'¡Tienen que ayudarnos! ¡Esta es una emergencia nacional!', exclamó a las 10:45 de la noche la magistrada Ana Guadalupe Medina, ante un grupo reunido en “la pecera”, el salón donde desde el domingo 1 de marzo se atendió la “emergencia nacional” mientras los salvadoreños esperaban inútilmente los resultados preliminares de las elecciones municipales, legislativas y al Parlamento Centroamericano (Parlacen). La pecera era sede de la cabeza logística del escrutinio, el Centro Nacional de Procesamiento de Resultados Electorales (CNPRE), y tenía ese nombre gracias a sus paredes de cristal. Junto a la magistrada Medina estaban los otros nueve magistrados del TSE (incluido el presidente Julio Olivo y los cinco suplentes) y los asesores técnicos de cada despacho. Destacaban Liana Hernández, asesora de Olivo, cuyo nombre aparece en el padrón de miembros del partido FMLN y con contactos en el mundillo de empresas informáticas del país; y el jefe de informática del TSE, René Torres, hombre de confianza para asuntos técnicos del magistrado Fernando Argüello Téllez, de Arena. En una esquina de la pecera estaban dos jóvenes con una computadora laptop cada uno. Ellos digitaban y digitaban y verificaban y verificaban lo que sus dedos provocaban en las pantallas de sus ordenadores. Uno de esos dos jóvenes, según tres fuentes consultadas por El Faro, era Benjamín Zepeda, director de la empresa Soluciones Aplicativas. El otro era su mano derecha esa noche del Día D. A todos, sin excepción, el mundo les caía encima.
En uno de los vidrios de la pecera alguien había dibujado con un plumón azul una serie de códigos y claves, y también un esquema que trataba de explicar qué fallaba en el sistema de procesamiento de resultados electorales. Eran fórmulas matemáticas, flechas y cuadros, un dibujo no apto para no informáticos. Alrededor de la pecera, y en todo ese pabellón del Centro internacional de Ferias y Convenciones, un batallón de digitadores procesaba los datos electorales que iban recibiendo procedentes de las juntas receptoras de votos. Afuera, en otros dos pabellones, decenas de juntas receptoras de votos seguían contando los votos, al igual que miles de juntas en todo El Salvador. En la página web del TSE, sin embargo, a esa hora no aparecía ningún resultado.
En la pecera, las palabras desesperadas de la magistrada Medina no estaban dirigidas a ninguno de los presentes, sino a un técnico que acababa de entrar a la sala, sorprendido por la cara de aflicción que tenían todos ahí adentro. A ese técnico le hablaron por teléfono a las 10:30 de la noche. Se le llamó por confianza, porque él estaba involucrado con el CNPRE, porque a quién más se le podía llamar un domingo por la noche para pedirle un salvavidas, una ayuda desesperada, un milagro.
Hacía casi seis horas que habían terminado las votaciones y desde las 6 de la tarde, cuando el TSE había puesto a cero el sistema de escrutinio preliminar, ninguno de los magistrados había salido en público a dar la cara. A diferencia de elecciones pasadas, en la web no apareció nada ni dos horas después ni tres ni cuatro ni cinco… y cuando a las 11:15 de la noche apareció algo en pantalla, eran datos generados para una prueba de emergencia. Sería hasta las 11 de la mañana del lunes 2 de marzo cuando el TSE tendría habilitado un sistema de divulgación. Sin embargo, por la desconfianza a todos los datos de ese sistema, los magistrados decidieron ocultarlos al público. Ese escrutinio secreto, y por el cual se firmó un contrato por 72 mil dólares de madrugada, fue el milagro que entregó ese otro técnico al que los magistrados buscaron de emergencia.
¿Qué pasó en la noche de las elecciones? ¿Por qué nunca subieron los datos pese a que en teoría el problema fue resuelto en la madrugada del lunes 2?
El día de las elecciones arrancó con un retraso de alrededor de una hora en muchos centros de votación. Luego todo transcurrió normal, pero que el sistema de procesamiento digital de resultados y la divulgación fallara era una sospecha que tenían unos pocos privilegiados: los magistrados y sus asesores, y los técnicos de las empresas contratadas y hasta los de algunas que en las últimas semanas e incluso días antes de las votaciones habían dado un portazo el TSE y habían rechazado participar del proceso electoral.
A las 9:45 de la noche, Julio Olivo, presidente del TSE, fue informado de que había una primera falla en el sistema de transmisión. Al parecer, había algunos “errores de conexión” que estaban provocando lentitud, desde el envío de actas hasta el procesamiento digital de los datos contenidos en esas actas. Cuatro minutos más tarde, a las 9:49 de la noche, Olivo le escribió a sus colegas magistrados, a través de un chat en sus celulares, que ese problema estaba superado, y que René Torres, el jefe de informática, subiría 'de inmediato' los resultados que había a esa hora.
Minutos más tarde, a través de ese mismo chat, Olivo convocó al resto de sus colegas a una reunión de emergencia para las 10 de la noche en la pecera. Le habían informado de otra falla en el sistema de divulgación, y esta falla era tan catastrófica que era necesario comunicarla cara a cara a sus colegas. El magistrado Ulises Rivas pidió apremio: “Reunámonos a las ya y hablemos. No nos podemos esconder. Demos la cara y seamos valientes”, escribió en ese chat. Luego, Fernando Argüello Téllez, magistrado por Arena, anunció que iba en camino: 'Voy bajando'.
Alguien más, en ese chat, escribió que el jefe de informática René Torres no sabía cuánto tiempo podría llevar solucionar el problema y en esos minutos los magistrados comprendieron que el escrutinio se estaba precipitando al suelo y que no iban a poder callarlo. Rubén Atilio Menéndez, uno de los magistrados suplentes, escribió que en la mayoría de los monitores de los digitadores la pantalla no mostraba nada, que la Junta de Vigilancia Electoral ya se había dado cuenta y que “se caldean los ánimos” adentro del CNPRE. Luego Menéndez agregó, alarmado, que en la pantalla aparecía, por ejemplo, la foto de alguien que no estaba en contienda electoral: “En pantalla aparece la foto de Sandra Salgado pero no la de Numan”, chateó Menéndez, en referencia a la diputada que no fue a reelección y al hermano de esta que sí fue candidato.
A las 10:30 de la noche, y a falta de respuestas, los magistrados pidieron auxilio a otra empresa que también estaba, esa noche, involucrada en la transmisión de resultados. Uno de los magistrados que participó de esa reunión de emergencia confiesa que no tenían alternativa. ¿A quién más podían llamar, un domingo a las 10:30 de la noche? “Teníamos que contar con lo más cercano y que conociera esa parte técnica. Y como ellos ya estaban ahí”, dice. A las 10:30 de la noche, Erik Altamirano, presidente de Data & Graphics recibió una llamada en su celular. Lo convocaban de manera urgente a la pecera. Su empresa, hasta ese momento, se encargaba de digitalizar los resultados del voto cruzado en las papeletas para diputaciones de Parlacen y Asamblea, proveyó computadoras para el CNPRE y servicio de personal “outsourcing” para el TSE.
Altamirano llegó a la pecera aproximadamente a las 10:45 de la noche. Los magistrados lo rodearon. El primero en decirle que tenían un problema fue el magistrado Olivo. “Ahorita hemos detectado que no podemos divulgar. ¿Usted puede ayudarnos a detectar el problema de por qué no podemos divulgar?”. Como si aquello fuera un coro de lamentos, Altamirano escuchó uno a uno los intentos de explicaciones técnicas con las cuales se tropezaban los magistrados. En eso estaban cuando se escuchó la voz angustiada de la magistrada Medina.
—¡Esta es una emergencia nacional! ¡Tienen que ayudarnos! ¡Arreglar esto es de interés nacional! –dijo.
Altamirano se la pensó, pero tras las insistencias aceptó ayudar al TSE. Pidió que le dieran tiempo de hacer un diagnóstico, para saber a qué se enfrentaba. A las 11:15 de la noche, el sistema del TSE generó unos resultados que fueron visibles por los periodistas instalados en la sala de prensa del TSE, pero esos resultados eran solo una prueba que se estaba realizando desde la pecera.
A las 11:20 de la noche, el CNPRE parecía un hormiguero recién fumigado. Un hombre le decía a otro: “¡Es que todos sabíamos que esto iba a pasar!”. El hombre que escuchaba asentía y tenía los brazos cruzados. Era el magistrado suplente Francisco Panameño.
—¿Hay algún retraso, magistrado?
—Sí, hay un retraso. Tenemos un problema técnico que ahorita lo esperamos solucionar.
—El sistema ha tirado unos datos, pero se especula que no son datos reales.
—Son reales. Estamos en el punto de subir toda la información a la web para que la gente la pueda ver.
—¿El retraso es en el lector de las actas?
—Actas han entrado como 49 mil. Solo de Parlacen. Estamos queriendo subir toda la información.
—¿El programa de divulgación falló?
—Esa parte de los técnicos no le podría decir... nada menos ahorita estamos reunidos con ellos discutiendo eso.
—¿La falla estaría en el procesamiento digital de las actas?
—En la recepción de las actas no hay problema. El problema es subir esa actas, esa información para que la población lo vea, pues.
—¿Cuánto tardarán en solucionar ese retraso?
—Ya lo tenemos que solucionar, un par de horas…
Lo que estaba pasando y que todos sabían que iba a pasar, posiblemente no cruzaba por sus mentes cuando, cuatro meses atrás, el Tribunal tenía listo un detallado plan para el escrutinio que la misma institución se encargó de ir desmontando a medida que trascurrieron las semanas hasta llegar al desastre del 1 de marzo.
Los genios del magistrado Olivo
El miércoles 4 de marzo, tres días después de las elecciones, El Salvador seguía sin resultados electorales. Ese día, Julio Olivo dio una nueva versión de lo ocurrido el día de las elecciones. A las acusaciones que él mismo había hecho contra una de las empresas contratadas y contra el jefe de informática del TSE, René Torres, le agregó una conspiración: “Quiero confesar ante la nación… hubo sabotaje en el proceso de transmisión y lo vamos a demostrar en los tribunales y van a caer un montón de personas”, advirtió. Ningún otro magistrado se sumó a la teoría de conspiración de Olivo. Los magistrados Miguel Cardoza y Ana Guadalupe Medina señalaron el jueves 5, por la noche, en Debate con Nacho, que Olivo hablaba por su propia cuenta, que los magistrados habían acordado hacer investigaciones internas para deducir responsabilidades y explicar qué había ocurrido. Pero Olivo siguió jugando a la conspiración, y el jueves estuvo cinco horas en la Fiscalía General de la República y los fiscales que recibieron la denuncia dijeron que no había presentado ni una prueba 'del presunto sabotaje'.
¿Por qué el magistrado Julio Olivo enarboló una teoría de la conspiración para tratar de explicar el fracaso en el procesamiento de datos y divulgación de resultados electorales? Lo que todos los magistrados sabían era que el fracaso informático derivaba de un vacilante TSE que un día ideó un minucioso plan de escrutinio y que en las semanas siguientes lo fue torpedeando progresivamente hasta terminar en la improvisación. El plan original del TSE era contratar a una sola empresa para que se hiciera cargo del escrutinio, tal como lo había hecho la institución en la elección presidencial de 2014.
El 16 de octubre de 2014, el plan describía los pasos para encontrar y contratar a una empresa “con un perfil de experiencia a nivel mundial” en el servicio de procesamiento y divulgación de resultados electorales. En las bases de competencia, de 97 páginas, había una guía para la “contratación de la solución informática para el conteo rápido provisional y/o escrutinio de Junta Receptora de Votos para el Evento Electoral 2015”. Las empresas interesadas en ganar un contrato millonario –casi 3.5 millones de dólares- debían tener experiencia mundial en procesamiento de resultados electorales… un perfil que difícilmente llenaría cualquiera de las más de 15 empresas que al final fueron contratadas por el TSE.
El 19 de noviembre, los magistrados autorizaron la ejecución del plan y para darle seguimiento nombraron una comisión que estaba integrada por asesores de los magistrados, técnicos financieros y el jefe de la unidad de Informática. El TSE publicó las bases el 5 de diciembre y cerró la convocatoria el 8. Participaron siete empresas y cada una debía presentar dos paquetes sellados con la información completa de la empresa y su propuesta. El paquete 1 contenía la información legal y financiera de la empresa, y el 2, el detalle de las ofertas técnica y económica.
Otras 14 empresas, en las que estaban incluidas “Soluciones Aplicativas” y “Data & Graphics”, descargaron en Comprasal -portal oficial de compras del gobierno- el documento de las bases del concurso. Un miembro que participó en esa comisión técnica y que pide hablar desde el anonimato –porque teme por su trabajo- dice lo siguiente: “Los técnicos representaban los intereses de un bloque de magistrados. De cómo se ponían de acuerdo entre los técnicos evidenciaba los acuerdos que habría más arriba, en el organismo colegiado, para las contrataciones”.
La noche del 1 de marzo y en la madrugada siguiente, Liana Hernández -la afiliada al FMLN y convertida en asesora técnica de Olivo- estuvo sentada a la mesa de urgencias que intentó resucitar el sitio web que contenía los datos preliminares de estas elecciones. Esta asesora fue quien según Soluciones Aplicativas -la empresa con cero experiencia en resultados electorales contratada para ejecutar parte de las tareas del escrutinio- más se reunió con ellos. Benjamín Zepeda, director ejecutivo de Saplic, dice que a él le extrañó que los acusaran del fracaso en el escrutinio porque Liana Hernández había dirigido las supervisión sobre el trabajo de Zepeda mediante “unas 12 visitas” a la sede de Saplic entre enero y febrero. Le extrañaba también porque un día después de las elecciones, ella le llamó para que se presentara al CNPRE para sacar información de la base de datos electoral que solo podía sacarse si su sistema había funcionado. Para él, esa cita y ese encuentro significaron un gesto de confianza hacia su trabajo. Sin embargo, cuando a Zepeda se le pregunta si fue ella quien recomendó a su empresa ante el TSE, él dice no recordar quién fue, pero aclara que en ningún momento fue René Torres, como acusa el magistrado Julio Olivo.
En diciembre de 2014, mientras el TSE intentaba afinar un plan A para una sola empresa de “reconocimiento mundial”, Saplic tenía en su poder las bases porque las había descargado de Comprasal. Sin embargo, para que Saplic le ganara la contratación del corazón del procesamiento de resultados electorales a una empresa con trayectoria mundial faltaban algunos pasos.
A mediados de ese mes, una Comisión Técnica Verificadora hizo pruebas a las cuatro empresas que presentaron una propuesta “técnica formal y detallada del plan de trabajo”. Los verificadores tomaron en cuenta lo siguiente: la instalación de solución informática, la explicación de la propuesta y le ejecución de una prueba. Pruebas piloto de procesamiento de resultados electorales. Las firmas que pasaron las pruebas fueron cuatro. Una de ellas es SCYTL Secure Electronic Voting, que ha sido reseñada por el New York Times como una experta en procesamientos de resultados electorales y que ha participado en comicios de Brasil, Francia e Islandia. Otra fue Afilon -que se asoció con la salvadoreña Data & Graphics-, una firma de Estados Unidos fundada por un experto en aplicaciones, un salvadoreño llamado Carlos Vela. “Aquí nuestra participación era muy clara: éramos un asocio pero nosotros le íbamos a vender a Afilon las tablets y ellos tenían su propia aplicación”, explica a El Faro Erik Altamirano, presidente de Data & Graphics, el hombre al que llamaron de emergencia los magistrados para que atendiera la 'emergencia nacional'. La propuesta de Afilon consistía en digitalizar los resultados de las actas desde las propias juntas receptoras a través de fotografías tomadas con tablets. La empresa había hecho pruebas piloto en el municipio de Rosario de Mora, Usulután, en las elecciones presidenciales de 2014. Por aquellas fechas, Afilon declaró que tuvo un 95% de confiablidad en sus datos, al compararlos con los que arrojaba el TSE en aquella época.
Otra de las finalistas fue Smartmatic Internacional Holding BV, empresa que dice haber procesado 2 mil 300 millones de votos verificables en más de 3,500 procesos electorales y que asegura no registrar una sola discrepancia. Una cuarta empresa que presentó propuesta técnica fue Mapa Soluciones, firma de Honduras que al final no se presentó a la prueba.
Según las bases del concurso, estas empresas debían presentar una garantía de 175 mil dólares para asegurar el mantenimiento de la oferta. Oferta que debía asegurar la calidad en la prestación de los servicios.
Una semana más tarde, el 26 de diciembre, tras realizar las pruebas y puntuar a las concursantes, los magistrados del TSE anularon el proceso. Julio Olivo dijo que el TSE por su propia cuenta tenía la capacidad técnica para asumir la realización de todo el procesamiento de resultados electorales. En declaraciones a Hechos, de Canal 12, Olivo aseguró que no se logró consenso entre los magistrados y sostuvo que las empresas que habían presentado propuestas técnicas cobraban más de lo que el TSE tenía presupuestado. En los días posteriores al anuncio del 26 de diciembre, funcionarios del TSE sostuvieron intercambios telefónicos o vía correo electrónico con tres empresas que tendrían que ver con el procesamiento de resultados electorales. Estas tres empresas fueron Data & Graphics, Soluciones Aplicativas y Ninja Web. La primera inscrita en 2002, pero según su presidente operando como “persona natural” desde 1994. La segunda fue fundada en 2012 según el Registro de Comercio y la tercera fue fundada en 2014, según esa misma base de datos pública.
Data & Graphics se encargaría de proveer un software para la digitalización de los votos cruzados (además de equipo técnico para el CNPRE). El día de la elección, y la madrugada siguiente, terminó también auxiliando, y de emergencia, desde la pecera al TSE. Por todos sus servicios, Data & Graphics recibirá 633,482.86 dólares. De estos, más de 72,000 dólares le serán pagados por resolver los problemas de un sistema de divulgación que el TSE decidió ya no utilizar el lunes 2 de marzo, un día después de la elección. Soluciones Aplicativas se encargaría del procesamiento de todos los resultados electorales en el CNPRE (por un monto de 320,114.64 dólares), y Ninja Web se encargaría del módulo de divulgación, pero a una semana de los comicios decidió bajarse del tren.
Según Benjamín Zepeda, su empresa empezó a desarrollar el software que se ocuparía para tabular las elecciones cerca del 17 de febrero de 2015, aunque el contrato lo firmaron cerca del 24 de enero. Ninja Web fue llamada por personal del TSE a mediados de enero y trabajó, sin contrato, hasta el domingo 22 de febrero, el día del último simulacro de elecciones, una semana antes de las votaciones. Data & Graphics comenzó a trabajar con el TSE por las mismas fechas, y firmó contratos hasta mediados de febrero. Para esas fechas, una cosa era cierta: el TSE en pleno había acordado deshacerse de su plan A (la contratación de una empresa con experiencia a nivel mundial) para el procesamiento y divulgación de resultados electorales y estaba trabajando con un plan B con tres empresas salvadoreñas, de las cuales solo una (Data & Graphics) tenía experiencias previas con el TSE en la dotación de equipos informáticos.
Cuando El Faro le pregunta a las tres empresas quién las invitó a trabajar con el TSE, solo una responde con nombre y apellido: Erik Altamirano, presidente de Data & Graphics. Él dice que quien los contactó fue Miguel Quezada, el segundo al mando de informática en el TSE. Los representantes de Soluciones Aplicativas y Ninja Web dicen no recordar quién los invitó para desarrollar las plataformas de procesamiento de resultados electorales (la primera) y la divulgación (la segunda).
A los salvadoreños, Julio Olivo informó cinco días antes de la elección (el 24 de febrero) que contrataría a una veintena de empresas para sacar las elecciones: 'Hay alrededor de 20 empresas involucradas, empresas pequeñas, empresas locales, involucradas en este proceso de transmisión. Hay un gran talento tecnológico, informático. Genios de la informática están trabajando en esto, cooperando con el TSE', dijo Olivo a La Prensa Gráfica.
Cuando El Faro preguntó a Olivo por qué decidió contratar a Soluciones Aplicativas –una empresa sin experiencia en manejo de resultados electorales- para administrar el corazón del procesamiento de resultados electorales, el magistrado insistió en que Saplic sí contaba con esa experiencia electoral. Al hacerle ver que era algo imposible, Olivo respondió que eso les había informado el jefe de informática del TSE. 'A no ser que en eso también nos hubieran engañado', dijo Olivo. El enlace directo de Benjamín Zepeda y su equipo en la noche del 1 de marzo en la pecera, y en los dos días siguientes en el CNPRE, siempre fue Liana Hernández, la asesora técnica del magistrado Olivo.
Puesto en marcha el plan B del TSE (el de fraccionar las contrataciones y delegar en tres empresas el procesamiento de resultados electorales), el Tribunal realizó tres pruebas y un simulacro entre el 15 y el 25 de febrero. En todos esos ejercicios encontró fallas, aunque la institución dijo que las fallas eran logísticas y no informáticas. Lo cierto es que ya el viernes 20 había partidos políticos enterados de que el simulacro del domingo 22 iba a fallar por asuntos informáticos. El día del simulacro, Ninja Web, la encargada de la plataforma de divulgación de los resultados, se bajó del barco antes que este se estrellara contra las rocas. Según Javier Calderón, CEO de Ninja Web, ellos consideraron que 'había mucho riesgo con un trabajo realizado a la carrera por Soluciones Aplicativas. A días de los comicios no habían sido capaces de entregar la documentación de lo que habían realizado. El trabajo de ellos era el de generar los resultados para que un sistema pudiera subirlos a la web. Al ver el riesgo del proyecto nosotros decidimos no entrar', dice Calderón.
El simulacro arrojó fallas y al siguiente día, el lunes 23 de febrero, el TSE contactó a otra empresa para sustituir a Ninja Web e intentar salvar el módulo de divulgación de resultados. Web Informática evaluó el trabajo que había, lo que había que retomar, y la noche del miércoles 25 desistió de participar en el proyecto y lo notificó mediante un correo al TSE. Faltaban menos de cuatro días para que los resultados de las elecciones comenzaran a publicarse, pero para entonces el TSE no tenía módulo de divulgación. No tenía cómo presentar los resultados electorales preliminares a la población salvadoreña. Ese, por si fuera poco, no era el único problema del TSE. Y quizá, ni siquiera, el más grave de todos.
De regreso al miércoles 25, el TSE realizó una última prueba con empleados de la institución para verificar que el procesamiento de resultados funcionara a la perfección. Las secretarias y asesores de despacho hicieron las veces de digitadores. Pero todo funcionaba mal. Los recortes de las actas que los digitadores improvisados debían ver en pantalla llegaban ilegibles, las computadoras “se trababan” y nadie, ningún supervisor de la empresa contratada, auxiliaba a los digitadores cuando pedían ayuda. Uno de esos digitadores cuenta que él incluso digitaba errores para ver si alguien generaba una alerta. Se supone que lo que los digitadores ingresan a la base de datos luego es verificado en otros puntos del proceso, “pero nunca sonó la alarma. Nunca nadie vino a regañarme o a putearme. ¡Nunca!”, dice este empleado del TSE.
El Tribunal Supremo Electoral, a juicio de expertos en informática consultados por El Faro, quizá ni siquiera se tomó la molestia de poner sobre el tablero a un “integrador”, un experto técnico que fuera capaz de verificar que los nodos de todas las empresas se conectaran a la perfección. Una especie de director de orquesta que dirige a sus músicos para que la pieza que escucha el público suene perfecta, sin errores. O quizá ese papel lo asumió, solo que sin éxito, el jefe de informática René Torres. Si este es el caso, los magistrados tampoco le ayudaban a Torres y a su equipo con las decisiones que tomaban, ya que en cada parte del proceso fueron poniendo más piedras en el camino.
Dos días después de la prueba fallida con empleados del TSE, el viernes 27 de febrero, una magistrada del TSE puso una alerta que no fue escuchada o nadie quiso escuchar. En un documento de dos páginas, esa magistrada exigió que se tomaran acciones “pendientes a ejecutar para mejorar el sistema de transmisión de resultados electorales”. De las siete acciones por ejecutar, a dos días de las elecciones, hay una que llama más la atención. La magistrada pedía que se probara la integración del “ICR Kofax” suministrado por la empresa Data & Graphics a la herramienta de procesamiento de datos desarrollada por Soluciones Aplicativas, que hasta esas fechas era el único que había sido operado por los digitares de maquila (los digitadores contratados para el día de las elecciones). En síntesis, a dos días de los comicios, el TSE no había puesto a prueba dos puntos medulares del escrutinio preliminar: probar si la base de datos de las votaciones municipales, legislativas y Parlacen (generada por el proceso desarrollado por Soluciones Aplicativas), se integraba con la información procesada por el Kofax de Data & Graphics. La carta de la magistrada solo confirmó la oscuridad que un mes antes ya había detectado la Junta de Vigilancia Electoral sobre el sistema informático. La Junta, integrada por representantes de los partidos políticos, envió una carta al TSE el 26 de enero pidiendo que se le 'explicara cuál iba a ser el proceso para la transmisión de resultados preliminares la noche de la elección'.
Quizá previendo que todo iba hacia el abismo, esta misma magistrada, con fecha 19 de febrero, había solicitado al Tribunal que se pensara en un plan C para garantizar la confiabilidad de los resultados electorales. Ella propuso que se diera una copia en memoria USB de las actas escaneadas por los 1,750 puntos transmisores diseminados en todo el país. Serían 17,500 memorias USB (una inversión de alrededor de 122,000 dólares) para que fueran distribuidas a los partidos políticos y así todos tuvieran una copia de las actas que estarían llegando al CNPRE, cerca de la pecera, el lugar en donde todos sospechaban que tronaría el procesamiento de resultados. El TSE desestimó la alerta y la propuesta de esta magistrada.
Desde el 25 de febrero, el TSE no solo carecía del módulo de divulgación, sino que no tenía integración de los dos softwares que llevarían a cabo el conteo preliminar. Como si fuera a propósito, los magistrados del TSE ya iban de bajada, subidos en un auto sin frenos, acercándose a toda velocidad a un muro grueso y de concreto.
Operación “resucitar al muerto”
Al filo de la medianoche del 1 de marzo, el jefe de Informática del TSE, René Torres, salió del CNPRE y caminó en solitario y con paso lento hacia uno de los callejones de la Feria Internacional. Caminaba perdido en sus cavilaciones, con la vista al suelo, los brazos cruzados y la mano derecha sosteniéndole la barbilla. A sus espaldas iba dejando el barullo que un grupo de periodistas hacían frente al CNPRE, y las risas y las charlas de un grupo de secretarias de los magistrados. Ellas habían llegado a dar apoyo a sus jefes, los sabían en problemas. Había dejado también a los magistrados, que estaban a punto de reunirse con los dirigentes de los partidos políticos para tratar de explicarles qué había fallado y cómo pensaban solucionarlo.
Torres siguió caminando y no se detuvo y no despegó la vista del suelo ni cuando le preguntamos qué había pasado ni cuando respondió que no estaba autorizado para dar declaraciones. Siguió caminando y se perdió un momento en la oscurana de un callejón. Un par de minutos después, bajó a toda prisa. En sus cavilaciones, quizá llegó a entender una cosa: al final de cuentas, a él le achacarían la responsabilidad del fracaso informático que se cocinaba en el CNPRE y en la pecera. Porque al final de cuentas, y justo como ha pasado, no serían los magistrados, aquellos que sabotearon el plan A de contratación de una empresa de prestigio mundial, los que pagarían los platos rotos. Tampoco serían esos misteriosos asesores técnicos que se dedicaron a convocar a un grupo de empresas inexpertas en manejo informático de resultados electorales, y a quienes esas empresas protegen con tanto recelo… Minutos después de su caminata, Torres ya estaba sentado a la derecha del magistrado presidente Julio Olivo, tratando de explicarle a los dirigentes políticos qué es lo que había pasado.
Mientras esa reunión ocurría, a las 12:15 de la madrugada del 2 de marzo, un pick up polarizado, gris, doble cabina, salió a toda velocidad de las entrañas del Cifco y se dirigió a la única entrada y salida de las instalaciones, sobre el bulevar del Hipódromo. El pick up, asignado a uno de los magistrados del TSE, llevaba una misión: recoger a dos ingenieros informáticos para infiltrarlos en la pecera. “¡Suban, suban, rápido!”, les dijo el conductor, el magistrado suplente Francisco Panameño. Necesitaban meterlos así, a escondidas, porque como esas dos personas no tenían acreditación para ingresar al Cifco, los guardias y policías de la entrada les habían impedido el paso. A las 12 de la noche, esas dos personas habían sido llamadas de emergencia por Erik Altamirano, el presidente de Data & Graphics, porque se dio cuenta de que solo con su equipo no lograrían identificar las fallas en la programación del módulo de divulgación.
Una hora y media después, Altamirano ya tenía las primeras pistas de lo que estaba mal. Había problemas en la programación de la aplicación de Saplic que debía divulgar los datos escrutados. El Faro intentó recoger la versión de Benjamín Zepeda para cada uno de estos eventos, pero sin negar qué él haya participado en todos estas escenas que se narran, se limitó a decir que “de esos temas no puedo hablar por confidencialidad. Mi postura es la misma que di en la conferencia: Soluciones Aplicativas solo fue contratada para el sistema de verificación, no para divulgación. Deberían entender que hacer pedazos a una empresa salvadoreña que ha venido de abajo solo porque es la más débil del sistema y dejar sin trabajo a la gente no es justo. Mejor investigá por qué no usaron la base de datos de Kofax para obtener los resultados si al final invirtieron bastante en ese sistema también”, dijo Zepeda.
¿Por qué el TSE no utilizó el Kofax, un software de captura de imagen y digitalización de datos con niveles que rondan casi el 100 % de confiabilidad para procesar los datos de toda la elección? ¿Por qué partió en dos el procesamiento de resultados? ¿Por qué no hizo pruebas de su integración, como alertó una magistrada? ¿Por qué utilizó programación creada por una compañía novata en elecciones para procesar los votos, y el software más confiable para ese mismo fin lo utilizó solo para el voto cruzado?
Probablemente ninguno de los magistrados o los técnicos involucrados en las compras y contrataciones desconocía las respuestas, pero a la 1:30 de la mañana del lunes, en plena emergencia, ya nadie estaba pensando en esa respuestas. En una esquina del lugar, instalados en una mesa, con tres computadoras al frente estaban, por parejas, los dos técnicos que había llamado Altamirano; en otra computadora estaban dos técnicos de Soluciones Aplicativas y en una tercera estaba Benjamín Zepeda junto a un técnico del TSE. Detrás de ellos, sentados, estaban expectantes el representante de la OEA, la asesora técnica de la magistrada Ana Guadalupe Medina y Liana Hernández, la asesora técnica del presidente Julio Olivo. René Torres, a esas horas, supervisaba el trabajo de los digitadores en el CNPRE.
La llegada al Cifco de los técnicos auxiliares coincidió con la llegada de los secretarios generales de los partidos políticos que a esa hora ya se habían quejado públicamente del silencio del TSE en el manejo de los resultados preliminares. “Han pasado siete horas desde el cierre de urnas y el Tribunal no ha dicho nada”, se quejaba Jorge Velado, presidente de Arena. A la medianoche del día de la elección, ninguno de los partidos podía comparar los números que sus mesas receptoras de votos les estaban enviando con los datos oficiales por una única y sencilla razón: no había datos oficiales.
Durante 20 minutos, Olivo y Torres daban explicaciones solo a los representantes de Arena, PCN, PDC y Gana. Al rato llegó una delegación de la comisión política del FMLN liderada por su secretario general, Medardo González. Ellos ya habían sido informados de los problemas.
“No hay duda de que la inexperiencia en el manejo de las actas ha provocado lentitud, vacíos, pero también la parte tecnológica del sistema que se ha caído, que no se puede recuperar, que está causando problemas”, dijo Medardo González antes de irse a encerrar junto al resto de partidos en un salón del CNPRE.
La reunión de los dirigentes partidarios con el TSE se extendió hasta poco antes de las 2 de la mañana. Altamirano y los otros dos informáticos habían avanzado en su diagnóstico. Saplic también seguía intentando resolver los problemas en su propio código fuente después de casi 24 horas de haber llegado al Cifco, en una semana agotadora de pruebas de ensayo y error. Uno de los magistrados del TSE cuenta qué pasó con Saplic con la condición de hacerlo desde el anonimato. Dice: “Esos muchachos estaban como embotados, no sé. Ya estaban bien cansados. Y en realidad ellos tienen la razón al decir que no fueron contratados para la divulgación. Esa respuesta se las asesoró algún abogado. Al darnos cuenta que el miércoles por la noche no teníamos módulo de divulgación les pedimos a ellos que también se hicieran cargo de eso, que nos ayudaran… ya que ellos nos decían que las otras empresas se habían ido porque no entendían sus programaciones, entonces les dijimos: prográmenlo ustedes, pues. Ese trato fue de palabra”.
De regreso en la pecera, en la pared de cristal manchada con fórmulas y figuras ininteligibles para los magistrados, los técnicos se esforzaban por tratar de develar un misterio. En una esquina del esquema se indicaba de la existencia de un servidor en el que supuestamente estaba alojada la página web que albergaría los resultados preliminares para la consulta ciudadana. Era un servidor de un reconocido proveedor denominado Rackspace. Sin embargo, cuando los técnicos pedían ver ese servidor, trabajarlo, nadie en el TSE se hacía cargo de responderles. Ni René Torres ni Liana Hernández ni Benjamín Zepeda, nadie. Ni siquiera Julio Olivo presionaba a los responsables del TSE del área informática para que entregaran ese servidor a los técnicos contratados de emergencia. Ese servidor parecía, simplemente, un servidor fantasma.
Pero todos siguieron trabajando, y a la 1 de la mañana, los técnicos de emergencia validaron el primer diagnóstico de Data & Graphics: si se quería resucitar el sistema de divulgación primero habría que reparar el código fuente del sistema de divulgación elaborado por Saplic. A grandes rasgos, y para que se entienda, en el laberinto de la base de datos del CNPRE, los datos de los votos digitalizados se habían perdido entre telarañas de datos, y cuando el módulo de divulgación pedía que se mostraran los datos digitalizados de San Salvador municipio, para llenar las casillas de Arena o FMLN, por poner un ejemplo, el sistema se tardaba demasiado, no encontraba la información o la encontraba fragmentada. A esa hora, al visualizar los resultados preliminares, también ocurrían cosas como que Mejicanos estaba en San Miguel o que Cinquera era una población con 10 mil votantes.
A las 2 de la madrugada, nueve horas después del cierre de comicios, aproximadamente cinco horas después de haber descubierto la falla, Julio Olivo compareció en cadena nacional y reconoció que el TSE había fallado. Pero antes, mientras caminaba hacia el pabellón, en el que se encontraba la sala de prensa, iba hablando por teléfono con alguien. “Nos reunimos con los partidos para buscar soluciones ahí. Vamos a publicar copia de las actas”, dijo.
Al anunciar que el TSE divulgaría solo las imágenes de las actas, pero no los datos procesados, Olivo estaba matando el escrutinio preliminar. Sin embargo, tras bambalinas, los técnicos seguían intentando resucitarlo y para las 2:30 de la madrugada ya tenían una solución definitiva. A esa hora el Tribunal contrató a la empresa Data & Graphics, en concepto de consultoría, y esta a su vez subcontrató a título personal a los informáticos Roberto Palomo y Mardoqueo Carranza, los hombres a los que un magistrado llegó a traer a la entrada del Cifco, para meterlos de manera clandestina hasta la pecera. Ambos técnicos son socios en Web Informática, le empresa que entre el lunes 23 y el miércoles 25 había rechazado hacerse cargo del módulo de divulgación del TSE por el 'riesgo' que significaba trabajar con los datos procesados por Soluciones Aplicativas.
Durante la madrugada del lunes 2, mientras El Salvador dormía sin resultados electorales, el equipo de emergencia resolvió a toda velocidad muchos problemas, entre estos el tiempo de las consultas a la base de datos de 25 minutos a uno. A las 7:30 de la mañana, estaban listos para divulgar los datos preliminares... pero había un problema, nadie sabía dónde iban a alojar la página web con los resultados. Nadie había tenido acceso al servidor Rackspace del TSE que se suponía debía alojar la página web y tampoco nadie del Tribunal se había acercado para explicar algo al respecto.
Altamirano, Palomo y Carranza decidieron no correr ningún riesgo y ordenaron la compra, vía tarjeta de crédito, de tres servidores, los cuales se supone iban a poder resistir las miles y miles de visitas por segundo cuando se anunciara que la página estaba disponible, que se esperaba fuera a partir de las 8 de la mañana. Se supone que los servidores que compraron fueron programados en tiempo récord y a las 8 de la mañana, los magistrados del Tribunal supieron que el sistema estaba listo para salir al aire. Temprano en la mañana, los magistrados celebraron la noticia con palmadas en los hombros de los técnicos, felicitaciones, abrazos entre ellos e incluso con aplausos. Sin embargo, rápido vendría otra decepción: los resultados no coincidían cuando se comparaban con las actas físicas escogidas al azar. Un número 75 en la pantalla, en el acta era, por ejemplo, 15. Esa prueba había sido exigida por el jefe de informática, René Torres. Él se sentó en una esquina del CNPRE y comenzó a leer resultados de actas físicas para varios municipios mientras los técnicos iban verificando en sus pantallas si los datos pegaban. Algunos datos no pegaban o había vacíos de información bajo algunas de las banderas de los partidos políticos. En las siguientes horas se dedicaron a buscar la solución y a las 11:30 de la mañana la prueba de fuego dio positivo. La prueba había consistido en verificar una a una las actas de dos municipios pequeños. Bingo.
Finalmente, la web para la divulgación de datos estaba lista pero la desconfianza hacia toda la base de datos, aquellos que los más involucrados en el desarrollo de las elecciones sabían que podía llegar a fallar, era demasiado poderosa como para jugársela. Entre los magistrados un miedo se transformó en idea fuerza: “Ya habíamos metido la pata bien grande una vez, no la íbamos a meter dos veces”, dice uno de ellos. De esa forma, a las 11:30 de la mañana, casi medio día de trabajo informático de emergencia, a un costo de más de 72 mil dólares, se había ido al traste.
La página de prueba, secreta, que se creó para subir un escrutinio preliminar de emergencia, al cierre de esta nota, sigue activa. No hay porcentajes ni casillas de información sobre porcentajes de votación o votos nulos o impugnados. Ese módulo de divulgación tiene su última actualización a las 11:57 de la mañana del 2 de marzo: a esa hora, el sistema contaba que 102,303 salvadoreños habían votado en el departamento de San Salvador para elegir diputados a la Asamblea Legislativa de entre ocho partidos políticos. Arena lideraba con 45,528 votos, seguido del FMLN con 44,008. En un lejano último lugar estaba el candidato no partidario Douglas Ernesto García, con 355 votos a su favor. En las tablas en las que se tabularon los datos por municipio para Asamblea Legislativa y Parlacen hay una columna, en el centro, que está sin datos. El título de esa casilla es “voto cruzado”.
*Con reportes de Efren Lemus y José Luis Sanz
Nota de la redacción: El Faro pidió reacciones al jefe de informática y a la asesora del presidente Julio Olivo, pero en dos oportunidades René Torres dijo no estar autorizado para hablar. A Liana Hernández se le dejó un mensaje en su teléfono y en su cuenta de Facebook pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
