza tallada en roca de origen volcánico, de poco menos de un metro de altura y a la que Paredes incluyó en lo que se conoce como 'La tradición escultórica Cabeza de Jaguar”, perteneciente a una civilización no identificada con presencia en el occidente de El Salvador. Paredes la incluyó en un inventario con otros 52 especímenes similares.
La civilización maya habitó Mesoamérica, desde México hasta Honduras, donde se instaló hace aproximadamente 3,000 años. Las piezas registradas por el investigador datan de una época correspondiente al período formativo maya (900 a.C - 250 a.C) y están repartidas entre los departamentos de Ahuachapán, Santa Ana y Sonsonate, una zona tradicionalmente entendida como embriónica de la cultura maya.
Respecto a la relevancia de estos monumentos, Paredes explica en su informe entregado a la Secretaría de Cultura en 2014: “Esta prolija tradición escultórica representa rostros estilizados de felinos y otros seres del reino animal, fusionados con rostros humanos, y pertenecen a una cultura que se desarrolló cerca del año 300 a.C en el occidente de El Salvador. Su importancia para entender el surgimiento de la cultura maya es incalculable, y sin embargo conocemos muy poco todavía de sus creadores”. Esculturas como estas son de distribución limitada en el país, no hay registros de figuras como estas fuera de la zona occidental en el país, y de su tipo se han encontrado en sitios como Izapa (México) y Kaminaljuyú (Guatemala). Aunque hay similitudes en sus rasgos, estas cuentan con un estilo muy distinguido y canones propios de creación.
La interpretación de los datos captados por Paredes en su investigación permitirían la recolección de datos como el estrato de los habitantes de la zona y los usos que se le daban a estas esculturas. Las investigaciones de los arqueólogos de la Secultura permitieron dar con dos piezas que, por su ubicación, podrían estar relacionadas con rituales religiosos, ya que se encontraban al pie de una pirámide en El Trapiche, y por los rasgos de jaguar y murciélago representadas en ellas, ambos animales están ligados al inframundo. La investigación de Paredes, sin embargo, arroja evidencia de que estas fueron utilizadas como 'estrategias localistas de legitimación de poder'. Es decir que los gobernantes se arrogaban la adquisición de poderes sobrenaturales, asociados a la lluvia y al inframundo, para sustentar su acceso al poder político frente a una población que se dedicaba, en su mayoría, al cultivo de la tierra.
El 13 de febrero de 2014, durante la administración de Magda Granadino, Paredes entregó a la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural, de la Secretaría de Cultura, una base de datos que registra 52 monumentos de la Tradición escultórica “Cabeza de Jaguar” con el afán de que fueran registradas como bien cultural de El Salvador, y con la solicitud expresa de que se actualizara con ellas la Lista roja de bienes culturales de la Interpol. La intención del arqueólogo era que se dotara de protección a estas piezas regadas entre los departamentos de Santa Ana, Ahuachapán y Sonsonate para evitar su deterioro, destrucción o robo. La información pasó de las manos del titular de esta dirección a las del director de registro de bienes culturales y de ahí a las del director de arqueología. A la fecha, ni se registraron las piezas ni se actualizó la lista roja, según confirmaron las actuales autoridades.
Lo que sí sucedió, en cambio, es que una de las predicciones de Paredes se cumplió. El domingo por la noche, un correo electrónico de Tomás Trigueros, dueño de la finca cafetalera que visitó en 2011 para conocer el monumento #47, le alertaba del robo de la pieza. De inmediato se comunicó con Wolfgang López, el actual director de patrimonio, quien a primera hora del lunes dice haber emitido reportes y llamados de atención dirigidos a la Fiscalía General de la República, la Oficina Central Nacional de Interpol y a la Dirección General de Aduanas, en donde se informaba del hurto, la procedencia del monumento y la imagen de este para ayudar a localizarlo.
A la Fiscalía el reporte entró hasta el miércoles 4 de marzo, a las 10:00 a.m., según detalló Mauricio Carballo, vocero de la institución, y también explica que en el reporte se pidió la “sobreaveriguación” de la desaparición de una pieza de colección privada a solicitud de la Dirección Nacional de Patrimonio de la Secultura. El delito de robo de patrimonio del Estado le compete investigarlo a la Unidad penal del Estado de la Fiscalía, que ayer por la tarde aún no había recibido el aviso y Milagro Hernández Rivas, secretaria de la unidad, precisó vía telefónica que como no somos parte involucrada no podían darnos más información. El Faro contactó a Trigueros vía correo electrónico para pedirle que contara su versión de lo sucedido, pero se excusó diciendo que estaba de viaje y que hablaría con nosotros el lunes.
'Me preocupa el robo del monumento #47 porque nos confronta con su desaparición y nos habla del peligro que otros desaparezcan en los días venideros. Nos enfrenta con la logística criminal de grupos especializados, con la capacidad de entrar a una finca remota con vehículos adecuados y fuerza suficiente para cargar un monumento de por lo menos 5 quintales de peso', amplía Paredes en un artículo publicado en El Faro. El arqueólogo sostiene que este hecho pone de manifiesto 'que hay comandos especializados dedicados al robo de arte prehispánico, y que existe un mercado nacional e internacional, donde estos artefactos patrimoniales son requeridos'.
Ramón Rivas, secretario de Cultura, reconoce la importancia de la investigación y el inventario presentado por el arqueólogo como 'información de primer orden' para más investigaciones, pero por más de 13 meses no se hizo nada con ella, 9 de los cuales han sucedido bajo la adminstración de Rivas. Al consultarle vía telefónica sobre el caso durante la tarde del martes 3 de marzo, el secretario de Cultura reconoció estar enterado y en un principio dijo que la pieza sí estaba registrada en el inventario de bienes culturales. Sin embargo, en una segunda llamada minutos después se retractó y explicó que no estaba registrada como bien cultural y por lo tanto tampoco existía declaratoria de protección, pero afirmó que la denuncia se había presentado a la Fiscalía, y nos remitió a la Dirección Nacional de Patrimonio para obtener más detalles. La Secultura reconoce la importancia de estas esculturas, ya que de los 52 monumentos inventariados por Paredes, 15 pertenecen a la colección del Museo Nacional de Antropología.
Que el resto de estas piezas estén a la intemperie y no protegidas bajo el techo de un museo es inconcebible para el arqueólogo estadounidense y miembro de la Fundación Nacional de Arqueología, Paul Amaroli, para quien la pérdida de estas esculturas, ya sea por robo o por el deterioro, es solamente comparable con la quema de manuscritos yihadistas por parte del Estado Islámico: 'se trata de testimonios irremplazables que nos ayudan a comprender diferentes estilos de vida. Representan, además, un gran desafío para los arqueólogos, ya que, aunque son evidencias que perduran, se enfrentan a una civilización muda'.
De las solicitudes que hizo el investigador al entregar la base de datos, la más importante era su inclusión en la lista roja, ya que, por ejemplo, si la pieza saliera del país eso permitiría que, al ser localizada por las autoridades sea repatriada a su país de origen. A partir de la notificación del robo, se ha empezado a tomar cartas en el asunto: “Lamentablemente tienen que suceder catástrofes para reaccionar”, dijo a El Faro Wolfgang López, director de patrimonio de la Secultura, quien explicó que este es el primer caso de robo que le toca atender desde su estreno como funcionario, pero que sí se han recibido una serie de avisos de venta de piezas arqueológicas. Aseguró que el combate al tráfico ilícito es una de las principales áreas a fortalecer y que ya están capacitando personal tanto de la secretaría como de las demás instituciones involucradas. Y agregó una advertencia para los responsables del robo: “que tengan mucho cuidado, porque estamos muy pendientes siguiendo las huellas que dejaron”. Al preguntarle qué huellas habían encontrado, el director dijo que ese ya era trabajo de las autoridades y que no habían visitado el lugar para no modificar la escena del robo y entorpecer la investigación.
La declaratoria de bien cultural, por su parte, lo que hace es repartir responsabilidad entre la autoridad municipal correspondiente y la Policía Nacional Civil, “quienes ejercerán funciones de conservación y salvaguarda en forma permanente”, según la el Reglamento de la Ley Especial de Protección al Patrimonio. Más allá de eso no existe, sin embargo, una lista de obligaciones que deba seguir para darle cumplimiento a esa orden de resguardo, conservación y protección. La Ley y su reglamento fueron aprobados en 1993.
El tráfico ilícito de piezas arqueológicas y bienes culturales no es un tema nuevo en En El Salvador, ya que en los últimos 10 años, sitios como La cuchilla (Ciudad Arce), Tapalshucut (Izalco), Las Marías (Quezaltepeque) y San Andrés (Valle de Zapotitán) han sido foco de destrucción de patrimonio con el fin de extraer piezas arqueológicas y traficarlas ilícitamente, según reporta la Fundación Nacional de Arqueología de El Salvador (Fundar) en su página web.
No solo se trata de tráfico de exportación, sino también de importación. En abril de 2012, la Fiscalía incautó al menos 287 piezas arqueológicas de la época precolombina que llegaron a la aduana del aeropuerto de El Salvador 'en calidad de carga' en un vuelo comercial procedente de Estados Unidos. Así lo reportó la agencia EFE.
Se han identificado 1 mil 100 sitios arqueológicos en territorio salvadoreño, pero solo siete están bajo la tutela del Estado. Por este delito, “El que exportare o importare bienes que conforman el patrimonio cultural de la República, sin cumplir con los requisitos establecidos en la ley especial, será sancionado con prisión de dos a cuatro años”, según el artículo 224 del Código Penal. Hasta el cierre de esta nota, a las autoridades de Secultura les había sido notificado por la Interpol que la alerta ya había sido activada en territorio nacional e internacional.
