El gobierno de El Salvador intensificó la semana pasada su estrategia de desgaste y de confrontación directa con las pandillas, realizando un agresivo traslado de líderes pandilleros que estaban en penales comunes a la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca. Además, el presidente Salvador Sánchez Cerén anunció un mayor involucramiento de las Fuerzas Armadas en el combate de estos grupos criminales.
Los traslados a Zacatraz
Durante la madrugada del jueves 16 de abril, 31 líderes pandilleros de la MS-13 y de las dos facciones del Barrio 18 fueron trasladados al temido sector 6 de la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca, conocida popularmente como Zacatraz. Se trata de un pabellón de celdas especiales diseñadas para incomunicar absolutamente a los reos, que viven bajo un riguroso régimen de encierro y aislamiento.
Este es el segundo traslado masivo realizado por el gobierno en lo que va de 2015. El primero tuvo lugar el 19 de febrero y en esa ocasión se devolvió a Zacatecoluca a 14 de los más emblemáticos representantes de las pandillas, como “Viejo Lyn”, “Sirra” y “Diablito de Hollywood”, que estaban recluidos en penales comunes desde que inició la tregua con pandillas promovida por el gobierno anterior, en marzo de 2012. Ese movimiento marcó definitivamente la muerte del experimento de negociación con las pandillas y marcó un parteaguas en la estrategia gubernamental contra estos grupos.
Luego del primer traslado, las pandillas incrementaron su accionar y los atentados contra agentes del Estado y contra delegaciones policiales. La confrontación convirtió a marzo de 2015 en el mes más violento del siglo, con 481 asesinatos. La semana pasada, el presidente Sánchez Cerén intentó matizar esa cifra, asegurando que uno de cada tres de esos homicidios (140) fueron muertes de pandilleros en enfrentamientos con la Policía. Desde que asumió este gobierno, el 1 de junio de 2014, hasta el momento, 18 policías, siete custodios penitenciarios, cuatro militares y un fiscal han sido asesinados por miembros de estas estructuras.
Los nuevos traslados a Zacatecoluca incluyen a varios de los líderes pandilleros que salieron durante la tregua y que, pese a tener menos visibilidad mediática, formaban parte de la primera línea de mando en las tres pandillas. Entre los 31 trasladados están Carlos Tiberio Ramírez, “Snyder”, uno de los principales voceros de la MS-13 durante la tregua; Rubén Rosa, “Chivo”, quien servía como el enlace de la Mara Salvatrucha entre los pandilleros que estaban en libertad y los privados de libertad, mientras duró el llamado proceso de paz. También se trasladó a José Heriberto Henríquez, “Eddie Boy”, ex director de la organización Homies Unidos, a quien las autoridades señalan como uno de los más altos líderes de la facción sureña del Barrio 18.
Luego de estos movimientos, la mayor parte de las “ranflas” o cúpulas de dirección pandilleras han vuelto a Zacatecoluca, a un régimen de encierro mucho más duro del que conocieron antes de marzo de 2012. Con estos movimientos, el gobierno reafirma su decisión de romper cualquier mecanismo de diálogo con las pandillas y envía un mensaje de firmeza en su estrategia, que apuesta a derrotar a las pandillas por la vía de la fuerza.
Batallones élite del ejército
Siguiendo con la misma lógica de los traslados masivos, el presidente anunció el fin de semana que incrementará el involucramiento del ejército en labores de seguridad pública. Sánchez Cerén dijo el sábado que ha solicitado la conformación de cuatro batallones de fuerzas élite del ejército, los cuales serán destinados a la lucha contra las pandillas.
En El Salvador, desde el fin de la guerra civil, no se han utilizado batallones especializados del ejército en labores de seguridad pública. El ministro de Defensa, David Munguía Payés, confirmó que está a la espera de que el presidente ordene la entrada en escena de estos cuatro batallones, conformados por un aproximado de 400 soldados de élite, cada uno. El presidente anunció también la creación de una nueva unidad especial antipandillas “de reacción” dentro de la Policía, que ya cuenta con una subdirección antipandillas. Sin embargo, en ninguno de los casos, el gobernante explicó cuál sería el mandato de estos nuevos cuerpos, ni cómo operarían en el terreno.
Unas horas después de que el presidente hiciera estos anuncios, en la mañana del sábado 18 de abril, una patrulla de soldados mató a nueve pandilleros en el cantón Ulapa Arriba, de Zacatecoluca. Según la versión oficial de las Fuerzas Armadas, una patrulla de cuatro soldados fue sorprendida por unos 30 pandilleros, que al verse superiores en número decidieron emboscar a los militares. La versión oficial es que estos respondieron el fuego, auxiliados por otra patrulla cercana. Ningún militar fue herido. A los pandilleros se les encontraron dos fusiles AR-15, una escopeta calibre 12 y dos pistolas.
Dos de los pandilleros muertos durante el tiroteo habían prestado servicio militar en el Destacamento Militar Número 9 (DM-9), con sede en Zacatecoluca, entre 2009 y 2010, y otro de los fallecidos era medio hermano de un soldado que presta servicios en el mismo destacamento.
Estos hechos ocurren en un momento en que diversos sectores han hecho públicas sus sospechas de que tanto la Policía como el ejército han usado fuerza desproporcionada contra los pandilleros, cometiendo ejecuciones sumarias, cuando ya habían neutralizado la amenaza de sus atacantes. Incluso el director de la Policía, Mauricio Ramírez Landaverde, admitió la posibilidad de que existan grupos de exterminio dentro de los cuerpos del Estado.
Por la noche del mismo sábado 18 de abril, pandilleros asesinaron a dos militares: un sargento, en el municipio de Panchimalco, departamento de San Salvador, y un soldado, en el municipio en San Luis La Herradura, en el departamento de La Paz. Estas zonas son controladas por la misma pandilla a la que pertenecían los nueve pandilleros que murieron durante el día: la facción Revolucionarios del Barrio 18.
Según el ministro de la Defensa, pandilleros intentaron asesinar a otro militar en Panchimalco, pero este consiguió escapar de sus agresores. El soldado, asegura el funcionario, consiguió reconocer a uno de sus atacantes como un compañero de armas destacado también en el DM-9. El acusado ha sido capturado y está en vías de investigación. “No se necesita ser muy inteligente para concluir que estos atentados son una represalia de la pandilla contra las Fuerzas Armadas por lo ocurrido este día”, comentó el ministro Munguía Payés.
Extradiciones: el as bajo la manga
Un magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aseguró a El Faro que la embajada de los Estados Unidos se ha mostrado interesada en establecer mecanismos regulares a través de los cuales El Salvador pueda extraditar hacia los Estados Unidos a pandilleros que hayan cometido delitos en aquel país.
El camino de la extradición de delincuentes buscados por las autoridades estadounidenses fue allanado en mayo de 2013. En esa fecha la CSJ aprobó por mayoría la extradición de Luis Menéndez, pandillero de la MS-13 acusado de asesinar a dos personas en el estado de Nevada. El primer precedente ocurrido en 2013 abrió el camino para más peticiones. El año pasado, la embajada de los Estados Unidos confirmó a El Faro por medio de su consejera de Asuntos Públicos, Mari Tolliver, estar interesada en hacer más pedidos de extradición.
La funcionaria aseguró que el tema de las extradiciones está contemplado dentro de los acuerdos contenidos en el programa Asocio para el Crecimiento: “Hemos expresado nuestro interés en la extradición de personas que han cometido crímenes en Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos y El Salvador estamos de acuerdo que la extradición es un instrumento muy valioso en nuestra lucha común contra la violencia de las pandillas y el narcotráfico. También es una de las metas específicas identificadas por nuestros dos gobiernos en nuestro programa Asocio para el Crecimiento”, dijo Tolliver por medio de correo electrónico en aquel momento.
Desde el 5 de junio de 2013, el gobierno de Estados Unidos considera a la MS-13 una organización criminal trasnacional e incluyó a siete de sus miembros en la lista negra de criminales cuyos delitos afectan a varios países. En aquella lista incluyó a Borromeo Henríquez, “El Diablito de Hollywood”, considerado por las autoridades como el máximo líder de la Mara Salvatrucha en El Salvador.
La semana pasada, las autoridades estadounidenses ampliaron esa lista, agregando a José Luis Mendoza Figueroa, alias “Viejo Pavas”; a Élmer Canales Rivera, alias “Croock”; y a Eduardo Erazo Nolasco, alias “Colocho de Western”. Los tres son miembros de la “ranfla” de la MS-13 y actualmente guardan prisión en la cárcel de máxima seguridad. Debido a su designación, estos 10 líderes pandilleros son posibles candidatos a ser extraditados a los Estados Unidos.
