El Ministerio de Hacienda hizo pública una lista de un grupo de empresas y personas naturales a las que se les calcula una deuda tributaria que asciende a 372 millones 639 mil 335 dólares, y en la que sobresalen las empresas distribuidoras de energía eléctrica y las telefónicas como aquellas que más impuestos le adeudan al fisco y que también más batallan, según Hacienda, con argumentos poco creíbles, para librarse de los millonarios tributos que el gobierno les cobra.
Como si se tratara de un manual para librarse de los impuestos que recoge Hacienda, la lista hecha público el lunes 4 de mayo, un informe colgado en la página web por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), revela los atajos que estas empresas tomaron para intentar librarse del pago de millonarios impuestos. Por ejemplo, en el caso de las empresas distribuidoras de energía eléctrica, el común denominador es que reportaron a Hacienda pérdidas por “energía eléctrica no vendida”. En el caso de las telefónicas, los atajos son más austeros con “ingresos no declarados” o la no aplicación en sus declaraciones del impuesto específico a las llamadas en el exterior que terminan en El Salvador, entre otros.
Tres días después de revelado el documento, el jueves 7 de mayo, el viceministro de Hacienda, Roberto de Jesús Solórzano, dijo en un evento en Casa Presidencial que hay un grupo de empresas, de diferentes tamaños, que normalmente reportan pérdidas todos los años para no pagar impuestos. “El Impuesto sobre la Renta es el impuestos sobre los ingresos netos, si yo quiero puedo tener una renta imponible y no voy a pagar el impuesto. Si todos los años pierdo nunca voy a pagar el impuesto. Ahora se debe de hacer la pregunta: ¿es posible que una empresa que opera normalmente pueda tener pérdidas?”, cuestionó Solórzano.
Según la lista de la DGII, las empresas de distribución de energía eléctrica, CAESS, AESS CLESA, Del Sur y la Empresa Eléctrica de Oriente (EEO), en conjunto deben 49 millones 149 mil 282 dólares, y encabezan la lista de deudores. Son seguidos de cerca por las empresas de telefonía móvil Claro y Tigo, que adeudan 10 millones 764 mil 430 dólares, y por las aerolíneas LACSA y TACA Airlines que adeudan 9 millones 454 mil 447 dólares.
Para evitar el pago del impuesto sobre la renta, las distribuidoras de energía eléctrica reportan pérdidas al Ministerio de Hacienda por “energía eléctrica no vendida”. CAESS, EEO y AES CLESA y Compañía lo hicieron en los años 2010 y 2011; Del Sur lo hizo en 2010. Todas las empresas recibieron resoluciones similares del Tribunal de Apelaciones de Impuestos Internos en las que su argumento para no pagar fue declarado como 'no procedente'. De los siete casos, solo uno está en proceso de cobro por la Dirección General de Tesorería: CAESS debe pagar 11 millones 518 mil 36.92 dólares.
CAESS es la empresa que más dinero acumula en sus dos resoluciones de cobro: la del año 2010 asciende a 12 millones 346 mil 576.9 y la del año 2011, a 11 millones 518 mil 36.92 dólares. Le sigue AES CLESA, que por 2010 adeuda 6 millones 35 mil 58.81dólares y por 2011 adeuda 5 millones 444 mil 918.75 dólares. EEO tiene también dos resoluciones, una por 4 millones 458 mil 201.92 dólares y la segunda por 4 millones 10 mil 721.64 dólares. Del Sur tiene una resolución en contra por 5 millones 335 mil 767.39 dólares.
La improcedencia en los argumentos de estas empresas fue planteada por la Unidad de Audiencias y Tasaciones, que entre otras cosas detectó que las empresas no demostraban que los servicios reportados como pérdidas eran necesarios para la producción de la renta atribuible a un periodo específico, como exige el artículo 38 de la Ley de Impuesto sobre la Renta.
Desde 2010, el ministro de Hacienda, Cárlos Cáceres, ya se había quejado de que en administraciones anteriores habían grandes contribuyentes que gozaban de privilegios. Hace cinco años, Cáceres dijo que había listas de contribuyentes a quienes no se les cobraba impuestos ni se les fiscalizaba.
Al igual que lo reportado por Hacienda este 2015, un informe de inteligencia financiera elaborado en 2010 y al que tuvo acceso El Faro mostraba cómo la telefónica Digicel declaró pérdidas en el período 2005-2008. En ese período no pagó impuesto sobre la renta, algo muy similar a lo ocurrido con la empresa Telemóvil El Salvador (Tigo), que declaró ingresos por 452.5 millones de dólares y utilidades por 151 millones de dólares en 2008. Pero en impuesto sobre la renta, esta empresa pagó solo 500 dólares. Dejó de pagar el 99.999% de lo que le correspondía, según el reporte de Hacienda.
El documento del pasado 4 de mayo de la DGII dice que el Ministerio de Hacienda le tasó (en concepto de impuestos sobre la renta y de multa para el 2010) a la telefónica Tigo 9 millones 124 mil 441.51 dólares. Según la resolución, Tigo no había declarado ingresos que provenían de intereses devengados por depósitos en cuentas de ahorro; había declarado costos de venta que no eran procedentes por no haber efectuado retenciones de impuesto sobre la renta por pagos a empresas no domiciliadas; y no había efectuado la deducción de impuestos a llamadas del exterior que terminan en El Salvador.
Junto a Tigo, a la Compañía de Telecomunicación de El Salvador (Claro) Hacienda le tasó (en concepto de impuesto sobre la renta y de multa) 1 millón 639 mil 989 dólares. Según la información de Hacienda, Claro no había retenido ni pagado impuestos sobre la renta en operaciones con empresas no domiciliadas. También le detectó que había declarado bonificaciones para las que no había registro de retenciones de impuesto sobre la renta y tampoco había registro de que había hecho efectivo el pago de estas bonificaciones.
Hacienda reporta que otros grandes contribuyentes 'deudores del Estado' son dos compañías de aviación. A TACA Airlines, Hacienda le registra una deuda de 6 millones 714 mil 75 dólares por no haber efectuado ni pagado las retenciones del impuesto sobre la renta por honorarios por servicios de sujetos no domiciliados. A LACSA, Hacienda le detectó ingresos no declarados por servicios de transporte aéreo y eso le acarrea una deuda de 768 mil 558 dólares, más 2 millones 740 mil 371 dólares por “gastos no procedentes”.
Otra de las prácticas detectadas en el informe de la DGII vendría a hacer algo así como el arte de “hacer negocio con uno mismo”. Es decir, pagar menos impuestos haciendo compras a empresas con las que se guarda algún vínculo por encima del valor del mercado. De este modo el dinero queda en el mismo lugar y a la hora de declarar ingresos netos, estos disminuyen, y por tanto disminuye lo que se tiene que pagar en concepto de impuestos.
Según uno de los extractos de las resoluciones hechas públicas por la DGII en el informe, la empresa de combustibles Chevron trató de evitar el pago de impuestos haciendo compras con un valor por encima del mercado a empresas que estaban relacionadas con esta compañía. El jefe de la Unidad de Tasaciones firmó una resolución en la que se resuelve lo siguiente: 'Costos no procedente por haber efectuado operaciones con sujetos relacionados a precios más altos que otras empresas que se dedican a la misma actividad'. El jefe de esta unidad firmó una resolución que establece que esta empresa debe un millón 492 mil 342.35 dólares.
Otro común denominador que se desprende del informe de la DGII es que las empresas no declaren ingresos para evitar que suba el monto de sus impuestos. Esto le pasó al Citibank, que tuvo “ingresos no declarados en concepto de comisiones cobradas a los clientes, y gastos no procedentes por reserva de saneamiento sobre activos de riesgo, por préstamos otorgados a sí misma, reservas por contingencias y no haber demostrado la recepción de los servicios”. Según la resolución del Tribunal de Apelaciones, Citibank adeuda 3 millones 772 mil 458 dólares.
Una bomba en la noche de la empresa privada
El pasado lunes 4 de mayo, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) celebró el Enade 2015 (encuentro nacional de la empresa privada) en un hotel de la ciudad capital. El encuentro, que tuvo como protagonista al exalcalde de la ciudad de Nueva York Rudolph Giuliani –que vino a proponer al gobierno un plan para el combate a la violencia a petición de los empresarios- casi llegó a convertirse en un debate entre el presidente Salvador Sánchez Cerén y el líder de la organización, Jorge Daboub, cuando el presidente dejó ir de manera velada la necesidad de más recursos tributados para hacer frente a la violencia en el país.
En el Enade, el presidente Sánchez Cerén dijo al sector privado que la recaudación fiscal no es suficiente para combatir el crimen. En respuesta, Jorge Daboub dijo que en concepto de responsabilidad social empresarial el sector privado ya estaba haciendo una tributación importante. Esa tributación, por sobre otras cosas, tenía como protagonista al informe Giuliani.
Pero ese lunes de Enade, un encuentro tradicional en la historia política reciente de El Salvador, en el que la empresa privada sienta a los mandatarios de turno en su propio foro, no fue la empresa privada la que tuvo la última palabra. Por la noche de ese lunes, Hacienda liberó el “Informe de los dedurores del Estado”, un documento que habla de más de 12 mil deudores, entre empresas privadas y personas naturales que adeudan el equivalente al 40.66 % de la inversión anual que el Estado hace en el ramo de Educación.
Según el reporte de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la mayoría de la deuda está concentrada en pocas empresas y en pocas personas naturales. Por ejemplo, la estimación de costos por resolución, en el reporte de la DGII, indica que 15 empresas -que encabezan la lista de deudores- son responsables del 25 % de la deuda tributaria, juntas deben 96 millones 45 mil 606 dólares. Y es más curioso todavía que esas 15 empresas apenan significan el 0.12 % del total de deudores que Hacienda tiene en la mira (12 mil 519).
A los dos días de la publicación, el presidente de la ANEP dijo en el programa Debate con Nacho que la divulgación del informe en la página gubernamental Transparencia Activa incumplía la ley, y que iba a poner al departamento legal de la ANEP a disposición de los empresarios que se sintieran afectados. 'Nosotros les vamos a preparar las demandas penales para quienes hayan publicado eso, porque la ley no les da esa oportunidad', dijo. Y en twitter hizo extensiva la invitación a todas las empresas. 'Alba Petróleos está incluido en listado deudor del fisco con total $827 mil 907.72. SI SON INOCENTES, nos ponemos a la orden para proceder en demanda', dijo Daboub en twitter, en alusión a esa empresa formada hace unos años por los gobiernos municipales del FMLN con el gobierno venezolano como socio para el aporte de capital, y cuyo principal asesor es José Luis Merino, uno de los máximos dirigentes efemelenistas.
Según Daboub, nadie excepto el Ministerio de Hacienda puede divulgar la información del informe de la DGII. Él argumenta que el artículo 277 del Código Tributario se establece que aquellos procesos que no habían sido finiquitados -es decir que había casos de empresas que no habían sido vencidas en juicio-, no podían ser divulgadas por Hacienda. El Faro envió a Daboub un cuestionario por correo electrónico en el que se le solicitó que nombrara, de entre las seis listas que Hacienda publicó, aquellos que bajo su argumento deben permanecer reservados. Al cierre de esta nota no hubo respuesta.
El jueves 8 de abril, en el programa Diálogo con Ernesto López, el ministro Carlos Cáceres explicó que una reforma al Código Tributario aprobada por la Asamblea Legislativa en 2014, estableció que la DGII puede divulgar resoluciones de tasación de tributos y multas, así como las sentencias emitidas por el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas y los fallos de la Sala de lo Contencioso Administrativo sobre esta materia. Dijo que este artículo -el 277A- lo obligaba, como funcionario, a dar a conocer las listas a través de la Dirección General de Impuestos Internos.
Listas de “deudores”
En el “Informe de los deudores del Estado” se encuentran seis listas con información de las empresas y personas naturales que han cruzado los diferentes caminos de apelación para reducir los cobros de los impuestos al valor agregado (IVA) o el impuesto sobre la renta.
La primera lista contiene resoluciones de la Dirección General de Impuestos Internos sobre 246 empresas y 11 personas naturales, cuya deuda según resoluciones es de 126 millones 690 mil 895.18 dólares.
La segunda incluye 50 empresas a las que les fueron cobrados impuestos en concepto de renta, pero que acudieron al Tribunal de Apelaciones de Impuestos Internos. En conjunto estos casos representan 22 millones 47 mil 539.42 dólares. En esta lista sobresalen la empresa de telefonía Digicel, que debe 5 millones 288 mil 543 dólares, y la petrolera Esso, que debe 1 millón 457 mil 666.27.
Alba Petróleos también aparece en esta lista. Hacienda le tasó dos impuestos: el primero en el año 2008 por 616 mil 284.45 dólares; y el segundo, en 2009, que asciende a 211 mil 623.27 dólares. Para este caso, el Tribunal de Apelaciones de Impuestos Internos confirmó el impuesto y la multa. El Ministerio de Hacienda le detectó en 2008 a esta empresa un pago a una empresa no domiciliada por servicios de recepción, almacenamiento y despacho de combustible. Para estos servicios, Hacienda le notificó a Alba Petróleos que debía retener el 20 % del impuesto sobre la renta, porque los servicios por los que pagó esta empresa no domiciliada fueron usados en territorio nacional. Hacienda le rechazó los costos porque no cumplía la ley, y multó a esta empresa por evasión no intencional.
En la tercera lista hay 45 empresas para las que hay resoluciones por no trasladar el IVA que pagan los consumidores al fisco, pero que también presentaron recursos ante el Tribunal de Apelaciones. En conjunto deben 7 millones 214 mil 787 dólares.
En la cuarta se detallan los fallos que ha emitido la Corte Suprema de Justicia en 14 casos.
En la quinta está la información de 155 empresas que tiene mora superior a los 100 mil dólares. En la sexta se encuentran las multas que el Ministerio de Hacienda ha impuesto a 115 empresas y a personas naturales por violaciones al Código Tributario.
