La jueza del distrito Este de la Corte Federal de Carolina del Norte, Kimberly Swank, determinó este jueves que Inocente Orlando Montano Morales, uno de los militares salvadoreños acusados de participar en reuniones donde se planificó la masacre de los jesuitas en 1989, debe seguir en prisión preventiva hasta el 12 de agosto, fecha en la que se celebrará la audiencia en la que se definirá su extradición a España, luego de que está fuera solicitada por el Departamento de Estado en abril pasado.
La jueza Swank favoreció así al abogado de Montano, James Todd Jr., quien había solicitado ocho semanas para prepararse antes de la audiencia que definirá que Montano sea extraditado a España, donde enfrentaría un juicio en la Audiencia Nacional española por el crimen en el que fallecieron cinco jesuitas españoles, uno salvadoreño, la empleada doméstica y la hija de esta.
El abogado Todd Jr. solicitó en dos ocasiones -la última este miércoles 6 a través de un escrito- que se le diera más tiempo para estudiar el caso y defender de la mejor manera a Montano de su probable extradición, solicitada por Madrid y respaldada por el gobierno estadounidense. Con la decisión de que la audiencia sea hasta el 12 de agosto, la jueza otorgó un mes más de lo pedido por la defensa de Montano.
En un principio, la jueza Swank sugirió que la fecha de dicha audiencia podía ser el 30 de junio, pero el abogado de Montano alegó que durante el verano estadounidense -que comienza a mediados de junio- él iba a tener consigo a sus hijas durante cinco semanas, hasta el 17 de julio, y pidió que la audiencia fuera después de eso, según informaron abogados del Center for Justice and Accountability (CJA), la parte querellante contra Montano. La jueza accedió a la petición del abogado y la fecha más próxima disponible que encontró fue el miércoles 12 de agosto.
En la audiencia de este jueves, la jueza determinó que Montano debía permanecer en prisión preventiva. El abogado Todd Jr. había solicitado libertad condicional para el exviceministro de Seguridad Pública (1989 - 1992) mientras se llegaba el día de la audiencia que decidiría su extradición.
'Lo más importante es que Montano no fue puesto en libertad, él claramente quería permanecer fuera de custodia. La decisión de la jueza también refleja que ella entiende la obligación de cumplir el tratado de extradición con España que la hizo no refutar la detención provisional', declaró Carolyn Patty Blum, abogada asesora del CJA.
Sobre los tres meses que deberán pasar hasta que se celebre la audiencia que podría determinar su extradición, Blum dijo que es algo que el abogado Todd Jr. debió prever antes de someter su solicitud de recibir un período de gracia de ocho semanas para estudiar el caso.
Todd Jr. había pedido ocho semanas para revisar toda la documentación que ha presentado la Fiscalía y el Departmento de Justicia de Estados Unidos y con la que pretenden probar que Montano, quien fungió como viceministro de Seguridad Pública entre 1989 y 1992, es responsable de haber planificado la masacre de los jesuitas y de haber autorizado que desde una radio se lanzaran amenazas contra los sacerdotes los días previos a su asesinato. El informe de una especialista en el conflicto armado, la doctora Terry Karl, sostiene que Montano es responsable de 65 ejecuciones, 52 desapariciones y más de 500 casos de tortura.
El Gobierno de Estados Unidos, a través de la Fiscalía y el DOJ ya habían expresado su rechazo a la solicitud original de que la jueza de Carolina del Norte otorgara esas ocho semanas a la defensa de Montano. La defensa alega en su escrito del pasado miércoles que necesita ese tiempo para revisar el expediente de más de 300 páginas y que condensa declaraciones de testigos, especialistas y más de 3 mil archivos desclasificados por el Gobierno estadounidense.
“La defensa necesita suficiente tiempo para identificar y obtener información adicional relevante”, escribió el abogado Todd Jr. en su escrito fechado 6 de mayo. El abogado alega que el Gobierno estadounidense, que actúa en nombre del gobierno español, al igual que la organización CJA, han tenido cinco años para preparar la acusación contra Montano y que él solo ha tenido dos semanas para revisar el material. 'El gobierno ha construido una rara teoría conspirativa que conecta supuestamente a Montano con la masacre. (El tiempo solicitado) permitirá que se clarifique cuál es la participación (de Montano) en las reuniones que ocurrieron antes del crimen', reza el escrito presentado por el defensor del militar.
CJA es la organización que junto a otra organización española y familiares de los sacerdotes jesuitas presentaron en 2008 una demanda en la Audiencia Nacional española para que esta conociera, valiéndose del principio de justicia universal, el caso jesuitas, tomando en cuenta que en El Salvador un juicio en la década de los 90 no se había desarrollado bajo las mínimas garantías procesales. En 2011, el juez de la Audiencia, Eloy Velasco, admitió la demanda y emitió una orden de captura internacional contra Montano y otros 12 militares salvadoreños. El miércoles 6 de mayo, el Tribunal Supremo de España avaló la apertura a juicio de la Audicienca Nacional, luego de dictaminar que el juicio que se celebró en El Salvador contra nueve militares por el asesinato de los sacerdotes jesuitas careció de las 'garantías necesarias' que requería el caso.
Los argumentos de Montano y su abogado para pedir ocho semanas son tres: que el expediente es demasiado voluminoso y requiere una cuidadosa y esmerada revisión, que un debido proceso implica que se le otorgue una verdadera oportunidad para objetar la extradición, y que aun hay aspectos legales -como la jurisdicción de la Audiencia Nacional- que falta determinar.
“Hay garantías constitucionales que impiden que (Montano) sea extraditado sin antes habar atravesado un proceso justo”, reza el documento de ocho páginas presentado por el abogado del militar. El escrito también alude a la salud del excoronel. “De ser extraditado, enfrenta un posible encarcelamiento por 30 años y eso, en un hombre de 71 años, con graves problemas de salud, atenta contra su libertad y su vida”, dice el escrito.
La defensa también alega que la Fiscalía debe aclarar a qué tratado de extradición entre España y Estados Unidos se está sometiendo para pedir el envío de Montano a Madrid. “Ni la Corte ni la parte interesada deben continuar sin determinar cuál es el tratado que aplica provisionalmente”, reza el documento. Y además agrega que se debe dilucidar la nacionalidad de los jesuitas. Es decir, si Ignacio Ellacuría, Martín Baró, Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, además de haber nacido en España, tenían nacionalidad salvadoreña al momento de la masacre. Joaquín López era el sexto jesuita pero este es de nacionalidad salvadoreña.
El interés en la nacionalidad de los jesuitas radica en que una reforma del año pasado a la Ley Orgánica Judicial determinó que en España únicamente son procesables bajo el principio de justicia universal los casos en donde las víctimas sean españolas, y en los que se haya demostrado que el país donde ocurrieron los hechos no ha procesado legalmente a ninguno por ello. Pese a la reforma, el caso logró continuar por razonamientos del juez de la causa en la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. El Tribunal Supremo español le dio la razón esta semana cuando señaló que el juicio ocurrido en El Salvador entre 1990 y 1991 no contó con todas las garantías procesales.
La extradición de Montano a España fue pedida por DOJ en abril pasado después de que al militar se le probara su participación en numerosas violaciones a derechos humanos por los cuales pagó 21 meses de cárcel en Carolina del Norte. Montano llegó a Estados Unidos a principios de la década pasada y desde entonces mintió al menos tres veces en sus declaraciones migratorias para negar cualquier vinculación con el Ejército salvadoreño. Debido a una política estadounidense, aprobada en 2006, que decretó que Estados Unidos no albergaría en su territorio a violadores de derechos humanos, las faltas migratorias de Montano se convirtieron en su talón de aquiles para que la misma Fiscalía estadounidense buscara su remoción de ese país.
España pidió a Estados Unidos la extradición de Montano en 2013. La solicitud llegó para que el exviceministro no fuera deportado a El Salvador si no que fuera enviado a Madrid donde su presencia podría abrir el único juicio por el caso jesuitas con verdaderas garantías procesales.
Montano pasó recluido en una prisión de baja seguridad en la ciudad de Butner durante 21 meses y fue liberado el pasado 15 de abril, pero ese día, otro juez estadounidense le decretó prisión en virtud de la solicitud de extradición hecha por España. Desde entonces, Montano lo ha pasado recluido a espera de que se decida si es deportado a El Salvador o si es enviado a España.
Si la Corte de Carolina del Norte determina la extradición de Montano, falta que la Secretaría de Estado ratifique esa decisión. Pero incluso el abogado del militar sabe que ese es un mero trámite a seguir. En su escrito presentado ante la jueza Swank, el abogado Todd Jr. Sostiene que desde 1940, la Secretaría de Estado solo desistió en cuatro ocasiones de los procesos de extradición dictados por una Corte.
'La Secretaría de Estado no va a incordiar con las recomendaciones del Departmanto de Estado o la juez. El Gobierno estadounidense escruta cada una de las solicitudes de extradición tanto en el Departamento de Justicia como en el Departamento de Estado, y por tanto prosiguen al menos que consideren que no se están cumpliendo todos los estándares impuestos por el tratado de extradición', acotó la abogada Blum del CJA.
'Montano no logró su cometido de recuperar su libertad. Será encarcelado porque se le acusa de un crimen horrendo. En el fondo, eso es lo que debería motivar todas las decisiones en este caso', declaró Blum.
