Las elecciones legislativas y municipales 2015 deben ser ser un punto de inflexión en el proceso político de El Salvador. El fracaso rotundo del sistema de transmisión de datos para el recuento electoral no solo pone en un espantoso ridículo a los actuales magistrados del Tribunal Supremo Electoral. También desnuda la frágil institucionalidad de un organismo tan delicado como el TSE, que pese a la teórica despartidización de su cúpula sigue a merced de las intrigas partidarias y se gobierna bajo sospechosos criterios de coyuntura.
No cabe, como ha pretendido hacer el secretario general del FMLN, culpar de lo sucedido a la legalización del voto cruzado, un evidente avance democrático en la medida en que permite a los electores designar directamente a los hombres y mujeres que desean que les representen en la Asamblea Legislativa o el Parlacen. Pese a tornar más laborioso el recuento no fue eso, sino la novedosa contratación de empresas sin experiencia para la transmisión y procesamiento de las actas, lo que hizo naufragar a un organismo que funcionó con absoluta precisión en las últimas cinco votaciones: legislativa y municipal de 2009, presidencial de 2009, legislativa y municipal de 2012, y dos vueltas presidenciales de 2014.
Es urgente que, una vez finalice el recuento y los resultados sean firmes, se investiguen esas contrataciones y se depuren responsabilidades. Sería vergonzoso, y un peligroso precedente, que tras un error como este no se señale a los culpables y se corrijan procedimientos. Pero las sanciones no se deberian centrar en los eslabones más débiles de la institución sino en su cúpula. Fueron los magistrados quienes desatendieron las advertencias públicas hechas las últimas semanas sobre la debilidad del sistema de envío. Fueron los magistrados quienes, tras detectar los primeros problemas de recepción y proceso de datos, tomaron la decisión injustificable de guardar silencio durante nueve horas, mientras el país rumiaba incertidumbre.
También los observadores internacionales se quedaron sorprendentemente mudos. La noche del domingo, solo la inusual prudencia con la que todos los partidos políticos encararon el fracaso del escrutinio preliminar evitó que se exaltaran los ánimos en las calles y la ineptitud del Tribunal derivara en una crisis mayor. En 2014, con un recuento mucho más transparente, Arena se apresuró a denunciar un supuesto fraude, y el FMLN también lo hizo en 2004 tras la derrota de Schafik Hándal en unas presidenciales. Esta vez, al reafirmar su confianza en la honestidad del TSE y autoimponerse paciencia, los principales líderes políticos del país demostraron por primera vez en mucho tiempo una talla que el país les demanda exhibir más a menudo. Lo mismo probaron aquellos candidatos que, ya en la madrugada del lunes y tras recibir datos oficiosos, reconocieron su derrota y felicitaron a sus oponentes.
Pero ninguno de los principales partidos puede lavarse las manos ante lo sucedido. Todos participan y fiscalizan cada paso del trabajo del Tribunal, y todos, como en tantos otros frentes, se han negado sistemáticamente a transparentar y profesionalizar los criterios de toma de decisiones de los magistrados, con la esperanza de beneficiarse en algún momento de esa opacidad. Mientras mantengan secuestrado el Tribunal seguirán siendo culpables de sus torpezas.
Habrá ahora quienes alienten al retroceso, al regreso a formatos previos de gestión del TSE e incluso a la revisión del sistema de votación cruzada. Serán esfuerzos de interés privado disfrazados de interés común. Hay que profesionalizar el tribunal y purgarlo de clientelismos de una vez por todas. Ante los fallos en el proceso democrático solo podemos apostar por más democracia y más transparencia.
