Este miércoles, la Secretaría de Cultura de la Presidencia emitió un pronunciamiento “sobre la pérdida de la pieza “Cabeza de jaguar”, cuyo hurto fue reportado el pasado 1 de marzo a las autoridades de la institución por Federico Paredes, el arqueólogo que les alertó del peligro de esta y otras esculturas que están a la intemperie.
Por medio de su comunicado, la Secultura aclara que esta pieza no forma parte de la lista de bienes culturales del país debido a que el dueño de la finca Loma de Paja, ubicada en Santa Ana, nunca la registró “a la instancia correspondiente”, es decir la Secretaría. Y se justifica en el artículo 9 de la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador, que “tampoco faculta a la Secretaría de Cultura para irrumpir en propiedad privada para hacer el registro”.
Si bien la ley obliga, en su artículo 11, al propietario a notificar la existencia de un “posible bien cultural” para su reconocimiento, identificación y certificación en el Registro de Bienes Culturales, el artículo 8 de la misma ley dicta que “cuando se esté causando daño o estén expuestos a peligro inminente cualquiera de los bienes a que se refiere esta ley, o que, a criterio del Ministerio puedan formar parte del tesoro cultural salvadoreño, este adoptará las medidas de protección que estime necesarias, mediante providencias que se notificarán al propietario o poseedor de dichos bienes y a las instituciones mencionadas en el artículo 26 de la presente ley”. Es decir que, el hecho de que el propietario no haya acudido a las autoridades de la Secultura para registarla no era impedimento para que ellos tomaran medidas de precaución para el resguardo de la pieza.
Desde febrero del año pasado, la Dirección de Patrimonio Cultural tenía conocimiento del estado de estas piezas gracias al inventario que les entregó Paredes.
El 13 de febrero de 2013, el exdirector de patrimonio, Gustavo Milán, extendió una carta a Federico Paredes, en la que acusaba de recibido el registro de 52 monumentos de la tradición escultórica preshipánica “Cabeza de jaguar”, en la que reconoce que se trata de “un aporte fundamental para la elaboración y actualización de la Lista Roja de Bienes Culturales de El Salvador” y cierra agradeciendo “su aporte a la preservación del patrimonio cultural”. A pesar de la evidencia de que la instancia correspondiente era conocedora de la existencia y situación de la pieza, casi 13 meses después, en el inciso C del pronunciamiento autoexculpatorio, Secultura se justifican diciendo que “El único conocedor del estado de la pieza parece ser el señor Federico Paredes', y seguido transfiere responsabilidad al arqueólogo: 'Lamentamos que el arqueólogo no orientó al propietario sobre los procedimientos respectivos para salvaguardar la pieza'.
Las autoridades insisten en que la inclusión “de esta posible pieza cultural” a la Lista Roja de Bienes Culturales de ICOM (Comunidad de Museos del Mundo) también dependía de que se registrara en la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural y Natural de esta Secretaría, como sí lo están las 15 que pertenecen a la Colección del Museo Nacional de Antropología. En la carta que Paredes entregó junto con el inventario, pide que procedan a registrar las piezas, pero a pesar de que manifestaron que se trataba de un aporte fundamental, no se hizo nada.
Más allá de que las autoridades se excusen, Paredes lamenta que “en definitiva no dan razón de que vayan a proceder a registrar las 38 restantes”, sobre todo después de que, tras comunicarse con Wolfgang Effenberger López, actual director de patrimonio, percibió de él una buena actitud respecto a las medidas a tomar, que incluso lo hicieron guardar una esperanza: “Espero que se traduzca en un plan de trabajo”.
En su comunicado, la Secultura reconoce que la Ley de Patrimonio está obsoleta y hace un llamado a la Asamblea Legislativa para agilizar la aprobación del Anteproyecto de Ley de Cultura y Arte que está en estudio de la Comisión de cultura y educación desde el 29 de octubre de 2013. Y cierra advirtiendo que “Como Secultura vamos a actuar únicamente en el marco legal vigente, y no nos vamos a prestar a manejos tergiversados de la información que hacen personas que posee intereses personales, más que de Nación”.
