Los principales aliados del partido de gobierno, Gana y PCN, ya anuncian que esta legislatura terminará con una serie de plenarias en las que el FMLN buscará la aprobación de al menos 300 millones de dólares en préstamos, una importante reforma al sistema de pensiones y, si alcanzan los votos y el tiempo, un paquete de reformas a legislación que altera el funcionamiento de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
“Yo diría que habrá ocho o 10 plenarias en abril”, augura Guillermo Gallegos, dirigente de Gana, en referencia a las últimas semanas de la legislatura que termina el 30 de abril.
Los votos de Gana han sido imprescindibles para impulsar la agenda del gobierno de los últimos seis años. Gallegos, exdiputado arenero y candidato a la presidencia de la Asamblea, dice que las cuatro plenarias ordinarias del último mes de esta legislatura no serán suficientes para agotar la agenda de temas que promueve el FMLN, partido que aprovechará la correlación favorable actual para limpiar la mesa de cara la próxima legislatura en la que Arena tiene la llave de la mayoría calificada, y posibilidades de bloquear la mayoría simple.
'Será un abril muy intenso”, concluye el directivo de la Asamblea Legislativa, que agrega que en los próximos días empezará la negociación por aprobar reformas que buscan alargar a cinco años los períodos de diputados y alcaldes; ratificar una reforma constitucional que establece el derecho al agua y “otras cosas que se puedan plantear”.
La prisa por aprovechar la correlación legislativa actual tiene como punto de partida un lento y confuso conteo de votos que llevó al FMLN y Arena a disputarse en las mesas de escrutinio la curul 84 que anhelaba Cambio Democrático. Casi un mes después, el Tribunal Supremo Electoral prácticamente ha oficializado un escenario de empate para el próximo período legislativo: el FMLN y Gana suman 42 votos, mientras que Arena, PCN y un diputado del PDC también suman 42 votos. Este es un empate en el papel, ya que el pleno legislativo salvadoreño ha demostrado en la historia reciente que, pese a estar partido en dos mitades, siempre benefició con sus votos a la mayoría de iniciativas gubernamentales que requirieron mayoría simple -43 votos-. En este caso, este empate lo puede romper la voluntad de un solo diputado y las opciones para eso sobran.
Una de las voluntades más cercanas al partido de gobierno es la de Francisco Merino, del PCN. Este diputado, otro fuerte aspirante a presidente la Asamblea Legislativa de los próximos tres años, cree que el país no puede quedar paralizado y que hay que se moderados. Merino cree que este partido “no obtuvo buenos resultados” en las 16 alianzas con Arena en las elecciones legislativas y municipales del pasado 1 de marzo. “El PCN maneja muy bien estos temas, lo ha hecho históricamente, hay que saber diferenciar las maniobras electorales, que terminan luego del escrutinio”, dice Merino, en referencia a la coalición electoral que selló su partido con Arena y con la que el PCN ganó dos de los seis diputados.
El FMLN, Gana y una parte del PCN bastarían para inclinar la balanza a favor del partido de gobierno, que durante tres años (2012-2015) ha mantenido una alianza que le ha permitido conseguir los votos para la mayoría de iniciativas legislativas. Aunque el PCN está dividido al respecto.
El diputado Merino, al igual que Gallegos, cree que entre los temas más importantes a discutir en el último mes de esta legislatura está un conjunto de préstamos que suman más de 300 millones de dólares.
Pero dentro del PCN también hay un debate vigente y hay un grupo de diputados que ha dado muestras de respaldo a Arena en los últimos 12 meses. Mario Ponce, el subcoordinador de la fracción del PCN, asegura que la posición institucional del partido para las futuras negociaciones aún no está definida y que quedará plasmada en un comunicado oficial que harán público en los próximos días. Este parece ser un claro llamado a Merino. Ya en febrero de 2014, el PCN tuvo una ruptura interna puesto que debió decidir a cuál de los dos candidatos presidenciales que pasaron a segunda vuelta debían apoyar. Los diputados Mario Ponce y Antonio Almendáriz, junto a Manuel Rodríguez, secretario general, dijeron abiertamente que apoyarían al candidato de Arena, mientras que Francisco Merino y Reynaldo Cardoza dijeron que lo harían a favor de Sánchez Cerén.
A Ponce se le preguntó si preveían que un diputado o diputada de su fracción electa pudiera alejarse de la posición institucional para favorecer su propia agenda. “Si existiera una persona o diputado que actúe en ese sentido sabe las consecuencias después de la sentencia, si es que lo hace a título personal”, respondió, en alusión a la sentencia de octubre del año pasado en la que la Sala de lo Constitucional prohíbe a los diputados cambiarse de partido después de resultar elegidos. La sentencia establece que estos diputados no pueden conformar otra fracción legislativa con otros disidentes, y que el camino que les queda es declararse legisladores independientes.
La densa agenda legislativa
La comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa tiene expedientes de 11 préstamos que suman 651 millones 792 mil dólares. De estos, al menos 300 millones de dólares urgen de ratificación, es decir, juntar 56 votos que en la próxima legislatura serán más complicados de conseguir.
Los préstamos de los que habla Merino 'son para la franja costera marítima en la que está prevista la construcción de infraestructuras de calles y carreteras, obras de mantenimiento en sitios turísticos y financiamiento para emprendimientos locales. Otra parte importante es para el combate el crimen”, explica este pecenista, sin dar más detalles.
En esta legislatura el FMLN ha logrado las decisiones de mayoría calificada de 56 votos para aprobar endeudamiento con el respaldo de los 10 votos de Gana, los siete del PCN, los cinco exareneros que fundaron un grupo conocido como Unidos por El Salvador, uno del PDC, uno del CD y el voto de un diputado suplente de Rodrigo Samayoa, quien se ausentó de las plenarias debido a una enfermedad.
Otro punto importante en la agenda del FMLN es la reforma al sistema de pensiones, que como punto de partida, debe incluir un ajuste a la tasa de retorno de los fondos que costaría al Estado casi 250 millones de dólares anuales. Esta reforma parte de una sentencia de la Sala de lo Constitucional que determinó que la rentabilidad sobre el fondo de pensiones del Sistema de Ahorro para Pensiones es negativa y va en detrimento de la seguridad jurídica en relación con la seguridad social. La sentencia obliga a los diputados a tomar medidas que aseguren que los fondos de pensiones que usa el gobierno sean compensados con tasas de interés acordes al mercado de entre cinco y siete por ciento.
La sentencia surge de una demanda que denunciaba –entre otras cosas- que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) compran los bonos del gobierno con una tasa de interés más baja que la del mercado.
Aunque esta es una de las reformas, lo medular del cambio en el sistema de pensiones es aún un misterio que depende de la decisión del gobierno, que aún está por decidir si regresar al Estado el papel de administrador de los fondos de pensiones. En el debate ha estado desde hace meses la posibilidad de aumentar en cinco años la edad de jubilación, de aumentar la tasa de cotización y de recortar el monto de los beneficios.
Otro de los temas legislativos en la agenda del último mes afecta principalmente a la Sala de lo Constitucional. La Asamblea Legislativa tiene una propuesta de ley de procedimientos constitucionales que limitaría los alcances de las sentencias de la Sala de lo Constitucional.
Un funcionario que conoce de los alcances del proyecto de ley que buscan aprobar los diputados explica que la propuesta, de ser aprobada, impediría a la Sala de lo Constitucional pronunciarse respecto de la elección de funcionarios de segundo grado o sobre la creación de comisiones especiales de la Asamblea.
El FMLN también intentará poner en la mesa de discusión una reforma a la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la cual permitiría la creación de tribunales administrativos para que el ciudadano demande judicialmente al Estado sin tener que recurrir, obligatoriamente, a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Por poner un ejemplo, un candidato a diputado que se sienta agraviado por el retraso en el escrutinio podría demandar al Estado ante un tribunal administrativo, antes de tener que recurrir a la Sala de lo Contencioso Administrativo.
En el gráfico siguiente se explica los posibles escenarios para hacer mayoría en la próxima Asamblea Legislativa, desde el más factible hasta los más difíciles de alcanzar que, sin embargo, no están descartados.
